Jorge Castillo Barrientos

Expediente 564/2022 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
564/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
14/06/2022

Partes del expediente

  • Jorge Castillo Barrientos

Actuaciones

  1. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, catorce de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que la parte quejosa no interpuso el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del proveído de uno de junio de dos mil veintidós, en el que se desechó de plano su demanda de garantías; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto en que sin decidirlo en lo principal se dio por concluido; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, uno de junio de dos mil veintidós. Visto el escrito de demanda de amparo promovida por Jorge Castillo Barrientos, contra actos del Mtro. Fernando Tapia Díaz, Gerente de Facturación Fiscal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores con sede en la Ciudad de México y otras autoridades; regístrese mediante juicio en línea y en el libro de gobierno con el número 564/2022-II. Juicio en línea. Tomando en cuenta que al promoverse el presente asunto se realizó de forma física, se exhorta a la partes para que, de ser posible y tomando en consideración las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; atendiendo a ello, deberán haber solicitado la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, mismas que este juzgado debe haber autorizado; en el entendido de que la actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente. Sin embargo, para el caso de quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de su representante legal, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y las notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de derechos humanos que se recibe; numeral que es del tenor siguiente; "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Así, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia 75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que el mismo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto." Así las cosas, en acatamiento a lo dispuesto en la jurisprudencia 40/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.", se obtiene que la parte quejosa señala como autoridades responsables las siguientes: ORDENADORAS. Mtro. Fernando Tapia Díaz, Gerente de Facturación Fiscal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores con sede en la Ciudad de México. Delegado Regional del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Apoderado legal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en el estado de Tamaulipas. Representante legal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en el estado de Tamaulipas. Gerente Jurídico del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en el estado de Tamaulipas. Estas con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Apoderado legal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en el estado de Tamaulipas. Representante legal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en el estado de Tamaulipas. Con sede en Reynosa, Tamaulipas. Como ejecutora: Dirección de Recursos Humanos de la Empresa "Vidrio Decorativo Occidental S. A. de C.V." y como actos reclamados: "Apertura ilegal y otorgamiento del Crédito Hipotecario 2818315385, que no solicité, por lo que me querellé inmediatamente que tuve conocimiento de su apertura, por la comisión del ilícito de usurpación de identidad; que aún se encuentra pendiente de resolverse, en la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Y como consecuencia de ello, el aviso de retención de fecha veintiocho de febrero del presente año, con número de folio R0628022311115, ordenado por el Gerente de Facturación Fiscal del instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), de la Ciudad de México, ordenó se me hagan en mi recibo de nómina de mi trabajo, de la empresa para la que laboro, bajo protesta de decir verdad, le manifiesto que personal de recursos humanos, de la empresa para que laboro, me comunicó que a partir de este jueves dos de Junio de 2022, se me comenzará a descontar de nueva cuenta, un crédito hipotecario que no solicité ante dicha institución. Consecuentemente, atento a lo que dispone el artículo 113, en relación con la parte final del diverso 61, ambos de la Ley de Amparo, no ha lugar a admitir ni tramitar la demanda de derechos humanos, sino que habrá de desecharse de plano, al advertirse la actualización de una causa de improcedencia manifiesta e indudable, cuya observancia es de oficio, atento a su naturaleza de orden público, por los motivos que a continuación se exponen. En efecto, del contenido de la certificación secretarial que antecede, se desprende que en el libro de gobierno relativo a los juicios de amparo que se llevan en este Juzgado, se encuentra registrada una diversa demanda de amparo promovida por Jorge Castillo Barrientos, registrado en el libro de gobierno respectivo con el número 652/2021-VIII, misma que aún se encuentra en trámite, que además en este momento se tiene a la vista y constituye un hecho notorio para el suscrito, sin necesidad de que obre en autos copia certificada del mencionado expediente, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio en la materia, siguiendo la idea jurídica sustentada en la jurisprudencia 2ª./J.27/97 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento diecisiete, Tomo VI, julio de mil novecientos noventa y siete del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se lee: "HECHO NOTORIO. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TAL, LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL PLENO O POR LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. Como los Ministros de la Suprema Corte de Justicia integran tanto el Pleno como las Salas, al resolver los juicios que a cada órgano corresponda, pueden válidamente invocar, de oficio, como hechos notorios, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las resoluciones que emitan aquéllos, como medio probatorio para fundar la ejecutoria correspondiente, sin que resulte necesaria la certificación de la misma, bastando que se tenga a la vista dicha ejecutoria, pues se trata de una facultad que les otorga la ley y que pueden ejercitar para resolver una contienda judicial.". En ese contexto, resulta inconcuso que existe litispendencia, en razón de que los actos aquí reclamados, esto es, la apertura ilegal y otorgamiento del crédito hipotecario 2818315385, así como los descuentos que ordenó el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), se realicen en su recibo de nómina, son materia del diverso juicio de amparo 652/2021-VIII, del índice de este propio Juzgado, promovido por la misma persona, contra las mismas autoridades y los mismos actos reclamados; por lo que a fin de evitar dos pronunciamientos sobre el mismo tema, es necesario desechar la presente demanda, ya que la pretensión de la parte doliente será analizada en el expediente antes citado. Sin que pase por desapercibido que el aquí impetrante de garantías en este asunto agrega como acto reclamado el aviso de retención de fecha veintiocho de febrero del presente año, como consecuencia de la orden del descuento; asimismo, señala una nueva autoridad responsable Gerente de Facturación Fiscal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores con sede en la Ciudad de México; empero, tales circunstancias guardan estrecha relación con el acto reclamado en el diverso juicio biinstancial citado líneas supra. En ese tenor, el artículo 111 de la Ley de Amparo prevé: "Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación; II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley. En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda". Luego, se estima que la intención del legislador al incorporar la figura de la ampliación de demanda a la Ley de Amparo y condicionar su admisiblidad a la existencia de una estrecha relación entre una y otra causas, corresponde a la figura procesal de la conexidad y atiende a los principios procesales de economía y de concentración, por virtud de los cuales, se estima favorable la sustanciación de ambas en un solo procedimiento, en aras de brevedad y para evitar decisiones contradictorias entre sí. El contenido de este precepto se soporta en los principios jurídicos de economía procesal y de concentración, que resultan aplicables al juicio de amparo, conforme a los cuales es exigible que en la conducción de un enjuiciamiento se procure abreviar su duración, simplificar su tramitación y rechazar las diligencias innecesarias o inconducentes, para evitar costos innecesarios a las partes y al Estado, y ventilar todas las cuestiones litigiosas que guarden conexidad en un mínimo de actuaciones. De ahí que, en el supuesto de que con posteridad al inicio del juicio de amparo 652/2021-VIII, que aún se encuentra en trámite, el promovente tiene conocimiento de un nuevo acto y autoridad que estima lesivos a sus derechos, y en orden a los principios jurídicos mencionados, tiene la opción de plantear el nuevo amparo como una ampliación si entre los actos reclamados en la demanda inicial y en la nueva existe una relación de conexidad o interdependencia que dé pauta para estimar favorable que se sustancien en forma conjunta y se decidan en una sola sentencia, lo que podría imprimir mayor agilidad en su tramitación e incluso evitar el dictado de resoluciones contradictorias. De lo hasta aquí expuesto puede afirmarse que lo ahora reclamado debe ser mediante una ampliación a la demanda inicial, al existir esa relación de conexidad entre los actos reclamados, dado que no se modifica la materia de litigio; esto en observancia de los principios de concentración y economía procesal. Atento a lo anterior, es evidente que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia a que se refiere la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, como ya quedó demostrado en líneas precedentes. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis VII.P.83 K sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, visible en la página doscientos sesenta, Tomo XV, enero de mil novecientos noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, que se lee: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACION DE LAFRACCION III DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio". Así las cosas, al actualizarse plenamente la hipótesis de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113 de la invocada Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de derechos promovida por Jorge Castillo Barrientos. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que señala. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, Secretario que actúa y da fe.

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