Jorge Carlos Rosales Calderon

Expediente 140/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
140/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
18/05/2023

Partes del expediente

  • Jorge Carlos Rosales Calderon

Actuaciones

  1. Principal

    Principal 140/2023-II El dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, hace constar y CERTIFICA: 1.- Que el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para impugnar a través del recurso de revisión el proveído de catorce de marzo del año en curso, transcurrió del diecisiete de marzo al tres de abril del año en curso, sin que la parte afectada lo haya hecho. Lo anterior se confirmó después que el oficial de partes de este juzgado federal, hiciera una revisión minuciosa del libro de correspondencia que recibe este órgano jurisdiccional, sin encontrar promoción alguna de las partes, en que se promoviera dicho recurso; de conformidad con el artículo 287, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria la Ley de Amparo, conforme al párrafo segundo del artículo 2 de la ley de la materia, sin que lo haya hecho; 2. Que no se aperturó incidente de suspensión; y 3. No obran agregados documentos exhibidos por la parte quejosa. Lo que se hace constar para los efectos legales conducentes. Doy fe. El Secretario Carlos Adán Piza Cortez CUENTA. En la misma fecha, el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, da cuenta a la Jueza de Distrito, con la certificación que antecede y con el estado procesal que guardan los presentes autos. Conste. El Secretario Carlos Adán Piza Cortez Acapulco de Juárez, Guerrero; dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Vista; la certificación secretarial y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ya feneció el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan interpuesto recurso de revisión en contra del proveído de catorce de marzo de dos mil veintitrés, dictado en este juicio. Por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2º de la ley en aplicación, se declara que dicho auto que decretó el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. CARLOS ADAN PIZA CORTEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.be.a4 26/05/24 17:00:00 Por otro lado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. En la inteligencia de que, en su oportunidad, y con fundamento en los artículos 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente principal es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el término de tres años, contado a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido se procederá a su destrucción. Por otra parte, este órgano jurisdiccional considera que el presente asunto no tiene relevancia documental, por la cual deba conservarse. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por Carlos Adán Piza Cortez, Secretario que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Visto; acorde al estado que guardan los presentes autos y a la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de diez días concedido en proveído de veinte de enero del año en curso, a las autoridades del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, para que informen el cabal cumplimiento al fallo protector emitido en el presente sumario, lo cual deberán realizar en los siguientes términos: En consecuencia, tomando en cuenta que el cumplimiento de una sentencia de amparo es de orden público y que es obligación del juzgador velar porque ello ocurra sin demora, para el efecto de salvaguardar la seguridad de la parte quejosa en su derecho fundamental que se estimó vulnerado en sentencia protectora, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente al Secretario de Administración y Finanzas; Directora de Ingresos; Director de Egresos; Síndico Procurador Administrativo, Contable, Financiero y Patrimonial, y Presidenta Municipal, todos del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, para que en el plazo de TRES DÍAS HÁBILES siguientes a la notificación del presente proveído, en el ámbito de su competencia, exhiban un nuevo cheque a favor del quejoso ******, por la cantidad faltante que enteró por concepto de "refrendo de licencia comercial", correspondiente a la factura 2100337691, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, debidamente actualizada, tal como se indicó en proveído de veinte de enero del año en curso. Apercibidas que de no hacerlo, se procederá de la siguiente manera: 1. En términos de los numerales 238 y 258 de la Ley de Amparo, y de conformidad con los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, se le impondrá una multa de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva la medida de apremio. 2. Se determinará por qué a juicio de este Juzgado no se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo, y; 3. Se procederá conforme al punto cuarto, fracción IV, del Acuerdo General 5/2013, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto es, indefectiblemente se remitirán los autos al Tribunal Colegiado, para los efectos a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Carta Magna, los que en su caso, podrían consistir en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que impuesta la multa, este juzgado federal solamente esperará un plazo razonable para que se cumpla con la ejecutoria antes de iniciar con el procedimiento de inejecución ante el Tribunal Colegiado, una vez que se haya determinado el incumplimiento. Ello debe entenderse en el sentido que esta potestad federal, NO REALIZARÁ MÚLTIPLES REQUERIMIENTOS SUBSECUENTES, sino que SE CEÑIRÁ A LOS ESTRICTOS LINEAMIENTOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO EN VIGOR Y SU INTERPRETACIÓN, mismos que han quedado claramente explicados en este proveído. Hágase del conocimiento de dichas autoridades que el incumplimiento de una ejecutoria de amparo podría derivar en la separación inmediata del cargo por contumacia y consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente, sanción que según el artículo 198 de la Ley de Amparo, puede persistir aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional. Aunado a lo anterior, hágase saber a las autoridades requeridas que de conformidad con el artículo 195 de la Ley de Amparo, el acatamiento extemporáneo e injustificado de la sentencia, no las exime de responsabilidad, pero podrá ser valorado como atenuante para la imposición de la sanción penal que corresponda. De igual forma, dígase a las autoridades requeridas que tal como se encuentra establecido en los artículos 193, párrafo segundo, y 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se considerará como incumplimiento de sentencia todo retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales que realice, o de cualquier otra autoridad que intervenga en el trámite relativo, a menos que demuestre que la ejecutoria está en vías de cumplimiento justifique la causa del retraso, y que se entenderá cumplida la ejecutoria cuando lo esté en su totalidad, sin excesos ni defectos. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de no actuar conforme a lo aquí requerido, las autoridades de referencia podrán incurrir en los delitos previstos en los artículos 262, fracción V, y 267, fracción I, de la Ley de Amparo, para cuya comisión se establece: Para el primero una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Para el segundo una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Notifíquese. Lo proveyó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Omar Tomás Velázquez López, Secretario que autoriza. Doy fe.

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