Jorge Celestino Balam Y Canche
Expediente 642/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 16 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 642/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 22/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jorge Celestino Balam Y Canche
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, con en el que contaban las partes para recurrir la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, así como los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada ley de la materia, por disposición de su artículo 2º, se declara que la citada resolución que sobreseyó en el juicio, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, no se encuentra en alguno de los supuestos de relevancia documental, ni cuenta con documentos determinados como información reservada, es susceptible de DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Se hace notar que el expediente no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. Por otro lado, atendiendo a que en el incidente derivado del presente juicio, se negó la suspensión definitiva por todos los actos reclamados; en tal virtud, de conformidad con lo previsto en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo antes citado, se determina que el incidente de suspensión derivado del presente expediente, es susceptible de DESTRUCCIÓN en un plazo de tres años. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán estar digitalizadas de conformidad con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente, en el sentido de que este asunto es destruible. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con veinticinco minutos del treinta de agosto de dos mil veintitrés, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional, en el juicio de amparo III-642/2023, promovido por ********************, estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe, se procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. Por tanto, la Jueza declara abierta la audiencia. La Secretaria de Juzgado hace relación de la demanda y de los informes justificados rendido por las autoridades señaladas como responsables, Instituto de la Vivienda del Estado de Yucatán, Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, ambos con sede en esta ciudad, mismos que obra agregados en los presentes autos. De igual manera, la Secretaria hace constar que no obran en autos, los informes justificados solicitados a las responsables Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán y Abogado Alejandro José Monsreal Rodríguez, Titular de la Notaría Número Quince de la Ciudad de Mérida, y CERTIFICA: Que en proveídos de veintisiete y veintiocho de abril del año en curso, dictados en el incidente de suspensión derivado de este juicio de amparo, se agregaron los informes previos de la autoridades responsables arriba indicadas. De igual forma, se hace constar que el término concedido a la parte quejosa para que manifestara si ampliaba su demanda de amparo en relación a la "Afianzadora Sofimex", Sociedad Anónima, transcurrió sin que hiciere manifestación alguna al respecto. En mérito a lo anterior, la Jueza acuerda: Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos en tiempo y forma los informes de ley de la responsables que obran agregados en autos, para ser tomados en consideración como corresponda. Ahora, tomando en consideración que en el expediente incidental, ya obran los informes previos de las responsables, Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán y Abogado Alejandro José Monsreal Rodríguez, Titular de la Notaría Número Quince de la Ciudad de Mérida; por tanto, en obvio a mayores dilaciones, a fin de no retrasar el dictado de la sentencia correspondiente, y habiendo transcurrido el término otorgado a aquellas para rendir su informe de ley; tómese como hecho notorio lo expuesto en el informe previo, a fin de resolver el definitiva el presente expediente, y celébrese la presente audiencia. Sirve de apoyo por identidad de razón, la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo LXXI, visible a página 3861, de la Quinta Época, con registro digital 327248, con el rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO, OMISION DEL, CASO EN QUE DEBE RECURRIRSE AL PREVIO. Es correcto el sobreseimiento dictado por un Juez de Distrito, por la inexistencia de los actos atribuidos a determinada autoridad responsable, porque aunque ésta no haga la reproducción de su informe previo y se pueda tener por cierto el acto que se le reclame y por no rendido su informe justificado correspondiente, si el Ministerio Público solicita que la secretaria del juzgado respectivo, haga una certificación acerca del sentido en el cual aquella autoridad responsable había rendido su informe previo, si es que de esa certificación aparece que negó el acto que se le imputaba, por lo que es indudable que tal acto debe tenerse como inexistente sobre todo si la parte quejosa no rinde prueba alguna en contrario que lo desvirtúe." De igual forma, toda vez que ha transcurrido el término que se concedió a la parte quejosa mediante proveído de veinte de julio de dos mil veintitrés, para el efecto de manifestara si deseaba ampliar su demanda de amparo en relación a "Afianzadora Sofimex", Sociedad Anónima, sin que hubiera hecho manifestación alguna; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento realizado en dicho auto, y se continua el trámite del presente juicio de amparo, sin tener por ampliada la misma, por lo que este órgano constitucional resolverá el asunto en los términos que fueron planteados en el escrito inicial de demanda. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las documentales, así como la de presunciones legales y humanas, que la parte quejosa relacionó y adjuntó a su demanda de amparo la responsable al rendir su informe de ley; así como con las ofertadas por la responsable Director Jurídico y de Regulación de Suelo del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán, al rendir su informe de ley, y con las que adjuntó a su oficio ********************, de veintisiete de junio de dos mil veintitrés. Al respecto, la Jueza acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por el 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas las pruebas, documentales, instrumental de actuaciones y de presunciones legales y humanas con que se da cuenta, para ser relacionadas y tomadas en consideración como corresponda; con lo que se cierra esta etapa. Abierto el período de alegatos, la Secretaria da cuenta a la Jueza que las partes no hicieron uso de ese derecho; por lo que se da por cerrada dicha etapa. A continuación, no habiendo diligencias pendientes por desahogar, ni alegato ministerial formulado por la Agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado, la Jueza declara visto el expediente y procede a dictar la siguiente resolución. VISTOS, para resolver el presente juicio de amparo indirecto 642/2023-III; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veinte de abril de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, turnada en esa misma fecha a este Juzgado Federal, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama del Instituto de la Vivienda del Estado de Yucatán, y de otras autoridades, consistente en la venta, compra, escrituración, adjudicación, posesión, así como las licencias emitidas para la construcción en el predio que afirma se encuentra en su posesión, el cual, sito en la calle sesenta y cinco "D", número ciento setenta y seis, de Francisco Villa Oriente, en Kanasín, Yucatán, así como los actos con los que se le pretende desposeer del mismo. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, la citada demanda de amparo se admitió y registró en el Libro de Gobierno con el número de expediente 642/2023-III; se solicitó a las responsables su informe con justificación; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le compete; finalmente, previo diferimiento, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; Por auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, se dejó de tener como autoridad responsable al Titular de la Escribanía Número Uno con sede en ********************, Yucatán; por lo que se ordenó continuar la secuela procesal sin tener como responsable a la autoridad arriba indicada; Asimismo, en diverso auto de veinte de julio de dos mil veintitrés, se previno a la parte quejosa para que manifieste si deseaba llamar a juicio a la persona moral denominada la "Afianzadora Sofimex", Sociedad Anónima, sin que lo hubiere hecho; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción l y 107 fracción VII, de la Constitución Federal, 37 de la Ley de Amparo en vigor, 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el 8/2013 del propio Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, porque se reclama un acto que se atribuye a autoridades con sede en el Estado de Yucatán, donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario fijar claramente los actos reclamados, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda de amparo, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituye un todo, con la finalidad de precisar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal, acorde con la tesis de rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." De manera, que la justiciable de amparo reclama de la autoridad responsable, la venta, compra, escrituración, adjudicación, posesión, así como las licencias emitidas para la construcción en el predio que afirma se encuentra en su posesión, el cual, sito en la calle sesenta y cinco "D", número ciento setenta y seis, de Francisco Villa Oriente, en Kanasín, Yucatán, así como los actos con los que se le pretende desposeer del mismo. TERCERO...EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Al rendir sus informes justificados, las responsables, negaron la existencia del acto que se les reclama, sin embargo hacen manifestaciones de las que se desprende la existencia del mismo, motivo por el cual debe de tenerse por cierto. Sirve de apoyo la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo XIV, Julio de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 211004, bajo el rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA ACTUALIZADAS. Previo al estudio de las cuestiones de fondo planteadas, relativas a la constitucionalidad de los actos que por esta vía jurisdiccional se impugnan, debe analizarse si en el caso, se actualiza alguna causa de improcedencia, la hagan valer o no las partes. En este caso, esta Juzgadora Federal, de manera oficiosa, advierte que respecto al acto reclamado consistente en la venta, compra, escrituración, adjudicación, posesión, así como las licencias emitidas para la construcción en el predio que afirma se encuentra en su posesión, el cual, sito en la calle sesenta y cinco "D", número ciento setenta y seis, de Francisco Villa Oriente, en Kanasín, Yucatán, así como de los diversos actos con los que se le pretende desposeer del mismo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.". En primer término, debe precisarse que el quejoso ejerce la acción de amparo porque dicen tener la posesión, en calidad de propietario del predio sito en la calle sesenta y cinco "D", número ciento setenta y seis, de Francisco Villa Oriente, en Kanasín, Yucatán. En ese sentido, cabe destacar que el interés jurídico consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía de amparo algún acto de autoridad violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio. Así, el aludido precepto se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular; esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. En tanto que el juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de los derechos subjetivos establecidos en la Constitución Federal, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. El interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado, de manera que el dueño de éstos pueda ocurrir al juicio de amparo y no otra persona, de ahí que se llegue a la conclusión que el solicitante de amparo debe ser la persona que estima se le causa molestia por la privación de alguno de sus derechos, posesiones o propiedades, ya que como se indicó, el interés jurídico a que se refiere la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, no puede referirse a otra cosa, sino a la titularidad que a la parte quejosa corresponde, en relación con los derechos o posesiones que estima conculcados. De tal manera que el juicio de amparo, por su naturaleza tiene por objeto resolver sobre la legalidad o ilegalidad del acto reclamado, protegiendo al quejoso frente a un menoscabo que, en su persona o bienes, pudiere resultar del acto inconstitucional. Luego, de lo expuesto se advierte que resulta indispensable para la procedencia del juicio de amparo, la existencia del interés jurídico de quien lo solicita, con independencia de la certeza del acto reclamado, ya que puede existir el acto de autoridad, pero no así el derecho de quien acude a solicitar el amparo, es decir, se requiere que el quejoso sea el titular del derecho que estima transgrede el acto de autoridad. Sobre el tema tiene aplicación la tesis de jurisprudencia 168/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 225, Tomo XXVII, Enero de 2008, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados.". Ahora, se dice que se surte la causa de improcedencia mencionada, ya que, en primer término, el peticionario de amparo carece de interés para reclamar la venta, compra, escrituración, adjudicación, posesión, así como las licencias emitidas para la construcción en el predio que afirma se encuentra en su posesión, el cual, sito en la calle sesenta y cinco "D", número ciento setenta y seis, de Francisco Villa Oriente, en Kanasín, Yucatán, así como de los diversos actos con los que se le pretende desposeer del mismo, ya que no se le causa ninguna afectación, por la razón de que no acreditó la propiedad o legal posesión del inmueble que señala en su demanda de amparo. En ese sentido y como se ha estudiado en esta resolución, el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción primera, establece que el juicio de control constitucional se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Este principio quedó establecido en la fracción I del artículo 5 de la Ley de Amparo, expedida mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril citado, que a continuación se transcribe: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." Reflexionando sobre los hechos y el contexto legal anotado, como se estableció en párrafos precedentes, en el presente caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con la fracción I del numeral 5, ambos de la Ley de Amparo, en razón de que el quejoso no acreditó la afectación a su interés jurídico, respecto del bien inmueble que defiende, ya que no acreditó contar con el derecho de posesión con el que refiere contar. Se dice lo que antecede, en virtud de que aun cuando entraron en vigor las reformas, entre otros, del artículo 107 de la Constitución Federal, fracciones I y VII (publicadas en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once), su nuevo texto dice: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (El subrayado es de este juzgado) El numeral en comento amplía el carácter de parte agraviada, ya que se otorga a: a) quien aduce ser titular de un derecho; b) quien aduce tener un interés legítimo individual; o c) quien aduce tener un interés colectivo; claro ésta, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En este contexto, debe decirse, los actos reclamados no afectan los intereses jurídicos del peticionario del amparo, ********************, al no acreditar con prueba idónea que sea titular de un derecho subjetivo, que se le afecte de manera personal y directa. ******************** al no haber acreditado la posesión del inmueble que defiende deriva de un derecho legítimo para ello. En la especie el quejoso señala como acto reclamado la venta, compra, escrituración, adjudicación, posesión, así como las licencias emitidas para la construcción en el predio que afirma, se encuentra en su posesión, sito en la calle sesenta y cinco "D", número ciento setenta y seis, de Francisco Villa Oriente, en Kanasín, Yucatán Para ello, alude ser propietario y legítimo posesionario del terreno ejidal, que se encuentra en Kanasín, Yucatán, de una superficie de terreno que mide cuarenta metros de frente, por cuarenta metros de fondo, en forma irregular de Kanasín, Yucatán, lo que pretendió acreditar con copia simple del acta de asamblea de quince de junio de dos mil seis, pasada ante el comisariado ejidal de Kanasín, Yucatán, la cual carece de valor al haber sido exhibida en copia simple. Además, la parte quejosa no demostró la titularidad del bien que defiende en su escrito de demanda, ya que con el documento que exhibe no permite identificar que el predio ciento setenta y seis, de la calle sesenta y cinco "D", de la colonia Francisco Villa Oriente, de la localidad y Municipio de Kanasín, Yucatán, tuviera su origen o se derivara del inmueble ejidal, del que afirma es posesionario. Esto es así, pues en el sumario de amparo sólo obran las siguientes pruebas: 1. Documental consistente en copia simple de la constancia de verificación de posesión expedida el quince de junio de dos mil seis, por el ejido de Kanasín, Municipio de Kanasín, Yucatán; de aproximadamente cuarenta metros de frente por cuarenta metros de fondo, abarcando mil seiscientos metros cuadrados aproximadamente, ubicado dentro de la jurisdicción de los ejidos de Kanasín, afectación Kanasín, San Pedro Nohpat, en el cual, se especificó que dicha superficie sería ocupada por ********************. 2. Copia simple de la constancia expedida por el Instituto de la Vivienda del Estado de Yucatán, de tres de diciembre de dos mil quince, expedido por el Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán, relativa a la compraventa del predio ciento setenta y seis, de la calle sesenta y cinco-D, de la colonia Francisco Villa Oriente, de Kanasín Yucatán. Así como el contrato de 001964, de tres de diciembre de dos mil quince, relativo a la enajenación del predio arriba indicado. 3. Copia simple de la credencial para votar con clave de elector BLCNJR60061631H600, expedida por el Instituto Federal Electoral, a favor de Jorge Celestino Balam Canche. 4. Copia simple del folio electrónico 1105391, con historial armado, en el que se hace constar que el cuatro de junio de dos mil catorce, se otorgó la división en quinientas sesenta y nueve partes, del predio ciento setenta y seis, de la calle sesenta y cinco D, de la colonia Francisco Villa Oriente, de la Localidad y Municipio de Kanasín, Yucatán, 5. Copia simple del folio electrónico del predio 1105391, relativo al aviso definitivo de transmisión de propiedad con extinción de fideicomiso relativo a la escritura pública setenta y cinco, de uno de febrero de dos mil veintitrés, enajenado por ********************, a favor de ********************, respecto del predio ciento setenta y seis, de la calle sesenta y cinco D, de la colonia Francisco Villa Oriente, de esta ciudad. Documentos remitidos por la directora del Registro Público de la Propied y del Comercio del Instituto de seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán. 1. Copia simple del folio electrónico 610168, con historial armado, en el que se hace constar que el cuatro de junio de dos mil catorce, se otorgó la división en quinientas sesenta y nueve partes, del predio ciento setenta y seis, de la calle sesenta y cinco D, de la colonia Francisco Villa Oriente, de la Localidad y Municipio de Kanasín, Yucatán, 2. Copia del folio electrónico 610156, en el que se hace constar que el veinticinco de septiembre de dos mil doce, se otorgó la adjudicación a título gratuito de la del tablaje catastral 16485 del Ejido y Municipio de Kanasín Yucatán, a favor de José Manuel Saiz Pineda e Israel de Guadalupe Osorio Loria, en dos partes iguales. 3. Copia del folio electrónico 610158, en el que se hace constar que el diecisiete de enero de dos mil trece, se otorgó la compraventa del tablaje catastral 16485 del Ejido y Municipio de Kanasín Yucatán, a favor de Patrimonio Kanasín, Sociedad Anónima de Capital Variable, por el enajenante José Manuel Saiz Pineda. 4. Copia del folio electrónico 610159, en el que se hace constar que en escritura pública 128 de once de octubre de dos mil trece, se otorgó el fideicomiso respecto del tablaje catastral 16485 del Ejido y Municipio de Kanasín Yucatán, a favor de Afianzadora Soimex, Sociedad Anónima (fiduciario), y como fideicomitente Patrimonio Kanasín, Sociedad Anónima de Capital Variable. 5. Copia del folio electrónico 610161, en el que se hace constar que en escritura 580, de cuatro de junio de dos mil catorce, otorgada ante el Notario Público Quince del Municipio de Mérida, Alejandro José Monsreal Rodríguez, se otorgó la urbanización, del predio 65, número 180, de la colonia "Francisco Villa Oriente", localidad y municipio de Kanasín, Yucatán, a favor de ********************. 6. Copia del folio electrónico 610163, en el que se hace constar que en escritura 580, de cuatro de junio de dos mil catorce, otorgada ante el Notario Público Quince del Municipio de Mérida, Alejandro José Monsreal Rodríguez, se otorgó la división en quinientas sesenta y nueve partes, el predio ciento ochenta de la calle sesenta y cinco, de la colonia Francisco Villa Oriente, de la localidad y Municipio de Kanasín, Yucatán. 7. Copia del folio electrónico 610165, relativo a la transmisión de propiedad con número de inscripción 2351717, según escritura pública 821 de treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete, otorgada ante el escribano público número Quince del Municipio de Mérida, David Gabriel Robertos Franco. La documentación antes descrita, no resulta idónea ni eficaz para demostrar de manera fehaciente, el interés que el quejoso alude le asiste para reclamar la desposesión del predio ****************************************, en atención a que las probanzas que ofreció no son pruebas eficaces para acreditar que la posesión legítima que afirma detenta del mismo. Sin que obste para ello, su afirmación en el sentido de que la posesión del inmueble que defiende deriva de una compraventa celebrada con la ********************, pues si bien, en autos obra el contrato de compraventa, lo cierto es que no existe documento alguno que acredite el perfeccionamiento, en fecha cierta del mismo, ante la autoridad registral competente. Lo anterior es así, pues al rendir su informe de ley, la autoridad responsable, Director jurídico y de Regularización de Suelo del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán, remitió copia del contrato de compraventa con folio 001964, de tres de diciembre de dos mil quince, y de un contrato en el que aparentemente el adquirente es ********************, lo cierto es que el mismo, no es suficiente para acreditar que se materializó la compraventa del inmueble materia de la Litis; pues tales documentos, tienen el carácter de privados carentes de eficacia probatoria, de fecha incierta, por lo que no pueden ser aptos para avalar la propiedad que ostenta su oferente y por ende acreditar su interés jurídico. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis II.1o.18 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, perteneciente a la Décima Época, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro veintinueve, abril de dos mil dieciséis, tomo III, que a la letra dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO INDIRECTO. PARA ACREDITARLO CON UN DOCUMENTO PRIVADO, SE REQUIERE QUE ÉSTE SEA DE FECHA CIERTA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación definió que un documento privado sólo es apto para acreditar el interés o derecho pactado en él frente a terceros, desde que: 1) se presenta ante algún fedatario público o autoridad competente en ejercicio de sus atribuciones legales, 2) se inscribe en algún registro público, o 3) muere alguno de los firmantes (contratantes). De lo contrario, se refutará de fecha incierta y será jurídicamente ineficaz para demostrar, por sí, la existencia y certeza del acto jurídico ahí contenido, en cuyo caso ese documento no podrá oponerse a terceros ajenos a él. Por tanto, cuando en el amparo indirecto se pretende justificar el interés jurídico sólo con la exhibición de documentos privados, es necesario que sean de fecha cierta para ser jurídicamente oponibles a terceros ajenos a éstos pues, de no ser así, sólo surten efectos entre las mismas partes suscriptoras, debido a que su eficacia jurídica frente a terceros no depende de si son reconocidos por los propios suscriptores, o de si fueron objetados en el juicio de amparo, sino que surge exclusivamente del requisito indispensable de fecha cierta, adquirido a través de alguna de las hipótesis mencionadas para conferirle esa calidad probatoria." Aunado a lo anterior, entre la documentación remitida por la autoridad registral señalada como responsable, se advierte que a las catorce horas con veintidós minutos del trece de febrero de dos mil veintitrés, se inscribió el aviso definitivo de transmisión de propiedad con extinción de fideicomiso, del inmueble ciento setenta y seis, de la calle sesenta y cinco "D", de la colonia Francisco Villa Oriente, otorgado en escritura pública setenta y cinco, de uno de febrero de dos mil veintitrés, por compraventa realizada entre la enajenante ******************** y el adquirente ********************. Documento que hace prueba en contra del quejoso, por cuanto demuestra que el aludido Lugo Coral, es el propietario del inmueble, del cual, según el quejoso, le pretenden desposeer. En resumen, el citado material probatorio no es eficaz ni suficiente para acreditar que el quejoso detenta la posesión en calidad de propietario del predio ********************De ahí que no acredita su interés jurídico para instar esta vía extraordinaria de defensa. Lo anterior, pues para que la posesión sea susceptible de ser protegida en esta vía constitucional es necesario que esté sustentada en cualquiera de las formas que protege la Ley, es decir, sea posesión originaria o derivada de un título legítimo, para así, estar en aptitud de concretizar si en el presente juicio acredita su interés jurídico, lo que no aconteció en el caso particular, por los motivos antes expuesto. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 1/2002, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, perteneciente a la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Febrero de 2002, que a la letra dice: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." En el caso concreto, como ha quedado analizado, con las pruebas que ofreció en el presente juicio de amparo, el quejoso pretende acreditar que tiene en posesión el inmueble de mérito; sin embargo, como quedó analizado, esas probanzas no son eficaces ni suficientes para demostrar la afectación a su derecho subjetivo de manera directa y personal ya que para ello era necesario que demostrara la causa generadora de esa posesión, lo cual no hizo, pues los medios de prueba que aportó tendentes a demostrar el origen legal de esa posesión, se reitera no son eficaces ni suficientes. Para ello es menester señalar que el artículo 625 del Código Civil del Estado de Yucatán, dice: "Artículo 625. Posesión es el ejercicio de un poder de hecho sobre una cosa, o el goce de un derecho, ya sea por uno mismo o por otro en su nombre. Esta es de buena o mala fe." Poder de hecho que necesariamente debe tener una causa u origen, pues si dicha causa, por su naturaleza jurídica faculta al poseedor a usar, disfrutar y disponer de la cosa, entonces se trata de la posesión originaria o en concepto de dueño; en cambio, si la causa de la posesión faculta al titular del derecho únicamente a usar y disfrutar del bien, se trata de una posesión derivada, en calidad de usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u otro título análogo. Ahora bien, si cualquiera de las dos clases de posesión, originaria o derivada, debe reconocer una causa jurídicamente suficiente para atribuir al sujeto que la ejerce alguno o algunos de los derechos atribuidos de la propiedad (usar, disfrutar, disponer), o aquéllos que son característicos y exclusivos de la posesión derivada (usar y disfrutar del bien, pero no disponer de él), es inconcuso que la simple tenencia material de un bien, faltando dicha causa, no es la posesión jurídica a que alude la legislación civil común y, por ende, no puede ser tutelada por la garantía de audiencia del artículo 14 Constitucional, el cual protege la posesión jurídica, sea ésta originaria o derivada Por lo tanto, si el quejoso no acreditó fehacientemente el origen legal de la posesión que afirma detentar sobre el predio que defiende, es claro que únicamente tiene el carácter de un simple detentador del inmueble, lo cual es insuficiente por sí solo para acreditar de manera fehaciente su interés jurídico en este juicio de amparo, lo que en la especie no ocurre, por las razones ya apuntadas. Es aplicable al caso la Jurisprudencia 2a./J. 16/94, sustentada por la Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal, visible en la página 17, del tomo 82, octubre de mil novecientos noventa y cuatro, octava época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INTERES JURIDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Es también aplicable al caso la tesis sustentada por la Segunda Sala, de la anterior conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 147, del tomo 145-150 Tercera Parte, séptima época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, IMPROCEDENCIA DEL JUICIO POR NO ACREDITARSE LA AFECTACIÓN DEL. La causa de improcedencia prevista en la fracción V, del artículo 73 de la Ley de Amparo puede configurarse con posterioridad a la presentación de la demanda de garantías, puesto que el quejoso puede, desde la presentación de su demanda hasta antes de que concluya la correspondiente audiencia constitucional, presentar las pruebas idóneas para acreditar que el acto reclamado afecta sus intereses jurídicos, y si en el referido lapso procesal no acredita o no se encuentra comprobada tal situación, debe sobreseerse en el juicio por configurarse la causal de referencia." Por otra parte, el hecho de que se haya acreditado la existencia del acto reclamado, no influye en esta Juzgadora para conceder el amparo solicitado, pues para que el juicio de amparo prospere, no basta que exista el acto autoritario, sino que es necesario que el accionante del amparo acredite que los actos tildados de inconstitucionales les afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley, lo que en el caso específico como ya se vio no acontece. En ese contexto, resulta inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ende, debe sobreseerse el presente juicio, en términos de lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial número VI. 2o. J/7, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo II Segunda Parte-2, página 690, texto: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." La causal de improcedencia que se actualiza, hace innecesario el estudio del fondo del asunto, en atención a la tesis de jurisprudencia 509 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 335, Tomo VI, Parte SCJN, Séptima Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio.". QUINTO. Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, de conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, contra el acto que reclamó del Instituto de la Vivienda del Estado de Yucatán, y de otras autoridades; por los motivos expuestos en el penúltimo considerando de esta sentencia. SEGUNDO. En acatamiento a lo resuelto en el último considerando de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la certificación secretarial respectiva en versión pública; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sanchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
- Principal
Mérida, Yucatán a diecisiete de agosto de dos mil veintitrés Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que aún se encuentra transcurriendo el término de quince días hábiles otorgados en acuerdo de veinte de julio de dos mil veintitrés a la parte quejosa, en el que se le previno para que manifieste si amplía su demanda de amparo; por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fijan como nuevas hora y fecha para su celebración, las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
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Mérida, Yucatán a cinco de julio de dos mil veintitrés Agréguese a estos autos el oficio INSEJUPY/DRPPYC/DJ/AR/686/2023 signado por la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, con sede en esta ciudad mediante el cual cumple con el requerimiento de veintidós de junio del año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este juicio y relaciónense al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Notifíquese. Así lo acordó y firma Pablo Pérez Pacheco, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por licencia académica de la titular, en términos del artículo 44, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la carrera judicial; por autorización comunicada mediante oficios CCJ/ST/3320/2023 y CCJ/ST/3793/2023, de fechas doce y veintiséis de junio ambos de dos mil veintitrés, respectivamente, suscritos por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.
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