Jorge Cendejas Marquez
Expediente 640/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 640/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/05/2023
Partes del expediente
- Jorge Cendejas Marquez
Actuaciones
- Principal
III. Visto el estado procesal de los autos y las certificaciones que anteceden, se advierte que transcurrió el término para interponer recurso de queja contra el proveído de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa, a quien pudiera causar perjuicio, lo haya hecho valer; por tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales procedentes. Por tanto, toda vez que ya no existe asunto que cumplimentar en el juicio que nos ocupa, archívese este juicio como concluido y háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno electrónico y físico, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). En términos del artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, que dice: +++. Criterio de valoración. +++. En virtud de lo expuesto en los párrafos que preceden y en cumplimiento al artículo 12 del citado Acuerdo General se indica que el presente expediente carece de relevancia documental, al no encontrarse en los supuestos establecidos en el artículo 15 del referido Acuerdo; de igual forma, se precisa que en el asunto que nos ocupa no hay información reservada a la que hace referencia el diverso artículo 19. 2.- Expediente destruible. Se indica que de conformidad con el artículo 21, inciso b) del multicitado acuerdo este expediente es destruible, porque se desechó la demanda de amparo. 2.1 Plazo para destrucción. Una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, es decir, del doce de mayo de dos mil veintitrés al doce de mayo de dos mil veintiséis, y cumplido tal término, con veinticuatro horas de anticipación a los treinta días siguientes que prevé el tercer párrafo del artículo 21 del multicitado acuerdo, el Secretario encargado deberá dar cuenta para destruir el expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Como lo dispone el artículo 35 del Acuerdo General referido se ordena al oficial judicial "c" a fin que anote en la carátula del expediente la leyenda respectiva, es decir "Relevancia documental, Conservable, Depurable o Destruible"; asimismo, el Secretario encargado deberá dar fe que la leyenda anotada sea la correcta. De igual forma que queda a cargo del oficial judicial "c, sin mayor proveído e indicación la integración y preparación de las formalidades de ley, del expediente tanto físico como electrónico; la realización y captura de los datos de éste, en el acta de destrucción que se prepare, una vez trascurrido el plazo citado en párrafos precedentes, a fin de dar cumplimiento a la circular 2/2020. Se comisiona a la Secretaria encargada del trámite del presente asunto, para que al día siguiente de que obre la notificación del presente auto lo entregue físicamente al archivo y en los términos señalados, sin mayor proveído e indicación de cuenta con el inicio y fin del procedimiento de destrucción, como el cumplimiento del mismo por los oficiales judiciales c y a. Se ordena al oficial judicial "c" y a los secretarios respectivos, que una vez que el expediente sea entregado físicamente al archivo y se realice el procedimiento de destrucción; verifiquen las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno electrónico y físico, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) de parte de oficial judicial (a). Lo incorporen a la lista de reporte estadístico mensual de la mesa III, a fin que los Secretarios de las mesas IV y VI actualicen el concentrado general y generen su reporte estadístico mensual.
- Principal
III. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por +++, contra actos de la Fiscalía General de la República, Célula B-1-5-Naucalpan Estado de México y otras autoridades, se ordena formar el expediente electrónico e impreso; capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y registrarlo en el Libro de Gobierno, con el número de juicio 640/2023-III. +++ PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO El acto reclamado se fija en atención a todas las manifestaciones que realiza la parte quejosa en su demanda para tratar de atender a su intención y a lo que pretende conseguir con este juicio. La no aprobación de reducir hasta en un tercio la pena mínima del delito que se imputa al quejoso de portación de arma de fuego uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea, en términos del artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales. en el procedimiento abreviado 305/2022. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto deberá examinar el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente. En el caso se actualiza la causal contenida en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5º, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen: ""Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" Precepto legal que guarda vinculación con el diverso numeral 5º, de la propia Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." En efecto, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos1 , así como los diversos 5º y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, contemplan el principio general de procedencia del juicio de amparo, consistente en que sólo puede promoverse si existe una afectación al interés jurídico o legítimo del quejoso. Ello, en razón de que conforme a lo establecido en la primera de las disposiciones legales citadas, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien afecte el acto o la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame; esto es, la legitimación para iniciar y seguir el amparo indirecto, debe fundarse en el agravio causado por un acto de autoridad o por la ley al interés jurídico del particular, el cual debe entenderse como todo menoscabo, toda ofensa a la persona física o moral (sea de naturaleza jurídica o patrimonial) siempre que sea material y apreciable objetivamente, pues la afectación aducida debe ser real y no de carácter subjetivo. En el caso, el defensor particular del quejoso se duele de la no aprobación de reducir hasta en un tercio la pena mínima del delito que se imputa al quejoso de portación de arma de fuego uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea, en términos del artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el procedimiento abreviado 305/2022, en la medida de que tal negativa no se ajusta lo señalado por el citado artículo. Sentado lo anterior, es menester tener presente que, el artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece: "Artículo 202. Oportunidad El Ministerio Público podrá solicitar la apertura del procedimiento abreviado después de que se dicte el auto de vinculación a proceso y hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral. A la audiencia se deberá citar a todas las partes. La incomparecencia de la víctima u ofendido debidamente citados no impedirá que el Juez de control se pronuncie al respecto. Cuando el acusado no haya sido condenado previamente por delito doloso y el delito por el cual se lleva a cabo el procedimiento abreviado es sancionado con pena de prisión cuya media aritmética no exceda de cinco años, incluidas sus calificativas atenuantes o agravantes, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta una mitad de la pena mínima en los casos de delitos dolosos y hasta dos terceras partes de la pena mínima en el caso de delitos culposos, de la pena de prisión que le correspondiere al delito por el cual acusa. En cualquier caso, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta un tercio de la mínima en los casos de delitos dolosos y hasta en una mitad de la mínima en el caso de delitos culposos, de la pena de prisión. Si al momento de esta solicitud, ya existiere acusación formulada por escrito, el Ministerio Público podrá modificarla oralmente en la audiencia donde se resuelva sobre el procedimiento abreviado y en su caso solicitar la reducción de las penas, para el efecto de permitir la tramitación del caso conforme a las reglas previstas en el presente Capítulo. El Ministerio Público al solicitar la pena en los términos previstos en el presente artículo, deberá observar el Acuerdo que al efecto emita el Procurador." La porción normativa transcrita señala la oportunidad en la que el Ministerio Público podrá solicitar la apertura del procedimiento abreviado, esto es, después de que se dicte el auto de vinculación a proceso y hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral. De igual forma, establece las modalidades para la solicitud de la reducción de las penas, a saber: Cuando el acusado no haya sido condenado previamente por delito doloso y el delito por el cual se lleva a cabo el procedimiento abreviado es sancionado con pena de prisión cuya media aritmética no exceda de cinco años, incluidas sus calificativas atenuantes o agravantes, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta una mitad de la pena mínima en los casos de delitos dolosos y hasta dos terceras partes de la pena mínima en el caso de delitos culposos, de la pena de prisión que le correspondiere al delito por el cual acusa. En cualquier caso, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta un tercio de la mínima en los casos de delitos dolosos y hasta en una mitad de la mínima en el caso de delitos culposos, de la pena de prisión. Si al momento de esta solicitud, ya existiere acusación formulada por escrito, el Ministerio Público podrá modificarla oralmente en la audiencia donde se resuelva sobre el procedimiento abreviado y en su caso solicitar la reducción de las penas. El Ministerio Público al solicitar la pena en los términos previstos en el presente artículo, deberá observar el Acuerdo que al efecto emita el Procurador. Como puede verse, la facultad para la solicitar la apertura del procedimiento abreviado y la cuantía de la reducción de la pena, es exclusiva del Ministerio Público. Por su parte, el artículo 204 del citado Código Nacional de Procedimientos Penales alude a la oposición de la víctima u ofendido, estableciendo que éstos tienen la posibilidad de oponerse fundadamente a la apertura de dicho procedimiento, únicamente cuando se acredite ante el Juez de control que no se encuentra debidamente garantizada la reparación del daño. De igual manera, el artículo 206, párrafo segundo, establece que no podrá imponerse una pena distinta o de mayor alcance a la que fue solicitada por el Ministerio Público y aceptada por el acusado. Luego, como el acto reclamado versa sobre la no aprobación de reducir hasta un tercio la pena mínima del delito que se imputa al quejoso de portación de arma de fuego uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea, en términos del artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el procedimiento abreviado 305/2022; se estima que el juicio de amparo es improcedente, ya que el acto reclamado se traduce en la falta de acuerdo, conformidad, conciliación o pacto entre el agente del Ministerio Público de Litigación y el acusado y su defensa para dar por terminado anticipadamente el proceso. En efecto, si bien la solicitud de apertura del procedimiento abreviado es facultad del Ministerio público, esa solicitud implica que el acusado consiente la tramitación del procedimiento abreviado, como el porcentaje en que se reducirá la pena mínima que se propondrá al Juez de control, pues así, lo prevé el segundo párrafo, del artículo 206 del Código Nacional de Procedimientos Penales al estatuir: "Artículo 206. Sentencia [.] No podrá imponerse una pena distinta o de mayor alcance a la que fue solicitada por el Ministerio Público y aceptada por el acusado." De dicho dispositivo legal, también se advierte que el Juez de control, no está supeditado a confirmar la reducción de la pena en los términos solicitados por la autoridad ministerial, ya que no le es vinculante la proposición de la pena que se haga en el citado procedimiento abreviado, toda vez que la única limitante que tiene el juzgador, se encuentra establecida en el párrafo segundo, del artículo 206 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que estatuye que no puede imponerse una pena distinta o de mayor alcance a la solicitada por el Ministerio Público y aceptada por el acusado. En ese tenor, el acto reclamado, contrariamente a lo señalado por el promovente, no afecta la esfera de derechos fundamentales del directo quejoso, pues alude a un desacuerdo entre las partes del proceso, y denota que no existe conciliación por no aceptar el acusado la pena aprobada por el Fiscal de Litigación, lo cual no es susceptible de analizarse en la instancia constitucional. Ello en virtud de que, ante la falta de un arreglo posible entre las partes, debe continuarse con las disposiciones previstas para el procedimiento ordinario y no seguir suspendiendo la audiencia intermedia, habida cuenta que ese beneficio -reducción de la pena- está sujeto a la conciliación con el agente del Ministerio Público responsable; de ahí que, no existe afectación alguna en los derechos fundamentales de los gobernados cuando no se llega a un acuerdo para obtener el citado beneficio. Por tanto, si la autoridad ministerial rechazó la solicitud del quejoso para reducir aún más la pena mínima del delito que se le imputa, como propuesta para dar por terminado de manera anticipada la controversia penal; contra esa negativa de la representación social es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues tales actos no causan una afectación real y actual a su esfera jurídica; de ahí que se actualice la causa prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5°, fracción I, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, el criterio visible en la tesis I.6o.P134 P (10a.), consultable en el Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "PROCEDIMIENTO ABREVIADO. LA FACULTAD PARA SOLICITAR SU APERTURA Y LA REDUCCIÓN DE LA PENA ES EXCLUSIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO, POR LO QUE SI ÉSTE RECHAZÓ LA SOLICITUD DEL IMPUTADO DE REDUCIR AÚN MÁS LA PENA MÍNIMA PROPUESTA EN ESTA FORMA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA, CONTRA ESA NEGATIVA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con el andamiaje constitucional y procesal que rige en el sistema penal acusatorio, la solicitud de apertura del procedimiento abreviado y la reducción de la pena mínima en términos del artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es una facultad exclusiva del Ministerio Público, tan es así que el artículo 206, párrafo segundo, establece que no podrá imponerse una pena distinta o de mayor alcance a la que fue solicitada por la Representación Social y aceptada por el imputado; de ahí que no existe a favor de éste el derecho de intervenir en la disminución de la pena. Por tanto, si la autoridad ministerial (fiscal de litigación de la Subprocuraduría de Procesos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México) rechaza la solicitud de aquél de reducir aún más la pena mínima propuesta en esta forma de terminación anticipada, contra esa negativa es improcedente el juicio de amparo indirecto, al actualizarse la causa prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5o., fracción I, de la propia ley, relativa a la falta de interés jurídico, ya que el acto reclamado no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del gobernado, pues sólo evidencia que las partes no han llegado a un acuerdo y que no existe conciliación, al no aceptar el imputado la pena aprobada para la terminación anticipada del proceso y, ante la falta de arreglo posible, el juicio debe continuar conforme a las disposiciones previstas para el procedimiento ordinario." Así pues, no se surte el interés jurídico o legítimo del director quejoso para combatir el acto en cuestión a través del juicio de garantías, de ahí que se concluya en que se deba desechar la demanda planteada en su contra, al actualizarse la aludida causal de improcedencia. CONCLUSIÓN. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 113, en relación con la fracción XII, del artículo 61, y 5º fracción I, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa promovida por Jorge Cendejas Márquez, por encontrar en ella motivo manifiesto e indudable de improcedencia. DOMICILIO De conformidad con el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, las notificaciones, aun las de carácter personal, se les practicarán mediante lista de acuerdos que se fije en lugar visible de este Juzgado de Distrito, por así haberlo solicitado. AUTORIZADOS Se tienen por autorizados para oír y recibir notificaciones a los profesionistas señalados, por así haberlo solicitado expresamente. MODELO DE ATENCIÓN A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES Se hace del conocimiento a las partes que podrán consultar el expediente electrónico en el local de este órgano jurisdiccional, en los equipos de cómputo que para tal efecto se pongan a su disposición, en términos de lo establecido en el artículo 261 del multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. USO DE MEDIOS DE ELECTRÓNICOS Se permite la utilización de medios electrónicos para obtener la reproducción de las constancias que obren agregadas en este expediente, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pero se informa que las partes deberán conducirse con lealtad procesal; lo anterior, sin que implique que la fe pública del Secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realicen los interesados; con excepción de la información que se haya remitido por las autoridades responsables clasificada como reservada o confidencial, la cual no podrá ser objeto de reproducción, en términos de lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, debiéndose glosar constancia en autos de dicha circunstancia. LEY DE TRANSPARENCIA Conforme a los criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de los tribunales de circuito y juzgados de distrito; en términos de los artículos 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que sus datos personales serán clasificados como confidenciales, salvo que expresen su consentimiento para permitir el acceso a dicha información.
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