Jorge Camacho Ibarra
Expediente 1877/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1877/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/12/2022
Partes del expediente
- Jorge Camacho Ibarra
Actuaciones
- Principal
Mexicali, Baja California, a siete de diciembre de dos mil veintidós. Informe justificado. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el informe con justificación remitido por el Sub representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración; y en atención a su contenido, se acuerda lo siguiente: Se sobresee fuera de audiencia. En la especie, respecto de los actos reclamados se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [...]" La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Lo anterior, genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia que a la letra dice: "Registro digital: 196820 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 9/98 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Febrero de 1998, página 210 Tipo: Jurisprudencia SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la convicción que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca dicho acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de los derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, en sentido amplio, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Al respecto es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, que textualmente dice: "Registro digital: 193758 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Junio de 1999, página 38 Tipo: Jurisprudencia CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, el quejoso (1) Alberto Alemán Domínguez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos que a continuación se transcriben: "Autoridades responsables: 1. Responsable de la Estación Migratoria en Mexicali, Baja California del Instituto Nacional de Migración, con domicilio en Avenida Melgar No. 1, Garita Internacional No. 1 en Mexicali, Baja California. (En su carácter de ordenadora y ejecutora). 2. Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional, con sede en esta ciudad, con domicilio Avenida de los Pioneros No. 1005, "Palacio Federal" Tercer Piso, en el Centro Civico y Comercial de Mexicali, Baja California. (En su carácter de ordenadora y ejecutora). ACTOS RECLAMADOS. Aseguramiento, privación de la libertad y detención en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración ubicada en Avenida Melgar No. 1, Garita Interacional No. 1 en Mexicali, Baja California, Acto que se atribuye en su calidad de ordenadora y ejecutora a las autoridades marcadas como 1 y 2. La aplicación del inconstitucional del artículo 111 de la Ley de Migración. Acto que se atribuye en su calidad de ejecutora a las autoridades marcadas como 1 y 2. Lugar en donde se encuentran, ALBERTO ALEMÁN DOMÍNGUEZ, Estación Migratoria de Mexicali, Baja California, del Instituto Nacional de Migración, con domicilio en Avenida Melgar No. 1, Garita Internacional No. 1 en Mexicali, Baja California." De lo anterior, y de las constancias que obran en el presente contradictorio federal se puede concluir que el quejoso, en primer término, mediante diligencia de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, ratificó su demanda; y, esencialmente, se dolió del aseguramiento, detención y privación de la libertad en las instalaciones de la estación migratoria en esta ciudad con motivo del procedimiento administrativo migratorio correspondiente. Ahora, del informe justificado agregado en esta fecha, remitido por el Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, se advierte que dicha autoridad informa que se otorgó al quejoso oficio de salida definitiva del país, por lo cual, cesó el estado de aseguramiento, detención y/o privación de la libertad que el quejoso reclamó en el presente asunto; lo anterior, con independencia de la suspensión de plano otorgada al directo quejoso, ya que se le otorgó la libertad para salir definitivamente del país, y no bajo lo establecido en los artículos 101 y 102, de la Ley de Migración. En las relatadas condiciones, es evidente que la parte solicitante de la protección constitucional volvió al estado en el que se encontraba antes de la violación combatida; de ahí que se le restituyó en el goce del derecho fundamental que pudieran haberse violado con aquélla, lo que actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del numeral 61, de la Ley de Amparo. Decisión. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio lo procedente en este caso es, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia constitucional. Al respecto, es de citarse la de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido reza: "Registro digital: 184572 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 10/2003 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386 Tipo: Jurisprudencia SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Se dejan sin efectos la suspensión de plano decretada. Por tanto, se deja sin efecto legal alguno, las providencias decretadas por acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada a las doce horas con treinta minutos del veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. Notificación por lista. Se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de radicación del presente juicio en el cual se dijo: "Notificación personal. Hágasele todas las notificaciones a la parte quejosa de mérito de manera personal, en el lugar en el que actualmente esté privada de su libertad, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, entregándole para tal efecto copia del auto a notificar; por lo que en el supuesto de ya no encontrarse en las instalaciones migratorias correspondientes las notificaciones aún las personales serán por medio de lista en términos de la fracción III del artículo 26 de la Ley de Amparo." En el entendido de que el promovente del amparo sí señaló domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, mismo a quien la parte quejosa en el momento de su ratificación autorizó para oír y recibir notificaciones. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa por conducto de su autorizado. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de la licenciada Ida Vargas Arias, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
TODA VEZ QUE LA PARTE QUJEOSA NO ATENDIO EL AVISO DE 12 DE DICEIMBRE DE 2022 SE NOTIFICA POR ESTE MEDIO EL AUTO DE Mexicali, Baja California, a siete de diciembre de dos mil veintidós. Informe justificado. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el informe con justificación remitido por el Sub representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración; y en atención a su contenido, se acuerda lo siguiente: Se sobresee fuera de audiencia. En la especie, respecto de los actos reclamados se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [...]" La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Lo anterior, genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia que a la letra dice: "Registro digital: 196820 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 9/98 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Febrero de 1998, página 210 Tipo: Jurisprudencia SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la convicción que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca dicho acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de los derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, en sentido amplio, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Al respecto es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, que textualmente dice: "Registro digital: 193758 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Junio de 1999, página 38 Tipo: Jurisprudencia CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, el quejoso (1) Alberto Alemán Domínguez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos que a continuación se transcriben: "Autoridades responsables: 1. Responsable de la Estación Migratoria en Mexicali, Baja California del Instituto Nacional de Migración, con domicilio en Avenida Melgar No. 1, Garita Internacional No. 1 en Mexicali, Baja California. (En su carácter de ordenadora y ejecutora). 2. Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional, con sede en esta ciudad, con domicilio Avenida de los Pioneros No. 1005, "Palacio Federal" Tercer Piso, en el Centro Civico y Comercial de Mexicali, Baja California. (En su carácter de ordenadora y ejecutora). ACTOS RECLAMADOS. Aseguramiento, privación de la libertad y detención en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración ubicada en Avenida Melgar No. 1, Garita Interacional No. 1 en Mexicali, Baja California, Acto que se atribuye en su calidad de ordenadora y ejecutora a las autoridades marcadas como 1 y 2. La aplicación del inconstitucional del artículo 111 de la Ley de Migración. Acto que se atribuye en su calidad de ejecutora a las autoridades marcadas como 1 y 2. Lugar en donde se encuentran, ALBERTO ALEMÁN DOMÍNGUEZ, Estación Migratoria de Mexicali, Baja California, del Instituto Nacional de Migración, con domicilio en Avenida Melgar No. 1, Garita Internacional No. 1 en Mexicali, Baja California." De lo anterior, y de las constancias que obran en el presente contradictorio federal se puede concluir que el quejoso, en primer término, mediante diligencia de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, ratificó su demanda; y, esencialmente, se dolió del aseguramiento, detención y privación de la libertad en las instalaciones de la estación migratoria en esta ciudad con motivo del procedimiento administrativo migratorio correspondiente. Ahora, del informe justificado agregado en esta fecha, remitido por el Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, se advierte que dicha autoridad informa que se otorgó al quejoso oficio de salida definitiva del país, por lo cual, cesó el estado de aseguramiento, detención y/o privación de la libertad que el quejoso reclamó en el presente asunto; lo anterior, con independencia de la suspensión de plano otorgada al directo quejoso, ya que se le otorgó la libertad para salir definitivamente del país, y no bajo lo establecido en los artículos 101 y 102, de la Ley de Migración. En las relatadas condiciones, es evidente que la parte solicitante de la protección constitucional volvió al estado en el que se encontraba antes de la violación combatida; de ahí que se le restituyó en el goce del derecho fundamental que pudieran haberse violado con aquélla, lo que actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del numeral 61, de la Ley de Amparo. Decisión. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio lo procedente en este caso es, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia constitucional. Al respecto, es de citarse la de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido reza: "Registro digital: 184572 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 10/2003 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386 Tipo: Jurisprudencia SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Se dejan sin efectos la suspensión de plano decretada. Por tanto, se deja sin efecto legal alguno, las providencias decretadas por acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada a las doce horas con treinta minutos del veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. Notificación por lista. Se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de radicación del presente juicio en el cual se dijo: "Notificación personal. Hágasele todas las notificaciones a la parte quejosa de mérito de manera personal, en el lugar en el que actualmente esté privada de su libertad, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, entregándole para tal efecto copia del auto a notificar; por lo que en el supuesto de ya no encontrarse en las instalaciones migratorias correspondientes las notificaciones aún las personales serán por medio de lista en términos de la fracción III del artículo 26 de la Ley de Amparo." En el entendido de que el promovente del amparo sí señaló domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, mismo a quien la parte quejosa en el momento de su ratificación autorizó para oír y recibir notificaciones. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa por conducto de su autorizado. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de la licenciada Ida Vargas Arias, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, a veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Oficio. Téngase por recibido y se ordene agregar a los autos el oficio signado vía electrónica por *****, agente del Ministerio Público de la Federación de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la Republica, con residencia en Ciudad de México, mediante el cual cumple al requerimiento de veinte de octubre del año en curso, ofreciendo como pruebas documental consistente a la cuantificación que se le hicieron en dicha institución a José *****, del treinta por ciento real del ejercicio dos mil veintiuno y dos mil veintidós, del periodo comprendido del uno de enero al quince de octubre de dos mil veintiuno y del uno de enero al quince de agosto de dos mil veintidós, asimismo, remiten las constancias con las que apoyan sus argumentaciones y cálculos de pago, en las cuales se señala el folio fiscal, el periodo de pago, sello digital del CFDI y la cadena original del complemento en certificación del Sistema de Administración Tributaria; mismas que serán tomadas en consideración al momento de resolver el incidente innominado del procedimiento de ejecución de sentencia. Vista. Atento a lo anterior, dése vista a la parte quejosa, con el contenido del oficio de referencia y sus anexos, para que se imponga de su contenido y manifieste lo que a su derecho corresponda, dentro del incidente de liquidación o cuantificación tramitado en la etapa de ejecución de la sentencia de amparo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Mexicali, Baja California, a veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Oficios. Agréguense a los autos para que obren como legalmente correspondan los oficios y anexos de cuenta remitidos por la Juez del Juzgado Primero de lo Familiar de Mexicali, Baja California, en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de dieciséis de noviembre del presente año. Vista. Atento a lo anterior, con las constancias remitidas dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su derecho corresponda, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo.
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