Jorge Carlos Zavala Novelo

Expediente 6/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 28 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
6/2022
Año
2022
Actuaciones
28
Última actuación
17/10/2023

Partes del expediente

  • Jorge Carlos Zavala Novelo
  • Pamela Eugenia Sosa Solis

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    Mérida, Yucatán, diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio remitido por la vía electrónica, mediante el uso de la FIREL del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad. Mediante el cual, esencialmente, comunica a este órgano jurisdiccional, que se admitió a trámite el incidente de inejecución de sentencia, el cual quedó registrado bajo el número de toca ********************. Circunstancias de las cuales este Juzgado Federal queda enterado para todos los efectos legales correspondientes. Notifíquese y cúmplase.

  2. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    Mérida, Yucatán, seis de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guarda el presente asunto, y tomando en consideración lo informado por la secretaria en la razón de cuenta que antecede, en el sentido de que ha transcurrido el término de quince días que refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que a la presente fecha la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de inconformidad en contra del proveído dictado el once de septiembre de dos mil veintitrés. Por tanto, al haber decretado este órgano jurisdiccional la imposibilidad jurídica de las autoridades denunciadas para acatar el fallo protector, pues dichas autoridades ya no pueden válida ni legalmente, emitir la autorización sanitaria solicitada. En ese sentido, con fundamento en el quinto párrafo del artículo 196, en relación con el 193, ambos de la Ley de Amparo, remítase en su oportunidad el presente expediente, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, en turno, del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, para que resuelva lo que estime procedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO DEBE REMITIR LOS AUTOS AL SUPERIOR EN LOS CASOS EN LOS QUE DETERMINE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA LOGRARLO. Cuando exista declaración del órgano judicial de amparo en el sentido de que una sentencia protectora no puede cumplirse, sea por razones jurídicas, o bien, materiales, debe cesar en el conocimiento del asunto y enviar los autos al superior, acorde con el quinto párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, que prevé que si la ejecutoria no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como lo establece, en lo conducente, el artículo 193 de dicha ley; disposición que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pormenorizó en el inciso D) de la fracción VI del artículo segundo de su Acuerdo General Número 5/2013 (*), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2013. Ahora bien, si en lugar de cumplir con esta obligación, el juzgador ordena el archivo del asunto porque, en su concepto, la concesión del amparo no pudo realizar su misión de restituir al quejoso en el goce del derecho humano violado, la fracción II del artículo 201 del mismo ordenamiento habilita a las partes para que interpongan el recurso de inconformidad contra dicha determinación, a fin de que el superior examine su legalidad y, particularmente, si existe o no la pretextada imposibilidad de acatar la sentencia protectora, o la razón esgrimida para renunciar a restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación cometida pues, de no existir este medio de defensa, se privaría al quejoso de la oportunidad de obtener, en los casos que proceda, la sustitución del cumplimiento de la sentencia mediante el pago de los daños y perjuicios que habrían de liquidarse en el incidente respectivo." (Época: Décima Época, Registro: 2014210, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 44/2017 (10a.9 y página: 490). Asimismo, se otorga a dicha Superioridad el acceso electrónico para la consulta del presente expediente. Por tanto, se ordena a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), haga las gestiones correspondientes en dicho sistema. Lo anterior, sin que haya lugar de formar el cuadernillo físico relativo a dicho recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Notifíquese personalmente y cúmplase. Así lo acordó y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con la Licenciada Jennifer Pérez González, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    Mérida, Yucatán, once de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, del que se advierte que mediante proveído de cuatro de septiembre del año en curso, se dio vista a la persona denunciante con lo informado por la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso de la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Nacional contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, con residencia en la Ciudad de México, en relación con el cumplimiento dado a la resolución dictada en autos. Asimismo, en dicho acuerdo se le apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera; y de acuerdo a la certificación de cuenta la temporalidad concedida para tal efecto ya transcurrió sin que hiciera manifestación alguna. Por lo tanto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y la documental remitida por la autoridad denunciada, la resolución ha sido cumplida o no. En resolución dictada el treinta y uno de marzo del año en curso, se declaró fundada la Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, promovida por JORGE CARLOS ZAVALA NOVELO, en contra de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, con sede en la Ciudad de México. De manera que de conformidad con el término que establece el último párrafo de la fracción I del artículo 210 de la Ley de Amparo, la autoridad responsable estaba obligada a acatar la resolución referida, en los términos siguientes: "Dejen insubsistente el oficio 223301EL353871, de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, mediante el cual se determinó la imposibilidad para pronunciarse respecto de la petición que formuló la parte denunciante para el consumo individual de cannabis identificado como "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas. Dicten otro en el cual, sin aplicar implícita ni explícitamente, los artículos 234, último párrafo y 247, último párrafo, declarados inconstitucionales mediante la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelva la solicitud del gobernado, es decir, de no advertir alguna irregularidad o causa diversa de improcedencia en cuanto a los requisitos de la solicitud, deberá emitir una nueva determinación en los términos indicados en la jurisprudencia de que se ha dado noticia. Es importante señalar que esta resolución no implica que la parte justiciable pueda sembrar semillas de marihuana, cultivar y cosechar las plantas producto de ellas, utilizar o consumir la planta en sí o sus derivados en lugares públicos como restaurantes, parques, instalaciones deportivas, espacios destinados para fumadores, la vía pública, locales o establecimientos cerrados, industrias, empresas, vehículos de transporte público de pasajeros; en instituciones escolares públicas o privadas de cualquier nivel educativo; en establecimientos particulares y públicos en los que se proporcione atención directa al público, oficinas de cualquier dependencia gubernamental federal o local, hospitales, clínicas o centros de salud, cines, teatros o auditorios y todos los espacios cerrados en donde se presenten espectáculos de acceso público o cualquier otro lugar que expresamente sea señalado en la autorización correspondiente siempre que no sea contrario al sentido de esta resolución. Además, se indica que la autorización que, en su caso, se expida no comprenderá el consumo personal en lugares públicos, ni su uso en perjuicio de menores o terceros que no hayan brindado su autorización de forma expresa, ni tampoco deberá permitir que se expida autorización a favor del denunciante para llevar a cabo actos de comercio ilícito o narcotráfico, suministro gratuito o cualquier acto que no tenga relación con el consumo personal de marihuana por adultos en espacios privados; aunado a que deberá ajustarse a lo ordenado por el Máximo Tribunal, y considerando sólo la materia de la declaratoria general de inconstitucionalidad. Finalmente, debe precisarse que la presente resolución no constituye por sí misma la autorización para llevar a cabo el consumo personal de marihuana ni de los actos para materializarlo, pues la autorización respectiva se otorgará por la autoridad competente de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios que debe dar cumplimiento a este fallo, en los términos señalados por dicha declaratoria." Luego, a fin de cumplir con la resolución dictada, previos requerimientos, por oficio de uno de agosto de dos mil veintitrés (promoción 12148), la autoridad responsable Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso de la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Nacional contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, remitió la diversa misiva COFEPRIS-CAS-DEREPSQ-14676-2022, de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, de la cual se desprendió que la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, dejó insubsistente el oficio 213301EL353229, de diecinueve de abril de dos mil veintidós; asimismo, se inaplicó la Ley General de Salud en lo referente al último párrafo del artículo 235 y último párrafo del artículo 247, en las porciones normativas que establecen la prohibición para autorizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC), con fines recreativos. De igual forma, emitió la autorización sanitaria para realizar las actividades relacionadas al autoconsumo con fines lúdicos o recreativos, del estupefaciente y psicotrópico referidos, tales como la siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transportación, así como para la adquisición legal de la semilla de cannabis (sativa, índica y americana). Seguidos los trámites de ejecución de sentencia, en proveído de diez de agosto último, se tuvo por no cumplido el fallo protector, toda vez que la autoridad responsable dejó insubsistente el diverso oficio 213301EL353229, de diecinueve de abril de dos mil veintidós, y no así, el ordenado por este órgano jurisdiccional en la sentencia de mérito; por lo que se le requirió nuevamente a fin de que diera cabal cumplimiento a la ejecutoria de mérito. Posteriormente, por oficio recibido vía electrónica el uno de septiembre del presente año (promoción 14028), la autoridad responsable Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso de la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Nacional contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, residente en la Ciudad de México, informó: ". Dentro de la búsqueda en la base de datos de la Comisión de Autorización Sanitaria, se encontró que el hoy denunciante JORGE CARLOS ZAVALA NOVELO, ya contaba anteriormente con autorización sanitaria para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente "cannabis" (sativa indica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a, (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), que para ello, se emitió el oficio NO. COFEPRIS-CAS-DEREPSQ-14676-2022, en estricto cumplimiento a la sentencia dictada el trece de septiembre de dos mil veintidós, en autos del juicio de amparo 1398/2022, radicado en el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, mismo que dejaba insubsistente el oficio 213301EL353229, escrito que fue ingresado con antelación por el hoy denunciante y que ese a su vez fue notificada personalmente En relación con el párrafo que antecede, en el presente juicio de garantías, el C. JORGE CARLOS ZAVALA NOVELO, denunció y manifestó la negativa al a autorización sanitaria respecto del oficio de contestación con número de registro 223301EL353871, motivo por el cual mediante sentencia de fecha 31 de marzo del año en curso se requiere a mi representada el cumplimiento de la misma, por lo que dentro de los archivos de esta Comisión Sanitaria, se encontró que ya se contaba con una autorización para los mismos fines, y toda vez que para esta Dirección ejerza el control y vigilancia correspondiente y misma que la emisión de una Autorización Sanitaria única e intransferible, previniendo que exista acceso accidental a personas no autorizadas, no puede otorgarse otra autorización sanitaria para el mismo fin al mismo, por esta razón se emite el OFICIO No. COFEPRIS-CAS-19469-2023 DE 26 DE JULIO DE 2023, suscrito por el Comisionado de Autorización Sanitaria de la COFEPRIS, en el cual dentro del primer párrafo se expresa que se relaciona con el número de tramite 223301EL353871, resaltando que derivado del cumplimiento de sentencia dictada en este H. Juzgado, se emite el presente oficio; Así como en el segundo párrafo se precisa lo narrado en el párrafo anterior en el presente ocurso." Consecuentemente, por proveído de cuatro de septiembre último, se dio vista a la parte denunciante con dicho oficio. Luego, analizando los efectos otorgados en la Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, se advierte que la citada autoridad denunciada se encuentra imposibilitada materialmente para acatar la ejecutoria de amparo. Ello, pues tal como acreditó con las constancias remitidas a este Juzgado, el diecinueve de octubre de dos mil veintidós, emitió la autorización sanitaria solicitada por el aquí impetrante del amparo, la cual, se reitera, es única e intransferible. Por lo anteriormente expuesto, al no ser factible otorgar otra autorización sanitaria para el mismo fin, debe declararse la imposibilidad jurídica de la aludida autoridad responsable para acatar estrictamente el fallo protector. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.9o.P.195 P (10a.), sostenida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la página 2236, del Tomo III, con registro digital: 2016741, abril de 2018, correspondiente a la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: INCONFORMIDAD EN EL AMPARO INDIRECTO. ES PROCEDENTE CONTRA EL AUTO DEL JUEZ DE DISTRITO QUE DECRETA LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA CUMPLIR EL FALLO PROTECTOR. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que cuando un juzgador determine que una ejecutoria concesoria de amparo es de imposible cumplimiento, se debe aplicar por analogía el trámite de un incidente de inejecución de sentencia y no únicamente cuando exista conducta contumaz de la autoridad responsable en su cumplimiento. Asimismo, indicó que la competencia de dicha incidencia, tratándose del juicio de amparo indirecto, corresponde al Tribunal Colegiado de Circuito en términos del último párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Además, precisó que la determinación que la resuelve, en la que se verifique la imposibilidad del cumplimiento y se haga la declaración correspondiente, podrá ser impugnada en términos del artículo 201, fracción II, de la ley de la materia, a través del recurso de inconformidad, a efecto de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare en definitiva si existe tal imposibilidad material o jurídica para el cumplimiento. Sin embargo, tales consideraciones fueron emitidas con anterioridad a que el Pleno de ese Alto Tribunal aprobara el Instrumento Normativo de cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican diversas disposiciones del Acuerdo General Número 5/2013 de trece de mayo de dos mil trece del mismo Tribunal Pleno, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y al envío de los de su competencia originaria a las Salas y Tribunales Colegiados de Circuito. A partir de estas modificaciones, es inconcuso que los Jueces de Distrito pueden declarar la imposibilidad material o jurídica para cumplir una sentencia de amparo, y que contra esta determinación, resulta procedente el recurso de inconformidad que nos ocupa, mismo que actualmente es competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, conforme a los puntos cuarto, fracción IV, y octavo, fracción I, del referido Acuerdo General 5/2013, en los que el Máximo Tribunal delegó su competencia originaria. De este modo, de conformidad con tales disposiciones, es procedente el recurso de inconformidad previsto en la fracción II del numeral 201 de la Ley de Amparo, contra la resolución que declare que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir el fallo protector, mismo que debe resolver el Tribunal Colegiado de Circuito, siendo innecesario efectuar el trámite de inejecución de sentencia en los términos expuestos y posteriormente contra tal determinación acudir al recurso de inconformidad, en virtud de que esto era así cuando la competencia para conocer de este último medio de impugnación recaía en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual actualmente no acontece, sino que debe ser el Tribunal Colegiado de Circuito quien directamente resuelva tal recurso y declare en definitiva si existe o no la aludida imposibilidad material para dar cumplimiento a la sentencia que concede el amparo. También es aplicable al caso, la Jurisprudencia P./J. 23/2018 (10a.), establecida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, consultable en la página 274, del Tomo I, septiembre de 2018, correspondiente a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. SUPUESTOS DE PROCEDENCIA Y FORMA DE RESOLUCIÓN CUANDO SE TRAMITA POR LAIMPOSIBILIDAD MATERIAL Y JURÍDICA PARA LOGRAR SU CUMPLIMIENTO. Hechos: Un Juez de Distrito declaró que existía imposibilidad material y jurídica para que el Juez responsable diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo, motivo por el cual aperturó el incidente de inejecución respectivo y lo remitió al Tribunal Colegiado de Circuito para su sustanciación, quien resolvió confirmar dicha declaratoria y estableció los supuestos de procedencia y la forma de resolución de la incidencia planteada. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que de los artículos 193 y 196 de la Ley de Amparo, se advierten dos diversos supuestos para la procedencia y tramitación del incidente de inejecución de sentencia. El primero considerado tradicional u ordinario, que se promueve a instancia de parte o de oficio, en el que la finalidad es priorizar elcumplimiento a pesar del comportamiento contumaz e indolente de las autoridades responsables por acatar a cabalidad la ejecutoria de amparo y, por ello, se persigue también su posible destitución o, incluso, consignación penal; supuesto en el cual, de surgir una causa que imposibilite el cumplimiento, se declarará sin materia. El segundo se presenta cuando de inicio existe una imposibilidad material y jurídica para dar cumplimiento a la sentencia de amparo y, ante las razones evidenciadas, el juzgador de amparo así lo declara, instando por analogía el respectivo incidente que se remite ante el Tribunal Colegiado de Circuito para que lo califique o no de legal, caso en el cual deberá establecerse si es fundada o infundada la incidencia planteada, pero no declararla sin materia, pues no se está en un supuesto ordinario en el que se tramita contra la autoridad. Justificación: En el primero de los casos, al que son aplicables los criterios de la jurisprudencia tradicional (derivados de la Ley de Amparo abrogada), la incidencia persigue priorizar la obligación de hacer cumplir la ejecutoria y la posible destitución de las autoridades responsables o, incluso, la eventual consignación por responsabilidad penal; en tanto que, en el segundo, la finalidad es revisar y, en su caso, avalar la declaratoria de imposibilidad material y jurídica de cumplimiento a la sentencia de amparo. En estas condiciones, si en la segunda hipótesis la autoridad responsable obligada a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo acredita de forma fehaciente ante el órgano de control constitucional que debido a factores externos y ajenos a ella se encuentra ante una imposibilidad jurídica y material para el cabal cumplimiento del fallo protector, deja de existir la posibilidad de restituir al quejoso en los términos fijados en la ejecutoria. Por tanto, si en el trámite realizado por el juzgador federal referente al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, las autoridades responsables hacen patente una imposibilidad jurídica y material para ello, aquél deberá emitir la declaratoria de imposibilidad de su cumplimiento y el respectivo incidente remitido por analogía, en atención a lo establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P./J. 23/2018 (10a.), deberá resolverse por el Tribunal Colegiado de Circuito confirmando, en su caso, esa declaratoria, lo que implica estimar fundado o no el planteamiento incidental instado por el juzgador federal, pero no declarar sin materia el incidente, pues no se está en presencia de un supuesto ordinario de inejecución imputable a la autoridad responsable y, por ende, tramitado en su contra. Finalmente, transcurrido el término de quince días que refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, de no interponerse recurso de inconformidad, dese nueva cuenta para acordar lo que legalmente corresponda en el presente asunto. Notifíquese personalmente y cúmplase. Así lo acordó y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con la Licenciada Jennifer Pérez González, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    Mérida********************Yucatán********************diez de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos********************del que se advierte que mediante proveído de tres de agosto del presente año********************se dio vista a la persona denunciante con lo informado por la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso de la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Nacional contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud********************con residencia en la Ciudad de México********************en relación con el cumplimiento dado a la resolución dictada en autos; asimismo********************en dicho acuerdo se le apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna********************este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera; y de acuerdo a la certificación de cuenta la temporalidad concedida para tal efecto ya transcurrió sin que hiciera manifestación alguna. Por lo tanto********************este órgano de control constitucional procede a resolver********************si de acuerdo con las constancias que obran en autos y la documental remitida por la autoridad responsable********************la resolución ha sido cumplida o no. ANTECEDENTES En resolución dictada el treinta y uno de marzo del año en curso********************se declaró fundada la Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad********************promovida por JORGE CARLOS ZAVALA NOVELO********************en contra de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios********************con sede en la Ciudad de México. De manera que de conformidad con el término que establece el último párrafo de la fracción I del artículo 210 de la Ley de Amparo********************la autoridad responsable estaba obligada a acatar la resolución referida********************en los términos siguientes: "Dejen insubsistente el oficio 223301EL353871********************de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós********************mediante el cual se determinó la imposibilidad para pronunciarse respecto de la petición que formuló la parte denunciante para el consumo individual de cannabis identificado como "THC" (tetrahidrocannabinol********************los siguientes isómeros ?6a (10a)********************?6a (7)********************?7********************?8********************?9********************?10********************?9 (11) y sus variantes estereoquímicas. Dicten otro en el cual********************sin aplicar implícita ni explícitamente********************los artículos 234********************último párrafo y 247********************último párrafo********************declarados inconstitucionales mediante la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación********************resuelva la solicitud del gobernado********************es decir********************de no advertir alguna irregularidad o causa diversa de improcedencia en cuanto a los requisitos de la solicitud********************deberá emitir una nueva determinación en los términos indicados en la jurisprudencia de que se ha dado noticia. Es importante señalar que esta resolución no implica que la parte justiciable pueda sembrar semillas de marihuana********************cultivar y cosechar las plantas producto de ellas********************utilizar o consumir la planta en sí o sus derivados en lugares públicos como restaurantes********************parques********************instalaciones deportivas********************espacios destinados para fumadores********************la vía pública********************locales o establecimientos cerrados********************industrias********************empresas********************vehículos de transporte público de pasajeros; en instituciones escolares públicas o privadas de cualquier nivel educativo; en establecimientos particulares y públicos en los que se proporcione atención directa al público********************oficinas de cualquier dependencia gubernamental federal o local********************hospitales********************clínicas o centros de salud********************cines********************teatros o auditorios y todos los espacios cerrados en donde se presenten espectáculos de acceso público o cualquier otro lugar que expresamente sea señalado en la autorización correspondiente siempre que no sea contrario al sentido de esta resolución. Además********************se indica que la autorización que********************en su caso********************se expida no comprenderá el consumo personal en lugares públicos********************ni su uso en perjuicio de menores o terceros que no hayan brindado su autorización de forma expresa********************ni tampoco deberá permitir que se expida autorización a favor del denunciante para llevar a cabo actos de comercio ilícito o narcotráfico********************suministro gratuito o cualquier acto que no tenga relación con el consumo personal de marihuana por adultos en espacios privados; aunado a que deberá ajustarse a lo ordenado por el Máximo Tribunal********************y considerando sólo la materia de la declaratoria general de inconstitucionalidad. Finalmente********************debe precisarse que la presente resolución no constituye por sí misma la autorización para llevar a cabo el consumo personal de marihuana ni de los actos para materializarlo********************pues la autorización respectiva se otorgará por la autoridad competente de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios que debe dar cumplimiento a este fallo********************en los términos señalados por dicha declaratoria." Luego********************a fin de cumplir con la resolución dictada********************previos requerimientos********************por oficio de uno de agosto de dos mil veintitrés********************la autoridad responsable Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso de la Coordinación General Jurídica y Consultiva********************remitió la diversa misiva COFEPRIS-CAS-DEREPSQ-14676-2022********************de diecinueve de octubre de dos mil veintidós********************de la cual se desprende que la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes********************Psicotrópicos y Sustancias Químicas********************dejó insubsistente el oficio 213301EL353229********************de diecinueve de abril de dos mil veintidós********************asimismo********************se inaplicó la Ley General de Salud en lo referente al último párrafo del artículo 235 y último párrafo del artículo 247********************en las porciones normativas que establecen la prohibición para autorizar las actividades relacionas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC)********************con fines recreativos. De igual forma********************emitió la autorización sanitaria para realizar las actividades relacionadas al autoconsumo con fines lúdicos o recreativos********************del estupefaciente y psicotrópico referidos********************tales como la siembra********************cultivo********************cosecha********************preparación********************posesión y transportación********************así como para la adquisición legal de la semilla de cannabis (sativa********************índica y americana). ANÁLISIS Luego********************analizando los efectos otorgados en la Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad********************la autoridad denunciada********************se encontraba obligada a dejar insubsistente el oficio 223301EL353871********************de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós y a dictar otro en el cual********************sin aplicar implícita ni explícitamente********************los artículos 234********************último párrafo y 247********************último párrafo********************de la Ley General de Salud********************resolviera la solicitud del gobernado. Sin embargo********************del análisis integral de lo realizado por la autoridad responsable********************sustentado con las constancias relativas********************se desprende que********************la autoridad responsable dejó insubsistente un diverso oficio 213301EL353229********************de diecinueve de abril de dos mil veintidós********************y no así********************el ordenado por este órgano jurisdiccional en la sentencia de mérito. Luego********************ante dicha omisión por parte de la autoridad responsable********************debe decirse que no se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados********************en términos de lo que establece el numeral 77********************de la Ley de Amparo; por tanto********************NO SE TIENE POR CUMPLIDO EL FALLO PROTECTOR. DETERMINACIÓN En consecuencia********************toda vez que la responsable no acató los lineamientos de la sentencia ejecutoriada********************con fundamento en el artículo 192 la Ley de Amparo********************a fin de no retrasar el cumplimiento de la presente ejecutoria********************requiérase nuevamente a la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes********************Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios********************con residencia en la Ciudad de México********************para que dentro del término de TRES DÍAS hábiles legalmente computados********************cumpla en sus términos con la misma********************debiendo remitir copia certificada de las constancias que acrediten que dejó insubsistente el oficio 223301EL353871********************de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada********************en el término señalado********************o de no manifestar el impedimento que tiene para ello********************se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización********************equivalente a ******************** (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos********************con cero centavos********************moneda nacional)********************conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la ley de la materia y en el párrafo sexto********************del apartado B********************del artículo 26 de la Constitución Federal********************y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación********************según el caso********************para seguir el trámite de ejecución********************que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese personalmente y cúmplase.

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