Jorge Carlos Rabling Campos

Expediente 1149/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 10 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1149/2015
Año
2015
Actuaciones
10
Última actuación
27/10/2015

Partes del expediente

  • Jorge Carlos Rabling Campos
  • Andrés Alejandro Rabling Campos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    En veintisiete de octubre de dos mil quince, la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado C E R T I F I C O : Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del nueve al veintitrés de octubre del año en curso; sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el uno de octubre del año en curso, dentro del juicio de amparo número 1149/2015. DOY FE. En la misma fecha la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta al Juez con estado de autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintisiete de octubre de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por la Secretaria adscrita a este Tribunal Federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada por este Juzgado el uno de octubre de dos mil quince, en la que por una parte se decretó el sobreseimiento del presente juicio y por otra, se negó a los quejosos el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En consecuencia, y en atención a que la resolución de mérito no requiere ejecución material, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia en consulta, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, mismo que entro en vigor el veintiséis de noviembre del dos mil nueve; se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en la inteligencia, que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por lo que una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Finalmente, toda vez que en el presente sumario obra el instrumento notarial relativo a la escritura pública número cinco mil seiscientos veintisiete, de quince de noviembre de dos mil trece, que contiene el Poder General Para Pleitos y Cobranzas otorgado por Jorge Rabling Aguilar a la licenciada Irene Ruedas Sotelo; por tanto, requiérase a dicha persona para que en el término de noventa días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca a este juzgado debidamente identificada con documento idóneo que permita su identificación, a fin de que recoja el documento de que se habla; apercibida que de no hacerlo dentro de dicho término, dicho documento serán destruido al realizarse la depuración de constancias que integran el juicio principal en que se actúa. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE y AUTORIDAD TERCERO INTERESADA, PERSONALMENTE A LA LICENCIADA IRENE RUEDAS SOTELO y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. *Rosy

  2. Principal

    VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 1149/2015; y, RESULTANDO 1º. Demanda de Amparo. En escrito presentado el dos de julio de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, JORGE CARLOS RABLING CAMPOS y ROSA ELVIRA CAMPOS ÁLVARES, el primero por su propio derecho y la segunda en representación de los menores ANDRÉS ALEJANDRO y AXEL IVÁN, ambos de apellidos RABLING CAMPOS, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad, acto y por violación a las garantías individuales contenidas en los preceptos constitucionales, que enseguida se precisan: Autoridad Responsable Juez de Control de este Distrito Judicial. Acto Reclamado La resolución de doce de junio de dos mil quince, dictada dentro de la causa número 28/2015, dictada por la Juez de Control de este Distrito Judicial, a través de la cual se determinó declarar firme la determinación de veintitrés de abril de dos mil quince, en la que se decretó la abstención de investigación respecto de los hechos denunciados por los quejosos. Preceptos constitucionales que se estiman violados. Los quejosos señalaron como garantías individuales violadas, las contempladas en los artículos 1°, 16, 17, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2°.- Trámite del juicio de amparo. Mediante auto de tres de julio de dos mil quince, se admitió a trámite la demanda de garantías, se registró bajo el expediente 1149/2015, se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable; se dio a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita la intervención que legalmente le compete; se emplazó a la parte tercero interesada; y se fijó día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de esta resolución. CONSIDERANDO I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas es competente para resolver en definitiva el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos que se atribuyen a autoridades residentes en la demarcación territorial asignada a este Juzgado de la Federación. II. Precisión y existencia del acto reclamado. II. 1. Precisión. Previo a establecer la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, pero prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004. En ese sentido, de las constancias que integran el presente juicio de garantías se advierte que los quejosos reclaman: La resolución de doce de junio de dos mil quince, dictada dentro de la causa número 28/2015, dictada por la Juez de Control de este Distrito Judicial, a través de la cual se determinó declarar firme la determinación de veintitrés de abril de dos mil quince, en la que se decretó la abstención de investigación respecto de los hechos denunciados por los quejosos. II. 2. Inexistencia, certeza o presunción del acto reclamado. Una vez determinado cuál es el acto reclamado, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, certeza o presunción de los mismos, tal y como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis del rubro y texto siguientes: SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad. II.2.1. Certeza: La Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la capital, al rendir su informe con justificación reconoció la existencia del acto que se le atribuye. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Además, la certeza del acto reclamado, se corrobora con las constancias que integran la causa penal 28/2015, remitidas por la Juez responsable como justificación de sus actos; documentales que revisten plena eficacia probatoria, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°, de éste último ordenamiento legal, ya que se trata de documentos públicos expedidos por autoridad en ejercicio de sus atribuciones, y además de ellos se desprende la existencia del auto de seis de marzo del año en curso, que constituye el acto reclamado. En este sentido, es aplicable, la tesis del rubro y texto siguiente: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. III. Procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia de los actos reclamados, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo a lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable, la tesis cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. Ahora bien, la apoderada legal del tercero interesado Jorge Rabling Aguilar, en su escrito registrado con el número 14932, hizo valer la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, lo que este Tribunal Federal comparte, únicamente por lo que respecta al quejoso JORGE CARLOS RABLING CAMPOS. En efecto, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: Fracción XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" En el precepto y fracción transcrita se consigna la improcedencia del juicio de amparo, cuando no se han agotado los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley que rige el acto reclamado precisa, particularmente respecto de resoluciones emitidas por órganos jurisdiccionales. Por su parte el artículo 450, fracción I, del Código de Procedimientos Penales del Estado, establece: Artículo. 450. Sin perjuicio de otras disposiciones establecidas en este Código, el recurso de apelación procederá solamente contra las resoluciones dictadas por los jueces competentes en las etapas preliminar e intermedia, siempre que sean declaradas apelables, causen agravio irreparable, pongan fin a la acción o imposibiliten que esta continúe: Serán apelables las siguientes resoluciones: Las que pongan fin al procedimiento, hagan imposible su prosecución o lo suspendan por más de treinta días; Ahora bien, en el caso, a fin de determinar si se actualiza o no la causa de improcedencia en comento, es menester destacar los antecedentes del asunto, a fin de establecer un panorama de referencia y dar una mejor intelección al asunto: Que mediante resolución de veintitrés de abril de dos mil quince, el Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación Mixta, decretó la abstención de la investigación respecto a los hechos que fueron denunciados por los aquí quejosos en contra de Jorge Rabling Aguilar. En contra de esa determinación los aquí quejosos, la impugnaron ante el Juez de Control, en vía incidental. Por lo que la Juez responsable, en resolución de doce de junio el presente año, determinó mantener firme la determinación de veintitrés de abril de dos mil quince, emitida por el Fiscal investigador. Resolución ésta que constituye materia de reclamo en esta instancia constitucional. De lo anterior, se colige que en el caso particular se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por incumplimiento del principio de definitividad, al no haberse agotado previamente a la instancia constitucional el medio de defensa previsto por el invocado artículo 450, fracción I, del Código de Procedimientos Penales del Estado. Se estima de esta manera, precisamente porque el acto de molestia del que se duele el quejoso JORGE CARLOS RABLING CAMPOS, es apelable, a través del cual, la determinación que constituye materia de reclamo puede ser modificada, revocada o nulificada; concluyéndose que el impetrante previo a acudir a esta vía constitucional, debió hacer valer el medio de impugnación que la ley contempla, observando de esa forma el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de garantías y como no lo hizo, es claro que el presente juicio deviene improcedente. Tiene sustento lo anterior, en la tesis del epígrafe y contenido siguiente: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que nos es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. Así las cosas, al haberse actualizado la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por tanto, con fundamento en el diverso artículo 63, fracción V, del cuerpo de leyes invocado, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO en el presente juicio, únicamente por lo que ve al quejoso JORGE CARLOS RABLING CAMPOS. Sin embargo, contrario a lo manifestado por la apoderada legal del tercero interesado Jorge Rabling Aguilar, en su escrito registrado con el número 14932, por lo que atañe a los menores ANDRÉS ALEJANDRO y AXEL IVÁN, ambos de apellidos RABLING CAMPOS, no se actualiza la causa de improcedencia en estudio, en razón de que en el presente caso, se actualiza la excepción al principio de definitividad, por encontrarse involucrados los citados quejosos menores. Encuentra apoyo lo anterior, en la jurisprudencia del epígrafe y contenido siguiente: DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO. En términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y, particularmente, otorgar una protección especial a los derechos de la infancia por las circunstancias de vulnerabilidad en que se hallan. Por lo anterior, y en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la propia Constitución y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se sigue que se actualiza una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que esté involucrado un menor de edad, cuando, de acuerdo con la legislación aplicable al caso, el recurso ordinario que deba agotarse no admita suspensión y cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada, pues en ese supuesto el recurso es inadecuado o ineficaz para alejarlo de la situación de vulnerabilidad en que pueda encontrarse. Lo anterior es así, pues el principio de definitividad supone la existencia de recursos idóneos, efectivos, oportunos y aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes cometidas en el acto o resolución impugnada. IV. Litis Constitucional. IV. 1. Conceptos de violación. Es innecesario transcribir los conceptos de violación, al no ser un requisito exigido por el artículo 77 de la Ley de Amparo, conforme lo dispone la tesis cuyo rubro y texto son: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer ". La parte quejosa expresó como conceptos de violación los siguientes: a). Que la autoridad responsable con la emisión de la resolución reclamada, violó derechos humanos y garantías, en forma general por la denegación al acceso a la justicia y en forma particular el acceso a una justicia imparcial, toda vez que en la audiencia de impugnación de abstención de investigación, se le señaló a la juez responsable que consideraban que la resolución el Ministerio Público, no se encontraba debidamente motivada y que al parecer con ese procedimiento oral desaparecían los delitos perseguidos de oficio, ya que el Ministerio Público no había valorado correctamente las constancias procesales; por lo que la Juez responsable resolvió la impugnación como si se tratara de una audiencia de juicio oral y su determinación se hubiera tomado conforme a las pruebas desahogadas en dicha audiencia, olvidándose que conforme a los artículos 16 y 19 constitucionales, para dictar una orden de aprehensión y un auto de vinculación a proceso, únicamente se requieren datos de prueba, no pruebas plenas, es decir que para ello es suficiente que obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad que el indiciado o el imputado lo cometió o participó en su comisión; por lo que la Juez responsable con base en el artículo 22 del Código Penal, determinó como si fuera sentencia de fondo, que al no cumplirse con los requisitos exigidos por este artículo, el delito de falsificación no era sancionable y que por tanto, ese delito no existía. b) Que la autoridad responsable en la resolución reclamada determinó que los hechos denunciados por los ahora quejosos no son constitutivos de delito; sin embargo, de las constancias procesales se advierte que existen y se encuentran integradas en la carpeta e investigación, copia certificada de dos actas de nacimiento de los menores Manuel Alejandro y Valeria, en las que aparecen ambos con los apellidos Rabling Morán, donde el imputado aparece como padre biológico de los menores; así como copia certificada de las actas de nacimiento de los citados menores, donde aparece como su padre biológico, quien realmente lo fue Manuel Arreola Arreola. Así como la confesión expresa del imputado, donde se advierte que los menores que pretende adoptar se apellidan Arreola Morán y que eran hijos del señor Manuel Arreola Arreola. Por lo que, conforme al principio de contradicción, se puede determinar que las actas de nacimiento de los menores relacionados con el procedimiento de origen, no pueden ser las dos falsas y auténticas al mismo tiempo, ya que aparecen como padres biológicos diferentes personas, de lo que se concluye que una de esas actas es auténtica y la otra falsa. c) Que la autoridad responsable con la emisión de la resolución reclamada, violó derechos humanos y garantías, en forma general por la denegación al acceso a la justicia y en forma particular el acceso a una justicia imparcial, al determinar que los hechos denunciados por los ahora quejosos no son constitutivos de delito, en razón a que la Juez responsable no analizó el delito de uso de documento falso, seguramente por haber considerado que al no existir la falsificación y consecuentemente no existir un documento falso, éste no podría ser usado; sin embargo, el imputado así como la profesionista que lo representó, sabían perfectamente que estaban utilizando documentos falsos, ya que al dar contestación a la demanda incidental de acción de mutuación de pensión alimenticia, tramitado dentro del expediente 127/2007 del índice del Juzgado Primero de lo Familiar de este Distrito Judicial, el tres de diciembre de dos mil trece, junto con el escrito de contestación, exhibieron las actas de nacimiento de los menores Manuel Alejandro y Valeria, ambos con los apellidos Rabling Morán, donde del imputado aparece como su padre biológico, cuando él sabe que no lo es; por lo que es obvio que él sabía que estaba usando documentos falsos en un procedimiento judicial. d) Que la Juez responsable consideró que los hechos denunciados por los ahora quejosos no son constitutivos de delito; sin embargo, no tomó en consideración lo previsto por los artículos 340 del Código Penal del Estado, 1550 y 1551 del Código Civil del Estado de Zacatecas, en razón a que es indudable que al exhibir las actas de nacimiento de los menores de mérito, simuló que era el padre biológico de ellos y que consecuentemente con ello tenía las obligaciones de cubrir todo aquello que el Código Civil de Zacatecas, determina como alimentos y que por ello, además de los acreedores alimentarios establecidos por determinación judicial, tenía a su esposa y a sus dos menores hijos biológicos y que al simular que era padre biológico de los multicitados menores, en lugar de ser tres sus acreedores alimentistas, el número aumentaría a seis y que por lo tanto, sus ingresos no le bastaban para incrementar la pensión alimenticia demandada. e) Que si bien es cierto, que por equivocación el asesor jurídico de los quejosos, señaló que la abogada patrona del imputado, cometió el delito a que se refiere el artículo 202 del Código Penal del Estado; también es cierto, que en ningún momento precisó que se refería al delito de concusión, aunado a que en forma clara y precisa señaló que la conducta de la abogada patrona consistía en exhibir a nombre del imputado pruebas de lo que falsamente declaraba a sabiendas de que hacía uso de documentos falsos, a saber de las actas de nacimientos de los menores de mérito; conducta que se encuadra con los supuestos de hecho que integran la figura típica delictiva prevista y sancionada por el artículo 210 del Código Penal para el Estado de Zacatecas. V. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. Los conceptos de violación expresados por la quejosa son infundados. De la resolución reclamada se advierte que la Juez responsable sostuvo su postura en los siguientes argumentos: QUINTO. Sobre los supuestos para abstenerse de investigar, el artículo 248 del Código señalado faculta al Ministerio Público para abstenerse de investigar en aquellos hechos en que, en primer lugar no se haya producido la intervención del juez competente en el procedimiento y por otro lado que los hechos relatados en la denuncia no fueren constitutivos del delito, o bien cuando los antecedentes y datos suministrados permitan establecer que se encuentra extinguida la responsabilidad penal del imputado. En el caso particular se actualiza el primero de los requisitos, en atención a que no se ha producido la intervención del juez competente en el procedimiento en virtud de que no se ha formulado imputación en contra de persona alguna. En cuanto al segundo de los requisitos, la Agente del Ministerio Público determinó que se abstenía de investigar los hechos denunciados por considerar que los mismos no son constitutivos de delito. Al respecto las victimas a través de sus asesores jurídicos manifestaron lo siguiente: Hicieron del conocimiento de esta juzgadora que en octubre del año dos mil trece, se presentó una demanda incidental para el Aumento del Pago de Pensión Alimenticia ante el Juzgado Primero Familiar, radicado con el expediente 129/2007. Además de ello, el demandante a través de su apoderada legal contestó dicha demanda y exhibió unas actas de nacimiento, las cuales son de los menores de edad: Manuel Alejandro y Valeria; éstos menores, quienes fueron adoptados por el probable imputado que es el señor Jorge Rabling; sin embargo, en dicho incidente acreditaron esa adopción a través de las actas de nacimiento donde se verificaba que efectivamente fueron adoptados por el señor Jorge Rabling y por María Guadalupe Moran Tagle. Así mismo, también se me hizo del conocimiento que existen otras actas de nacimiento de estos menores, en las cuales aparece el señor Jorge Rabling como padre biológico y consideran que en virtud a estas circunstancias contradictorias, es que existe la falsificación de estos documentos. Aunado a ello señalan que también en estas actas de nacimiento se verifican las edades diversas entre los hijos adoptados, así como de los padres adoptantes. También manifestaron la existencia de un acta de matrimonio en la que se verificó también un error en las edades de los contrayentes. En las actas de nacimiento, también existe diversidad entre las edades de los padres que comparecieron a registrar a los menores de edad y es por ello que al advertir esta circunstancia, las víctimas acudieron ante el Agente del Ministerio Público a denunciar los presentes hechos considerando que se acreditaba el delito de falsificación de documentos así como el de fraude, previsto en la fracción VII del artículo 340. Y de lo que se informó por parte del asesor jurídico, también se considera acreditado el delito de concusión previsto en el artículo 202 del Código Penal por parte de la abogada patrona del señor Jorge Rabling. Al respecto, la agente del Ministerio Público ha informado que una vez que hizo una investigación respecto a los hechos denunciados, es que no encontró falsificación alguna ni en el acta de nacimiento de los menores ni en la de matrimonio, así como tampoco pudo encontrar alguna simulación de algún acto jurídico, por lo que consideró que no se demostraban los elementos del delito ni siquiera de la falsificación de documentos ni en el de fraude. Respecto al de concusión, no se hizo conocimiento alguno si se inició investigación al respecto, pero si se proporcionó información por la defensa que este delito no fue denunciado, sin embargo en esta audiencia hizo mención a ello. De esta información que he señalado, advierte esta juzgadora que los hechos denunciados efectivamente no son constitutivos de delito, esta juzgadora coincide con el criterio del agente del Ministerio Público en atención a lo siguiente: El artículo 135 del Código Adjetivo establece las funciones del Ministerio Público, en ellas se señala que el Ministerio Público ejercerá la acción penal en la forma establecida por la ley y practicará las diligencias pertinentes y útiles para determinar las existencia del hecho delictivo. Así mismo señala que dirigirá la investigación que realice la policía y vigilará que esta cumpla con los requisitos de legalidad y respeto a los derechos humanos. La agente del Ministerio Público, de la información que proporcionó, he advertido que pudo llevar a cabo una investigación, informó que pudo obtener copia certificada del Incidente dentro del Juicio de Divorcio que se presentó en el año dos mil siete, mediante el cual se firmó un convenio de pensión alimenticia; también que recabó la copia certificada del Incidente para el Aumento de Pensión Alimenticia, así como de un Juicio de Adopción que se llevó a cabo en el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Concepción del Oro, Zacatecas, mediante el cual el señor Jorge Rabling solicitó la adopción de dos menores de edad, Manuel Alejandro y Valeria, en fecha veintisiete de junio del año dos mil trece. También se me informó que a solicitud de la defensa, es que solicitó las copias de actas de nacimiento de los menores y el expediente personal del Oficial del Registro Civil del Municipio de Lerdo, Durango; que ello lo realizó a través de una solicitud de apoyo a la Procuraduría General de Justicia de Durango. Por estos antecedentes de investigación que ha informado la agente del Ministerio Público, advierto que la representación social efectúo efectivamente as facultades que prevé el artículo 135 del Código Procesal Penal, es decir, no hubo inactividad en la investigación del Ministerio Público si no por el contrario, una vez que tuco conocimiento de los hechos delictivos comenzó con la investigación correspondiente. De esa investigación que señaló la agente del Ministerio Público y además de la información que proporcionaron los asesores jurídicos, he advertido que efectivamente existen dos actas de nacimiento de los menores Manuel Alejandro y Valeria, en las cuales, en una de ellas se asienta que el padre biológico de los mismos es el señor Jorge Rabling, sin embargo en otra también se asienta que él es el padre adoptante, es decir, efectivamente hay una contradicción, coincido con los asesores jurídicos; además de que también existe un error o existe falsedad probablemente en la edad tanto de los menores como de los padres. También advierto este error en el acta de matrimonio que se informó y las mismas fueron exhibidas en el Incidente de Aumento de Pensión Alimenticia, ello en virtud de que el probable imputado informó que tiene deudores alimentarios además de los demandantes. Ignoro en este momento si del legajo de investigación se pueda establecer si hay un error por parte del Registro Civil, un error involuntario, un error doloso o si hay una conducta que probablemente se le pueda achacar al probable imputado o a la abogada patrona; esto pudiera ser efectivamente constitutivo de delito si se demostrara, sin embargo, para que se acredite el delito de falsificación de documentos, éste se encuentra previsto en el artículo 221 del Código Penal, en el que existen nueve supuestos para que se acredite este delito: Artículo 221.- El delito de falsificación de documentos públicos o privados se comete por alguno de los medios siguientes: . De estas fracciones la conducta que podría tal vez adecuarse sería la fracción V, la cual dice: "Atribuyéndose el que extiende el documento o atribuyendo a la persona en cuyo nombre lo hace un nombre o una investidura, calidad o circunstancia que no tenga y sea necesaria para la validez del acto"; en el caso e concreto esa calidad que se me ha hecho del conocimiento, es la de padre biológico o la de padre adoptivo respecto de Jorge Rabling; señaló que pudiera verse constitutivo en esta conducta, sin embargo ello no es así, en virtud del artículo 222 del Código Penal: . Estos dos supuestos, para que sea sancionable la falsificación de documentos en el dado caso de que se acreditara, no se demuestran en los presentes hechos, ello por lo siguiente:. Independientemente de que Jorge Rabling sea el padre biológico de los menores o sea el padre adoptivo de ellos, los artículos 264 y 259 del Código Familiar establecen que: "los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos", eso lo prevé el artículo 259, y el 264 señala que "el adoptante y el adoptado tienen obligación de darse alimentos en los casos que la tienen los padres y los hijos"; es decir, no afecta absolutamente en nada si el padre es biológico o es el adoptante pues el resultado va a ser el mismo: él tiene la obligación alimentaria respecto a esos menores y es en virtud a ello que quien debe valorar esa circunstancia es el Juez Familiar para determinar si efectivamente procede la demanda incidental que promovieron las víctimas. Y es al no justificarse que el falsario, en el caso de que haya sido el probablemente imputado Jorge Rabling o la abogada patrona como lo señalan los asesores jurídicos o el Director del Registro Civil de Lerdo, Durango, saque provecho para sí, pues no advierto qué provecho pudieran sacar ellos si finalmente el señor Jorge Rabling es quien tiene la obligación de proporcionar la pensión alimenticia a los menores Manuel Alejandro y Valeria. Por otro lado tampoco resulta un perjuicio ni para el Estado ni para un particular, pues si bien es cierto no procedería probablemente la demanda que promovieron Jorge Carlos Rabling Campos y Rosa Elvira Campos Álvarez en virtud a este supuesto, ello no le causa ningún perjuicio, pues de todas formas los menores de edad que vienen representando Rosa Elvira Campos Alvarez y en su caso Jorge Carlos Rabling Campos, es que de todas formas tienen el derecho de que se les proporcione pensión alimenticia por su padre, independientemente de que en el acta de nacimiento de los otros menores se advierta que sea el padre biológico o el padre adoptivo. Eso es cuanto al delito de falsificación de documentos, en general es por ello que considero que no se acredita este delito. Ahora bien respecto al delito de fraude previsto en el artículo 340 fracción VIII, señala que: "comete el delito de fraude el que simule un contrato, un acto o escrito judicial con perjuicio de otro" . De igual forma no advierto que de ese error o de esa contradicción que haya en las actas de matrimonio se simule un acto o escrito judicial y que con ello se haya obtenido un lucro indebido por parte del señor Jorge Rabling, por eso también considero que no se demuestra el delito de fraude. En cuanto al artículo 202 que manifestó el asesor jurídico que considera que esa conducta la cometió la abogada patrona, no hay denuncia al respecto ni tampoco investigación alguna, pero advierto que este delito se puede perseguir de manera oficiosa, sin embargo el Ministerio Público no ha de haber advertido tampoco la comisión de este ilícito y es por ello que no se inició la investigación. Ese artículo que invocó el asesor jurídico cuando hizo una relación de los diversos artículos que consideraba se cometían los delitos, es el de concusión y señala que: "comete el delito de conclusión el encargado de un servicio público que con el carácter de tal y a título de impuesto o contribución, recargo, renta, rédito, salario o emolumento exija por sí o por medio de otro dinero, valores, servicios o cualquiera de otra cosa indebida o en mayor cantidad que la señalada por la ley". En primer lugar se advierte que el requisito para este delito es que el sujeto activo deba ser un servidor público y en el caso en concreto, es una abogada patrona la que realizó la conducta de exhibir estas actas de matrimonio y es por ello que el Ministerio Público no inició la investigación. Los demás artículos que hizo mención el asesor jurídico son el 221, 222, 223, 225, 230, 339 fracción I, 304 fracción IX, así como el 202 del código Penal, todos ellos tienen relación efectivamente con la falsedad de documentos con el fraude y con la concusión, a los que ya me he avocado. Así mismo el asesor jurídico solicitó se le diera vista a la Procuradora General de Justicia respecto a los presentes hechos, sin embargo he de advertirle a los asesores jurídicos que la intención de esta impugnación o la finalidad de esta impugnación es que se reabra la investigación, es decir, esta juzgadora no tiene facultades para darle vista a la Procuradora General de Justicia respecto a estos hechos, pues lo que se me está haciendo del conocimiento es la impugnación de una determinación de abstención de investigación . En todo caso, si hubiera un inconveniente respecto a la actividad que realizó la agente del Ministerio Público, las víctimas tienen el derecho de llevar a cabo el procedimiento administrativo correspondiente dentro de la Procuraduría General de Justicia, aquí únicamente es para ver si hay más antecedentes que investigar y por ello se ordene por parte de esta juzgadora se reabra la investigación, sin embargo no advierto que hubiera más antecedentes para recabar dentro del presente legajo de investigación. Otro hecho que se denunció por parte de los asesores jurídicos es que no se citó a los probables imputados y ni siquiera se les individualizó. Recordemos que en este nuevo Sistema de Justicia Penal se cita a una persona que es probable imputada, ya sea para formularle imputación en una audiencia o la policía ministerial acude para recabarle su acta de individualización; sin embargo el acta de individualización la única función que tiene es precisamente recabar sus datos personales para posteriormente citarlo a una audiencia de formulación de imputación. El agente del Ministerio Público no tiene la posibilidad de recabarle una declaración al imputado, sino únicamente un juez en una audiencia de formulación de imputación y una vez que haya sido asesorado por su defensor, por lo que no advierto la necesidad que el agente del Ministerio Público haya tenido que citar a los probables imputados para continuar con su investigación. Por otro lado, respecto a que no hay acta de individualización de los imputados, es que probablemente la agente del Ministerio Público no haya ordenado se recabaran estas actas, en virtud a que consideró que no se demostraba ningún hecho delictuoso. Es por todo lo anterior que insisto, coincido con la agente del Ministerio Público que en los presentes hechos no existe un delito por el cual se continúe la investigación correspondiente, es por ello que la decisión de la agente del Ministerio Público se encuentra apegada a derecho y por lo mismo se determina lo siguiente: RESOLUTIVOS: PRIMERO. Se mantiene firme la determinación de fecha veintitrés de abril del año dos mil quince a través de la cual la agente del Ministerio Público con apoyo en lo dispuesto por el artículo 248 del Código Procesal Penal para el Estado de Zacatecas, ejerce su facultad de abstenerse de investigar dentro del legajo de investigación 6821/2014, por considerar que los hechos denunciados no son constitutivos de delito. SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 50, párrafo primero del Código Procesal Penal para el Estado de Zacatecas, quedan en este acto notificados los intervinientes del contenido de la presente resolución. De la transcripción anterior, se advierte que son infundados los conceptos de violación hechos valer por los menores quejosos ANDRÉS ALEJANDRO y AXEL IVÁN, ambos de apellidos RABLING CAMPOS, a través de su representante Rosa Elvira Campos Álvares, como se verá a continuación: Los quejosos aducen en su concepto de violación identificado en el inciso a) que la Juez responsable resolvió la impugnación como si se tratara de una audiencia de juicio oral y su determinación se hubiera tomado conforme a las pruebas desahogadas en dicha audiencia, olvidándose que conforme a los artículos 16 y 19 constitucionales, para dictar una orden de aprehensión y un auto de vinculación a proceso, únicamente se requieren datos de prueba, no pruebas plenas, es decir que para ello es suficiente que obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad que el indiciado o el imputado lo cometió o participó en su comisión; por lo que la Juez responsable con base en el artículo 22 del Código Penal, determinó como si fuera sentencia de fondo, que al no cumplirse con los requisitos exigidos por este artículo, el delito de falsificación no era sancionable y que por tanto, ese delito no existía. Es infundado su concepto de violación. El artículo 248 del Código Procesal Penal del Estado de Zacatecas, dispone lo siguiente: "Artículo 248. En tanto no se produzca la intervención del juez competente en el procedimiento, el Ministerio Público podrá abstenerse de toda investigación, cuando los hechos relatados en la denuncia no fueren constitutivos de delito o cuando los antecedentes y datos suministrados permitan establecer que se encuentra extinguida la responsabilidad penal del imputado". Del citado precepto legal, se advierte que se faculta al Ministerio Público para abstenerse de investigar en aquellos hechos en que, en primer lugar no se haya producido la intervención del juez competente en el procedimiento y por otro lado que los hechos relatados en la denuncia no fueren constitutivos del delito, o bien cuando los antecedentes y datos suministrados permitan establecer que se encuentra extinguida la responsabilidad penal del imputado. Como bien lo determinó la juez responsable, en el presente caso, se actualiza el primero de los requisitos, en atención a que no se ha producido la intervención del juez competente en el procedimiento en virtud de que no se formuló imputación en contra de persona alguna; y en cuanto al segundo de los requisitos, la Agente del Ministerio Público determinó que se abstenía de investigar los hechos denunciados por considerar que los mismos no son constitutivos de delito; por lo que, contrario a lo que aducen los quejosos, si bien, no se requieren pruebas plenas; sí se requiere que los hechos relatados en la denuncia sean constitutivos de delito, como en el caso no sucede, ya que de la resolución reclamada, se advierte que la juez responsable determinó coincidir con la agente del Ministerio Público, en el sentido de que en los autos en estudio no existe un delito por el cual se continúe la investigación correspondiente. Por tanto, es correcto la postura de la Juez responsable al considerar firme la determinación del Ministerio Público de abstenerse de investigar dentro del legajo de investigación 6821/2014, por considerar que los hechos denunciados no son constitutivos de delito, de acuerdo a las consideraciones con que sostuvo su postura la juez responsable, respecto a los delitos de falsedad de documentos, fraude y concusión. En cuanto atañe a los conceptos de violación identificados en los incisos b) y d) en el que se indica que la autoridad responsable en la resolución reclamada determinó que los hechos denunciados por los ahora quejosos no son constitutivos de delito; sin embargo, de las constancias procesales se advierte que existen y se encuentran integradas en la carpeta e investigación, copia certificada de dos actas de nacimiento de los menores Manuel Alejandro y Valeria, en las que aparecen ambos con los apellidos Rabling Morán, donde del imputado aparece como padre biológico de los menores; así como copia certificada de las actas de nacimiento de los citados menores, donde aparece como su padre biológico, quien realmente lo fue Manuel Arreola Arreola. Así como la confesión expresa del imputado, donde se advierte que los menores que pretende adoptar se apellidan Arreola Morán y que eran hijos del señor Manuel Arreola Arreola. Y que no se tomó en consideración lo previsto por los artículos 340 del Código Penal de Estado, 1550 y 1551 del Código Civil del Estado. Dichos conceptos de violación, resulta infundados, porque como bien lo determinó la Juez responsable, si bien, de la investigación realizada por la agente del Ministerio Público, así como de la información proporcionada por los asesores jurídicos, se advierte que efectivamente existen dos actas de nacimiento de los menores Manuel Alejandro y Valeria, en las cuales, en una de ellas se asienta que el padre biológico de ellos, es Jorge Rabling, mientras que en otra, se asienta que él es el padre adoptante, de lo que se colige que efectivamente hay una contradicción. Sin embargo, no se pudo constatar si existe un error por parte del Registro Civil, un error doloso o, si hay una conducta que probablemente se le pueda achacar al probable imputado aquí quejoso, que pudiera ser constitutiva de delito si se demostrara, en razón a que, el artículo 222 del Código Penal del Estado, establece que para que el delito de falsificación de documentos sea sancionable como tal, se necesita que concurran los siguientes requisitos: Que el falsario saque o se proponga sacar provecho para sí o para otro, o causar perjuicio a la sociedad, al Estado o a un tercero; y Que resulte o pueda resultar perjuicio a la sociedad al Estado o a un particular, ya sea en bienes, en su persona, en su honra o en su reputación. Requisitos que en el presente caso, no se demuestran, en razón a que independientemente de que Jorge Rabling sea el padre biológico de los menores o sea el padre adoptivo de ellos, éste tiene la obligación de darle alimentos a sus hijos, es decir, no afecta absolutamente en nada si el padre es biológico o es el adoptante pues el resultado va a ser el mismo, él tiene la obligación alimentaria respecto a esos menores. Y al no justificarse que el falsario, en el caso de que haya sido el probablemente imputado aquí quejoso Jorge Rabling, la abogada patrona o el Director del Registro Civil de Lerdo, Durango, saquen provecho para sí, pues no se advierte qué provecho pudieran sacar ellos, si finalmente es Jorge Rabling quien tiene la obligación de proporcionar la pensión alimenticia a los menores Manuel Alejandro y Valeria, así como a los menores aquí quejosos Andrés Alejandro y Axel Iván, de apellidos Rabling Campos, independientemente de que en el acta de nacimiento de los otros menores (Manuel Alejandro y Valeria) se advierta que sea el padre biológico o el padre adoptivo. En lo que respecta al concepto de violación identificado en el inciso c) en el que se indica que la juez responsable no analizó el delito de uso de documento falso. Dicho argumento es infundado, ya que de la resolución reclamada se advierte que la agente del Ministerio Público informó que una vez que hizo una investigación, no se encontró falsificación alguna de ningún documento, por lo que es obvio que si no existe documento falso, tampoco se puede actualizar la figura del uso de documento falso, ya que para que se de su uso, primero debe de existir. Finalmente, en lo que atañe al concepto de violación identificado en el inciso e) en donde los quejosos argumentan que si bien es cierto, que por equivocación su asesor jurídico, señaló que la abogada patrona del imputado, cometió el delito a que se refiere el artículo 202 del Código Penal del Estado; también es cierto, que en ningún momento precisó a que se refería al delito de concusión, aunado a que en forma clara y precisa señaló que la conducta de la abogada patrona consistía en exhibir a nombre del imputado pruebas de lo que falsamente declaraba a sabiendas de que hacía uso de documentos falsos, a saber de las actas de nacimientos de los menores de mérito; conducta que se encuadra con los supuestos de hecho que integran la figura típica delictiva prevista y sancionada por el artículo 210 del Código Penal para el Estado de Zacatecas. Sin embargo, dicha precisión debieron hacerla ante el Juez responsable, ya que en la resolución reclamada se advierte que el delito en estudio fue el de concusión y no el que indican a que se refiere el artículo 210 del Código Penal del Estado; resultando infundado su argumento. En consecuencia, habiendo resultado infundados los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 74, 76 y 124, de la Ley de Amparo, es de resolverse y se RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de garantías promovido por JORGE CARLOS RABLING CAMPOS, contra el acto reclamado a la autoridad responsable, precisada en el resultando primero de este fallo, por las razones asentadas en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. La justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ROSA ELVIRA CAMPOS ÁLVARES, en representación de los menores ANDRÉS ALEJANDRO y AXEL IVÁN, ambos de apellidos RABLING CAMPOS, contra los actos reclamados a la Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de este Distrito Judicial, precisados en el resultando primero de este fallo, por los motivos expresados en el considerando último del mismo. Notifíquese personalmente a las partes y a la autoridad responsable por medio de oficio. Así lo resolvió y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con la Secretaria que autoriza, licenciada María Soledad Torres Muguiro, hasta el día de hoy uno de octubre de dos mil quince, en que las labores del Juzgado lo permitieron.- DOY FE. mtm

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA SENTENCIA DICTADA EN FECHA UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c), DE LA LEY DE AMPARO: "VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 1149/2015; y, RESULTANDO 1º. Demanda de Amparo. En escrito presentado el dos de julio de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, JORGE CARLOS RABLING CAMPOS y ROSA ELVIRA CAMPOS ÁLVARES, el primero por su propio derecho y la segunda en representación de los menores ANDRÉS ALEJANDRO y AXEL IVÁN, ambos de apellidos RABLING CAMPOS, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad, acto y por violación a las garantías individuales contenidas en los preceptos constitucionales, que enseguida se precisan: Autoridad Responsable Juez de Control de este Distrito Judicial. Acto Reclamado La resolución de doce de junio de dos mil quince, dictada dentro de la causa número 28/2015, dictada por la Juez de Control de este Distrito Judicial, a través de la cual se determinó declarar firme la determinación de veintitrés de abril de dos mil quince, en la que se decretó la abstención de investigación respecto de los hechos denunciados por los quejosos. Preceptos constitucionales que se estiman violados. Los quejosos señalaron como garantías individuales violadas, las contempladas en los artículos 1°, 16, 17, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2°.- Trámite del juicio de amparo. Mediante auto de tres de julio de dos mil quince, se admitió a trámite la demanda de garantías, se registró bajo el expediente 1149/2015, se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable; se dio a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita la intervención que legalmente le compete; se emplazó a la parte tercero interesada; y se fijó día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de esta resolución. CONSIDERANDO I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas es competente para resolver en definitiva el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos que se atribuyen a autoridades residentes en la demarcación territorial asignada a este Juzgado de la Federación. II. Precisión y existencia del acto reclamado. II. 1. Precisión. Previo a establecer la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, pero prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004. En ese sentido, de las constancias que integran el presente juicio de garantías se advierte que los quejosos reclaman: La resolución de doce de junio de dos mil quince, dictada dentro de la causa número 28/2015, dictada por la Juez de Control de este Distrito Judicial, a través de la cual se determinó declarar firme la determinación de veintitrés de abril de dos mil quince, en la que se decretó la abstención de investigación respecto de los hechos denunciados por los quejosos. II. 2. Inexistencia, certeza o presunción del acto reclamado. Una vez determinado cuál es el acto reclamado, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, certeza o presunción de los mismos, tal y como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis del rubro y texto siguientes: SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad. II.2.1. Certeza: La Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la capital, al rendir su informe con justificación reconoció la existencia del acto que se le atribuye. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Además, la certeza del acto reclamado, se corrobora con las constancias que integran la causa penal 28/2015, remitidas por la Juez responsable como justificación de sus actos; documentales que revisten plena eficacia probatoria, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°, de éste último ordenamiento legal, ya que se trata de documentos públicos expedidos por autoridad en ejercicio de sus atribuciones, y además de ellos se desprende la existencia del auto de seis de marzo del año en curso, que constituye el acto reclamado. En este sentido, es aplicable, la tesis del rubro y texto siguiente: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Al respecto, es aplicable, la tesis cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. Ahora bien, la apoderada legal del tercero interesado Jorge Rabling Aguilar, en su escrito registrado con el número 14932, hizo valer la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, lo que este Tribunal Federal comparte, únicamente por lo que respecta al quejoso JORGE CARLOS RABLING CAMPOS. En efecto, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: Fracción XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" En el precepto y fracción transcrita se consigna la improcedencia del juicio de amparo, cuando no se han agotado los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley que rige el acto reclamado precisa, particularmente respecto de resoluciones emitidas por órganos jurisdiccionales. Por su parte el artículo 450, fracción I, del Código de Procedimientos Penales del Estado, establece: Artículo. 450. Sin perjuicio de otras disposiciones establecidas en este Código, el recurso de apelación procederá solamente contra las resoluciones dictadas por los jueces competentes en las etapas preliminar e intermedia, siempre que sean declaradas apelables, causen agravio irreparable, pongan fin a la acción o imposibiliten que esta continúe: Serán apelables las siguientes resoluciones: Las que pongan fin al procedimiento, hagan imposible su prosecución o lo suspendan por más de treinta días; Ahora bien, en el caso, a fin de determinar si se actualiza o no la causa de improcedencia en comento, es menester destacar los antecedentes del asunto, a fin de establecer un panorama de referencia y dar una mejor intelección al asunto: Que mediante resolución de veintitrés de abril de dos mil quince, el Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación Mixta, decretó la abstención de la investigación respecto a los hechos que fueron denunciados por los aquí quejosos en contra de Jorge Rabling Aguilar. En contra de esa determinación los aquí quejosos, la impugnaron ante el Juez de Control, en vía incidental. Por lo que la Juez responsable, en resolución de doce de junio el presente año, determinó mantener firme la determinación de veintitrés de abril de dos mil quince, emitida por el Fiscal investigador. Resolución ésta que constituye materia de reclamo en esta instancia constitucional. De lo anterior, se colige que en el caso particular se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por incumplimiento del principio de definitividad, al no haberse agotado previamente a la instancia constitucional el medio de defensa previsto por el invocado artículo 450, fracción I, del Código de Procedimientos Penales del Estado. Se estima de esta manera, precisamente porque el acto de molestia del que se duele el quejoso JORGE CARLOS RABLING CAMPOS, es apelable, a través del cual, la determinación que constituye materia de reclamo puede ser modificada, revocada o nulificada; concluyéndose que el impetrante previo a acudir a esta vía constitucional, debió hacer valer el medio de impugnación que la ley contempla, observando de esa forma el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de garantías y como no lo hizo, es claro que el presente juicio deviene improcedente. Tiene sustento lo anterior, en la tesis del epígrafe y contenido siguiente: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que nos es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. Así las cosas, al haberse actualizado la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por tanto, con fundamento en el diverso artículo 63, fracción V, del cuerpo de leyes invocado, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO en el presente juicio, únicamente por lo que ve al quejoso JORGE CARLOS RABLING CAMPOS. Sin embargo, contrario a lo manifestado por la apoderada legal del tercero interesado Jorge Rabling Aguilar, en su escrito registrado con el número 14932, por lo que atañe a los menores ANDRÉS ALEJANDRO y AXEL IVÁN, ambos de apellidos RABLING CAMPOS, no se actualiza la causa de improcedencia en estudio, en razón de que en el presente caso, se actualiza la excepción al principio de definitividad, por encontrarse involucrados los citados quejosos menores. Encuentra apoyo lo anterior, en la jurisprudencia del epígrafe y contenido siguiente: DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO. En términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y, particularmente, otorgar una protección especial a los derechos de la infancia por las circunstancias de vulnerabilidad en que se hallan. Por lo anterior, y en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la propia Constitución y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se sigue que se actualiza una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que esté involucrado un menor de edad, cuando, de acuerdo con la legislación aplicable al caso, el recurso ordinario que deba agotarse no admita suspensión y cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada, pues en ese supuesto el recurso es inadecuado o ineficaz para alejarlo de la situación de vulnerabilidad en que pueda encontrarse. Lo anterior es así, pues el principio de definitividad supone la existencia de recursos idóneos, efectivos, oportunos y aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes cometidas en el acto o resolución impugnada. IV. Litis Constitucional. IV. 1. Conceptos de violación. Es innecesario transcribir los conceptos de violación, al no ser un requisito exigido por el artículo 77 de la Ley de Amparo, conforme lo dispone la tesis cuyo rubro y texto son: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer ". La parte quejosa expresó como conceptos de violación los siguientes: a). Que la autoridad responsable con la emisión de la resolución reclamada, violó derechos humanos y garantías, en forma general por la denegación al acceso a la justicia y en forma particular el acceso a una justicia imparcial, toda vez que en la audiencia de impugnación de abstención de investigación, se le señaló a la juez responsable que consideraban que la resolución el Ministerio Público, no se encontraba debidamente motivada y que al parecer con ese procedimiento oral desaparecían los delitos perseguidos de oficio, ya que el Ministerio Público no había valorado correctamente las constancias procesales; por lo que la Juez responsable resolvió la impugnación como si se tratara de una audiencia de juicio oral y su determinación se hubiera tomado conforme a las pruebas desahogadas en dicha audiencia, olvidándose que conforme a los artículos 16 y 19 constitucionales, para dictar una orden de aprehensión y un auto de vinculación a proceso, únicamente se requieren datos de prueba, no pruebas plenas, es decir que para ello es suficiente que obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad que el indiciado o el imputado lo cometió o participó en su comisión; por lo que la Juez responsable con base en el artículo 22 del Código Penal, determinó como si fuera sentencia de fondo, que al no cumplirse con los requisitos exigidos por este artículo, el delito de falsificación no era sancionable y que por tanto, ese delito no existía. b) Que la autoridad responsable en la resolución reclamada determinó que los hechos denunciados por los ahora quejosos no son constitutivos de delito; sin embargo, de las constancias procesales se advierte que existen y se encuentran integradas en la carpeta e investigación, copia certificada de dos actas de nacimiento de los menores Manuel Alejandro y Valeria, en las que aparecen ambos con los apellidos Rabling Morán, donde el imputado aparece como padre biológico de los menores; así como copia certificada de las actas de nacimiento de los citados menores, donde aparece como su padre biológico, quien realmente lo fue Manuel Arreola Arreola. Así como la confesión expresa del imputado, donde se advierte que los menores que pretende adoptar se apellidan Arreola Morán y que eran hijos del señor Manuel Arreola Arreola. Por lo que, conforme al principio de contradicción, se puede determinar que las actas de nacimiento de los menores relacionados con el procedimiento de origen, no pueden ser las dos falsas y auténticas al mismo tiempo, ya que aparecen como padres biológicos diferentes personas, de lo que se concluye que una de esas actas es auténtica y la otra falsa. c) Que la autoridad responsable con la emisión de la resolución reclamada, violó derechos humanos y garantías, en forma general por la denegación al acceso a la justicia y en forma particular el acceso a una justicia imparcial, al determinar que los hechos denunciados por los ahora quejosos no son constitutivos de delito, en razón a que la Juez responsable no analizó el delito de uso de documento falso, seguramente por haber considerado que al no existir la falsificación y consecuentemente no existir un documento falso, éste no podría ser usado; sin embargo, el imputado así como la profesionista que lo representó, sabían perfectamente que estaban utilizando documentos falsos, ya que al dar contestación a la demanda incidental de acción de mutuación de pensión alimenticia, tramitado dentro del expediente 127/2007 del índice del Juzgado Primero de lo Familiar de este Distrito Judicial, el tres de diciembre de dos mil trece, junto con el escrito de contestación, exhibieron las actas de nacimiento de los menores Manuel Alejandro y Valeria, ambos con los apellidos Rabling Morán, donde del imputado aparece como su padre biológico, cuando él sabe que no lo es; por lo que es obvio que él sabía que estaba usando documentos falsos en un procedimiento judicial. d) Que la Juez responsable consideró que los hechos denunciados por los ahora quejosos no son constitutivos de delito; sin embargo, no tomó en consideración lo previsto por los artículos 340 del Código Penal del Estado, 1550 y 1551 del Código Civil del Estado de Zacatecas, en razón a que es indudable que al exhibir las actas de nacimiento de los menores de mérito, simuló que era el padre biológico de ellos y que consecuentemente con ello tenía las obligaciones de cubrir todo aquello que el Código Civil de Zacatecas, determina como alimentos y que por ello, además de los acreedores alimentarios establecidos por determinación judicial, tenía a su esposa y a sus dos menores hijos biológicos y que al simular que era padre biológico de los multicitados menores, en lugar de ser tres sus acreedores alimentistas, el número aumentaría a seis y que por lo tanto, sus ingresos no le bastaban para incrementar la pensión alimenticia demandada. e) Que si bien es cierto, que por equivocación el asesor jurídico de los quejosos, señaló que la abogada patrona del imputado, cometió el delito a que se refiere el artículo 202 del Código Penal del Estado; también es cierto, que en ningún momento precisó que se refería al delito de concusión, aunado a que en forma clara y precisa señaló que la conducta de la abogada patrona consistía en exhibir a nombre del imputado pruebas de lo que falsamente declaraba a sabiendas de que hacía uso de documentos falsos, a saber de las actas de nacimientos de los menores de mérito; conducta que se encuadra con los supuestos de hecho que integran la figura típica delictiva prevista y sancionada por el artículo 210 del Código Penal para el Estado de Zacatecas. V. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. Los conceptos de violación expresados por la quejosa son infundados. De la resolución reclamada se advierte que la Juez responsable sostuvo su postura en los siguientes argumentos: QUINTO. Sobre los supuestos para abstenerse de investigar, el artículo 248 del Código señalado faculta al Ministerio Público para abstenerse de investigar en aquellos hechos en que, en primer lugar no se haya producido la intervención del juez competente en el procedimiento y por otro lado que los hechos relatados en la denuncia no fueren constitutivos del delito, o bien cuando los antecedentes y datos suministrados permitan establecer que se encuentra extinguida la responsabilidad penal del imputado. En el caso particular se actualiza el primero de los requisitos, en atención a que no se ha producido la intervención del juez competente en el procedimiento en virtud de que no se ha formulado imputación en contra de persona alguna. En cuanto al segundo de los requisitos, la Agente del Ministerio Público determinó que se abstenía de investigar los hechos denunciados por considerar que los mismos no son constitutivos de delito. Al respecto las victimas a través de sus asesores jurídicos manifestaron lo siguiente: Hicieron del conocimiento de esta juzgadora que en octubre del año dos mil trece, se presentó una demanda incidental para el Aumento del Pago de Pensión Alimenticia ante el Juzgado Primero Familiar, radicado con el expediente 129/2007. Además de ello, el demandante a través de su apoderada legal contestó dicha demanda y exhibió unas actas de nacimiento, las cuales son de los menores de edad: Manuel Alejandro y Valeria; éstos menores, quienes fueron adoptados por el probable imputado que es el señor Jorge Rabling; sin embargo, en dicho incidente acreditaron esa adopción a través de las actas de nacimiento donde se verificaba que efectivamente fueron adoptados por el señor Jorge Rabling y por María Guadalupe Moran Tagle. Así mismo, también se me hizo del conocimiento que existen otras actas de nacimiento de estos menores, en las cuales aparece el señor Jorge Rabling como padre biológico y consideran que en virtud a estas circunstancias contradictorias, es que existe la falsificación de estos documentos. Aunado a ello señalan que también en estas actas de nacimiento se verifican las edades diversas entre los hijos adoptados, así como de los padres adoptantes. También manifestaron la existencia de un acta de matrimonio en la que se verificó también un error en las edades de los contrayentes. En las actas de nacimiento, también existe diversidad entre las edades de los padres que comparecieron a registrar a los menores de edad y es por ello que al advertir esta circunstancia, las víctimas acudieron ante el Agente del Ministerio Público a denunciar los presentes hechos considerando que se acreditaba el delito de falsificación de documentos así como el de fraude, previsto en la fracción VII del artículo 340. Y de lo que se informó por parte del asesor jurídico, también se considera acreditado el delito de concusión previsto en el artículo 202 del Código Penal por parte de la abogada patrona del señor Jorge Rabling. Al respecto, la agente del Ministerio Público ha informado que una vez que hizo una investigación respecto a los hechos denunciados, es que no encontró falsificación alguna ni en el acta de nacimiento de los menores ni en la de matrimonio, así como tampoco pudo encontrar alguna simulación de algún acto jurídico, por lo que consideró que no se demostraban los elementos del delito ni siquiera de la falsificación de documentos ni en el de fraude. Respecto al de concusión, no se hizo conocimiento alguno si se inició investigación al respecto, pero si se proporcionó información por la defensa que este delito no fue denunciado, sin embargo en esta audiencia hizo mención a ello. De esta información que he señalado, advierte esta juzgadora que los hechos denunciados efectivamente no son constitutivos de delito, esta juzgadora coincide con el criterio del agente del Ministerio Público en atención a lo siguiente: El artículo 135 del Código Adjetivo establece las funciones del Ministerio Público, en ellas se señala que el Ministerio Público ejercerá la acción penal en la forma establecida por la ley y practicará las diligencias pertinentes y útiles para determinar las existencia del hecho delictivo. Así mismo señala que dirigirá la investigación que realice la policía y vigilará que esta cumpla con los requisitos de legalidad y respeto a los derechos humanos. La agente del Ministerio Público, de la información que proporcionó, he advertido que pudo llevar a cabo una investigación, informó que pudo obtener copia certificada del Incidente dentro del Juicio de Divorcio que se presentó en el año dos mil siete, mediante el cual se firmó un convenio de pensión alimenticia; también que recabó la copia certificada del Incidente para el Aumento de Pensión Alimenticia, así como de un Juicio de Adopción que se llevó a cabo en el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Concepción del Oro, Zacatecas, mediante el cual el señor Jorge Rabling solicitó la adopción de dos menores de edad, Manuel Alejandro y Valeria, en fecha veintisiete de junio del año dos mil trece. También se me informó que a solicitud de la defensa, es que solicitó las copias de actas de nacimiento de los menores y el expediente personal del Oficial del Registro Civil del Municipio de Lerdo, Durango; que ello lo realizó a través de una solicitud de apoyo a la Procuraduría General de Justicia de Durango. Por estos antecedentes de investigación que ha informado la agente del Ministerio Público, advierto que la representación social efectúo efectivamente as facultades que prevé el artículo 135 del Código Procesal Penal, es decir, no hubo inactividad en la investigación del Ministerio Público si no por el contrario, una vez que tuco conocimiento de los hechos delictivos comenzó con la investigación correspondiente. De esa investigación que señaló la agente del Ministerio Público y además de la información que proporcionaron los asesores jurídicos, he advertido que efectivamente existen dos actas de nacimiento de los menores Manuel Alejandro y Valeria, en las cuales, en una de ellas se asienta que el padre biológico de los mismos es el señor Jorge Rabling, sin embargo en otra también se asienta que él es el padre adoptante, es decir, efectivamente hay una contradicción, coincido con los asesores jurídicos; además de que también existe un error o existe falsedad probablemente en la edad tanto de los menores como de los padres. También advierto este error en el acta de matrimonio que se informó y las mismas fueron exhibidas en el Incidente de Aumento de Pensión Alimenticia, ello en virtud de que el probable imputado informó que tiene deudores alimentarios además de los demandantes. Ignoro en este momento si del legajo de investigación se pueda establecer si hay un error por parte del Registro Civil, un error involuntario, un error doloso o si hay una conducta que probablemente se le pueda achacar al probable imputado o a la abogada patrona; esto pudiera ser efectivamente constitutivo de delito si se demostrara, sin embargo, para que se acredite el delito de falsificación de documentos, éste se encuentra previsto en el artículo 221 del Código Penal, en el que existen nueve supuestos para que se acredite este delito: Artículo 221.- El delito de falsificación de documentos públicos o privados se comete por alguno de los medios siguientes: . De estas fracciones la conducta que podría tal vez adecuarse sería la fracción V, la cual dice: "Atribuyéndose el que extiende el documento o atribuyendo a la persona en cuyo nombre lo hace un nombre o una investidura, calidad o circunstancia que no tenga y sea necesaria para la validez del acto"; en el caso e concreto esa calidad que se me ha hecho del conocimiento, es la de padre biológico o la de padre adoptivo respecto de Jorge Rabling; señaló que pudiera verse constitutivo en esta conducta, sin embargo ello no es así, en virtud del artículo 222 del Código Penal: . Estos dos supuestos, para que sea sancionable la falsificación de documentos en el dado caso de que se acreditara, no se demuestran en los presentes hechos, ello por lo siguiente:. Independientemente de que Jorge Rabling sea el padre biológico de los menores o sea el padre adoptivo de ellos, los artículos 264 y 259 del Código Familiar establecen que: "los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos", eso lo prevé el artículo 259, y el 264 señala que "el adoptante y el adoptado tienen obligación de darse alimentos en los casos que la tienen los padres y los hijos"; es decir, no afecta absolutamente en nada si el padre es biológico o es el adoptante pues el resultado va a ser el mismo: él tiene la obligación alimentaria respecto a esos menores y es en virtud a ello que quien debe valorar esa circunstancia es el Juez Familiar para determinar si efectivamente procede la demanda incidental que promovieron las víctimas. Y es al no justificarse que el falsario, en el caso de que haya sido el probablemente imputado Jorge Rabling o la abogada patrona como lo señalan los asesores jurídicos o el Director del Registro Civil de Lerdo, Durango, saque provecho para sí, pues no advierto qué provecho pudieran sacar ellos si finalmente el señor Jorge Rabling es quien tiene la obligación de proporcionar la pensión alimenticia a los menores Manuel Alejandro y Valeria. Por otro lado tampoco resulta un perjuicio ni para el Estado ni para un particular, pues si bien es cierto no procedería probablemente la demanda que promovieron Jorge Carlos Rabling Campos y Rosa Elvira Campos Álvarez en virtud a este supuesto, ello no le causa ningún perjuicio, pues de todas formas los menores de edad que vienen representando Rosa Elvira Campos Alvarez y en su caso Jorge Carlos Rabling Campos, es que de todas formas tienen el derecho de que se les proporcione pensión alimenticia por su padre, independientemente de que en el acta de nacimiento de los otros menores se advierta que sea el padre biológico o el padre adoptivo. Eso es cuanto al delito de falsificación de documentos, en general es por ello que considero que no se acredita este delito. Ahora bien respecto al delito de fraude previsto en el artículo 340 fracción VIII, señala que: "comete el delito de fraude el que simule un contrato, un acto o escrito judicial con perjuicio de otro" . De igual forma no advierto que de ese error o de esa contradicción que haya en las actas de matrimonio se simule un acto o escrito judicial y que con ello se haya obtenido un lucro indebido por parte del señor Jorge Rabling, por eso también considero que no se demuestra el delito de fraude. En cuanto al artículo 202 que manifestó el asesor jurídico que considera que esa conducta la cometió la abogada patrona, no hay denuncia al respecto ni tampoco investigación alguna, pero advierto que este delito se puede perseguir de manera oficiosa, sin embargo el Ministerio Público no ha de haber advertido tampoco la comisión de este ilícito y es por ello que no se inició la investigación. Ese artículo que invocó el asesor jurídico cuando hizo una relación de los diversos artículos que consideraba se cometían los delitos, es el de concusión y señala que: "comete el delito de conclusión el encargado de un servicio público que con el carácter de tal y a título de impuesto o contribución, recargo, renta, rédito, salario o emolumento exija por sí o por medio de otro dinero, valores, servicios o cualquiera de otra cosa indebida o en mayor cantidad que la señalada por la ley". En primer lugar se advierte que el requisito para este delito es que el sujeto activo deba ser un servidor público y en el caso en concreto, es una abogada patrona la que realizó la conducta de exhibir estas actas de matrimonio y es por ello que el Ministerio Público no inició la investigación. Los demás artículos que hizo mención el asesor jurídico son el 221, 222, 223, 225, 230, 339 fracción I, 304 fracción IX, así como el 202 del código Penal, todos ellos tienen relación efectivamente con la falsedad de documentos con el fraude y con la concusión, a los que ya me he avocado. Así mismo el asesor jurídico solicitó se le diera vista a la Procuradora General de Justicia respecto a los presentes hechos, sin embargo he de advertirle a los asesores jurídicos que la intención de esta impugnación o la finalidad de esta impugnación es que se reabra la investigación, es decir, esta juzgadora no tiene facultades para darle vista a la Procuradora General de Justicia respecto a estos hechos, pues lo que se me está haciendo del conocimiento es la impugnación de una determinación de abstención de investigación . En todo caso, si hubiera un inconveniente respecto a la actividad que realizó la agente del Ministerio Público, las víctimas tienen el derecho de llevar a cabo el procedimiento administrativo correspondiente dentro de la Procuraduría General de Justicia, aquí únicamente es para ver si hay más antecedentes que investigar y por ello se ordene por parte de esta juzgadora se reabra la investigación, sin embargo no advierto que hubiera más antecedentes para recabar dentro del presente legajo de investigación. Otro hecho que se denunció por parte de los asesores jurídicos es que no se citó a los probables imputados y ni siquiera se les individualizó. Recordemos que en este nuevo Sistema de Justicia Penal se cita a una persona que es probable imputada, ya sea para formularle imputación en una audiencia o la policía ministerial acude para recabarle su acta de individualización; sin embargo el acta de individualización la única función que tiene es precisamente recabar sus datos personales para posteriormente citarlo a una audiencia de formulación de imputación. El agente del Ministerio Público no tiene la posibilidad de recabarle una declaración al imputado, sino únicamente un juez en una audiencia de formulación de imputación y una vez que haya sido asesorado por su defensor, por lo que no advierto la necesidad que el agente del Ministerio Público haya tenido que citar a los probables imputados para continuar con su investigación. Por otro lado, respecto a que no hay acta de individualización de los imputados, es que probablemente la agente del Ministerio Público no haya ordenado se recabaran estas actas, en virtud a que consideró que no se demostraba ningún hecho delictuoso. Es por todo lo anterior que insisto, coincido con la agente del Ministerio Público que en los presentes hechos no existe un delito por el cual se continúe la investigación correspondiente, es por ello que la decisión de la agente del Ministerio Público se encuentra apegada a derecho y por lo mismo se determina lo siguiente: RESOLUTIVOS: PRIMERO. Se mantiene firme la determinación de fecha veintitrés de abril del año dos mil quince a través de la cual la agente del Ministerio Público con apoyo en lo dispuesto por el artículo 248 del Código Procesal Penal para el Estado de Zacatecas, ejerce su facultad de abstenerse de investigar dentro del legajo de investigación 6821/2014, por considerar que los hechos denunciados no son constitutivos de delito. SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 50, párrafo primero del Código Procesal Penal para el Estado de Zacatecas, quedan en este acto notificados los intervinientes del contenido de la presente resolución. De la transcripción anterior, se advierte que son infundados los conceptos de violación hechos valer por los menores quejosos ANDRÉS ALEJANDRO y AXEL IVÁN, ambos de apellidos RABLING CAMPOS, a través de su representante Rosa Elvira Campos Álvares, como se verá a continuación: Los quejosos aducen en su concepto de violación identificado en el inciso a) que la Juez responsable resolvió la impugnación como si se tratara de una audiencia de juicio oral y su determinación se hubiera tomado conforme a las pruebas desahogadas en dicha audiencia, olvidándose que conforme a los artículos 16 y 19 constitucionales, para dictar una orden de aprehensión y un auto de vinculación a proceso, únicamente se requieren datos de prueba, no pruebas plenas, es decir que para ello es suficiente que obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad que el indiciado o el imputado lo cometió o participó en su comisión; por lo que la Juez responsable con base en el artículo 22 del Código Penal, determinó como si fuera sentencia de fondo, que al no cumplirse con los requisitos exigidos por este artículo, el delito de falsificación no era sancionable y que por tanto, ese delito no existía. Es infundado su concepto de violación. El artículo 248 del Código Procesal Penal del Estado de Zacatecas, dispone lo siguiente: "Artículo 248. En tanto no se produzca la intervención del juez competente en el procedimiento, el Ministerio Público podrá abstenerse de toda investigación, cuando los hechos relatados en la denuncia no fueren constitutivos de delito o cuando los antecedentes y datos suministrados permitan establecer que se encuentra extinguida la responsabilidad penal del imputado". Del citado precepto legal, se advierte que se faculta al Ministerio Público para abstenerse de investigar en aquellos hechos en que, en primer lugar no se haya producido la intervención del juez competente en el procedimiento y por otro lado que los hechos relatados en la denuncia no fueren constitutivos del delito, o bien cuando los antecedentes y datos suministrados permitan establecer que se encuentra extinguida la responsabilidad penal del imputado. Como bien lo determinó la juez responsable, en el presente caso, se actualiza el primero de los requisitos, en atención a que no se ha producido la intervención del juez competente en el procedimiento en virtud de que no se formuló imputación en contra de persona alguna; y en cuanto al segundo de los requisitos, la Agente del Ministerio Público determinó que se abstenía de investigar los hechos denunciados por considerar que los mismos no son constitutivos de delito; por lo que, contrario a lo que aducen los quejosos, si bien, no se requieren pruebas plenas; sí se requiere que los hechos relatados en la denuncia sean constitutivos de delito, como en el caso no sucede, ya que de la resolución reclamada, se advierte que la juez responsable determinó coincidir con la agente del Ministerio Público, en el sentido de que en los autos en estudio no existe un delito por el cual se continúe la investigación correspondiente. Por tanto, es correcto la postura de la Juez responsable al considerar firme la determinación del Ministerio Público de abstenerse de investigar dentro del legajo de investigación 6821/2014, por considerar que los hechos denunciados no son constitutivos de delito, de acuerdo a las consideraciones con que sostuvo su postura la juez responsable, respecto a los delitos de falsedad de documentos, fraude y concusión. En cuanto atañe a los conceptos de violación identificados en los incisos b) y d) en el que se indica que la autoridad responsable en la resolución reclamada determinó que los hechos denunciados por los ahora quejosos no son constitutivos de delito; sin embargo, de las constancias procesales se advierte que existen y se encuentran integradas en la carpeta e investigación, copia certificada de dos actas de nacimiento de los menores Manuel Alejandro y Valeria, en las que aparecen ambos con los apellidos Rabling Morán, donde del imputado aparece como padre biológico de los menores; así como copia certificada de las actas de nacimiento de los citados menores, donde aparece como su padre biológico, quien realmente lo fue Manuel Arreola Arreola. Así como la confesión expresa del imputado, donde se advierte que los menores que pretende adoptar se apellidan Arreola Morán y que eran hijos del señor Manuel Arreola Arreola. Y que no se tomó en consideración lo previsto por los artículos 340 del Código Penal de Estado, 1550 y 1551 del Código Civil del Estado. Dichos conceptos de violación, resulta infundados, porque como bien lo determinó la Juez responsable, si bien, de la investigación realizada por la agente del Ministerio Público, así como de la información proporcionada por los asesores jurídicos, se advierte que efectivamente existen dos actas de nacimiento de los menores Manuel Alejandro y Valeria, en las cuales, en una de ellas se asienta que el padre biológico de ellos, es Jorge Rabling, mientras que en otra, se asienta que él es el padre adoptante, de lo que se colige que efectivamente hay una contradicción. Sin embargo, no se pudo constatar si existe un error por parte del Registro Civil, un error doloso o, si hay una conducta que probablemente se le pueda achacar al probable imputado aquí quejoso, que pudiera ser constitutiva de delito si se demostrara, en razón a que, el artículo 222 del Código Penal del Estado, establece que para que el delito de falsificación de documentos sea sancionable como tal, se necesita que concurran los siguientes requisitos: Que el falsario saque o se proponga sacar provecho para sí o para otro, o causar perjuicio a la sociedad, al Estado o a un tercero; y Que resulte o pueda resultar perjuicio a la sociedad al Estado o a un particular, ya sea en bienes, en su persona, en su honra o en su reputación. Requisitos que en el presente caso, no se demuestran, en razón a que independientemente de que Jorge Rabling sea el padre biológico de los menores o sea el padre adoptivo de ellos, éste tiene la obligación de darle alimentos a sus hijos, es decir, no afecta absolutamente en nada si el padre es biológico o es el adoptante pues el resultado va a ser el mismo, él tiene la obligación alimentaria respecto a esos menores. Y al no justificarse que el falsario, en el caso de que haya sido el probablemente imputado aquí quejoso Jorge Rabling, la abogada patrona o el Director del Registro Civil de Lerdo, Durango, saquen provecho para sí, pues no se advierte qué provecho pudieran sacar ellos, si finalmente es Jorge Rabling quien tiene la obligación de proporcionar la pensión alimenticia a los menores Manuel Alejandro y Valeria, así como a los menores aquí quejosos Andrés Alejandro y Axel Iván, de apellidos Rabling Campos, independientemente de que en el acta de nacimiento de los otros menores (Manuel Alejandro y Valeria) se advierta que sea el padre biológico o el padre adoptivo. En lo que respecta al concepto de violación identificado en el inciso c) en el que se indica que la juez responsable no analizó el delito de uso de documento falso. Dicho argumento es infundado, ya que de la resolución reclamada se advierte que la agente del Ministerio Público informó que una vez que hizo una investigación, no se encontró falsificación alguna de ningún documento, por lo que es obvio que si no existe documento falso, tampoco se puede actualizar la figura del uso de documento falso, ya que para que se de su uso, primero debe de existir. Finalmente, en lo que atañe al concepto de violación identificado en el inciso e) en donde los quejosos argumentan que si bien es cierto, que por equivocación su asesor jurídico, señaló que la abogada patrona del imputado, cometió el delito a que se refiere el artículo 202 del Código Penal del Estado; también es cierto, que en ningún momento precisó a que se refería al delito de concusión, aunado a que en forma clara y precisa señaló que la conducta de la abogada patrona consistía en exhibir a nombre del imputado pruebas de lo que falsamente declaraba a sabiendas de que hacía uso de documentos falsos, a saber de las actas de nacimientos de los menores de mérito; conducta que se encuadra con los supuestos de hecho que integran la figura típica delictiva prevista y sancionada por el artículo 210 del Código Penal para el Estado de Zacatecas. Sin embargo, dicha precisión debieron hacerla ante el Juez responsable, ya que en la resolución reclamada se advierte que el delito en estudio fue el de concusión y no el que indican a que se refiere el artículo 210 del Código Penal del Estado; resultando infundado su argumento. En consecuencia, habiendo resultado infundados los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 74, 76 y 124, de la Ley de Amparo, es de resolverse y se RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de garantías promovido por JORGE CARLOS RABLING CAMPOS, contra el acto reclamado a la autoridad responsable, precisada en el resultando primero de este fallo, por las razones asentadas en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. La justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ROSA ELVIRA CAMPOS ÁLVARES, en representación de los menores ANDRÉS ALEJANDRO y AXEL IVÁN, ambos de apellidos RABLING CAMPOS, contra los actos reclamados a la Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de este Distrito Judicial, precisados en el resultando primero de este fallo, por los motivos expresados en el considerando último del mismo. Notifíquese personalmente a las partes y a la autoridad responsable por medio de oficio. Así lo resolvió y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con la Secretaria que autoriza, licenciada María Soledad Torres Muguiro, hasta el día de hoy uno de octubre de dos mil quince, en que las labores del Juzgado lo permitieron.- DOY FE."

  4. Principal

    En diez de agosto de dos mil quince, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Juez con el estado que guardan los presentes autos y con un oficio registrado con el folio 15613; con anexo que se adjunta. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, diez de agosto de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que a la fecha se encuentra transcurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte tercero interesada se imponga del contenido del informe justificado rendido por Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Penal del Distrito Judicial de la Capital, con sede en esta ciudad; luego, a fin de no dejarla en estado de indefensión, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para hoy y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL CUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, para su verificativo. En apoyo de lo anterior se invoca la Tesis aislada 2006279, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1451, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO).El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes. Asimismo, conviene acotar que el citado criterio jurisprudencial se comparte por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en esta ciudad de Zacatecas, en la ejecutoria emitida en sesión de catorce de mayo del año en curso, en el amparo en revisión 421/2015. Finalmente, agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Concepción del Oro, Zacatecas, por el que en cumplimiento al requerimiento formulado mediante oficio 15865/2015, devuelve el despacho con número de orden 663/2015 y de origen 364/2015, por el que se ordenó el emplazamiento de la persona moral denominada "GOLDCORP" Sociedad Anónima de Capital Variable; el cual se dejó sin efecto en auto de diez de julio del año en curso. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y acúsese el recibo de estilo. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABALE, TERCERO INTERESADA Y JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA Y DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CONCEPCIÓN DEL ORO, ZACATECAS; ASÍ COMO POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe. *Rosy

Quedan 6 actuaciones en este expediente

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