Jorge Carlos Vega Valenzuela y Otros.
Expediente 57/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 57/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/02/2017
Partes del expediente
- Jorge Carlos Vega Valenzuela y Otros.
Actuaciones
- Principal
queda firme auto de desechamiento
- Principal
Vista la demanda de amparo que presenta JORGE CARLOS VEGA VALENZUELA, contra actos del TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, con residencia en esta ciudad; por lo tanto, fórmese el expediente respectivo, previo su registro en el libro de Gobierno bajo el número de orden 57/2017. Ahora, del análisis integral que se hace de la demanda, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los que se transcriben a continuación: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." Numeral 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "ARTÍCULO 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]" La precisada causal de improcedencia se advierte de la lectura de la demanda de amparo, en la que el quejoso reclama del Tribunal de Arbitraje responsable ". la omisión de formular dictamen y pronunciar el laudo que pone final al procedimiento laboral dentro del expediente laboral radicado bajo expediente 147/2016 ACUMULADO 06/2016-II, no obstante de que en dicho expediente se concluyó el desahogo de las pruebas admitidas desde hace más de 6 meses." Sin embargo, en el número tres del capítulo correspondiente de los antecedentes del acto reclamado manifestados bajo protesta de decir, refirió que ".desde hace más de 6 meses se desahogó la última pruebas admitidas por la responsable, y por tal virtud del TRIBUNAL DE ARBITRAJE citó para alegatos hasta el pasado 08 de diciembre de 2016, motivo por el cual ha transcurrido el plazo y término para que el H. Tribunal de Arbitraje del Estado emitiera el dictamen y pronunciara laudo definitivo que ponga fin a la controversia resolviendo sobre las prestaciones reclamadas por el trabajador actor, lo que en especie no ha sucedido, es decir no se ha dictado el laudo respectivo, por lo que se paralizó el procedimientos laboral." Pues bien, de la transcripción de los numerales antes indicados, puede concluirse que el juicio de amparo indirecto procede contra actos cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por tales, aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien las sufre, obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Luego, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, como en el caso, aun cuando se alegue violación al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el acto reclamado no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como una violación de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 17 Constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el promovido contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente. Sin que en el caso cobre actualización la excepción contemplada en la parte final de la jurisprudencia antes transcrita, para determinar que en su contra sea procedente el amparo indirecto; ello, toda vez que el suscrito Juez, aun atendiendo a lo manifestado por el quejoso, en cuanto a que la responsable Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, el ocho de diciembre de dos mil dieciséis, citó a la partes dentro del expediente laboral 147/2016 acumulado 06/2016-II de su índice, para que formularan sus alegatos, no advierte una dilación abierta al procedimiento o su paralización total. Lo anterior, dado que determinación referida se hizo el ocho de diciembre de dos mil dieciséis; por lo que no puede estimarse que el juicio de origen se encuentre totalmente paralizado, pues no se ignoran las cargas de trabajo con que cuentan los tribunales laborales del Estado, lo que impide considerar razonadamente que el mencionado retraso implique una abierta dilación al procedimiento o su paralización total. Por tanto, si el acto que se reclama en esta vía constitucional no se encuentra contemplado en alguna de las hipótesis que prevé el artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, para la procedencia de la acción constitucional indirecta, por no causarse un gravamen de imposible reparación, resulta manifiesta e indudable la causa de improcedencia en comento. En consecuencia, es evidente que el presente juicio de amparo 57/2017, es manifiesta y notoriamente improcedente, por lo que procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Buenos Aires, 196, Colonia Cuauhtémoc de esta ciudad; autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados RAFAEL LÓPEZ ROMÁN, ÓSCAR MIGUEL PÉREZ MOYRÓN y MARTÍN ANTONIO AGUIRRE RUÍZ. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo del artículo 21 de la ley en comento, SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, para que en su caso, EL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO, realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio. Finalmente, en apego al TRANSITORIO SEGUNDO, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su publicación, que establece que ".En tanto no se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo permanecerá vigente la normatividad federal en la materia."; por consiguiente, con fundamento en el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (abrogada), hágase saber a las partes el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales, sin perjuicio de que, conforme al artículo 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha Ley, será la unidad administrativa correspondiente la que en su momento determine lo conducente.
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