Jorge Carlos Calderon Yam

Expediente 2235/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2235/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
22/11/2022

Partes del expediente

  • Jorge Carlos Calderon Yam

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio, firmada el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 2325/2022-II-B, promovido por JORGE CARLOS CALDERÓN YAM, en contra del acto que reclama del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el doce de septiembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y turnado el mismo día a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció JORGE CARLOS CALDERÓN YAM a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto que reclamó del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de demanda. Mediante acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual quedó registrada con el número 2235/2022-II-B; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención legal a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se ordenó el emplazamiento a juicio de la parte tercera interesada y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se verificó al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, de la Constitución General de la República; 35, 37, de la Ley de Amparo; 49, en relación con el 57, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como conforme a los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. SEGUNDO. Precisión el acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la quejosa fundamentalmente, en: La omisión de dictar sentencia en el juicio de nulidad 231/2020, del índice de la autoridad responsable. TERCERO. Inexistencia de actos. No es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó el Magistrado Presidente del mismo al rendir su informe. A mayor abundamiento, es preciso señalar que de las constancias remitidas por la responsable, se advierte que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (doce de septiembre de dos mil veintidós), el juicio aun estaba en etapa de pruebas y alegatos, motivo por el cual la autoridad responsable se encuentra jurídicamente impedida para dictar la sentencia respectiva, de conformidad con lo establecido en los artículos 55 y 56 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado, que a la letra dicen: "Artículo 55.- Concluida la recepción de las pruebas, las partes podrán alegar, en forma verbal o escrita, por sí o por medio de sus representantes. Cuando los alegatos se formulen de palabra no podrán exceder de media hora para cada una de las partes. Artículo 56.- Una vez oídos los alegatos, la Sala resolverá el juicio en la misma audiencia. Sólo cuando deban tomarse en cuenta gran número de constancias, podrá reservarse el fallo definitivo dentro de un plazo no mayor de ocho días." De los citados numerales se desprende que una vez recepcionadas las pruebas, las partes podrán presentar alegatos de manera verbal o por escrito, así como que una vez oídos los alegatos, la Sala resolverá el juicio en la misma audiencia, pudiendo reservarse la resolución cuando deban tomarse en cuanta un gran número de constancias, en un plazo no mayor a ocho días. Es decir, dichos numerales imponen a la autoridad que conozca del juicio administrativo de que se trate, que después de haber concluido el término para formular los alegatos podrá emitir su resolución dentro del plazo no mayor de ocho días. En efecto, para poder considerar que a la fecha de la presentación del libelo constitucional el citado expediente administrativo se encontraba en estado de resolución y, en consecuencia, que existía el acto reclamado, el Tribunal responsable tendría que estar en la posibilidad de emitir la sentencia respectiva, lo que no es así. Pues por acuerdo de veinte de septiembre de dos mil veintidós, el Tribunal responsable requirió al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, para que exhibiera la documentación a que en el mismo hizo referencia. De lo narrado, se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, esto es, el doce de septiembre del año en curso, la responsable no estaba en aptitud de resolver en definitiva el juicio de origen 231/2020. En este punto, debe precisarse, que la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, ya que de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Cobra aplicación en el presente caso, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 3/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 79, Julio de 1994, página: 15, en materia común, bajo el rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Atendiendo a lo anterior, ante la inexistencia del acto reclamado, lo que procede en el caso es sobreseer en el juicio al actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 926, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." CUARTO. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SEXTO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, en vigor, es de resolverse y se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por JORGE CARLOS CALDERÓN YAM, contra el acto que reclamó del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por los motivos señalados en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando cuarto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando quinto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guarda el presente asunto, se aprecia que en proveído de seis de octubre del actual año, se dio vista a la parte quejosa con lo informado por la autoridad responsable Delegación del Registro Agrario Nacional en Yucatán, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho proveído se le apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se le notificó a la parte quejosa el diez mes en curso, sin que a la fecha desahogara la vista concedida. En consecuencia, al haber transcurrido el término de tres días que le fue otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En sentencia dictada el veintiséis de abril de dos mil veintidós, se concedió al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que las responsables, Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, Director General de Registro y Control Documental y Director en Jefe, ambos del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México: Realicen las gestiones necesarias a fin de que de inmediato se concluya el procedimiento relativo (calificación, inscripción, expedición y puesta a disposición del título de propiedad parcelario correspondiente a la parcela 688, ubicada en el ejido de Umán, Yucatán, solicitado el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, a cuyo trámite se asignó el folio electrónico 31210000464), y en breve término, sea puesto a disposición el documento respectivo al promovente, de no existir impedimento alguno justificado. Dicha determinación causó ejecutoria el cinco de julio de dos mil veintidós, por lo que se requirió cumplimiento a las responsables. Seguida la secuela procesal, las autoridades responsables informaron las gestiones realizadas a fin de cumplir con el fallo protector, siendo que la encargada del Despacho del Registro Agrario Nacional, mediante oficio RAN/YUC/SR/DJ/3975/2022, agregado por auto de seis de los corrientes (registrado con el número 22635), informó y acreditó que el tres de octubre de dos mil veintidós, se apersonó la directa quejosa Yamile Andrea Araiza Armenta, y le fue entregado el título de propiedad número 1005838, que ampara la parcela 688 del ejido de Umán, Yucatán, con lo que se dio por concluido el trámite de la solicitud 31210000464. Entonces, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, se advierte que las autoridades responsables se ajustaron a los lineamientos fijados en la ejecutoria pronunciada, pues así se desprende de las constancias remitidas, ya que atendieron cabalmente a los efectos amparadores que le fueron señalados como directrices bajo las que debía ceñir su actuación, lo cual, se reitera, atendieron en forma correcta. En ese sentido, debe decirse que se ha respetado el derecho fundamental violado, cumpliendo con lo que el mismo exige, en términos de lo que establece el numeral 77, fracción II, de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. Previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el numeral 15 del indicado Acuerdo General. Igualmente, en acatamiento al acuerdo general en cita y de conformidad con el numeral 35, se hace la precisión de que este expediente físico impreso coincide en su totalidad con el electrónico generado con la FIREL. Por último, hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  4. Principal

    NOT ELECT Mérida, Yucatán, diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Agréguense a los autos el oficio de cuenta del Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, con el que, en cumplimiento al requerimiento que se le hizo en acuerdo de siete del actual mes, aporta dos domicilios como del tercero interesado Miguel Pastor Campos Salazar; por tanto, se acuerda: Se comisiona a uno de los actuarios de este Juzgado, para que se constituya sucesivamente, de ser el caso, en el predio número ciento sesenta y dos, de la calle veintidós, por cinco y siete, de la colonia García Ginerés de esta ciudad; así como el ubicado en el número treinta y seis, de la calle noventa y cinco, por veintitrés y veinticinco, de la colonia Buenavista de esta capital. Por lo que previamente cerciorado de que ahí tiene su domicilio, habita o recibe notificaciones el aludido tercero interesado, lo emplace a juicio con entrega de copia simple de la demanda, y autorizada del auto de radicación y admisión; haciéndole saber que puede apersonarse a este juicio con el aludido carácter, si así conviniere a sus intereses. De igual manera le haga saber que el informe justificado ya fue puesto a la vista de las demás partes, así como que la audiencia constitucional relativa se encuentra fijada para las DIEZ HORAS CON SIETE MINUTOS DEL DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Por otra parte, glósese el alegato ministerial de cuenta de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, el cual se reserva para ser tomado en consideración al dictarse sentencia en este asunto, en su caso. Asimismo, como solicita la representante social de la Federación, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, expídasele en su oportunidad, copia certificada de la sentencia a que se refiere, haciéndole entrega de la misma previo recibo que otorgue en autos. Notifíquese, haciéndolo personalmente al tercero interesado y cúmplase.

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