Jorge Casillas Arias

Expediente 222/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 25 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
222/2015
Año
2015
Actuaciones
25
Última actuación
23/08/2016

Partes del expediente

  • Jorge Casillas Arias

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de veintidós de julio de dos mil dieciséis, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que ninguna de las partes se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Por último, se agrega el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, mediante el cual acusa recibo del oficio 21670/2016 de fecha veintidós de julio del año en curso, con el cual se le hizo del conocimiento que se tuvo por cumplida la sentencia dictada en autos.

  2. Principal

    Ensenada, Baja California, a veintiocho de julio de dos mil dieciséis, en virtud de que ya transcurrieron los dos días otorgados por la nueva ley de amparo para que la parte tercero interesada, acudiera a éste juzgado a notificarse del AUTO de veintidós de julio de dos mil dieciséis, sin que lo haya hecho, el suscrito Actuario Judicial, con fundamento en el artículo 27 fracción I, de la nueva Ley de Amparo, hago efectivo el apercibimiento contenido en el AVISO de veinticinco de julio dos mil dieciséis, dejado en el domicilio su procesal, y en consecuencia se ordena la notificación del auto de veintidós de julio de dos mil dieciséis, que a la letra dice: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se procede a analizar si efectivamente la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California con sede en Mexicali, cumplió con la ejecutoria dentro del juicio de amparo en que se actúa, ello en virtud de que transcurrió el plazo de tres días otorgado al quejoso y a los terceros interesados para que manifestaran lo que a su interés conviniera, en relación con lo informado por la autoridad responsable, respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, carga procesal que exclusivamente realizaron los terceros interesados por conducto de su autorizado en términos del artículo 12 de la ley de amparo Gabriel Bello Martinez. De acuerdo con lo que establece el artículo 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, aplicable en este juicio, en cuanto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; así mismo, cuando dicho acto sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma exija. En el presente caso, se actualiza la primera de las hipótesis. Por sentencia dictada en la audiencia constitucional de doce de junio de dos mil quince (fojas 186 a 209), este Juzgado de Distrito concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso Jorge Casillas Arias, la cual fue recurrida por los Terceros Interesados y resuelta por el Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, dentro del amparo en revisión 531/2015, en la que por ejecutoria de diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, determinó confirmar la protección constitucional otorgada (foja 278 a 332). Por auto de siete de abril de los corrientes, este tribunal, requirió a la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California con sede en Mexicali, para que diera cumplimiento a la sentencia de amparo. El fallo mencionado, en la parte conducente, señala: SEXTO. (EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO). Entonces, al demostrarse la contravención al artículo 16 de la Constitución Federal, procede conceder la protección constitucional al quejoso, para que la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con sede en Mexicali: a) Deje insubsistente la resolución de veintisiete de marzo de dos mil quince, dictada en el toca 2126/2014 que constituye el acto reclamado; y b) Emita una nueva determinación, en la que partiendo de los razonamientos planteados en esta sentencia protectora, y con libertad de jurisdicción se pronuncie sobre los agravios sometidos a su consideración. Por auto de catorce abril de dos mil dieciséis, este tribunal, previa petición de la autoridad responsable, le otorgó una prórroga de diez días para que cumpliera el fallo protector, los que pretendió cumplir mediante la sentencia dictada el nueve de mayo del año en curso, dentro del toca civil 2126/2014, data en la que se ordenó dar vista a las partes apara que manifestaran lo que a su derecho corresponda, lo cual solo fue atendido por los terceros interesados por conducto de su autorizado en términos del artículo 12 de la ley de amparo Gabriel Bello Martinez. En auto de veinte de mayo de dos mil dieciséis, este tribunal, tuvo por incumplida la ejecutoria de amparo, toda vez que en la resolución con la que pretendió dar acatar el fallo protector no cumplía el núcleo esencial por lo que se le requirió de nueva cuenta para que precisara si se trataba de un asunto de cuantía determinada, indeterminada o indeterminada pero determinable así como los elementos que basten al afectado para defender su derechos. Por auto de diez de junio de dos mil dieciséis la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California con sede en Mexicali solicito una prórroga para el cumplimiento del fallo protector lo cual fue otorgado, por lo que mediante oficio 4386 remitió copia de la resolución dictada en el toca civil 14925/2016 con la cual pretende dar cumplimiento al fallo protector. Ahora bien, de la citada ejecutoria enviada en cumplimiento se advierte lo siguiente: 1.- La autoridad responsable deja sin efectos la sentencia de nueve de mayo de dos mil dieciséis (con la cual pretendió cumplir el fallo protector). 2.- Dicto otra sentencia (veintinueve de junio de dos mil dieciséis) en la que considero lo siguiente: a) Los argumentos por los que no se le tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo el veinte de mayo de dos mil dieciséis. b) Estableció que las costas son una sanción que se impone a la contraparte que pierde el juicio tomando como base el valor o cuantía del negocio. c) Definió que la cuantía determinada es cuando se reclama una cantidad cierta de dinero en la demanda, agregando la existencia de la cuantía indeterminada pero determinable cuando las prestaciones tiene una significación económica que no se encuentra limitada por la naturaleza de la prestación reclamada. d) Que en los casos de cuantía indeterminada pero determinable es adecuado atender a un avalúo comercial, atento al contenido del numeral 9 de la Ley de Aranceles del Estado de Baja California. e) Estableció que de acuerdo al artículo 159 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, la competencia en razón de cuantía ordena que las contiendas sobre propiedad o posesión de inmuebles se determine por el valor que tenga. Si se trata de usufructo o derechos reales sobre inmuebles, por el valor de la misma. Pero de los interdictos conocerá siempre los jueces de primera instancia de la ubicación de la cosa. f) Para determinar que las costas eran indeterminadas pero determinables considero que los terceros interesados promovieron la acción interdictal de obra nueva en contra del quejoso, la cual fue desestimada por el juez de los autos y confirmada por la propia autoridad responsable en el diverso toca 96/2001. g) Expuso que en ejecución de sentencia, el hoy quejoso formuló incidente de liquidación de gastos y costas, y ofreció un avalúo con el cual se le dio vista a los hoy terceros interesados quienes no ejercieron su derecho por lo que el juez de los autos dicto sentencia interlocutoria condenándolos al pago de ellos. h) Concluyendo, que el juez natural observo que se trataba de un asunto de cuantía indeterminada pero determinable lo cual compartió, pues aquello -dijo la Sala- se obtuvo del estudio técnico realizado por los peritos de las partes quienes al realizar el respectivo avalúo fijaron las bases para el valor del negocio (sic). Razón por la que considero infundados los agravios de los hoy terceros interesados. A efecto de verificar si ha quedado cumplido el fallo protector, es indispensable analizar el contenido de la nueva determinación de la autoridad a fin de corroborar si de él se advierte subsanado, en su totalidad, el derecho trasgredido; obligación que subsiste inclusive en los casos en que se deja libertad de jurisdicción a la responsable, porque aun en ese supuesto, la autoridad está obligada a observar los lineamientos especificados en la sentencia protectora, los cuales, además, deben verse satisfechos en su integridad, esto es, de manera total, si se atiende a la unidad que implica la emisión de la resolución de índole jurisdiccional que no admite la realización de actos que sólo constituyan un cumplimiento parcial de la ejecutoria. Ahora bien, se advierte que la autoridad responsable Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California con sede en Mexicali, dejo sin efectos las sentencia que dictó el día nueve de mayo de dos mil dieciséis. En el cuerpo de su sentencia, estableció la naturaleza jurídica de las costas, concluyendo que estas constituyen una sanción procesal para el que pierde el juicio, dijo que las costas se regulan con base en las normas que establece la ley de aranceles para el Estado de Baja California con base en el valor del negocio, estableciendo que este se obtiene, no solo de las reclamaciones liquidas que se encuentran previstas en la demanda sino acorde a las prestaciones reclamadas en ella. Fijo que el artículo 9 de la ley de aranceles para el Estado de Baja California establece que en las contiendas de posesión de bienes muebles o inmuebles la cuantía la determina el valor de los mismos, agregando que el artículo 159 del Código de Procedimientos Civiles para la Entidad establece la competencia por razón de cuantía a los jueces de primera instancia tratándose de posesión o propiedad, con base en el valor que tenga, exponiendo que tratándose de interdictos siempre conocerán aquellos, por tanto era susceptible atender al avalúo para determinar el monto del negocio. En ese sentido, desestimó los agravios que expresaron los ahora terceros perjudicados bajo tres premisas fundamentales: a) Que si bien es cierto la acción no es posible cuantificarla al momento de presentar la demanda, el valor del negocio si es determinable atento a que el demandado (hoy quejoso) anexó un dictamen de valuación sobre el cual los terceros interesados no manifestaron inconformidad. b) Que al estar prevista la acción interdictal como competencia de los jueces de primera instancia quienes conocen además de acciones de posesión y propiedad en los cuales el monto del negocio depende del valor de los muebles o inmuebles de que se trate es aplicable el artículo 8 de la ley de aranceles para el Estado de Baja California. c) Que al haberse determinado el monto del negocio mediante la exhibición de un avaluó, fue correcto que el juzgador aplicara el contenido del artículo 8 de la Ley de Aranceles. De lo anteriormente señalado, se advierte, que la autoridad responsable ha cumplido a cabalidad con la sentencia protectora, pues por un lado, dejo sin efectos el acto reclamado, dicto otra sentencia en la que considero que existen asuntos de cuantía determinada, indeterminada pero determinable, expuso las razones por las que a su consideración, el asunto sometido a su decisión encuadraba dentro de los de cuantía indeterminada pero determinable, exponiendo que atento al tipo de prestaciones que se reclamaron en la demanda y considerando que la acción interdictal es competencia de los juzgados de primera instancia, quienes conocen de asuntos de propiedad y posesión de acuerdo al monto de éstos últimos, resulta aplicable la regulación de costas conforme al artículo 8 de la ley de aranceles para el Estado de Baja California, que atento a que la actora incidentista exhibió un avalúo con base en el cual estableció el quantum del negocio, consideraciones con las cuales logró concluir que las disertaciones hechas valer por el apelante son infundadas e inoperantes. Se afirma lo anterior, toda vez que la protección constitucional, tuvo como efecto que la autoridad responsable considerara que en las costas en el proceso debe atenderse a la naturaleza del asunto, de lo reclamado y sus propias características, por eso cuando la litis tiene como objeto la propiedad o posesión de un bien inmueble, se debe tomar en cuenta su valor, ya que éste puede ser determinado mediante un avalúo comercial, es decir, cuando se intentan acciones relacionadas con la propiedad de un inmueble, se está ante la presencia de un caso de cuantía determinable, a pesar de que en la demanda no se haya expuesto cantidad alguna como reclamo y que el incidente de liquidación de costas, en su caso, deberá resolverse conforme a la legislación vigente y que sea aplicable precisamente para los casos en los cuales la cuantía es determinable. Que resulta importante el empleo de las reglas establecidas para determinar la competencia por razón de la cuantía, para concluir que un negocio sí puede ser determinable respecto a su cuantía, a partir de lo reclamado por el actor en su demanda; para que, de existir una condena en costas, la parte en cuyo favor se decretaron esté en posibilidad de formular en vía incidental la liquidación respectiva y aportar los elementos de prueba necesarios a fin de que se fije de manera adecuada la cuantía del asunto partiendo de los mismos supuestos utilizados para determinar la competencia para resolver el asuntos, como lo fue precisamente el valor de lo reclamado para acceder a la competencia por cuantía, incluso cuando la acción versa sobre la propiedad de un inmueble. Que es suficiente con que la pretensión planteada tenga un valor apreciable económicamente, ya sea de carácter líquido o pueda ser determinable, para poder tomarlo como referencia para la cuantificación de las costas. Lo cual como ha quedado evidenciado, cumplió a cabalidad, pues dio a conocer las razones, motivos y fundamentos para justificar su decisión. Ahora bien, atinente a las alegaciones vertidas por los terceros interesados en su escrito de desahogo de vista, debe señalarse que por un lado exponen la existencia de exceso y por otro defecto. A fin de atender debidamente sus argumentos, debemos partir que es el exceso y que es el defecto. Así pues, cuando el cumplimiento efectuado por la autoridad responsable rebasa los límites o alcances fijados en el mencionado fallo protector, incurren de manera evidente en una conducta excesiva en el cumplimiento del fallo en cuestión. En cambio, si al llevar a cabo el cumplimiento de la sentencia, su conducta es incompleta, implicando carencia o falta en relación con los términos en que se concedió el amparo, la autoridad incurre en defecto en la ejecución del fallo Bajo ese contexto, los terceros interesados, alegan, que en el fallo, la autoridad responsable no menciona si se está en presencia de un asunto de cuantía determina, indeterminada o indeterminada pero determinable. Al respecto, como fue evidenciado líneas anteriores, la autoridad hizo una distinción entre los asuntos de cuantía determinada, indeterminada e indeterminada pero determinable, concluyó, que en el asunto sometido a su consideración era de cuantía indeterminada pero determinable, citando el mecanismo que utilizó para lograr su monto o valor. De ahí, que su argumento sea infundado. Aduce que la autoridad responsable aplica el contenido del artículo 9 de la ley de arancel no obstante que el asunto es de cuantía indeterminada, pues al tratarse de un incidente (sic) de obra nueva no es posible considerar el monto de la molestia. Sobre el particular, se advierte que tal argumento resulta inoperante, dado que aquel no se encuentra relacionado con los alcances de la ejecutoria de amparo, pues la protección constitucional, que se otorgó, fijo lineamiento a seguir por parte de la autoridad responsable, pero también le dejo LIBERTAD para que con base en esos lineamientos resolviera lo que considerara procedente. En ese sentido, si la autoridad estimo, que la contienda que dio origen al incidente de gastos y constas es de cuantía indeterminada pero determinable, logro cuantificarla, es evidente, que no podía invocar preceptos legales referentes a las costas cuando estas son indeterminadas, pues aquello acarrearía una incongruencia. En efecto, si la Sala concluyó que el asunto sometido a su decisión es de cuantía determinada, no estaba obligada a cuantificar las costas con base en numerales de la ley de aranceles que las regulan cuando el negocio es de cuantía indeterminada. De ahí que sus alegaciones resulten infundadas. Al efecto resulta aplicable por analogía la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 1116, tomo XII, diciembre de 2000, Novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto reza: QUEJA POR EXCESO O DEFECTO EN LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA PRONUNCIADA EN UNA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA SI HABIÉNDOSE DECLARADO LA INVALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA PARA DETERMINADOS EFECTOS, LA AUTORIDAD DEMANDADA CUMPLE CON LOS MISMOS Y HACE NUEVO PRONUNCIAMIENTO CON LIBERTAD DE JURISDICCIÓN, AUN CUANDO ÉSTE SEA EN EL MISMO SENTIDO DEL CONTENIDO EN LA RESOLUCIÓN INVALIDADA. Si en la sentencia dictada en una controversia constitucional se declara la invalidez de una resolución para determinados efectos, como podrían ser el que se valoren las pruebas que obran en el expediente y se dicte nueva resolución con plenitud de jurisdicción, la queja promovida por exceso o defecto en la ejecución de la sentencia resulta infundada si la autoridad encargada del cumplimiento acata los efectos ordenados y hace un nuevo pronunciamiento con libertad de jurisdicción, aun cuando éste sea en el mismo sentido que la resolución declarada inválida, pues en este aspecto quedó la autoridad en libertad de actuar. Consecuentemente al estar demostrado que la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California cumplió la ejecutoria de amparo; sin que este órgano jurisdiccional advierta excesos o defectos; por ende, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, debiéndose comunicar lo anterior a la autoridad responsable para su conocimiento. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 202 del citado ordenamiento legal, se ordena dar vista al quejoso y a los terceros interesados, para que dentro del plazo de quince días, manifiesten lo que a sus intereses convenga, en el entendido de que de no hacerlo se tendrá por consentido el presente proveído.

  3. Principal

    hago efectivo el apercibimiento del aviso de veinticinco de julio de dos mil dieciséis, dejado en el domicilio procesal de la parte quejosa, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del proveído de veintidós de julio de dos mil dieciséis, por lista y por lista en una página electrónica a la PARTE QUEJOSA, publicada el día veintiocho de julio de dos mil dieciséis, en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con fundamento en el artículo 29, de la nueva Ley de Amparo, que dice: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se procede a analizar si efectivamente la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California con sede en Mexicali, cumplió con la ejecutoria dentro del juicio de amparo en que se actúa, ello en virtud de que transcurrió el plazo de tres días otorgado al quejoso y a los terceros interesados para que manifestaran lo que a su interés conviniera, en relación con lo informado por la autoridad responsable, respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, carga procesal que exclusivamente realizaron los terceros interesados por conducto de su autorizado en términos del artículo 12 de la ley de amparo Gabriel Bello Martinez. De acuerdo con lo que establece el artículo 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, aplicable en este juicio, en cuanto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; así mismo, cuando dicho acto sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma exija. En el presente caso, se actualiza la primera de las hipótesis. Por sentencia dictada en la audiencia constitucional de doce de junio de dos mil quince (fojas 186 a 209), este Juzgado de Distrito concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso Jorge Casillas Arias, la cual fue recurrida por los Terceros Interesados y resuelta por el Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, dentro del amparo en revisión 531/2015, en la que por ejecutoria de diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, determinó confirmar la protección constitucional otorgada (foja 278 a 332). Por auto de siete de abril de los corrientes, este tribunal, requirió a la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California con sede en Mexicali, para que diera cumplimiento a la sentencia de amparo. El fallo mencionado, en la parte conducente, señala: SEXTO. (EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO). Entonces, al demostrarse la contravención al artículo 16 de la Constitución Federal, procede conceder la protección constitucional al quejoso, para que la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con sede en Mexicali: a) Deje insubsistente la resolución de veintisiete de marzo de dos mil quince, dictada en el toca 2126/2014 que constituye el acto reclamado; y b) Emita una nueva determinación, en la que partiendo de los razonamientos planteados en esta sentencia protectora, y con libertad de jurisdicción se pronuncie sobre los agravios sometidos a su consideración. Por auto de catorce abril de dos mil dieciséis, este tribunal, previa petición de la autoridad responsable, le otorgó una prórroga de diez días para que cumpliera el fallo protector, los que pretendió cumplir mediante la sentencia dictada el nueve de mayo del año en curso, dentro del toca civil 2126/2014, data en la que se ordenó dar vista a las partes apara que manifestaran lo que a su derecho corresponda, lo cual solo fue atendido por los terceros interesados por conducto de su autorizado en términos del artículo 12 de la ley de amparo Gabriel Bello Martinez. En auto de veinte de mayo de dos mil dieciséis, este tribunal, tuvo por incumplida la ejecutoria de amparo, toda vez que en la resolución con la que pretendió dar acatar el fallo protector no cumplía el núcleo esencial por lo que se le requirió de nueva cuenta para que precisara si se trataba de un asunto de cuantía determinada, indeterminada o indeterminada pero determinable así como los elementos que basten al afectado para defender su derechos. Por auto de diez de junio de dos mil dieciséis la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California con sede en Mexicali solicito una prórroga para el cumplimiento del fallo protector lo cual fue otorgado, por lo que mediante oficio 4386 remitió copia de la resolución dictada en el toca civil 14925/2016 con la cual pretende dar cumplimiento al fallo protector. Ahora bien, de la citada ejecutoria enviada en cumplimiento se advierte lo siguiente: 1.- La autoridad responsable deja sin efectos la sentencia de nueve de mayo de dos mil dieciséis (con la cual pretendió cumplir el fallo protector). 2.- Dicto otra sentencia (veintinueve de junio de dos mil dieciséis) en la que considero lo siguiente: a) Los argumentos por los que no se le tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo el veinte de mayo de dos mil dieciséis. b) Estableció que las costas son una sanción que se impone a la contraparte que pierde el juicio tomando como base el valor o cuantía del negocio. c) Definió que la cuantía determinada es cuando se reclama una cantidad cierta de dinero en la demanda, agregando la existencia de la cuantía indeterminada pero determinable cuando las prestaciones tiene una significación económica que no se encuentra limitada por la naturaleza de la prestación reclamada. d) Que en los casos de cuantía indeterminada pero determinable es adecuado atender a un avalúo comercial, atento al contenido del numeral 9 de la Ley de Aranceles del Estado de Baja California. e) Estableció que de acuerdo al artículo 159 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, la competencia en razón de cuantía ordena que las contiendas sobre propiedad o posesión de inmuebles se determine por el valor que tenga. Si se trata de usufructo o derechos reales sobre inmuebles, por el valor de la misma. Pero de los interdictos conocerá siempre los jueces de primera instancia de la ubicación de la cosa. f) Para determinar que las costas eran indeterminadas pero determinables considero que los terceros interesados promovieron la acción interdictal de obra nueva en contra del quejoso, la cual fue desestimada por el juez de los autos y confirmada por la propia autoridad responsable en el diverso toca 96/2001. g) Expuso que en ejecución de sentencia, el hoy quejoso formuló incidente de liquidación de gastos y costas, y ofreció un avalúo con el cual se le dio vista a los hoy terceros interesados quienes no ejercieron su derecho por lo que el juez de los autos dicto sentencia interlocutoria condenándolos al pago de ellos. h) Concluyendo, que el juez natural observo que se trataba de un asunto de cuantía indeterminada pero determinable lo cual compartió, pues aquello -dijo la Sala- se obtuvo del estudio técnico realizado por los peritos de las partes quienes al realizar el respectivo avalúo fijaron las bases para el valor del negocio (sic). Razón por la que considero infundados los agravios de los hoy terceros interesados. A efecto de verificar si ha quedado cumplido el fallo protector, es indispensable analizar el contenido de la nueva determinación de la autoridad a fin de corroborar si de él se advierte subsanado, en su totalidad, el derecho trasgredido; obligación que subsiste inclusive en los casos en que se deja libertad de jurisdicción a la responsable, porque aun en ese supuesto, la autoridad está obligada a observar los lineamientos especificados en la sentencia protectora, los cuales, además, deben verse satisfechos en su integridad, esto es, de manera total, si se atiende a la unidad que implica la emisión de la resolución de índole jurisdiccional que no admite la realización de actos que sólo constituyan un cumplimiento parcial de la ejecutoria. Ahora bien, se advierte que la autoridad responsable Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California con sede en Mexicali, dejo sin efectos las sentencia que dictó el día nueve de mayo de dos mil dieciséis. En el cuerpo de su sentencia, estableció la naturaleza jurídica de las costas, concluyendo que estas constituyen una sanción procesal para el que pierde el juicio, dijo que las costas se regulan con base en las normas que establece la ley de aranceles para el Estado de Baja California con base en el valor del negocio, estableciendo que este se obtiene, no solo de las reclamaciones liquidas que se encuentran previstas en la demanda sino acorde a las prestaciones reclamadas en ella. Fijo que el artículo 9 de la ley de aranceles para el Estado de Baja California establece que en las contiendas de posesión de bienes muebles o inmuebles la cuantía la determina el valor de los mismos, agregando que el artículo 159 del Código de Procedimientos Civiles para la Entidad establece la competencia por razón de cuantía a los jueces de primera instancia tratándose de posesión o propiedad, con base en el valor que tenga, exponiendo que tratándose de interdictos siempre conocerán aquellos, por tanto era susceptible atender al avalúo para determinar el monto del negocio. En ese sentido, desestimó los agravios que expresaron los ahora terceros perjudicados bajo tres premisas fundamentales: Que si bien es cierto la acción no es posible cuantificarla al momento de presentar la demanda, el valor del negocio si es determinable atento a que el demandado (hoy quejoso) anexó un dictamen de valuación sobre el cual los terceros interesados no manifestaron inconformidad. Que al estar prevista la acción interdictal como competencia de los jueces de primera instancia quienes conocen además de acciones de posesión y propiedad en los cuales el monto del negocio depende del valor de los muebles o inmuebles de que se trate es aplicable el artículo 8 de la ley de aranceles para el Estado de Baja California. Que al haberse determinado el monto del negocio mediante la exhibición de un avaluó, fue correcto que el juzgador aplicara el contenido del artículo 8 de la Ley de Aranceles. De lo anteriormente señalado, se advierte, que la autoridad responsable ha cumplido a cabalidad con la sentencia protectora, pues por un lado, dejo sin efectos el acto reclamado, dicto otra sentencia en la que considero que existen asuntos de cuantía determinada, indeterminada pero determinable, expuso las razones por las que a su consideración, el asunto sometido a su decisión encuadraba dentro de los de cuantía indeterminada pero determinable, exponiendo que atento al tipo de prestaciones que se reclamaron en la demanda y considerando que la acción interdictal es competencia de los juzgados de primera instancia, quienes conocen de asuntos de propiedad y posesión de acuerdo al monto de éstos últimos, resulta aplicable la regulación de costas conforme al artículo 8 de la ley de aranceles para el Estado de Baja California, que atento a que la actora incidentista exhibió un avalúo con base en el cual estableció el quantum del negocio, consideraciones con las cuales logró concluir que las disertaciones hechas valer por el apelante son infundadas e inoperantes. Se afirma lo anterior, toda vez que la protección constitucional, tuvo como efecto que la autoridad responsable considerara que en las costas en el proceso debe atenderse a la naturaleza del asunto, de lo reclamado y sus propias características, por eso cuando la litis tiene como objeto la propiedad o posesión de un bien inmueble, se debe tomar en cuenta su valor, ya que éste puede ser determinado mediante un avalúo comercial, es decir, cuando se intentan acciones relacionadas con la propiedad de un inmueble, se está ante la presencia de un caso de cuantía determinable, a pesar de que en la demanda no se haya expuesto cantidad alguna como reclamo y que el incidente de liquidación de costas, en su caso, deberá resolverse conforme a la legislación vigente y que sea aplicable precisamente para los casos en los cuales la cuantía es determinable. Que resulta importante el empleo de las reglas establecidas para determinar la competencia por razón de la cuantía, para concluir que un negocio sí puede ser determinable respecto a su cuantía, a partir de lo reclamado por el actor en su demanda; para que, de existir una condena en costas, la parte en cuyo favor se decretaron esté en posibilidad de formular en vía incidental la liquidación respectiva y aportar los elementos de prueba necesarios a fin de que se fije de manera adecuada la cuantía del asunto partiendo de los mismos supuestos utilizados para determinar la competencia para resolver el asuntos, como lo fue precisamente el valor de lo reclamado para acceder a la competencia por cuantía, incluso cuando la acción versa sobre la propiedad de un inmueble. Que es suficiente con que la pretensión planteada tenga un valor apreciable económicamente, ya sea de carácter líquido o pueda ser determinable, para poder tomarlo como referencia para la cuantificación de las costas. Lo cual como ha quedado evidenciado, cumplió a cabalidad, pues dio a conocer las razones, motivos y fundamentos para justificar su decisión. Ahora bien, atinente a las alegaciones vertidas por los terceros interesados en su escrito de desahogo de vista, debe señalarse que por un lado exponen la existencia de exceso y por otro defecto. A fin de atender debidamente sus argumentos, debemos partir que es el exceso y que es el defecto. Así pues, cuando el cumplimiento efectuado por la autoridad responsable rebasa los límites o alcances fijados en el mencionado fallo protector, incurren de manera evidente en una conducta excesiva en el cumplimiento del fallo en cuestión. En cambio, si al llevar a cabo el cumplimiento de la sentencia, su conducta es incompleta, implicando carencia o falta en relación con los términos en que se concedió el amparo, la autoridad incurre en defecto en la ejecución del fallo Bajo ese contexto, los terceros interesados, alegan, que en el fallo, la autoridad responsable no menciona si se está en presencia de un asunto de cuantía determina, indeterminada o indeterminada pero determinable. Al respecto, como fue evidenciado líneas anteriores, la autoridad hizo una distinción entre los asuntos de cuantía determinada, indeterminada e indeterminada pero determinable, concluyó, que en el asunto sometido a su consideración era de cuantía indeterminada pero determinable, citando el mecanismo que utilizó para lograr su monto o valor. De ahí, que su argumento sea infundado. Aduce que la autoridad responsable aplica el contenido del artículo 9 de la ley de arancel no obstante que el asunto es de cuantía indeterminada, pues al tratarse de un incidente (sic) de obra nueva no es posible considerar el monto de la molestia. Sobre el particular, se advierte que tal argumento resulta inoperante, dado que aquel no se encuentra relacionado con los alcances de la ejecutoria de amparo, pues la protección constitucional, que se otorgó, fijo lineamiento a seguir por parte de la autoridad responsable, pero también le dejo LIBERTAD para que con base en esos lineamientos resolviera lo que considerara procedente. En ese sentido, si la autoridad estimo, que la contienda que dio origen al incidente de gastos y constas es de cuantía indeterminada pero determinable, logro cuantificarla, es evidente, que no podía invocar preceptos legales referentes a las costas cuando estas son indeterminadas, pues aquello acarrearía una incongruencia. En efecto, si la Sala concluyó que el asunto sometido a su decisión es de cuantía determinada, no estaba obligada a cuantificar las costas con base en numerales de la ley de aranceles que las regulan cuando el negocio es de cuantía indeterminada. De ahí que sus alegaciones resulten infundadas. Al efecto resulta aplicable por analogía la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 1116, tomo XII, diciembre de 2000, Novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto reza: QUEJA POR EXCESO O DEFECTO EN LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA PRONUNCIADA EN UNA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA SI HABIÉNDOSE DECLARADO LA INVALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA PARA DETERMINADOS EFECTOS, LA AUTORIDAD DEMANDADA CUMPLE CON LOS MISMOS Y HACE NUEVO PRONUNCIAMIENTO CON LIBERTAD DE JURISDICCIÓN, AUN CUANDO ÉSTE SEA EN EL MISMO SENTIDO DEL CONTENIDO EN LA RESOLUCIÓN INVALIDADA. Si en la sentencia dictada en una controversia constitucional se declara la invalidez de una resolución para determinados efectos, como podrían ser el que se valoren las pruebas que obran en el expediente y se dicte nueva resolución con plenitud de jurisdicción, la queja promovida por exceso o defecto en la ejecución de la sentencia resulta infundada si la autoridad encargada del cumplimiento acata los efectos ordenados y hace un nuevo pronunciamiento con libertad de jurisdicción, aun cuando éste sea en el mismo sentido que la resolución declarada inválida, pues en este aspecto quedó la autoridad en libertad de actuar. Consecuentemente al estar demostrado que la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California cumplió la ejecutoria de amparo; sin que este órgano jurisdiccional advierta excesos o defectos; por ende, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, debiéndose comunicar lo anterior a la autoridad responsable para su conocimiento. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 202 del citado ordenamiento legal, se ordena dar vista al quejoso y a los terceros interesados, para que dentro del plazo de quince días, manifiesten lo que a sus intereses convenga, en el entendido de que de no hacerlo se tendrá por consentido el presente proveído.

  4. Principal

    Ensenada, Baja California, catorce de julio de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el escrito signado por Gabriel Bello Martínez, en su carácter de autorizado de los terceros interesados, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo (foja 39), mediante el cual realiza diversas manifestaciones en relación con el cumplimiento que adujo haber dado la autoridad vinculada con el fallo protector; en atención a ello, una vez que este órgano se pronuncie en relación a la determinación que establece el artículo 196 de la Ley de Amparo, se atenderá a lo manifestado por el ocursante. Notifíquese.Así lo proveyó y firma Marisela Reyes Calderón, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, asistida del Secretario que autoriza y da fe Obed de León Meléndez, quien certifica que la promoción que generó el presente acuerdo se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico. Doy Fe. MRC/ODLM/oli*

Quedan 21 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada · 6,224 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano