Jorge Canchola Navarro
Expediente 496/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 18 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 496/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 15/12/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jorge Canchola Navarro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Vista la certificación que antecede, así como el estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrió el término de quince días, a fin de que la parte quejosa se inconformara en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, en contra del auto de dieciséis de noviembre del año en curso, en el que se declaró cumplido fallo protector; por tanto, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad a lo dispuesto en el mencionado numeral 214 de la ley de la materia; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Cabe destacar que el presente expediente NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción IV del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, una vez que transcurran cinco años, puesto que se dictó resolución en la que se concedió la protección constitucional; en tanto que, en términos de la fracción III, del acuerdo aludido en el punto referido, el original del cuaderno incidental en donde se negó la definitiva, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, toda vez que se negó la suspensión provisional, así como la definitiva y por lo que respecta al DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DEBERÁ SER DESTRUIDO, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa mediante proveído de ocho de noviembre del año en curso (fojas 133 a 134), para que manifestara lo que a su interés convenga respecto de la manifestación realizada por la autoridad responsable en cumplimiento al fallo protector; en consecuencia este órgano jurisdiccional procede a resolver de acuerdo a las constancias que obran en autos, si el fallo protector se encuentra o no cumplido. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia terminada de engrosar el treinta de septiembre del año en curso, (fojas 79 a 93), se determinó conceder el presente juicio de amparo, para el efecto de que la Juez responsable: ".a) Deje insubsistente la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis. b) Emita una nueva determinación en la que, siguiendo los lineamientos establecidos en la presente sentencia, prescinda del argumento de que previo a decretar el no ejercicio de la acción penal, el Ministerio Público debe dictar un acuerdo en el que señale por qué motivo no consideró necesario recabar más pruebas, y con plenitud de jurisdicción, resuelva conforme a derecho proceda el recurso innominado interpuesto por el ahora quejoso, en contra de la determinación de no ejercicio de la acción penal de fecha cuatro de abril de dos mil dieciséis, dictado en autos de la averiguación previa ***". Sentencia que causó ejecutoria el veintiséis de octubre del año en curso, (fojas 112 a 114). Ahora, mediante oficio 275 (fojas 120 a 132), suscrito por la Juez Segundo Penal de Partido, con sede en esta ciudad, remitió la resolución que dictó el cuatro de noviembre del año en curso, dentro del expediente de inejercicio número ***, de la que se advierte dejó insubsistente la diversa de treinta y uno de mayo del presente año (acto reclamado) y emitió otra en la que revocó la determinación de no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa ***, para el efecto de que el Director de Investigaciones región B realizara el análisis correspondiente de las constancias del juicio ordinario civil ***, del índice del Juzgado Quinto Civil de Partido, con sede en esta ciudad y estableciera si de las mismas se desprendía alguna conducta que incidiera en el engaño del allá impugnante, o bien un aprovechamiento del error en que éste se hubiere encontrado y correlacionándolo con el resto del material probatorio, determinara si se acredita o no los elementos del delito de fraude y en consecuencia, la existencia o no de delito alguno en perjuicio del agraviado en la indagatoria de origen. De igual manera, expuso que la representación social debía determinar a partir de qué momento empezaba el cómputo de la prescripción, considerando no sólo la fecha del contrato de compraventa allegado en la indagatoria de donde emanó el acto reclamado, sino que también debía tomar en cuenta la fecha que estimara legalmente era la correspondiente, en atención a la existencia del juicio referido en el párrafo que antecede, en relación con la fecha del referido contrato, puntualizando que dicha autoridad debía subsanar la incongruencia que se había hecho notar, respecto a que el allá recurrente, había sido emplazado el uno de abril de dos mil nueve, en el juicio ordinario civil mencionado con anterioridad. Además, estableció que la representación social debía efectuar lo anterior dentro de un término de tres días contado a partir de la legal notificación de dicho fallo, debiendo informar al juez responsable la determinación que asumiera al respecto. Constancias, que de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, tienen valor probatorio pleno dado su carácter de documentos públicos, pues se advierte que la responsable, dejó insubsistente la diversa de treinta y uno de mayo del presente año (acto reclamado) y emitió otra en la que siguiendo los lineamientos del fallo protector, prescindió del argumento consistente en que el Ministerio Público previo a decretar el no ejercicio de la acción penal debía dictar un acuerdo en el que señalara por qué motivo no consideró necesario recabar más pruebas y resolvió con plenitud de jurisdicción, revocando la determinación de no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa ***; por ende, se declara cumplida la ejecutoria de amparo, por lo que, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos del contenido en el artículo 202 de la ley de la materia
- Principal
Téngase por recibido el oficio que suscribe el Juez Segundo Penal de Partido, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remite la resolución emitida el cuatro de noviembre del año en curso, dentro del expediente de inejercicio *** de la que se advierte dejó insubsistente la diversa de treinta y uno de mayo del presente año (acto reclamado) y emitió otra en la que revocó la determinación de no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa ***, por los motivos que ahí expuso. Por tanto, con el contenido del comunicado de mérito, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, manifieste lo que en derecho convenga, respecto del cumplimiento que informa la responsable en mención, apercibiéndole de que en caso de omisión, en su oportunidad este órgano jurisdiccional resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable.
- Principal
Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes interpusieran el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento, contra la sentencia dictada el treinta de septiembre del año en curso, que concedió el amparo y protección de la justicia federal al peticionario de amparo. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que ha causado ejecutoria la misma, para todos los efectos legales. En ese tenor, este órgano de control constitucional procede a precisar los alcances del fallo protector y determinar qué autoridades se encuentran vinculadas y en qué medida para cumplirla; ello con el objeto de conseguir el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo, de conformidad con los artículos 192 a 198 de la Ley de Amparo. Al respecto, es de precisarse que el fallo protector se concedió para el efecto de que la autoridad responsable, Juez Segundo Penal de Partido, con sede en esta ciudad: "a) Deje insubsistente la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis. b) Emita una nueva determinación en la que, siguiendo los lineamientos establecidos en la presente sentencia, prescinda del argumento de que previo a decretar el no ejercicio de la acción penal, el Ministerio Público debe dictar un acuerdo en el que señale por qué motivo no consideró necesario recabar más pruebas, y con plenitud de jurisdicción, resuelva conforme a derecho proceda el recurso innominado interpuesto por el ahora quejoso, en contra de la determinación de no ejercicio de la acción penal de fecha cuatro de abril de dos mil dieciséis, dictado en autos de la averiguación previa 14177/2012". En consecuencia, en términos del segundo párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo y el punto número 1.2 de la circular 1/2013-P, de nueve de abril de dos mil trece emitida por el Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece la aplicabilidad de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece en materia de cumplimiento de sentencias de amparo, que causen ejecutoria a partir de la entrada en vigor de la citada legislación, se requiere a la Juez Segundo Penal de Partido, con sede en esta ciudad, para que dentro del término que impone el precepto legal en cita, es decir, tres días, dé cumplimiento al fallo protector. Asimismo, se apercibe a la autoridad responsable que de no cumplir en los términos antes indicados, se le impondrá una multa equivalente a CIEN DÍAS de Unidad de Medida y Actualización diaria al día en que se imponga; ello, conforme al Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, con apoyo en el artículo 258 de la Ley de Amparo, asimismo se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito en Penal, con residencia en la capital, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación de su puesto y su consignación. Finalmente, devuélvanse a la Juez Segundo Penal de Partido y Agente del Ministerio Público I, del Sistema Tradicional, ambos con sede en esta ciudad, las constancias, en dos y un tomo, respectivamente que se sirvieron acompañar en apoyo a su informe justificado, solicitándoles el acuse de recibo respectivo.
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