Jorge Castellanos Morales

Expediente 1021/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1021/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
08/11/2018

Partes del expediente

  • Jorge Castellanos Morales

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y toda vez que el proveído de veintidós de octubre de dos mil dieciocho (fojas 15 a 17), en el que se desechó la demanda de amparo, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; se declara que ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente por sus particularidades, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del citado acuerdo, y es por tanto, susceptible de destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que dentro del término de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes, ni se promovió recurso alguno. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de octubre de dos mil dieciocho. Radicación: Por recibida la demanda de amparo que promueve JORGE CASTELLANOS MORALES, contra actos reclamados al Magistrado Presidente de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, fórmese expediente electrónico e impreso con el número 1021/2018 y regístrese en el libro de gobierno. Desechamiento: La demanda debe desecharse de plano, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Ello, toda vez que el promovente JORGE CASTELLANOS MORALES, reclama la falta de notificación del auto de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho dictado en el toca civil número 272/2028, dictado por el Presidente de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, lo que le impidió aportar u ofrecer pruebas al procedimiento y alegar en defensa de sus intereses. Contra ese acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado este último a contrario sensu que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" De los normativos transcritos se desprende que el juicio de amparo indirecto procede únicamente contra actos que son de imposible reparación; entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales, de los que el Estado Mexicano sea parte. Efectivamente, el juicio constitucional indirecto procede contra actos jurisdiccionales de imposible reparación, entendiéndose por tales, aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos sustantivos del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución a través de los derechos fundamentales. El concepto de irreparabilidad expuesto, ha sido definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 189, visible en la página 154 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen 'ejecución irreparable' los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio.". En el caso, la falta de notificación del auto de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho dictado en el toca civil número 272/2028, dictado por el Presidente de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, que reclama el promovente del amparo, sólo tiene efectos intraprocesales, pues no produce una afectación irreparable de algún derecho sustantivo en perjuicio de la parte disconforme; ello porque existe la posibilidad de que al resolverse el juicio, la determinación final sea favorable a sus pretensiones, y en el evento de que esa resolución definitiva le resultare adversa a sus intereses, puede inconformarse a través del juicio de amparo directo que en su caso se instaure contra la sentencia definitiva que llegue a pronunciarse, impugnando, de cubrirse las condiciones legales, tal resolución intraprocesal, en la medida que trascienda al fallo final del juicio. Al respecto, se invoca la tesis aislada sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página mil sesenta y nueve, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, con registro 2009477, materias Constitucional y Común, correspondiente a la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, publicada en los siguientes términos: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE RECURRIR A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO LAS VIOLACIONES PROCESALES QUE POR VIRTUD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (*) PODÍAN IMPUGNARSE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. Si bien es cierto que durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada era posible controvertir a través de la vía biinstancial las violaciones procesales que afectaban al gobernado en grado predominante o superior, no menos lo es que tal posibilidad se generó con motivo de la jurisprudencia indicada, ante la necesidad de brindar seguridad jurídica, pues en aquella época no existía disposición alguna que definiera a los actos de imposible reparación previstos en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, el hecho de que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo señale que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, no implica una violación al principio de progresividad, en su vertiente de no regresividad, por estimar que limita y restringe el nivel de protección alcanzado en la jurisprudencia, debido a que por regla general, la jurisprudencia -que resuelve cualquier problema de legalidad-, emitida por este Alto Tribunal, no es obligatoria para la autoridad legislativa de acuerdo con los artículos 94 de la Ley Suprema y 217 de la Ley de Amparo, pues ello implicaría vulnerar el principio de división de poderes que es la base de nuestro orden constitucional, sino por el contrario, la amplia libertad de configuración del legislador está limitada únicamente a respetar a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; luego, si el legislador federal, en uso de la facultad de libertad de configuración legislativa, estableció un concepto de "actos de imposible reparación" para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto que por disposición legal no existía, sino que por la función interpretativa de la jurisprudencia se fue adaptando de acuerdo a las circunstancias particulares de cada caso, no es posible declarar su inconstitucionalidad bajo dichos parámetros, máxime si se toma en consideración que la jurisprudencia aludida no otorgó algún derecho subjetivo que no estuviera tutelado en la Ley de Amparo abrogada, concretamente, por lo que respecta a la posibilidad de impugnar tanto actos de imposible reparación, como violaciones procesales." Por tanto, se concluye que es improcedente el juicio de amparo que contra el acto ya mencionado promueve JORGE CASTELLANOS MORALES, en términos del artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda en estudio por notoriamente improcedente. Domicilio y autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, así como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Sadot Cisneros Chiñas. Habilitación de horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente asunto, y entregue los oficios que del mismo deriven. Publicación de datos personales: Finalmente, hágase saber a las partes, que en términos del artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pueden oponerse a la publicación de sus datos personales; y en caso de no ejercer su derecho a dicha oposición, la versión pública de la sentencia y demás resoluciones que se dicten en este asunto, se realizarán suprimiendo esos datos para salvaguardar su identidad. NOTIFÍQUESE.

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