Jorge Chávez García
Expediente 678/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 23 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 678/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 07/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Jorge Chávez García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, siete de julio de dos mil veintitrés. Téngase al Presidente de la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco, acusando recibo del oficio por el que se le remitieron las copias certificadas que acompañó a su informe justificado, relativas al juicio laboral J9/192/2008, de su índice. Por otra parte, visto el estado de autos y en atención al estudio de las constancias relativas a cumplimentar el fallo amparador, este Juzgado realiza el pronunciamiento a que se refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo. Mediante sentencia emitida el treinta y uno de mayo de esta anualidad, por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de la autoridad responsable Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco: ".1. Deje insubsistente el acuerdo del veintisiete de abril de dos mil veintidós, mediante el cual ordenó el archivo del juicio laboral J.9/192/2008; y, 2. Sea el Presidente quien, en su caso, determine lo que en derecho corresponda, en el entendido que la prescripción de la ejecución del laudo no puede analizarla de oficio.". Mediante auto del diecinueve de junio pasado, se declaró ejecutoriado el fallo protector y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. Así la Junta responsable, mediante promoción con registro interno 8339, informó dar cumplimiento al fallo protector, y al efecto allegó copia certificada del acuerdo emitido el veinte de junio de este año, en el juicio laboral J.9/192/2008, en el cual dejó insubsistente el proveído del veintisiete de abril de dos mil veintidós, mediante el cual se ordenó en su momento el archivo del expediente laboral en comento, y señaló fecha para llevar a cabo la audiencia incidental de nulidad de situación patronal promovido por el aquí quejoso. Constancias antes aludidas a las que se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2o. Por lo anterior, se tiene por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Téngase al Presidente de la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, por si y en representación de dicha junta, informando sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el oficio de cuenta y su anexo, para que en el término de tres días expresen lo que a su derecho convenga. En el entendido que transcurrido dicho término, se resolverá sobre el cumplimiento o no del fallo protector con las constancias que obran en autos. Por otra parte, dado que la oficiante fue omisa en acusar recibo de las constancias que en copia certificada le fueron devueltas mediante oficio 12842/2023 relativas al expediente laboral J9/192/2008, se le requiere para que dentro del término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, realice el acuse correspondiente, en el entendido de que subsiste el apercibimiento de multa decretado en acuerdo del diecinueve de junio de este año, en caso de incumplimiento. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpongan recurso de revisión contra la sentencia dictada el treinta y uno de mayo de esta anualidad, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que por una parte sobreseyó y por otra concedió el amparo en este juicio, ha causado ejecutoria. Realícense las anotaciones respectivas. En ese sentido, se requiere a la Junta responsable, en términos del artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que dentro del término de tres días informe el cumplimiento a la ejecutoria de amparo y acompañe las constancias necesarias en su apoyo. Con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 258, con relación al 267 de la ley de la materia; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, se advierte que la autoridad responsable citada anteriormente, remitió copia certificada de las constancias que integran el juicio laboral **********, de su índice, (tomo I), en apoyo a su informe justificado; en consecuencia, en obvio de dilaciones procesales devuélvanse a su lugar de origen. Solicítese el acuse de recibo correspondiente, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización; ello con fundamento en lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, a las nueve horas con treinta y ocho minutos del treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 678/2022-V, promovido por ***********, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Nueve de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco, con sede en Cuautitlán Izcalli, Estado de México y otra autoridad, ante Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien da fe, se procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes. Acto seguido, la secretaria hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. El Juez de Distrito acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período probatorio, la secretaria da cuenta al Juez de Distrito con las pruebas ofrecidas por la parte quejosa y por el Presidente de la Junta Especial Número Nueve de la Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco, Estado de México. Periodo de Alegatos: la secretaria da cuenta al juez con los alegatos formulados por el quejoso, mediante escrito registrado con el número 2641; asimismo, se hace constar que el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, no presentó pedimento. A lo anterior, el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hechas las manifestaciones que hacen valer en vía de alegatos, los cuales serán tomados en consideración al momento de dictar sentencia; sin más alegatos que relacionar se cierra este periodo. Sin diligencias pendientes por practicar. A continuación se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 678/2022-V; y, R E S U L T A N D O: I. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el tres de junio de dos mil veintidós, en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, turnado a este juzgado de Distrito, el seis de junio siguiente, ***********, por derecho propio, demandaron el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos de la Junta Especial Número Nueve de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco, con sede en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. II. Trámite del juicio de amparo. Mediante acuerdo de siete de junio de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional registró bajo el número 678/2022-V; se admitió a trámite y se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. El cinco de julio de dos mil veintidós, se dictó sentencia en la que se sobreseyó en el juicio. Inconforme con dicha determinación, el quejoso, interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, bajo el número 152/2022, quien informó que en atención al oficio SECNO/STCCNO/1025/2022, de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, remitió dicho medio de impugnación al Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa. Siendo este último órgano colegiado, quien en cumplimiento al acuerdo 33/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones del Segundo y Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, así como al oficio SECNO/1903/2022 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, remitió los autos al Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito de Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Los Mochis, Sinaloa, quien en sesión del ocho de diciembre de dos mil veintidós, revocó la sentencia recurrida y encomendó reponer el procedimiento para el efecto de que (i) se fijara nueva fecha de audiencia constitucional, dando vista a las partes con el informe justificado y otorgando íntegramente el plazo de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la ley de Amparo y, (ii) ordenar el emplazamiento de la parte demandada en el juicio laboral de origen, en su carácter de tercero interesado. En cumplimiento a lo anterior, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por el Presidente de la junta responsable, y se emplazó a los terceros interesados ***********, sociedad anónima de capital variable, ********** y **********, a quienes también se les dio vista en el informe justificado rendido por la responsable. III. Celebración de la audiencia constitucional. Seguido el juicio por sus trámites correspondientes, previo diferimiento, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta precedente; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que la parte quejosa reclama un acto atribuido a una autoridad con residencia en el ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. A fin de fijar la litis constitucional y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el quejoso reclamó de la Junta Especial Número Nueve de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, la emisión de los siguientes acuerdos en el expediente laboral J.9/192/2008: 1. Acuerdo del trece de abril de dos mil veintidós, en el que la Junta responsable ordenó realizar certificación para hacer constar desde cuando se encontraba inactivo el procedimiento laboral, requiriendo a la parte actora a efecto de que dentro del término de tres días, realizara acciones necesarias tendentes a la ejecución material del laudo, con el apercibimiento que de no hacerlo se archivaría el asunto por falta de interés jurídico, y, 2. Acuerdo del veintisiete de abril de dos mil veintidós, en el que la Junta, hizo efectivo el apercibimiento decretado el trece de abril de ese mismo año, y ordenó el archivo del expediente como asunto concluido por inactividad procesal. TERCERO. Certeza de los actos. reclamados. El Presidente de la Junta Especial Número Nueve de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, al rendir informe justificado, aceptó la existencia de los actos reclamados. Lo que se corrobora con la copia certificada del expediente laboral J.9/192/2008, que adjuntó al rendir su informe justificado, a las cuales se les concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y de la que se puede advertir el acto reclamado. Cobra aplicación a lo anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 917812, Instancia: Pleno, Octava Época, Apéndice 2000, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, 278, Página: 231, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Asimismo, es aplicable al respecto, en lo conducente, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI, publicada en el Apéndice de 1995, Quinta Época, registro 394182, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". CUARTO.- Causas de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, sea que las partes lo aleguen o no, debe examinarse la procedencia de la acción de amparo, por ser de orden preferente de acuerdo a lo establecido en el artículo 62 de la ley de la materia. De oficio, este órgano jurisdiccional considera que respecto del acto reclamado consistente en: *El acuerdo del trece de abril de dos mil veintidós, en el que la Junta responsable ordenó realizar certificación para hacer constar desde cuando se encontraba inactivo el procedimiento laboral, requiriendo a la parte actora a efecto de que dentro del término de tres días, realizara acciones necesarias tendentes a la ejecución material del laudo, con el apercibimiento que de no hacerlo se archivaría el asunto por falta de interés jurídico. Se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con relación al diverso 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario. En la parte conducente del artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, de la ley en comento, se establece que el juicio de amparo es procedente contra actos dictados en ejecución de sentencia, contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa y trascendido al resultado de la resolución. Por ende, al no ser la última determinación dentro de este período, es evidente que se actualiza el supuesto normativo aludido. Es así porque como se dijo, que tratándose de actos en ejecución de sentencia pronunciados por los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el juicio de amparo indirecto sólo es procedente en contra de la última resolución, entendiéndose como tal aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia definitiva, o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; en la cual podrán alegarse las violaciones procesales cometidas en el mismo; lo que no tienen los actos reclamados. Por lo que aludido acuerdo del trece de abril de dos mil veintidós reclamado, no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de laudo, por lo que no procede el juicio de amparo en su contra, pues si bien fue emitido dentro del procedimiento de ejecución, de su texto no se desprende que se aprobara o reconociera el cumplimiento total del indicado procedimiento, ni tampoco con dicha determinación se declaró la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En contexto, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con relación al diverso 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, lo procede de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, es sobreseer en el presente juicio, respecto del acto reclamado consistente en el acuerdo del trece de abril de dos mil veintidós. No habiéndose invocado causa de improcedencia, ni de oficio advierte este órgano de control constitucional la existencia de alguna, se procede al estudio del fondo de la cuestión planteada. QUINTO. Estudio de fondo. No se hace transcripción del concepto de violación alegado, por no existir precepto legal alguno que así obligue a este juzgador. Al respecto, resulta aplicable el precedente judicial identificado con número de jurisprudencia 2a./J.58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, de título, subtítulo y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". Expuesto lo anterior, quien aquí resuelve, considera fundado y suficiente el concepto de violación aunque para ello deba suplirse la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción IV de la Ley de Amparo, toda vez que se advierte la existencia de una violación formal que atenta contra el derecho de legalidad que consagran los artículos 14 y 16 de la Constitución, en virtud de que el acto reclamado fue dictado por autoridad legalmente incompetente, lo que conduce a conceder el amparo solicitado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 39/95, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época, registro electrónico 200727, de título: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL A FAVOR DEL TRABAJADOR. OPERA AUN ANTE LA AUSENCIA TOTAL DE CONCEPTOS DE VIOLACION O AGRAVIOS. En principio, conviene precisar que de una interpretación conjunta y armónica de los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica que consagran los preceptos constitucionales transcritos, en lo conducente, permiten colegir que los actos de molestia y privación requieren, para ser legales, entre otros requisitos, e imprescindiblemente, que sean emitidos por autoridad competente y cumpliéndose las formalidades esenciales que les den eficacia jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad necesariamente debe emitirse por quien tenga facultad expresa para ello. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 10/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 205463, de título, subtítulo y texto siguiente: "COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD. Haciendo una interpretación armónica de las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales, se advierte que los actos de molestia y privación deben, entre otros requisitos, ser emitidos por autoridad competente y cumplir las formalidades esenciales que les den eficacia jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad necesariamente debe emitirse por quien para ello esté facultado expresándose, como parte de las formalidades esenciales, el carácter con que se suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que otorgue tal legitimación. De lo contrario, se dejaría al afectado en estado de indefensión, ya que al no conocer el apoyo que faculte a la autoridad para emitir el acto, ni el carácter con que lo emita, es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinar si su actuación se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo, y es conforme o no a la Constitución o a la ley; para que, en su caso, esté en aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para emitirlo, pues bien puede acontecer que su actuación no se adecúe exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invoque, o que éstos se hallen en contradicción con la ley fundamental o la secundaria". Ahora bien, en el caso se reclaman los acuerdos de fechas trece y veintisiete de abril de dos mil veintidós, (dictados en la etapa de ejecución del laudo), siendo el último de los mencionados, en el cual se ordenó el archivo del juicio laboral J.9/192/2008, el cual fue emitido por los "CC Integrantes la Junta Especial Número Nueve de Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco,", como se aprecia de la parte final del acuerdo impugnado. Ahora bien, los artículos 939 y 940 de la Ley Federal del Trabajo aplicable, establecen a quién corresponde llevar a cabo el procedimiento de ejecución de los laudos dictados por las Juntas de Conciliación y Arbitraje, dichos preceptos son del tener siguiente: "Artículo 939. Las disposiciones de este Título rigen la ejecución de los laudos dictados por las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Son también aplicables a los laudos arbitrales, a las resoluciones dictadas en los conflictos colectivos de naturaleza económica y a los convenios celebrados ante las Juntas. Artículo 940. La ejecución de los laudos a que se refiere el artículo anterior corresponde a los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y a los de las Juntas Especiales, a cuyo fin dictarán las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita." (lo subrayado es propio). De las disposiciones transcritas, se colige que la ejecución de los laudos emitidos por las Juntas de Conciliación y Arbitraje corresponde llevarla a cabo a los Presidentes de las mismas. Por su parte, en los artículos 617, fracción IV, y 618, fracción II, de la aludida ley, se encuentran inmersas las facultades de los Presidentes, según se advierte de su texto que a continuación se transcribe: "Artículo 617. El Presidente de la Junta tiene las facultades y obligaciones siguientes: (...). IV. Ejecutar los laudos dictados por el Pleno y por las Juntas Especiales en los casos señalados en la fracción anterior; (...)". "Artículo 618. Los Presidentes de las Juntas Especiales tienen las obligaciones y facultades siguientes: (.) II. Ejecutar los laudos dictados por la Junta Especial;" Conforme a lo anterior, resulta inconcuso que todas las cuestiones que se susciten en la ejecución de laudos le compete resolverlas a la Presidenta, y entre esas, se encuentra la determinación que ordena remitir los autos al archivo general por falta de impulso por la parte actora del procedimiento de ejecución (inactividad procesal). Por ende, si en el caso, el acuerdo reclamado lo emitió la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán, Texcoco, en forma colegiada, esto se traduce en una violación formal que implica transgresión a los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en perjuicio del quejoso, habida cuenta que todo el procedimiento de ejecución de laudo es facultad única y exclusiva de su Presidente. La conclusión anterior se corrobora con lo sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 57/2002-SS, reiterado en la diversa contradicción de tesis 50/2018, en la que se señaló: "Como puede advertirse de los artículo 617(8) y 618(9) de la Ley Federal del Trabajo, los presidentes de las Juntas tienen, entre otras facultades y obligaciones, la de ejecutar los laudos dictados por las Juntas de Conciliación y Arbitraje y estas últimas a su vez tienen las obligaciones contenidas en los artículos 614(10) y 616(11) de la misma ley. De todo lo expuesto, se llega al convencimiento de que los presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje son los que cuentan con facultades para tramitar y resolver todo lo atinente a la ejecución de los laudos y si el presidente de alguna Junta, se niega a declarar prescrita la acción para ejecutarlo, es claro que en contra de tal determinación procede el recurso de revisión a que se refiere el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, ya que este dispositivo categóricamente establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos de los presidentes o funcionarios legalmente habilitados en ejecución de los laudos, convenios, de las tercerías o de los dictados en las providencias cautelares. Esto es así, ya que una vez que fue dictado el laudo correspondiente, cesa la función de la Junta de Conciliación y Arbitraje, pues a partir de ese momento, se entra a la etapa de ejecución del mismo, la cual por disposición expresa de la Ley Federal del Trabajo (artículos 617 y 618), corresponde llevar a cabo a los presidentes de las Juntas, debiendo entenderse que, como la solicitud de que se decrete la prescripción de la ejecución en comento, se hace precisamente en esta etapa, es claro que a quien corresponde resolver al respecto es al propio presidente y no a la Junta como órgano colegiado, pues esta última no tiene facultades para ello, toda vez que la ley da esa atribución exclusivamente a los presidentes." (énfasis añadido). En efecto, de lo transcrito subyace para este asunto, que los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje son los que cuentan con las facultades para tramitar y resolver todo lo atinente a la ejecución de los laudos, no a las Juntas como órganos colegiados. Además, que con dicho actuar, la Junta responsable priva a las partes de ejercer, en su caso, el recurso de revisión que establece el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, para lograr su revocación, modificación o nulificación. Apoya a la conclusión alcanzada, por analogía, la tesis jurisprudencial 2a./J. 95/2002 que derivó de la contradicción de tesis 57/2002-SS ya citada, registro digital 186133, cuyo título, subtítulo y texto son del tenor literal siguiente: "REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. PROCEDE EN CONTRA DEL AUTO DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, EN EL QUE RESUELVE SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJECUTARLO, POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos emitidos por los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en los supuestos de ejecución de los laudos, convenios y resoluciones que ponen fin a las tercerías; así como en contra de los dictados en las providencias cautelares. Ahora bien, si el acto reclamado consiste en la resolución dictada por el presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje, en la etapa de ejecución del laudo, por la cual resuelve sobre la prescripción de la acción para ejecutarlo, es necesario que antes de la promoción del juicio de amparo se agote el recurso de revisión previsto en el citado precepto, toda vez que dicho acto fue emitido dentro del procedimiento de ejecución, como lo señalan los dispositivos 617 y 618 de la referida ley, pues a través de ese medio de impugnación podrá revocarse, modificarse o anularse tal acto presidencial y, con ello, cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de garantías, como deriva de lo establecido en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo." Por otra parte, no obstante que la circunstancia apuntada resulta suficiente para conceder el amparo y protección de la justicia solicitada; con fundamento en los artículos 1° y 17 Constitucionales y 189 de la Ley de Amparo, este juzgador considera importante también analizar la diversa ilegalidad del acto reclamado, consistente en que la Junta de Conciliación y Arbitraje está impedida para analizar de oficio la prescripción de la ejecución de un laudo. En principio es importante precisar que el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente: "Artículo 17. . Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. (.)" Del referido artículo, se advierte que deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y legalmente. En ese contexto, el acceso a la tutela jurisdiccional ha sido definido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia 1a./J. 42/20077 como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute tal decisión. De ahí que este derecho comprenda tres etapas, a las que corresponden tres derechos: (i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un procedimiento por su parte; (ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, (iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Asimismo, es importante destacar que los derechos mencionados alcanzan no solamente a los procedimientos ventilados ante jueces y tribunales del Poder Judicial (local o federal), sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales. Cobra aplicación al respecto la jurisprudencia 1a./J. 103/20217 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Décima Época, registro electrónico 2015591, de título, subtítulo y texto siguientes: "DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN. De los artículos 14, 17 Y 20, apartado B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y legalmente. Ahora bien, en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES." La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el acceso a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute tal decisión; de ahí que este derecho comprenda tres etapas, a las que corresponden tres derechos: (i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; (ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, (iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Ahora, los derechos mencionados alcanzan no solamente a los procedimientos ventilados ante Jueces y tribunales del Poder Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales." Ahora bien, en el caso del análisis de las constancias del juicio laboral de origen se advierte que a pesar de que la parte demandada no promovió incidente de prescripción respecto de la ejecución del laudo firme de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, dictado en autos del juicio laboral J.9/192/2008, la junta responsable, de oficio requirió a la parte actora -aquí quejoso-, para que en el término de tres días dieran impulso al procedimiento de ejecución, posteriormente ante la omisión de dar cumplimiento a dicho requerimiento, de igual manera, de oficio, en el auto reclamado del veintisiete de abril de dos mil veintidós, ordenó el archivo del juicio de referencia como asunto totalmente concluido; por lo que, aun cuando en el cuerpo del acuerdo no declara la prescripción de la ejecución del sumario laboral de origen, es evidente que tácitamente lo realiza, toda vez que emitió la orden de remitirlo al archivo; lo que a consideración del suscrito es contrario a derecho. Lo anterior es así, ya que la prescripción es una institución jurídica de orden público recogida por el derecho laboral en beneficio del principio de certeza y seguridad jurídica, la cual no puede ser examinada de manera oficiosa, puesto que requiere la oposición expresa de la parte interesada, lo cual es particularmente necesario cuando la hace valer el patrón, cuya defensa no debe suplirse; por tanto, se requiere que quien la oponga proporcione los elementos necesarios para que la autoridad responsable los analice, lo anterior tiene como propósito impedir que se supla la queja deficiente de la parte patronal en la oposición de la prescripción, además de respetar el principio de congruencia que le obliga a dictar sus resoluciones con base en los elementos proporcionados. Por lo expuesto, se puede concluir que la autoridad responsable con su proceder transgredió en perjuicio de las personas quejosas los derechos humanos de legalidad, seguridad jurídica y acceso a la justicia reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues al no existir disposición alguna que faculte a las autoridades laborales a decretar de manera oficiosa la prescripción de la acción para ejecutar un laudo, es evidente que la Junta responsable no tenía por qué emitir el acto reclamado en el sentido y bajo las consideraciones en que lo hizo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 85/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Décima Época, registro electrónico 2017764, de título, subtítulo y texto siguientes: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA SOLICITAR LA EJECUCIÓN DEL LAUDO. LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE ESTÁN IMPEDIDAS PARA ANALIZARLA DE OFICIO. De acuerdo con el artículo 519, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, la acción para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y de los convenios celebrados ante ellas prescribe en el plazo de 2 años, contado a partir del día siguiente al en que aquél hubiera quedado notificado. En ese sentido, si bien la prescripción de la acción se actualiza por el solo transcurso del tiempo y la inactividad del demandante, lo cierto es que no opera de pleno derecho; consecuentemente, las Juntas de Conciliación y Arbitraje están impedidas para analizar de oficio su prescripción, pues al tratarse de una defensa mediante la cual el demandado se libera de la obligación de cumplir la condena impuesta, se requiere que haga valer esa figura, exponiendo en términos de la jurisprudencia 2a./J. 48/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los elementos necesarios para que pueda analizarse, tales como el momento a partir del cual se originó el derecho de la contraparte para hacer valer la acción, así como la fecha en que concluyó el plazo, lo que garantiza que el actor tenga oportunidad de controvertir dichas manifestaciones." Así como la jurisprudencia 2a./J. 48/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época, registro electrónico 186748, de título, subtítulo y texto siguientes: "PRESCRIPCIÓN EN MATERIA LABORAL. LA PARTE QUE LA OPONGA DEBE PARTICULARIZAR LOS ELEMENTOS DE LA MISMA, PARA QUE PUEDA SER ESTUDIADA POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. La excepción de prescripción es una institución jurídica de orden público recogida por el derecho laboral en beneficio del principio de certeza y seguridad jurídica, misma que no se examina de manera oficiosa, puesto que requiere la oposición expresa de la parte interesada, lo cual es particularmente necesario en derecho laboral cuando la hace valer el patrón, cuya defensa no debe suplirse, además de que la Ley Federal del Trabajo, en los artículos 516 a 522, establece un sistema complejo de reglas de prescripción con distintos plazos, integrado por un conjunto de hipótesis específicas que es complementado por una regla genérica, lo que evidencia que cuando la excepción se basa en los supuestos específicos contemplados en la ley, requiere que quien la oponga proporcione los elementos necesarios para que la Junta los analice, tales como la precisión de la acción o pretensión respecto de la que se opone y el momento en que nació el derecho de la contraparte para hacerla valer, elementos que de modo indudable pondrán de relieve que la reclamación se presentó extemporáneamente y que, por ello, se ha extinguido el derecho para exigir coactivamente su cumplimiento, teniendo lo anterior como propósito impedir que la Junta supla la queja deficiente de la parte patronal en la oposición de dicha excepción, además de respetar el principio de congruencia previsto en el artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, que le obliga a dictar los laudos con base en los elementos proporcionados en la etapa de arbitraje." De lo anterior, se advierte que la autoridad responsable soslayó las formalidades del procedimiento al declarar de oficio la prescripción para ejecutar el laudo dictado en el juicio laboral de origen, vulnerando con ello el derecho al debido proceso, esto es, a que se administre justicia con las formalidades y términos que la Ley Burocrática establece. Se afirma lo anterior, ya que una vez que la responsable analizó de oficio el expediente de origen, requirió a la parte actora -aquí quejosa- diera impulso al procedimiento de ejecución del laudo, por lo que ante la omisión de dar cumplimiento a dicho requerimiento, declaró archivar el juicio natural como asunto total y definitivamente concluido. Sin embargo, pasó por alto que si bien la figura de la prescripción opera por el trascurso del tiempo y por la inactividad procesal de la parte a la que le corresponde impulsar el procedimiento, también lo es, que es una figura extintiva del derecho sustantivo, y que la misma deba ser promovida por la parte a quién beneficia, la cual si bien, puede ser interrumpida, entre otros supuestos, sí dentro de este lapso a quien se condena reconoce el derecho de aquella a favor de quien prescribe, por escrito o por hechos indudables, lo cual sería materia de pronunciamiento de ser el caso. Por consiguiente, al ser evidente que la determinación reclamada es violatoria de los derechos fundamentales invocados con antelación, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso. SEXTO. Efectos de la concesión del amparo. Al resultar fundado el concepto de violación hecho valer por las personas quejosas, se concede el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que la autoridad responsable Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente el acuerdo del veintisiete de abril de dos mil veintidós, mediante el cual ordenó el archivo del juicio laboral J.9/192/2008; y, 2. Sea el Presidente quien, en su caso, determine lo que en derecho corresponda, en el entendido que la prescripción de la ejecución del laudo no puede analizarla de oficio. Lo anterior es así, pues los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado, y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Sirve a poyo a lo anterior, la tesis: 2a. CV/2013, emitida por la Segunda Sala del más Alto Tribunal del país, con número de registro 2005150, correspondiente a la Décima Época, de título: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007)." Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74, 77 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por **********, respecto del acto reclamado a la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, respecto del acto reclamado a la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, por los motivos expuestos en el considerando sexto de esta sentencia, para los efectos precisados en el séptimo. Notifíquese; hágase por lista a la parte quejosa y terceros interesados; por oficio a la autoridad responsable y al Agente del Ministerio Publico de la Federación Adscrito. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en unión de Sofía García Carrera, secretaria quien certifica que la presente resolución, se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico. Doy fe.
Quedan 19 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · 9,679 expedientes
- Jorge Barrera García1864/2018
- Jorge Basilio Gandarela Vecoña395/2023
- Jorge Bautista Báez y Otros.1838/2018
- Jorge Bautista Sánchez243/2023
- Jorge Benítez Gil556/2021
- Jorge Blas Mora1571/2019
- Jorge Chávez García271/2018
- Jorge Christian Rosales Arias743/2023
- Jorge Colín Hernández y Otros.295/2023
- Jorge David Vera Soto1408/2019
- Jorge David Vera Soto1449/2019
- Jorge Dávila Portillo682/2023