Jorge Camacho Ibarra y Otros.

Expediente 710/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
710/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
16/01/2017

Partes del expediente

  • Jorge Camacho Ibarra y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la constancia secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja en contra del proveído de veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis; consecuentemente, se declara que dicho proveído que desechó la demanda de amparo promovida por *****, ha quedado firme para los efectos legales a que haya lugar. En acatamiento al segundo párrafo del artículo undécimo del Acuerdo General, Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de octubre de dos mil nueve, se hace constar que el presente juicio no tiene relevancia documental, por no actualizarse ninguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del artículo vigésimo primero del citado acuerdo, ni se exhibieron documentos originales; por tanto, se hace la acotación de que es susceptible de destrucción a partir del diecisiete de enero de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en la carátula de este expediente, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al presente proveído, se giran los oficios siguientes:

  2. Principal

    Se notifica por medio de lista a la PARTE QUEJOSA: JORGE CAMACHO IBARRA, Y WENDY GUADALUPE CORTÉS RAMÍREZ, el auto de fecha 27 de diciembre 2016, en el que se dictó lo siguiente: Mexicali, Baja California, veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los presentes autos el escrito presentado por los quejosos ***, por medio del cual dan cumplimiento al requerimiento que se realizó mediante proveído de dieciséis de diciembre del año en curso. - Desechamiento - Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo directo y del escrito aclaratorio, conduce a estimar que se actualiza de manera manifiesta e indudable una causa de improcedencia, que determina el desechamiento de la demanda, en términos del artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del dispositivo transcrito se advierte que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia visible en la página ochocientos noventa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, del rubro siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley AMPARO de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Ahora bien, de la demanda de mérito y del escrito aclaratorio se advierte, que los quejosos reclaman de la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de Unidad de Investigación Visitaduría General, zona Mexicali, ***, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California y Titular de la Unidad de Investigación Visitaduría de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California de esta ciudad, la omisión de dictar resolución en el caso único número ***, promovido en contra de los servidores públicos ***. En la especie, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y a la calidad con que las autoridades responsables, actuaron al momento de realizar el acto reclamado antes descrito. Por esas consideraciones, este juzgador, considera que el presente juicio de amparo es improcedente, al actualizarse de manera notoria y manifiesta, la causa prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación al artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en atención a lo siguiente: El primero de los numerales citados dispone: "Art. 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley.." De la interpretación teleológica del numeral indicado, se aprecia que el juicio de amparo es improcedente contra los actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando no se hayan agotado los juicios, recursos o medios de defensa ordinarios que concede la ley, que tengan por objeto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, siempre y cuando conforme a la misma ley se suspendan los efectos de dichos actos, mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la ley de amparo consigna para conceder la suspensión definitiva; empero, dicha disposición legal también establece que no existe obligación de agotar tales juicios, recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación. En esencia, el precepto y fracción legal invocado, contempla el principio de definitividad del juicio de amparo, que tiene como finalidad preservar el carácter extraordinario de éste, por tanto, el acto reclamado debe revestir el carácter de definitivo, es decir, que el impetrante del juicio de amparo hubiese agotado los medios de defensa ordinarios antes de acudir a la instancia constitucional. Principio que se incorporó al texto constitucional como parte integrante del articulado de la Ley Suprema, tornándose intangible e inaceptable por la legislación secundaria, la cual, por tal motivo, no puede vulnerarlo, circunstancia que implica una mayor estabilidad y solidez jurídica para nuestra noble institución controladora encarnada en el juicio de amparo. Por ello, el principio de definitividad del juicio de amparo supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige al acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de modo tal que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el juicio de amparo es improcedente. El principio en comento se fundamenta en la naturaleza misma del juicio de amparo, ya que éste es un medio extraordinario, sui generis, de invalidar los actos de las autoridades, en las diversas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, en virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. Por consiguiente, si existiera la posibilidad de entablar simultáneamente o potestativamente un recurso ordinario y el juicio de amparo para impugnar un acto de autoridad, se desnaturalizaría la naturaleza jurídica del segundo, al considerarlo como un medio común de defensa, toda vez que el juicio de amparo es el arma jurídica suprema de que dispone el gobernado para proteger sus derechos fundamentales contra la actuación inconstitucional e ilegal de las autoridades del Estado, y su ejercicio provoca la realización de las más altas funciones jurisdiccionales desplegadas por los Tribunales Federales, por lo que es lógico que, antes de intentarlo, se deduzcan por el interesado todos aquellos medios comunes u ordinarios de impugnación del acto reclamado que sólo se ataca directamente, en su origen y en sí mismo, por nuestra institución controladora, cuando la legislación que lo norma no brinda al afectado ningún medio legal de reparación, o cuando explícitamente la ley disponga una excepción a dicho principio. De esa forma, acorde al citado precepto de la Ley de Amparo, para considerar que el juicio de amparo es improcedente con base en lo previsto por el referido precepto legal, es necesario que se actualicen los siguientes supuestos: a) Que se trate de un acto de autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b) Que en contra de dicho acto proceda algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado. c) Que conforme a la ley que establece el recurso, los efectos del acto reclamado se suspendan mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal. d) Que para que se suspendan los efectos del acto reclamado no se exijan mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva. En la especie, tales requisitos se acreditan respecto de los actos reclamados en análisis. En efecto, por lo que ve al supuesto previsto en el inciso a) anterior, se satisface porque dichos actos fueron realizados por autoridades formalmente administrativas, aunque su omisión se vincule con actos relacionados con la investigación de delitos (de naturaleza penal), como lo son el Agente del Ministerio Público de Unidad de Investigación Visitaduría General, zona Mexicali, ***, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California y Titular de la Unidad de Investigación Visitaduría de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California de esta ciudad, lo que implica que la emisión y ejecución de los actos reclamados se atribuye a autoridades formalmente administrativas distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Por lo que respecta al requisito marcado como b), atinente a que en contra de dicho acto proceda algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado; también se encuentra cubierto con base en las siguientes consideraciones: El artículo 119, en su parte conducente, en relación con el 223, ambos del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Baja California, establecen: "ARTÍCULO 119.- Derechos de la víctima u ofendido.- La víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: (.) XII. Impugnar ante el Juez de Garantía las decisiones que recaigan a las quejas interpuestas contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos o de su negativa de reabrir la investigación (.)" "ARTÍCULO 223.- Queja.- El denunciante, querellante, o el imputado, podrán acudir en queja ante los superiores del Ministerio Público que determine la Ley Orgánica por su inactividad injustificada durante la investigación, o cuando omita tomar una determinación respecto de la misma, a pesar de que cuenta con los antecedentes necesarios para ello. La queja deberá resolverse por escrito en un plazo de setenta y dos horas". Al interpretar los preceptos legales citados, se colige que la víctima y el ofendido en contra de la actuación del Ministerio Público, podrán presentar queja contra la inactividad injustificada durante la investigación u omita tomar una determinación respecto la misma ante el superior jerárquico, de dicho fiscal, e incluso en contra de la determinación que realice dicho superior, puede ocurrir ante el Juez de Garantía (de Control), en caso de que considere que la misma le es adversa; de modo que existen medios de defensa que deben ser agotados antes de acudir al juicio de amparo. En efecto, del primero de los numerales transcritos se advierte la víctima u ofendido tendrán el derecho de impugnar ante el Juez de Garantía las decisiones que recaigan a las quejas interpuestas contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación, y del segundo precepto, deriva que aquella determinación puede ser impugnada ante el Juez de Control. De ahí que el juicio de amparo intentado en contra de la omisión reclamada del citado fiscal investigador es improcedente, en razón de que previamente a su interposición, los quejosos debieron impugnar tal determinación ante su superior jerárquico, a través del recurso de queja y posteriormente en caso de inconformidad con la resolución que emita dentro de dicho medio de defensa, deberá de impugnarla ante el Juez de Garantía, de modo que al no agotar las instancias ordinarias, los quejosos incumplieron con el principio de definitividad en que se sustenta el juicio constitucional. Por tanto, el supuesto previsto en el inciso b) a que se ha hecho referencia también se encuentra satisfecho, dado que contra los actos reclamados en estudio, por sí, procede el recurso de queja ante el superior jerárquico antes descrito y posteriormente en caso de inconformidad contra la resolución que se emita dentro de dicho recurso, deberá impugnarla ante el Juez de Garantía. A las consideraciones anteriores, resulta aplicable la Jurisprudencia PC.XVIII.P.A. J/1 P (10a.), Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación que a la letra dice: "ACCIÓN PENAL. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA LA OMISIÓN O ABSTENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE INTEGRAR LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 20, APARTADO C, FRACCIÓN VII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SI PREVIAMENTE NO SE INTERPONE LA QUEJA PREVISTA EN EL NUMERAL 226 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE MORELOS ABROGADO. Las decisiones del Ministerio Público en el Estado de Morelos, entre las cuales se encuentra la de abstenerse de investigar los delitos u otras omisiones, pueden ser impugnadas por la víctima u ofendido ante el Juez de Control, a través de la queja, en términos del artículo 226 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos abrogado. Por tanto, si en el juicio de amparo se señala como acto reclamado la omisión u abstención del representante social de integrar la carpeta de investigación, sin que previamente se haya interpuesto ese medio ordinario de impugnación, se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sostener que es innecesario interponer ese medio ordinario de impugnación -queja- previo a la promoción del juicio de amparo o declararlo como optativo, propiciaría el abuso del juicio, pues para hacerlo procedente bastaría aducir que una omisión del Fiscal investigador durante la integración de la carpeta de investigación viola derechos humanos, obligando al Juez de Distrito a estudiar las violaciones de mera legalidad, sin que antes hayan sido materia de análisis en el recurso ordinario correspondiente". Por otra parte, el acto combatido no encuadra en alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad que señala el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, esto es, no se trata de un acto que importe peligro de privación de la vida, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Así mismo, no se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute o resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, que vuelva innecesario agotar la apelación, sino que lo que se combate es la determinación de no ejercicio de la acción penal emitida por el Agente del Ministerio Publico Federal y su aprobación hecha por el Delegado Estatal y el Auxiliar del Procurador; respecto del que procede el recurso de inconformidad ante el Procurador General de la República. A todo lo anterior, resulta aplicable la Tesis: VI.3o.C. J/62, visible en la página 1665, Tomo XXIII, Febrero de 2006, Novena Época, del: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA. La Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que deba concluirse que, el Juez Federal al admitir la demanda de que se trata, viola el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo a los órganos jurisdiccionales del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios cuya improcedencia no está controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo." En este contexto, es de concluirse que se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción fracción XX, por lo que se impone desechar la presente demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el precepto 113 de la legislación en consulta. Así como la jurisprudencia I.1º.A. J/4, visible en la página ochocientos noventa, Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de mayo de mil novecientos noventa y ocho, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Sin que la anterior determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. En apoyo a lo anterior se cita la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, Julio de 2006, p. 921, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." Notifíquese. Lo anterior conforme a lo establecido en el artículo 27 fracción I inciso c, de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Agréguese a los presentes autos el escrito presentado por los quejosos ***, por medio del cual dan cumplimiento al requerimiento que se realizó mediante proveído de dieciséis de diciembre del año en curso. - Desechamiento - Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo directo y del escrito aclaratorio, conduce a estimar que se actualiza de manera manifiesta e indudable una causa de improcedencia, que determina el desechamiento de la demanda, en términos del artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del dispositivo transcrito se advierte que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia visible en la página ochocientos noventa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, del rubro siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora bien, de la demanda de mérito y del escrito aclaratorio se advierte, que los quejosos reclaman de la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de Unidad de Investigación Visitaduría General, zona Mexicali, ***, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California y Titular de la Unidad de Investigación Visitaduría de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California de esta ciudad, la omisión de dictar resolución en el caso único número ***, promovido en contra de los servidores públicos ***. En la especie, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y a la calidad con que las autoridades responsables, actuaron al momento de realizar el acto reclamado antes descrito. Por esas consideraciones, este juzgador, considera que el presente juicio de amparo es improcedente, al actualizarse de manera notoria y manifiesta, la causa prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación al artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,... [...] En la especie, tales requisitos se acreditan respecto de los actos reclamados en análisis. En efecto, por lo que ve al supuesto previsto en el inciso a) anterior, se satisface porque dichos actos fueron realizados por autoridades formalmente administrativas, aunque su omisión se vincule con actos relacionados con la investigación de delitos (de naturaleza penal), como lo son el Agente del Ministerio Público de Unidad de Investigación Visitaduría General, zona Mexicali, ***, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California y Titular de la Unidad de Investigación Visitaduría de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California de esta ciudad, lo que implica que la emisión y ejecución de los actos reclamados se atribuye a autoridades formalmente administrativas distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Por lo que respecta al requisito marcado como b), atinente a que en contra de dicho acto proceda algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado; también se encuentra cubierto con base en las siguientes consideraciones: El artículo 119, en su parte conducente, en relación con el 223, ambos del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Baja California, establecen: "ARTÍCULO 119.- Derechos de la víctima u ofendido.- La víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: (.) XII. Impugnar ante el Juez de Garantía las decisiones que recaigan a las quejas interpuestas contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos o de su negativa de reabrir la investigación (.)" "ARTÍCULO 223.- Queja.- El denunciante, querellante, o el imputado, podrán acudir en queja ante los superiores del Ministerio Público que determine la Ley Orgánica por su inactividad injustificada durante la investigación, o cuando omita tomar una determinación respecto de la misma, a pesar de que cuenta con los antecedentes necesarios para ello. La queja deberá resolverse por escrito en un plazo de setenta y dos horas". Al interpretar los preceptos legales citados, se colige que la víctima y el ofendido en contra de la actuación del Ministerio Público, podrán presentar queja contra la inactividad injustificada durante la investigación u omita tomar una determinación respecto la misma ante el superior jerárquico, de dicho fiscal, e incluso en contra de la determinación que realice dicho superior, puede ocurrir ante el Juez de Garantía (de Control), en caso de que considere que la misma le es adversa; de modo que existen medios de defensa que deben ser agotados antes de acudir al juicio de amparo. En efecto, del primero de los numerales transcritos se advierte la víctima u ofendido tendrán el derecho de impugnar ante el Juez de Garantía las decisiones que recaigan a las quejas interpuestas contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación, y del segundo precepto, deriva que aquella determinación puede ser impugnada ante el Juez de Control. De ahí que el juicio de amparo intentado en contra de la omisión reclamada del citado fiscal investigador es improcedente, en razón de que previamente a su interposición, los quejosos debieron impugnar tal determinación ante su superior jerárquico, a través del recurso de queja y posteriormente en caso de inconformidad con la resolución que emita dentro de dicho medio de defensa, deberá de impugnarla ante el Juez de Garantía, de modo que al no agotar las instancias ordinarias, los quejosos incumplieron con el principio de definitividad en que se sustenta el juicio constitucional. Por tanto, el supuesto previsto en el inciso b) a que se ha hecho referencia también se encuentra satisfecho, dado que contra los actos reclamados en estudio, por sí, procede el recurso de queja ante el superior jerárquico antes descrito y posteriormente en caso de inconformidad contra la resolución que se emita dentro de dicho recurso, deberá impugnarla ante el Juez de Garantía. A las consideraciones anteriores, resulta aplicable la Jurisprudencia PC.XVIII.P.A. J/1 P (10a.), Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación que a la letra dice:"ACCIÓN PENAL. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA LA OMISIÓN O ABSTENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE INTEGRAR LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 20, APARTADO C, FRACCIÓN VII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SI PREVIAMENTE NO SE INTERPONE LA QUEJA PREVISTA EN EL NUMERAL 226 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE MORELOS ABROGADO.". Por otra parte, el acto combatido no encuadra en alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad que señala el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, esto es, no se trata de un acto que importe peligro de privación de la vida, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Así mismo, no se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute o resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, que vuelva innecesario agotar la apelación, sino que lo que se combate es la determinación de no ejercicio de la acción penal emitida por el Agente del Ministerio Publico Federal y su aprobación hecha por el Delegado Estatal y el Auxiliar del Procurador; respecto del que procede el recurso de inconformidad ante el Procurador General de la República. A todo lo anterior, resulta aplicable la Tesis: VI.3o.C. J/62, visible en la página 1665, Tomo XXIII, Febrero de 2006, Novena Época, del: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA. La Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que deba concluirse que, el Juez Federal al admitir la demanda de que se trata, viola el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo a los órganos jurisdiccionales del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios cuya improcedencia no está controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo." En este contexto, es de concluirse que se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción fracción XX, por lo que se impone desechar la presente demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el precepto 113 de la legislación en consulta. ....[...]

  4. Principal

    Acuerdo de 16 de diciembre de 2016, notificación Personal.

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