Jorge Castellón Martínez

Expediente 91/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 12 actuaciones registradas, la última del 18 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
91/2018
Año
2018
Actuaciones
12
Última actuación
18/06/2018

Partes del expediente

  • Jorge Castellón Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b)de la Ley de amparo se notifica por lista de estrados a la parte tercero interesado Daniel Cárdenas Cevallos. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, este tribunal resolverá si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla, de conformidad con el artículo 196 de la ley de Amparo. En la sentencia terminada de engrosar por este órgano jurisdiccional en diez de abril de dos mil dieciocho se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso Jorge Castellón Martínez, para los efectos siguientes: a) Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, el juez responsable debe dejar insubsistente el auto de plazo de diecisiete de enero de dos mil dieciocho dictado en la causa penal 297/2016. b) Con plenitud de jurisdicción dicte otra resolución en que determine la situación jurídica del quejoso, en la que subsane las deficiencias en que incurrió que esencialmente consisten en: 1. Señalar cuáles son los elementos del cuerpo del delito en estudio y con qué medios de prueba existentes en la causa penal 297/2016 se acredita cada uno de ellos; para lo cual deberá valorarlos y precisar a la vez cuál es la eficacia demostrativa de tales probanzas en lo individual, qué hechos o circunstancias se desprende de que cada medio convictivo, cómo se concatenan, cómo se demuestra cada elemento del cuerpo de cada delito y cómo se obtiene la conducta atribuida al solicitante de protección constitucional; así como las circunstancias de lugar, modo, tiempo y ejecución de los hechos. 2. Luego, de ser justificados los elementos integrantes del cuerpo de los delitos en cuestión, en el capítulo relativo a la probable responsabilidad deberá dejar establecido con qué pruebas se acredita ésta; para lo cual deberá señalar cuál fue el hecho indiciario que se extrae de cada una de ellas y de qué manera se adminiculan entre sí y establecer cómo se demuestra la forma de participación del demandante del amparo, virtud de lo cual ha de expresar las razones por las que llega a esa determinación. 3. De esa manera, también deberá efectuar el estudio del cuerpo del delito y probable responsabilidad del delito de robo cometido en agravio del Gobierno del Estado de Sinaloa. 4. Valorar la prueba de careo procesal ofrecida por el quejoso durante la fase de preinstrucción, en los términos a que se ha hecho alusión en el presente fallo. Lo anterior, en el entendido de que la resolución que la responsable dicte en cumplimiento a esta sentencia podrá ser en el mismo sentido que la reclamada o en uno diverso, pues cuenta con plenitud de jurisdicción para ello, pero necesariamente deberá subsanar los vicios formales por lo que se concede el amparo en esta sentencia. [.]

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b)de la Ley de amparo se notifica por lista de estrados a la parte quejosa. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, este tribunal resolverá si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla, de conformidad con el artículo 196 de la ley de Amparo. En la sentencia terminada de engrosar por este órgano jurisdiccional en diez de abril de dos mil dieciocho se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso Jorge Castellón Martínez, para los efectos siguientes: a) Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, el juez responsable debe dejar insubsistente el auto de plazo de diecisiete de enero de dos mil dieciocho dictado en la causa penal 297/2016. b) Con plenitud de jurisdicción dicte otra resolución en que determine la situación jurídica del quejoso, en la que subsane las deficiencias en que incurrió que esencialmente consisten en: 1. Señalar cuáles son los elementos del cuerpo del delito en estudio y con qué medios de prueba existentes en la causa penal 297/2016 se acredita cada uno de ellos; para lo cual deberá valorarlos y precisar a la vez cuál es la eficacia demostrativa de tales probanzas en lo individual, qué hechos o circunstancias se desprende de que cada medio convictivo, cómo se concatenan, cómo se demuestra cada elemento del cuerpo de cada delito y cómo se obtiene la conducta atribuida al solicitante de protección constitucional; así como las circunstancias de lugar, modo, tiempo y ejecución de los hechos. 2. Luego, de ser justificados los elementos integrantes del cuerpo de los delitos en cuestión, en el capítulo relativo a la probable responsabilidad deberá dejar establecido con qué pruebas se acredita ésta; para lo cual deberá señalar cuál fue el hecho indiciario que se extrae de cada una de ellas y de qué manera se adminiculan entre sí y establecer cómo se demuestra la forma de participación del demandante del amparo, virtud de lo cual ha de expresar las razones por las que llega a esa determinación. 3. De esa manera, también deberá efectuar el estudio del cuerpo del delito y probable responsabilidad del delito de robo cometido en agravio del Gobierno del Estado de Sinaloa. 4. Valorar la prueba de careo procesal ofrecida por el quejoso durante la fase de preinstrucción, en los términos a que se ha hecho alusión en el presente fallo. Lo anterior, en el entendido de que la resolución que la responsable dicte en cumplimiento a esta sentencia podrá ser en el mismo sentido que la reclamada o en uno diverso, pues cuenta con plenitud de jurisdicción para ello, pero necesariamente deberá subsanar los vicios formales por lo que se concede el amparo en esta sentencia. [.]

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b)de la Ley de amparo se notifica por lista de estrados a la parte tercera interesada DANIEL CARDENAS CEVALLOS. se determina que la autoridad responsable no cumplió cabalmente con la ejecutoria de amparo, toda vez que la nueva resolución, al estudiar el cuerpo del delito de robo, la autoridad responsable señaló que se acreditan con la denuncia formulada por Víctor Manuel Cevallos Collard, apoderado legal de Daniel Cárdenas Cevallos; así como con las declaraciones ministeriales de Benito Acosta Armenta, Jesús David Corrales Valencia, Carmen Argelio Robles Gastelum, Francisco Javier Torres Ruiz, Antonio Miranda Mascareño y Nicolás Gutiérrez Periañez; empero, no precisó los alcances demostrativos de cada probanza, esto es, no indicó qué hechos se demuestran con éstas, ni cómo con ellos se acredita cada elemento del cuerpo del delito cuya ejecución atribuye al quejoso a título probable. En efecto, después de indicar que el primero de los elementos del cuerpo del delito (la acción de apoderamiento) se demostró con esas probanzas, de igual forma, con igual argumento, respecto al segundo de los elementos -cosa mueble. Respecto los elementos identificado con los inciso c), d), e) y f) - ajenidad, sin derecho ni consentimiento de quien pueda disponer de ella con arreglo a la ley, mediante el uso de arma para intimidar a la víctima, por más de dos personas-, de igual forma, solo señaló que se acreditaron con las declaraciones de Víctor Manuel Cevallos Collard, apoderado legal de Daniel Cárdenas Cevallos; así como con las declaraciones ministeriales de Benito Acosta Armenta, Jesús David Corrales Valencia, Carmen Argelio Robles Gastelum, Francisco Javier Torres Ruiz, Antonio Miranda Mascareño, Nicolás Gutiérrez Periañez, Rey David Herrera Pérez, Jorge Castellón Martínez y Santos Miguel Meneses Favela; también sin precisar los alcances demostrativos de cada probanza, esto es, no señaló qué hechos se demuestran con éstas, ni cómo con ellos se acredita cada elemento del cuerpo del delito. En efecto, de la formal prisión que se combate se advierte que la autoridad responsable elaboró reseña de constancias y, al efectuar el estudio de cada uno de los elementos del cuerpo del delito, solo señaló que se acreditó con lo expuesto en la denuncia y las diversas declaraciones, para sin más concluir que se acreditaba cada uno tales elementos, sin especificar en concreto qué hecho o hechos se desprende de cada medio de convicción y cómo se demuestra cada elemento del cuerpo del delito. Por ende, el juez responsable omitió establecer qué hechos se acreditan con cada uno de las declaraciones que citó en su resolución, cómo se relacionan entre sí y cómo demuestran los extremos señalados por la autoridad jurisdiccional. Así también, la autoridad responsable omitió externar los juicios valorativos sobre la eficacia demostrativa de esas probanzas pues se concretó a reseñar su contenido y considerar reúnen los requisitos legales para considerar testigos idóneos en relación con los elementos que integran la materialidad del ilícito en cuestión; sin hacer mayor pronunciamiento al respecto del porqué son aptas para acreditar los elementos del cuerpo del delito y qué se desprende en concreto de cada prueba; lo mismo hace respecto de la probable responsabilidad del quejoso. Circunstancias que repite en el diverso ilícito atribuido en detrimento del Gobierno del Estado. Por cuanto hace a la valoración del careo procesal y su desestimación, es insuficiente señalarla para tener por cumplido lo establecido en la sentencia de amparo, pues debe exponer mayores argumentos a fin de justificar su determinación. También hace valoración de más pruebas pero no expone ningún argumento respecto a ellas, pues sólo se centra a hacer una síntesis de las declaraciones de Benito Acosta Armenta, Jesús David Corrales Valencia, Carmen Argelio Robles Gastelum, Francisco Javier Torres Ruiz, Antonio Miranda Mascareño, Nicolás Gutiérrez Periañez, Rey David Herrera Pérez, Jorge Castellón Martínez y Santos Miguel Meneses Favela. De lo anterior se advierte que el Juez responsable no cumplió cabalmente con el fallo protector, al repetir los vicios formales de los que adolecía la anterior determinación. Es decir, la autoridad responsable se limitó en el acto reclamado a reseñar y trascribir las pruebas, valorarlas en lo individual, sin explicar cómo es que demuestran los elementos del cuerpo del delito las circunstancias de modo, tiempo, lugar y ocasión de ejecución; también estimó acreditada la probable responsabilidad del inculpado, hoy quejoso; incluso, no señaló qué se desprende de cada prueba y cómo en su conjunto demuestran el delito imputado al inculpado. En otras palabras, la valoración de pruebas no debe concretarse únicamente a su síntesis o mención, ya que es necesario establecer cuáles son los hechos que se demuestran con cada una de ellas; y, por qué aquello que comprueban se subsume en la descripción legal de determinado elemento corpóreo del delito. Además, la autoridad tiene la obligación de exponer en sus resoluciones los razonamientos que haya tenido en cuenta para valorar cada una de las pruebas, haciendo el análisis y valoración de las mismas en su conjunto, jurídicamente y de acuerdo con los principios de la lógica. Lo anterior, pues con tales datos, el quejoso conocerá con toda amplitud los motivos y fundamentos por los que se le está instaurando un procedimiento penal, esto es, el delito y sanción a imponer, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tuvo en cuenta la autoridad para emitir la resolución reclamada, estando así en posibilidad de desplegar eficazmente su defensa. En consecuencia; requiérase al multicitado Juez para que en el plazo constitucional realice lo siguiente: Deje sin efecto la resolución de nueve de mayo del año en curso; y, Emita una nueva resolución, con plenitud de jurisdicción, la cual podrá ser o no en el mismo sentido de la resolución antes precisada, pero purgando los vicios formales que se le precisaron en el fallo protector. En el entendido de que deberá abstenerse de hacer una repetición de los argumentos que expuso en los capítulos del cuerpo del delito y probable responsabilidad, y al valorar las pruebas en lo individual, deberá explicar cómo es que demuestran los elementos del cuerpo del delito; mientras que, respecto a la probable responsabilidad del inculpado, deberá señalar qué se desprende de cada prueba y cómo en su conjunto demuestran el delito imputado al inculpado. Apercibido que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización; lo anterior, en términos del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, en su artículo único, así como primero y tercero transitorios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo; además, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

  4. Principal

    Agréguese el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, por medio del cual hace diversas manifestaciones en relación al cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo en que se actúa; de lo que se toma conocimiento. En esas condiciones, hágase saber a la parte promovente que por seguridad jurídica, una vez que trascurra el plazo de tres días que le fue otorgado se proveerá en relación al cumplimiento efectuado por la responsable, y hasta en tanto, se analizarán las manifestaciones vertidas en el ocurso de que se trata.

Quedan 8 actuaciones en este expediente

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