Jorge Carlos Lugo Jiménez
Expediente 1321/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 11 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1321/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 19/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jorge Carlos Lugo Jiménez
- Maritza Lara Hernández y Otros.
- Juez Segundo de Oralidad Familiar del Turno Matutino del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán
- Jorge Carlos Lugo Jiménez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve. Atento a lo informado por la Secretaría en la razón de cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio 7193 signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, mediante el cual informa que se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa contra la sentencia dictada el quince de noviembre del año en curso, por este Juzgado de Distrito, el que quedó registrado con el número de amparo en revisión 421/2019; constancia que se ordena agregar a este expediente para que obre como corresponda. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, seis de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos el escrito signado por Jorge Carlos Lugo Jiménez, parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia firmada el quince de noviembre de dos mil diecinueve, dictada en el presente juicio de amparo 1321/2019-VI, al cual anexa cuatro copias del escrito de expresión de agravios. En virtud de lo anterior, con apoyo en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo aplicable, agréguese una copia del escrito de expresión de agravios y distribúyanse los demás entre las partes. Por lo tanto, en términos del artículo 89 de la Ley de la Materia, dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al que se integre debidamente este expediente remítase el original de este expediente y de dicho ocurso, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, para que la citada Superioridad acuerde lo que legalmente proceda, así como la copia destinada al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho Órgano Judicial. Notifíquese y personalmente a la parte tercero interesada. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargado del despacho por licencia del Titular, de conformidad con lo establecido en el párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada Estefanni Romero Navarro, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
CITATORIO...Mérida, Yucatán, seis de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos el escrito signado por Jorge Carlos Lugo Jiménez, parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia firmada el quince de noviembre de dos mil diecinueve, dictada en el presente juicio de amparo 1321/2019-VI, al cual anexa cuatro copias del escrito de expresión de agravios. En virtud de lo anterior, con apoyo en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo aplicable, agréguese una copia del escrito de expresión de agravios y distribúyanse los demás entre las partes. Por lo tanto, en términos del artículo 89 de la Ley de la Materia, dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al que se integre debidamente este expediente remítase el original de este expediente y de dicho ocurso, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, para que la citada Superioridad acuerde lo que legalmente proceda, así como la copia destinada al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho Órgano Judicial. Notifíquese y personalmente a la parte tercero interesada. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargado del despacho por licencia del Titular, de conformidad con lo establecido en el párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada Estefanni Romero Navarro, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del presente juicio de amparo 1321/2019-VI, promovido por Jorge Carlos Lugo Jiménez contra actos del Juez Segundo de Oralidad Familiar del Turno Matutino del Primer Departamento Judicial del Estado, por estimarlo violatorio de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R e s u l t a n d o: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veinte de septiembre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, Jorge Carlos Lugo Jiménez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama del Juez Segundo de Oralidad Familiar del Turno Matutino del Primer Departamento Judicial del Estado. Segundo. Admisión de la demanda. Por auto de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 8 a 10), se admitió la demanda de amparo, se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se emplazó a la parte tercero interesada, y se fijó fecha y hora para llevar a cabo la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede, y, C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; artículos 35 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por lo dispuesto en el Acuerdo General número 3/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; por tratarse de un juicio de amparo promovido en contra de actos de autoridades con ejecución dentro del ámbito territorial en donde ejerce jurisdicción este Juzgado. Segundo. Precisión de actos. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Al respecto, debe decirse que de la lectura integral de la demanda de amparo y del informe rendido por la autoridad responsable se advierte que la parte quejosa reclama: - La orden de embargo a su salario dictada en su contra, dentro del procedimiento especial de divorcio sin causales del expediente 591/2018, promovido por Maritza Lara Hernández, en contra del quejoso, por sentencia de veintitrés de agosto del año en curso. Tercero. Certeza del acto reclamado. La Secretaria de Acuerdos en funciones del Juez del Juzgado Segundo de Oralidad Familiar en Turno del Primer Departamento Judicial del Estado, en su informe justificado aceptó la certeza del acto reclamado, lo que se corrobora con las constancias remitidas que anexó como justificación de sus actos, los cuales cuentan con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. De ahí que dicho acto deba considerarse como existente, al tenor de lo señalado en la jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, publicada en la página 231, del Tomo VI, referente a la Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Cuarto. Análisis de la causal de improcedencia invocada por las partes. Respecto al acto reclamado consistente en la resolución de veintitrés de agosto del año en curso, en la que se ordenó el embargo del salario del aquí quejoso, dentro del procedimiento especial de divorcio sin causales del expediente 591/2018, promovido por Maritza Lara Hernández, una vez establecida la existencia del acto reclamado, se impone analizar la procedencia del juicio, al ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 553, del tomo VI, parte TCC, del año 1995, Materia Común, Octava Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación (con registro: 394770), cuyo rubro y texto es el siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Así, la Secretaria de Acuerdos en funciones del Juez del Juzgado Segundo de Oralidad Familiar en Turno del Primer Departamento Judicial del Estado, al rendir su informe justificado, aduce que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIX, del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, en virtud de que el quejoso hizo valer el recurso de apelación en contra de la sentencia reclamada de veintitrés de agosto del año en curso, dictada en el expediente 591/2018, relativo a las procedimiento especial de divorcio incausado, mediante la cual entre otras cosas se ordenó el embargo de los sueldos y emolumentos que percibe el quejoso a fin de garantizar los alimentos a Maritza Lara Hernandez, recurso de apelación mediante el cual el hoy quejoso pudiera obtener la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado. Causal de improcedencia que se estima fundada, atento a las siguientes consideraciones. En principio, debe señalarse que los preceptos legales invocados, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIX.- Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o defensa legal propuesta por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; ." El precepto legal cuya transcripción precede, prohíbe la coexistencia de la acción constitucional con algún otro recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado, en tanto que los efectos de la resolución del citado recurso ordinario y la que decida el juicio constitucional pueden ser los mismos, esto es, dejar insubsistente el acto materia de inconformidad, o más grave aún, efectos contradictorios, y son precisamente ambas situaciones las que pretende evitar el principio de definitividad consagrado en el normativo anotado. El recurso a que se refiere el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, debe tener por objeto que el promovente del mismo pueda obtener la revocación, modificación o nulificación de la resolución que lesiona sus intereses, de modo tal que no cualquier medio de impugnación puede dar lugar a la actualización de la causal de improcedencia en examen, sino sólo aquellos que están establecidos por la ley correspondiente y que tengan los efectos precisados, de lo que se sigue que si el quejoso interpone una demanda de amparo en contra de los mismos actos por los cuales hace valer un recurso improcedente o no idóneo para obtener la revocación o nulificación de la resolución que le afecta, el juzgador de amparo no está en posibilidad de estimar improcedente el juicio constitucional apoyándose en esa hipótesis normativa, ya que ese recurso o medio de defensa legal improcedente o no idóneo, no tendría por efecto modificar, revocar o nulificar el acto materia del juicio constitucional. Por otro lado, para la actualización de la causa de improcedencia a la que se alude, también es necesario que el recurso ordinario o medio de defensa esté en trámite ante la autoridad correspondiente. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 constitucional, los principios generales del derecho son una fuente de derecho procesal atendible en aquellos casos en que no sea factible resolver con la interpretación literal o doctrinal de la ley. De esos principios, para efectos de esta resolución, cobra relevancia el principio contradictorio que consiste en que el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos; ese principio, aplicado al precepto en estudio, impone al juzgador de amparo el deber de analizar si la actualización de la causal de improcedencia que se examina deja al promovente del amparo en estado de indefensión, esto es, si está en posibilidad o no de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es necesario la demostración fehaciente de que el recurso haya sido admitido, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos, pues bien puede suceder que el recurso no sea el idóneo o que no lo establezca la ley del acto y que sea desechado por improcedente, supuesto en que el quejoso no será escuchado ante las autoridades ordinarias y si al mismo tiempo el juicio de amparo se declara improcedente con la sola afirmación o la demostración de que se presentó un recurso, ello tendría como consecuencia que no se oiga al afectado ni en el juicio constitucional ni en el recurso propuesto, con lo que se le dejaría en estado de indefensión. Por tanto, al término utilizado en la porción normativa referida, en el sentido de que el recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso "se esté tramitando", no debe dársele una interpretación restrictiva, esto es, que la operancia de la causal de mérito se origine por la simple presentación del escrito mediante el que se interpuso el recurso, sino que en concordancia con el aludido principio y atendiendo al estado de indefensión en que pudiera quedar el promovente del amparo, debe considerarse que el medio de impugnación hecho valer debe estar pendiente de resolución, lo que implica su admisión por la autoridad respectiva. En este orden de ideas, si bien conforme al precepto en estudio no es factible la coexistencia de un recurso ordinario o un medio de defensa legal que pueda tener por finalidad la revocación, modificación o nulificación de un acto de autoridad, con el juicio de amparo, pues no se permite la tramitación de juicios de garantías que puedan implicar la solución de un negocio que esté en vías de ser resuelto con efectos semejantes a los que se obtienen o derivan de la acción constitucional, no lo es menos, que la improcedencia del juicio de amparo por la causal prevista en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, sólo debe estimarse actualizada cuando se cumplan los siguientes requisitos: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido cuando se resuelva el juicio de garantías; y c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya una vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. En el caso, debe recordarse que el quejoso señaló como acto reclamado la resolución de veintitrés de agosto del año en curso, en la que se ordenó el embargo del salario del aquí quejoso, dentro del procedimiento especial de divorcio sin causales del expediente 591/2018, promovido por Maritza Lara Hernández. Ahora bien, de las constancias que la citada autoridad responsable adjuntó a su informe justificado, se advierte que el peticionario del amparo, por escrito de veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, interpuso recurso de apelación en contra de la setencia de veintitrés de agosto del año en curso, dictada dentro del procedimiento especial de divorcio sin causales del expediente 591/2018, la que también reclama en este juicio de amparo, el cual fue admitido por la responsable en proveído de doce de septiembre del presente año (fojas 4186 y 187 del cuaderno de constancias), sin que a la fecha obre constancia en autos de que se haya resuelto el referido recurso. Por otro lado, los artículos 427, 428 y 429 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, establecen respecto al recurso de apelación hecho valer por el quejoso, lo siguiente: "Artículo 427. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. Artículo 428. La apelación procede en contra de: I. Las resoluciones que ponen fin a la controversia o asunto; II. El auto interlocutorio que resuelva sobre incompetencia, y III. Las resoluciones interlocutorias y definitivas. Artículo 429. La apelación debe interponerse ante el juez que haya dictado la resolución, o dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación, si se trata de auto y dentro de tres días, si se trata de sentencia." Todo lo anterior, pone de manifiesto que es el propio quejoso quien impugnó a través del recurso de apelación la resolución que también controvierte en esta instancia constitucional; que el referido medio impugnatorio fue admitido por la autoridad a quien corresponde el trámite, sin que a la fecha haya sido resuelto; y, que es el idóneo para la revocación o modificación del acto reclamado. Por tanto, dado que contra la misma determinación aquí controvertida, se está tramitando el recurso de apelación a través del cual el quejoso puede obtener la revocación o modificación de la resolución reclamada, lo que torna improcedente el juicio de garantías. En virtud de lo anterior, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. Resulta aplicable la Jurisprudencia número 144/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 15 del Tomo XII, Diciembre de 2000 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo." Dado el sentido de este fallo, se encuentra proscrita la posibilidad de entrar a estudiar el fondo del asunto, de acuerdo al criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la Jurisprudencia número 509, visible a fojas 335, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.- No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar las violaciones de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, los criterios jurisprudenciales invocados en esta determinación no obstante que fueron integrados conforme a la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Quinto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y fundado y con apoyo, además en lo dispuesto por los artículos 76, 77 y 78 de la Ley de Amparo aplicable, se R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Jorge Carlos Lugo Jiménez contra actos del Juez Segundo de Oralidad Familiar del Turno Matutino del Primer Departamento Judicial del Estado, por los motivos expuestos en el quinto considerando de esta resolución. Segundo. La presente sentencia será publicada en términos de lo establecido en el considerando sexto. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Nóvelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro que autoriza y da fe, hasta el día de hoy quince de noviembre de dos mil diecinueve, en que las labores del Juzgado lo permitieron.
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