Jorge Calvillo Ordoñez
Expediente 41/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 41/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 21/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Jorge Calvillo Ordoñez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
IX... Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que feneció el plazo establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el proveído por el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el presente sumario como asunto concluido. ... este expediente se considera susceptible de destrucción. Por tanto, una vez transcurridos más de tres años a partir de la fecha, procédase a su destrucción; ello de conformidad con los lineamientos del acuerdo en cuestión.
- Principal
IX... Téngase recibido el escrito presentado por el quejoso, mediante el cual desahoga la prevención formulada en autos; en consecuencia, provéase lo correspondiente. Ahora bien, vista de nueva cuenta la demanda de amparo promovida por Jorge ..., por propio derecho, contra actos de Eduardo Alcibar Díaz, Técnico Verificador Dictaminador de Saneamiento "C", perteneciente al Departamento de Jurisdicción Sanitaria Número 12 del Instituto de Salud del Estado de México, con residencia en Atizapán y otras autoridades. En principio, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Así, de la lectura integral de la demanda se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61 fracción XXIII, con relación a los ordinales 1, fracción I y 5 fracción II, todos de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, toda vez que las responsables que señala no tienen el carácter de autoridades para efecto del juicio de amparo en que se actúa, como se verá a continuación. El precepto legal citado en primer término, establece que el juicio de amparo procede, en lo que interesa, en contra de normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por su parte, el segundo dispositivo indica quiénes tienen el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. En ese sentido, se establece que tiene dicho carácter la autoridad que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o bien, omita realizar el acto que actualizaría dichas situaciones jurídicas; además, que se considerará autoridad responsable a los particulares que realicen actos equivalentes a los de una autoridad y que afecten derechos en los términos antes mencionados, siempre que sus funciones estén determinadas en una norma general. De lo anterior se desprende, en sentido contrario, que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclaman actos u omisiones que no provengan de una autoridad, definida en los términos señalados en el párrafo que antecede. En el caso, el quejoso reclama de Eduardo Alcibar Díaz, Técnico Verificador Dictaminador de Saneamiento "C", perteneciente al Departamento de Jurisdicción Sanitaria Número 12 del Instituto de Salud del Estado de México, con residencia en Atizapán y otras autoridades, la ilegal e inconstitucional, actitud y acto de molestia que, aduce genera al acudir a su domicilio, en compañía de policías, provocando pánico y miedo a su persona y vecinos. Ahora, resulta importante destacar que de los antecedentes de la demanda de amparo que narra, bajo protesta de decir verdad, se advierte que Eduardo Acíbar Díaz y la hija del ahora quejoso de nombre Roció Carolina Calvario Rivero, sostuvieron una relación sentimental y procrearon dos hijos, posterior a ello decidieron separarse por motivos personales, por lo que actualmente Rocío y sus menores viven en el domicilio del hoy quejoso, señalando éste que el citado progenitor acude a dicho lugar a efecto de recoger a sus hijos para convivir con ellos, razón por la cual reclama los actos de molestia en su contra. Por tanto, resulta evidente que Eduardo Alcibar Díaz, quien aduce ostenta el cargo de Técnico Verificador Dictaminador de Saneamiento "C", perteneciente al Departamento de Jurisdicción Sanitaria Número 12 del Instituto de Salud del Estado de México, con residencia en Atizapán, señalado como autoridad responsable, no acude para convivir con sus menores hijos en su calidad de funcionario o servidor público, sino en su carácter de progenitor de los infantes y, en esa medida, no se le puede atribuir el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. En efecto, el acto reclamado es entablado entre particulares, en la que éstos actúan en un plano de igualdad, por lo cual, los actos que reclama en este juicio de amparo deberá denunciarlos ante la instancia correspondiente y no mediante el juicio de amparo que procede contra actos de autoridad o equivalentes. Por tanto, dicho acto tampoco es equivalente a los de una autoridad, ya que con su realización no se crean, modifican o extinguen de manera unilateral y obligatoria, situaciones que afecten la esfera legal del quejoso, dado que se duele de actos de molestia. Sobre esa base se concluye que para estimar que un acto realizado por un particular (como en la especie acontece) sea considerado como de autoridad para efectos del amparo, es necesario primero que ese acto cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria y; además, que ello derive de la aplicación de una norma general, lo que en el caso no acontece. Luego, es necesario que el acto reclamado cumpla con las referidas notas distintivas para que pueda considerarse un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, por lo que en caso de que no se satisfaga alguna, el medio de control constitucional será improcedente. Bajo tales parámetros, se advierte que los actos que por esta vía reclama a las autoridades responsables en particular a Eduardo Alcibar Díaz, Técnico Verificador Dictaminador de Saneamiento "C", perteneciente al Departamento de Jurisdicción Sanitaria Número 12 del Instituto de Salud del Estado de México, con residencia en Atizapán, no pueden considerarse como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues solo acude con la finalidad de recoger a sus hijos para convivir con ellos. Bajo ese contexto, es inconcuso que las autoridades señaladas como responsable, no se ubican en un plano de supra a subordinación respecto a la parte quejosa; es decir, no se advierte que exista entre ellos, entablada una relación en que actúe en un plano superior, prescindiendo del consentimiento de ésta para unilateralmente crear, modificar o extinguir por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten su esfera legal como particular; sin que advierta que los policías actúen por mandato alguno de autoridad, si no únicamente acompañan al funcionario o servidor público referido, a petición de éste, por lo que esa sola presencia, en caso de causarle molestia también podrá denunciarla ante la instancia legal correspondiente. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, 1º, fracción I y 5 fracción II, todos de la Ley de Amparo, se actualizan de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista, por lo que, atento a lo que establece el numeral 113 de la citada normatividad, se impone desechar de plano la demanda de amparo. TRANSPARENCIA En términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la información gubernamental es pública y los particulares tendrán acceso a ella y consecuentemente el Poder Judicial de la Federación como órgano del Estado está obligado a publicar las sentencias que emita una vez que hayan causado ejecutoria, hágase saber a las partes el derecho que tienen para oponerse a que se incluyan sus datos personales cuando se realice la publicación de que se habla; comuníqueseles que en caso de que llegaren a oponerse a la inclusión de sus datos personales, tal solicitud será calificada por la unidad administrativa que los tenga bajo su resguardo, quien determinará si es procedente o no, por contener información que se considere reservada, y en el primer supuesto, la versión pública de la sentencia aparecerá sólo con sus nombres sin incluir sus datos personales; y finalmente, infórmeseles que en caso de que la sentencia pudiera afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable a los interesados al publicarse la sentencia ejecutoria únicamente se insertarán sus nombres sin sus datos personales, y en tal caso, no se requiere de su oposición expresa.
- Principal
IX... Agréguese a los autos la comparecencia que antecede, mediante el cual el quejoso ratifica el contenido y firma del escrito registrado con el número de promoción 737; en consecuencia, dígase que no ha lugar a tenerle por desahogada la prevención formulada en auto de diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Lo anterior, toda vez que de su escrito de demanda señaló como autoridades responsables las siguientes: Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Atizapán de Zaragoza. Policía Tercero Claudio Alberto... de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Atizapán de Zaragoza. Policía Segundo Karla .... de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Atizapán de Zaragoza. Policía Gabriela ...., de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Atizapán de Zaragoza. Y como se advirtió de los antecedentes que también refería a la "Policía Gabriela ...., Jefe del Sector III perteneciente de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Atizapán de Zaragoza", se le requirió para que aclarara la denominación correcta de las autoridades responsables. Ahora, del escrito por el que pretendió desahogar su demanda el cual se registró con el número de promoción 737 señala diversas con la siguiente denominación: Delegado Regional del Instituto de Salud del Estado de México. Eduardo ...., Técnico Verificador Dictaminador de Saneamiento "C" perteneciente al Departamento de Jurisdicción Sanitaria número 12 del Instituto de Salud del Estado de México. Y, por otro lado, del escrito de cuenta el quejoso manifiesta la denominación completa de la autoridad responsable como "Policía Gabriela ..., Jefe del Sector III perteneciente de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Atizapán de Zaragoza". En consecuencia, de conformidad con los artículos 110 y 114 de la Ley de Amparo, como incorpora nuevos datos a lo inicialmente planteados y al escrito con número de promoción 737, como es señalar diversas autoridades responsables, se le requiere nuevamente para que dentro del plazo de cinco días hábiles, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, aclare su demanda en los siguientes términos: 1. Deberá precisar en un solo escrito de manera clara la denominación de la autoridad o autoridades responsables; además señalar qué acto le reclama a cada una de ellas, pues se reitera, en su escrito inicial señaló a unas autoridades y en el ocurso registrado con el folio 837 y el que se acuerda señala diversas. 2. Deberá exhibir las copias necesarias para cada una de las autoridades responsables, esto es, tanto del escrito de demanda y desahogo. Se apercibe a la parte quejosa que de no dar cumplimiento al requerimiento formulado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos del numeral 114, párrafo segundo, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales.
- Principal
IX... Téngase recibido el escrito de quien se ostenta como Jorge ...; en efecto, antes de proveer sobre su contenido, es preciso destacar que la firma plasmada en éste, difiere de la que obra en el escrito de demanda; y si bien el suscrito no es perito en caligrafía o en grafoscopía, ante la evidente diferencia entre las firmas, se puede concluir que para detectar esa circunstancia no se requiere de tales conocimientos. ... requiérase al promovente para que en el término de tres días, legalmente computado, comparezca en este órgano jurisdiccional a fin de que reconozca la firma estampada y ratifique ante la presencia judicial el escrito con registro interno 737, apercibido que en caso de no hacerlo, se tendrá por no presentado.
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