Jorge Castillo Amarillas

Expediente 261/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 22 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
261/2021
Año
2021
Actuaciones
22
Última actuación
25/11/2021

Partes del expediente

  • Jorge Castillo Amarillas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    CON ESTA FECHA SE TIENE POR HECHA LA NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA DEL CONTENIDO DEL AUTO DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2021, EN EL CUAL SE DECRETO: HA CAUSADO ESTADO Y SE ORDENA ARCHIVO......

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien es la facultada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia por la que sobreseyó en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a la parte quejosa, para que acuda al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar el documento que anexo al escrito inicial de demanda, apercibida que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dicho documento será destruido. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    En Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con treinta y un minutos del cinco de noviembre de dos mil veintiuno, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario da cuenta con un escrito registrado con el número 16178, firmado por el quejoso Antonio Arvayo Arellano, mediante el cual formula alegatos. El juez acuerda: agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales conducentes y provéase lo conducente en la fase respectiva de esta audiencia. A continuación, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda y su lectura, con las constancias de notificación -Quejoso, autoridades responsables y agente del Ministerio Público de esta adscripción- y con los informes justificados rendidos por las responsables.16178 Por otro lado, revisado el estado de autos, se advierte que en proveído de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, se estimó que dada la naturaleza del acto reclamado, no existía parte tercero interesada; es así, pues en el caso no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. Asimismo, se hace constar que le transcurrió a las partes el término de ocho días, previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que se impusieran del contenido de los informes justificados y de las constancias remitidas por una de las autoridades responsables. El juez acuerda: téngase por hecha la certificación y relación de cuenta, para los efectos legales conducentes. A continuación, se declara abierto el periodo probatorio, y el secretario da cuenta con las documentales exhibidas por la parte quejosa con su demanda y con la que adjuntó a su informe justificado la autoridad responsable subdirector de Servicios Médicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, respectivamente. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su especial naturaleza las aludidas probanzas. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, el secretario hace constar que el quejoso los hizo valer al tenor del contenido del escrito de cuenta. El juez acuerda: Con apoyo en lo establecido en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por formulados los alegatos en la forma que indica en su escrito el promovente y tómense en consideración en la resolución que se pronuncia, de resultar conducente; asimismo, se tiene por perdido el derecho de las restantes partes para expresar alegatos. Enseguida, se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 261/2021; y, R e s u l t a n d o : I. Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito depositado el doce de marzo de dos mil veintiuno, en el Buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta Ciudad, y remitido por razón de turno el día siguiente hábil (dieciséis de ese mes y año) a este juzgado de Distrito; Jorge Castillo Amarillas, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado al subdirector de Finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad y de otras autoridades. Por proveído de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables informe justificado; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Por acuerdo de catorce de julio de dos mil veintiuno, se tuvo por ampliada la demanda de amparo, en relación con una diversa autoridad (subdirector de Servicios Médicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora), distinta a las señaladas inicialmente como responsables, a quien se le solicitó su informe justificado correspondiente. Derivado del mencionado informe justificado rendido por la nueva autoridad, el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, se determinó dar vista a la parte impetrante, para que manifestara si era su voluntad, ampliar la demanda de amparo, en relación con el contenido del oficio de doce de agosto de dos mil veintiuno, por el cual la responsable le dio contestación a la petición del aquí quejoso, a lo cual únicamente realizó manifestaciones, sin expresar su voluntad de ampliar la demanda. De esa forma, en la hora y fecha señaladas para la audiencia constitucional, ésta dio inicio al tenor del acta que antecede y culmina con la presente resolución; y, C o n s i d e r a n d o : I. Competencia Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se reclaman actos de autoridades que tienen su residencia dentro del ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito y que además, el acto reclamado carece de ejecución, por lo que resulta la competencia, pues la demanda se presentó en la jurisdicción de este órgano. II. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es menester relatar lo siguiente: Que en el capítulo relativo a "ACTO RECLAMADO", de su demanda el quejoso indicó: "IV.-ACTO RECLAMADO: a).- Por la NEGATIVA FICTA en el cual elude responder a mis cuestionamientos concretos, que se le efectuaron mediante solicitud de fecha 18 DE NOVIEMBRE DE 2020, así como la falta de respuesta concreta y específica, a lo cuestionado y al punto solicitado a mi derecho constitucional de petición; b).- y en consecuencia el daño patrimonial causado por la falta de atención médica a la que tengo derecho" Asimismo, se advierte que el quejoso relata en los hechos de su demanda, antecedentes relativos a motivos por los cuales a partir del seis de junio de dos mil veinte, no fue atendido en el ISSSTE, argumentando substancialmente que la atención hospitalaria estaba restringida si no era por COVID y que el acceso a las oficinas administrativas estaba restringido, pues las oficinas estaban cerradas desde el mes de marzo, por lo que no había personal a quien acudir y tuvo que atender sus padecimientos en diversos centros hospitalarios de manera particular, por lo que tuvo que efectuar gastos hasta por la cantidad de $165,480.81 (ciento sesenta y cinco mil cuatrocientos ochenta pesos 81/100 moneda nacional), cuyo reembolso lo solicitó el uno de septiembre de dos mil veinte, detallando los gastos por dicha cantidad y anexando copia de los comprobantes de pago. Refiere que al respecto, mediante oficio ISSSTESON CHSy TN-992-2020, de veintinueve de octubre de dos mil veinte, la coordinadora de Hospitales de Segundo y Tercer Nivel, le dictaminó que era improcedente su petición, por lo que, de nueva cuenta, el dieciocho de noviembre de aquél año, se dirigió mediante escrito al subdirector Médico del ISSSTESON, para pedirle nuevamente que se atendiera su petición, sin que a la fecha de presentación de la demanda tuviera respuesta. En esa virtud, se precisa que el reclamo constitucional se hace consistir en lo siguiente: La falta de respuesta u omisión de contestación al escrito de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, presentado el diecinueve de ese mes y año, ante la Subdirección de Servicios Médicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Inexistencia. Las autoridades responsables subdirector de Finanzas, director general y el subdirector de Prestaciones Económica y Sociales, los tres, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, al rendir su informe justificado negaron los actos reclamados por el quejoso, expresando que conforme a sus atribuciones, no tienen intervención en relación con la contestación del acto omisivo que reclama el quejoso; y, la mencionada en último término acota que la solicitud fue realizada ante el subdirector Médico de ese Instituto. Al respecto, el quejoso no ofreció prueba idónea alguna que desvirtuara esas negativas de las autoridades responsables que nos ocupan, por lo que, en razón de que el acto omisivo de dar respuesta al escrito del quejoso no corresponde a dichas autoridades, pues no fue a estas a quienes se dirigió su escrito, es decir, no existió la solicitud dirigida a estas autoridades; por tanto, conforme a lo establecido en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de derechos. Es así, pues con las documentales exhibidas por el impetrante, no se acredita la intervención de las autoridades responsables que aquí nos ocupan, y aún más, en la documental relativa al escrito petitorio que elevó al instituto de seguridad en mención, cuya omisión en contestar propició la presentación de este juicio de amparo, se advierte que dicho libelo fue dirigido al "Subdirector Médico del ISSSTESON" y no a las autoridades responsables que nos ocupan. Es aplicable al caso, la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." De igual manera resulta aplicable la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, del tenor: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Acto reclamado existente. En cambio resultó cierto el acto reclamado al subdirector Médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, no obstante que al rendir su informe justificado, dicha autoridad no admitiera ni negara el reclamo. Así se evidencia, pues la certeza de dicho acto se desprende de las propias manifestaciones vertidas y del documento que anexa la responsable a su informe, que remitió como apoyo, de lo cual se desprende que hasta la fecha de presentación de la demanda de amparo, existió la omisión de contestación al escrito que refiere el quejoso. Causa de improcedencia actualizada Previo al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del reclamo constitucional deben examinarse las causales de improcedencia, sea que las invoquen las partes o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público cuyo estudio es de orden preferente en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza una causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente y de oficio, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de contestación al escrito . En efecto, en el caso se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]". Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce de la garantía violada; de modo tal que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica del quejoso, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Tiene aplicación en la especie, la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en la foja 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". En el caso, se llega a la conclusión de que el acto reclamado, consistente en la omisión de parte de la autoridad responsable en dar contestación al escrito de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, suscrito por el aquí quejoso Jorge Castillo Amarillas, dirigido al subdirector Médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, ha cesado en sus efectos, ya que se constituyó una nueva situación jurídica que destruyó la que le dio motivo, restituyendo a la parte quejosa en el goce de los derechos que estimó vulnerados en su perjuicio, tal como si se hubiera concedido el amparo solicitado en relación con ese acto omisivo. En efecto, la parte quejosa acudió a esta instancia constitucional en razón de que hasta la fecha de presentación de la demanda, la autoridad responsable no había atendido su escrito con respuesta a su contenido y solicitud, ante lo cual acusó conculcación de sus derechos humanos, substancialmente, al precepto 8 Constitucional, que establece que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Lo anterior, resultó cierto pues al rendir su informe justificado, la autoridad responsable exhibió copia certificada del oficio ISSSTESON SDSM-1269/2021, de fecha doce de agosto de dos mil veintiuno, mediante el cual le notificó a la parte quejosa en el domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones ante dicha autoridad, la respuesta al escrito cuya omisión en contestar originó la presentación de este sumario constitucional; lo cual evidencia que hasta la fecha de presentación de la demanda, la responsable no había dado respuesta al escrito del quejoso; de ahí, que resultara cierto el acto omisivo reclamado. No obstante lo anterior, al obtener contestación por parte de la autoridad responsable, el acto consistente en la falta de respuesta u omisión de dar contestación, cesó en sus efectos, pues como se vio en el párrafo anterior, durante el trámite de este biinstancial, la autoridad atendió el escrito del quejoso a través del referido oficio de fecha doce de agosto de este año, en el cual le reitera que el Consejo Técnico de ese instituto, dictaminó improcedente la reposición de gastos en base al artículo 62 del Reglamento de los Servicios Médicos de ISSSTESON, que establece que el internamiento de los derechohabientes con fines médicos quirúrgicos en hospitales o sanatorios ajenos al instituto, sin la autorización de la Subdirección, relevará al Instituto de toda responsabilidad. En tal medida, es incuestionable que durante la tramitación del presente juicio de amparo, cesó en sus efectos el acto omisivo impugnado, pues por actuación de la propia autoridad responsable se constituyó una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo y se restituyó a aquél en el goce de la garantía violada. Se cita al respecto, al tesis II. 1o. C. T. 217 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIV, Octubre de 1994, página 313, con registro de localización 210237, que dice "INEXISTENCIA Y CESACION DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACION A UN ESCRITO. Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73 fracción XVI de la Ley de Amparo." De igual forma cobra vigencia sobre el particular la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 15, Tomo 55, Sexta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Ahora bien, en principio debe estimarse que esos efectos han cesado cuando las autoridades responsables comunican al Juez de Distrito que han dejado sin efecto los actos reclamados y han mandado archivar el asunto como totalmente concluido, aunque no le hayan hecho al quejoso ninguna comunicación al respecto, pues aunque sería de desearse que lo hicieran no podría decirse que conforme al precepto indicado los efectos del acto no cesen sino hasta el momento en que se comunique tal cosa al afectado. Es cierto que para sobreseerse el amparo, es menester que se conozca ciertamente la resolución que dejó sin efectos el acto, pero para ello es bastante que se le comunique oficialmente al Juez. Sería contrario a los fines de una expedita administración de justicia entrar al fondo de los negocios, en situaciones como la apuntada. Y, en todo caso, el quejoso puede obtener constancia de la cesación de efectos del acto reclamado, ya solicitando copias certificadas de las constancias pertinentes del juicio de amparo, o ya solicitándolas de las propias autoridades. Y la negligencia de éstas en lo relativo a notificar al quejoso la nueva resolución que dejó sin efectos la reclamada, no puede justificar que se entre al fondo del estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. A más de que, cuando las autoridades afirman categóricamente que han archivado el asunto como concluido, resultaría difícil entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, para decidir si se debe conceder la protección federal o no, pues en esta última hipótesis se crearía una situación legal extremadamente confusa. Y sólo podría justificarse el estudio del fondo del negocio, cuando los términos del informe justificado fueran ambiguos en forma tal, que no pudiera saberse el alcance de la cesación de los efectos del acto reclamado.". Cabe acotar que, en relación con el informe justificado de la autoridad responsable y su anexo, consistente en copia certificada del oficio por el cual dio respuesta al escrito del solicitante, este órgano de control constitucional, mediante acuerdo de veinticuatro de septiembre de este año, con base en lo establecido en los artículos 111 y 117 de la Ley de Amparo, dio vista al quejoso para que dentro de un plazo de quince días, manifestara si era su deseo o no ampliar su demanda; sin embargo, al respecto, solo presentó el escrito recibido en ocho de octubre del año en curso, en el que se manifestó en relación al informe justificado, empero, no amplió su demanda en torno al contenido del oficio contestatorio; de ahí, que este juzgador esté imposibilitado para adentrarse al estudio de fondo de la respuesta otorgada al impetrante, por lo que quedan expeditos sus derechos para hacerlos valer en la vía e instancia que corresponda. Se cita al respecto, la jurisprudencia 2a./J. 205/2008, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Enero de 2009, página 605la página, Novena Época, con registro digital 168189, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." Así, al haber cesado los efectos del acto impugnado, es obvio que debe declararse improcedente el juicio de amparo y decretar el sobreseimiento en términos de lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, por el acto reclamado consistente en la falta de respuesta u omisión en dar contestación al escrito de dieciocho de agosto de dos mil veinte, suscrito por el aquí quejoso, dirigido a la responsable subdirector Médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. Sustenta lo considerado, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, visible en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, de la época y fuente en consulta, que refiere: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Conforme a lo expuesto, este juzgador omite realizar estudio de los argumentos vertidos por el autorizado legal de la peticionaria de amparo en su escrito de alegatos, dado que no existe necesidad de pronunciamiento al no haberse estudiado el fondo del asunto, aunado a que además, los alegatos no forman parte de la Litis en el juicio constitucional, dado que constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación. Se cita al respecto, la jurisprudencia P./J. 27/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." VI. Decisión Al haberse actualizado la causa de improcedencia establecida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado, procede sobreseer en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la citada ley. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74 75 y 217 de la Ley de Amparo, se: VII. Resuelve Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Jorge Castillo Amarillas, respecto de reclamo y autoridades precisados en los considerandos II, III y IV, por las razones expuestas en los dos últimos apartados en cita, de la presente sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Estado procesal. Del estado que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo de quince días que se le concedió a la parte quejosa mediante proveído de veinticuatro de septiembre del año en curso, para que manifestara si era su voluntad señalar como autoridad responsable al subdirector de Servicios Médicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, residente en esta ciudad, ya transcurrió. En ese sentido, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo referido en el párrafo que antecede y se continúa el procedimiento únicamente por las autoridades expresamente precisadas en el escrito inicial de demanda.

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