Jorge Castillo Madrigal
Expediente 1013/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 1 actuación registrada, la última del 17 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1013/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 17/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Jorge Castillo Madrigal
Actuaciones
- Principal
Vista la demanda de amparo de cuenta, con la que ***solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos que atribuye a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, residente en esa ciudad. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se manda formar expediente, registrarlo bajo número 1013/2023-II-C y se admite, en sus términos, la demanda de amparo de que se trata. Dése la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrita en materia de amparo, ello, en términos de los numerales 107, fracción XV, constitucional, y 5°, fracción IV, de la ley de la materia. Con relación a lo anterior, cabe precisar que, de las constancias que obran en el expediente de varios 1/2023 del índice de este juzgado, se advierte que en proveído de seis de noviembre de este año, se ordenó agregar el oficio firmado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, mediante el cual solicitó la vinculación de los juicios de amparo a su cuenta de FIREL "********************", para atender dichos asuntos vía electrónica. Circunstancia que se invoca como un hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de un expediente bajo la potestad de este juzgador y se toma en consideración a fin de otorgarle acceso al expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo. En atención a lo anterior, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, y 30, fracción II, de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta electrónica del presente expediente y se ordena realizar notificaciones personales a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita vía electrónica, por medio de su usuario "********************". En consecuencia, se ordena a la Oficial Judicial "A" de la adscripción que proceda a realizar la autorización en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las diez horas del trece de diciembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio. De conformidad con el artículo 117 de la citada legislación, requiérase informe justificado a la autoridad responsable, el que deberá rendir dentro del plazo de quince días, exponiendo las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados, acompañando, en su caso, copias certificadas, legibles, completas y ordenadas de las constancias y actuaciones que sean necesarias para la resolución de este asunto, apercibida que, de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 260, fracción II, de la ley de la materia, se le impondrá multa por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cien veces el valor inicial Diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación. Ahora, toda vez que el nueve de mayo del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se "declara terminada la acción extraordinaria en materia de salubridad general que tuvo por objeto prevenir, controlar y mitigar la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19)", se concluye con el esquema establecido en relación a los medios electrónicos -correo institucional-; por tanto, el informe justificado deberá ser remitido de forma física ante la oficialía de partes de este Juzgado Federal, o bien, ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, así como por interconexión -con FIREL- o correspondencia, para que surtan sus efectos legales. Asimismo, se requiere a la autoridad señalada como responsable para que, al momento de rendir informe justificado, manifieste si la parte quejosa, con anterioridad a la presentación de la demanda de que se trata, promovió algún medio ordinario de defensa, o, bien, diverso juicio de amparo en contra de los actos que por esta vía constitucional reclama, en el entendido que, de no hacerlo, se le hará efectivo el apercibimiento citado en el párrafo que antecede. En términos de los artículos 26, fracción II, y 28, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, dígase a la autoridad responsable que la notificación que se le haga surtirá todos sus efectos legales desde que se entregue el oficio respectivo, ya sea a la propia autoridad responsable, a su superior jerárquico, representante o al encargado de recibir la correspondencia en su oficina, y, si se negaren a recibir dicho oficio, se tendrá por hecha la notificación y será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que ésta contenga. Lo anterior, en el entendido que el Actuario correspondiente deberá hacer cumplir lo previsto por la última parte de la fracción I del artículo 28 de la Ley de Amparo. De acuerdo a lo previsto en el numeral 64 de la ley de la materia, se hace saber a las partes que, en caso de que cesen los efectos de los actos reclamados o tengan conocimiento de una causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, de ser posible acompañarán las constancias que la acrediten; apercibidas que, de no hacerlo, se les impondrá multa por $3,112.20 (tres mil cientos doce pesos 20/100 moneda nacional), equivalente a treinta veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 251 de la ley de la materia. De igual forma, se hace del conocimiento de la autoridades responsable que, en caso de subsecuentes diferimientos de la audiencia constitucional resulta innecesario notificarle a través de oficio el señalamiento de la nueva fecha y hora para su desahogo, porque tal determinación no tiene la transcendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio, no obstante, podrán consultar la página de internet https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2Fexpedientes.htm, con el objeto de hacer de su conocimiento la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Apoya la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 1253, Materia Común, Décima Época, Enero de 2013, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." En otro tenor, se considera que no es el caso llamar a este juicio a la contraparte del quejoso, ya que se propiciaría un mayor retraso en la continuación del juicio de origen, en perjuicio de las partes de aquella contienda; ello es así porque no le acarrea ningún perjuicio atendiendo a que el acto que se reclama se trata de una omisión en el juicio laboral de origen, como lo es, según sostiene el quejoso, que la junta no ha dictado laudo en el juicio ********************. En lo conducente, se invoca la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, Libro 75 Tomo III, Febrero de 2020, página 2426, de rubro y texto: "TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SI EL ACTO RECLAMADO ES UNA OMISIÓN GENÉRICA DEL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL, PARA ESTABLECER A QUIÉN CORRESPONDE DICHO CARÁCTER, DEBE PONDERARSE SI LA PERSONA DESIGNADA PODRÍA VERSE AFECTADA EN SU ESFERA JURÍDICA CON LA EVENTUAL CONCESIÓN O NEGATIVA DEL AMPARO, AL TENER UN INTERÉS CONTRARIO AL DEL QUEJOSO. El artículo 5o., fracción III, de la Ley de Amparo tiene como objetivo dar participación en el juicio de amparo a todos los que puedan resultar afectados en sus derechos con el dictado de la resolución respectiva. Así, en todos los supuestos que el precepto citado establece, es requisito indispensable que el sujeto con la calidad de tercero interesado sea titular de un derecho protegido por la ley que resultaría afectado en virtud de la declaratoria de insubsistencia del acto reclamado que, de inicio, favorecía sus intereses en el proceso natural del que deriva aquél. En consecuencia, si en un juicio de amparo indirecto se reclama una omisión genérica de la representación social (omisión de acordar un escrito mediante el cual los quejosos solicitaron el auxilio judicial por omisiones e indebidas actuaciones del Ministerio Público investigador en la carpeta de investigación) la cual acontece durante la etapa de investigación inicial, para establecer a quién corresponde el carácter de tercero interesado, debe ponderarse quién podría verse afectado en su esfera jurídica con la eventual concesión o negativa de la protección constitucional que, en su caso, se resolviera, al tener un interés contrario al del quejoso, partiendo de la premisa de que la litis en el sumario constitucional, únicamente versará en verificar la existencia o no de la omisión atribuida a la Fiscalía y, en su caso, su constitucionalidad.." Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que cita en su demanda, además, se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************y********************, en virtud de contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa aportando como medios de convicción los siguientes: La instrumental de actuaciones. La presuncional en sus dos aspectos, legal y humano. Copia simple del escrito firmado por el quejoso dirigido ante la responsable con fecha de recepción de treinta y uno de mayo de este año. Pruebas que se desahogan por su propia y especial naturaleza y serán tomadas en consideración al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Por lo que hace a la prueba ofrecida consistente en las actuaciones del juicio laboral ********************, este órgano jurisdiccional se reserva acordar al respecto, ello, hasta en tanto, en su caso, sean remitidas junto con el informe justificado de la responsable. Con fundamento en los numerales 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidades de llevar a cabo la notificación de los acuerdos que con motivo de este asunto se emitan. De conformidad con la fracción II, párrafo segundo del artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece disposiciones en materia de actividad administrativa en los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que cuando les sea posible transiten hacia la actuación al "juicio en línea" desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con independencia de lo anterior, de acuerdo a lo establecido en la fracción I del numeral 257 del citado Acuerdo General, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Cabe precisar que en atención al artículo 253 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano jurisdiccional asegurará la integridad del expediente electrónico destacándose que en los casos en que un asunto se inicie y se tramite a través de documentos físicos, se deberá digitalizar las constancias e incorporarlas al expediente electrónico correspondiente generando sus actuaciones en versión electrónica e imprimiendo únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, como puede ser el caso de las constancias de notificación, y bajo ninguna circunstancia se obstaculizará la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. Por otra parte, con fundamento en los artículos 1°, 6°, 21, 22, fracciones II, IV y V, 26, 27, 28, 29, 46, 47, 68, y transitorios primero, cuarto y séptimo, de Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, C.P 77000, en Chetumal, Quintana Roo, hace del conocimiento de las partes que: a) El presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en esa ley; b) Resulta aplicable en lo que no se le oponga, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; c) El tratamiento de los datos personales es para fines propios del procedimiento y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0) también tiene objetivos estadísticos; d) Este aviso se puede consultar físicamente en el expediente correspondiente o en forma electrónica, de haberse solicitado y autorizado esa vía; e) Quedan expeditos sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los cuales podrá ejercer directamente ante, esta autoridad, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal o ante la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia, la cual tiene su domicilio en Carretera Picacho-Ajusco número 170, Planta Baja, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México, cuyo correo electrónico es transparenciacjf@correo.cjf.gob.mx, así como en la sede regional de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, que se localiza en avenida Andrés Quintana Roo número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre A, planta baja, en Cancún, Quintana Roo, y en su caso en la Delegación Administrativa del Consejo de la Judicatura Federal en esta ciudad, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, C.P 77000, en Chetumal, Quintana Roo. f) Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, las partes conservan su derecho a manifestar si están de acuerdo con que, las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales, en la inteligencia que la falta de oposición expresa implicará el consentimiento tácito a que hacen referencia los párrafos segundo y tercero del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto sin menoscabo de que el presente asunto pueda ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 22 de la citada ley, que exime al responsable de recabar el consentimiento del titular; y, g) En la versión pública de la resolución correspondiente se suprimirán los datos sensibles que pueda contener, de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. Lo anterior, en el entendido de que tratándose de datos personales y archivo, en lo que no se oponga a las leyes citadas, se actuará conforme a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Se autoriza a los Secretarios de este órgano jurisdiccional para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Háganse los registros en el libro electrónico y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese y líbrese el oficio correspondiente.
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