Jorge Chessal Palau

Expediente 164/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
164/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
26/11/2020

Partes del expediente

  • Jorge Chessal Palau

Actuaciones

  1. Principal

    Acuerdo vía remota Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 25/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Ejecutoria Vista la certificación que antecede y en atención a que la Secretaria certifica que revisó el Libro de Oficialía de Partes de este Juzgado y constató que del once al veinticinco de noviembre de dos mil veinte, transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera la sentencia dictada el treinta de octubre del año en curso, sin que hayan hecho uso del recurso de revisión a que se alude; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 2° de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a dicho ordenamiento, se declara que la citada resolución ha causado ejecutoria. No es obstáculo para lo anterior, la circunstancia de que aún no obre en autos la constancia de notificación correspondiente a las autoridades responsables Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, pues atento a que en el presente juicio se sobreseyó por resolución de treinta de octubre de dos mil veinte, es incuestionable que conforme con el artículo 87 de la Ley de Amparo, tal autoridad, en su caso, no tendrían legitimación para recurrirla, ya que esa determinación no afecta el acto que de ellas se reclamó. Archivo En tales condiciones, háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este Juzgado y del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. Lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes De conformidad con el Artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se decretó el sobreseimiento, no existen documentos originales y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental amerite su conservación. Hágase la anotación en la carátula del expediente, de que es susceptible de destrucción. Una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el punto Décimo Primero del Acuerdo en comento, remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte, previo las anotaciones a que se refiere el párrafo segundo de dicho punto. Notifíquese.

  2. Principal

    Bajo esta premisa, el Poder Judicial de la Federación sólo puede activar sus facultades de control constitucional, cuando se compruebe la existencia del interés legítimo de los quejosos, pues si evalúa cualquier acto de autoridad que se reclame pretendiendo lograr un control de legalidad abstracto bajo el concepto del interés general que la sociedad tiene de que se cumpla la Constitución Federal, sin que tal acto afecte de ninguna manera la esfera jurídica del interesado, se convertiría en un órgano supervisor permanente de los demás Poderes, controlando cada una de sus determinaciones, implicando que estos Poderes quedaran subordinados a las decisiones de los Jueces Federales, lo que rompe con el principio constitucional de que se habla. En consecuencia, se reitera que un requisito indispensable para acreditar la titularidad del interés legítimo es la existencia de una afectación real y actual en la esfera jurídica del individuo, directa o indirecta, pues aun cuando no sea destinatario de la norma legal (afectación colateral), no puede hablarse de un daño hipotético, conjetural o abstracto, sino por el contrario, debe ser palpable. En el caso el solicitante del amparo acude ante esta instancia constitucional alegando una afectación indirecta a su esfera jurídica, pues como quedó señalado anteriormente, no es un destinatario directo de la norma cuya omisión legislativa reclama, toda vez que no demostró ser parte procesal en algún juicio civil o familiar que se promoviera ante los órganos jurisdiccionales, por lo que ahora se analizará si posee una afectación colateral (indirecta), aun sin ser destinatario de directo de la norma. En este caso, para verificar la existencia del interés legítimo, debe demostrarse que el promovente del amparo es una persona con características diferentes a las generales, que por situaciones concretas o excepcionales, originen que la omisión reclamada vulnere de alguna manera su esfera jurídica. Así, el quejoso refiere en sus conceptos de violación que la omisión legislativa impugnada deja en inseguridad su actividad profesional de abogado, sin embargo no señaló de qué manera la omisión legislativa reclamada pudiera causarle algún afectación al ejercicio de su profesión, ni tampoco aportó medio de prueba alguno para demostrar que el acto reclamado estaba provocando algún perjuicio en la forma en que se desarrolla como abogado. Por tanto, al no acreditarse afectación indirecta alguna a los derechos fundamentales del quejoso, se determina que carece de interés legítimo para promover el juicio de amparo, por ende, posee únicamente un interés simple, ya que pretende lograr un control de legalidad abstracto respecto de la omisión reclamada, el cual es genérico de la sociedad. Y según lo expuesto en esta sentencia, de conformidad con el numeral 5º de la Ley de Amparo el interés simple por sí solo no es susceptible de producir consecuencias jurídicas para instar el juicio constitucional. Sin embargo, tal interés simple sí lo faculta como a cualquier ciudadano para acudir a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a fin de participar en los procesos de discusión de la legislación en materia procesal civil y familiar. Bajo esa tesitura, se actualiza la causa de improcedencia antes mencionada, por lo que de conformidad con el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo en que se actúa. Por lo expuesto y fundado en lo establecido por los artículos 73, 74 y 107 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Jorge Chessal Palau, por propio derecho, en contra del acto que reclama de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ambas del Congreso Federal, consistente en la omisión de expedir la legislación procedimental a que hace referencia la fracción XXX del artículo 73 constitucional, adicionado mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de septiembre de dos mil diecisiete, mediante el cual se reforman y adicionan los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Cotidiana (Solución de Fondo del Conflicto y Competencia Legislativa sobre Procedimientos Civiles y Familiares). Notifíquese.

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