Jorge Cabrera García

Expediente 395/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
395/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
20/04/2017

Partes del expediente

  • Jorge Cabrera García

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja contra el auto de cinco de los corrientes en el que este Juzgado desechó la demanda de amparo presentada por *********, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita se declara que ha quedado firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.

  2. Principal

    Se desecha la demanda. Vista la demanda de amparo presentada por *********, contra un acto de la Juez Penal de Partido en Cortázar, Guanajuato; por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo físico y digital, bajo el registro número 395/2017-A2. Así, de la lectura integra del libelo Constitucional, así como del análisis de los documentos que adjunta, se desprenden como acto reclamado: El proveído de veinticuatro de marzo del año en curso, dictado por la Juez Penal de Partido en Cortázar, Guanajuato, en el que negó decretar el sobreseimiento por perdón del ofendido -como lo solicitó el sentenciado ahora quejoso-, en la causa penal *** durante la fase de ejecución de sentencia condenatoria. Sobre esa línea de pensamiento, es improcedente la presente instancia constitucional; por tanto, se desecha de plano la demanda. Se justifica esta determinación en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la lectura del artículo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. Asimismo, es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Así, del análisis integral del ocurso constitucional y anexos, en el caso particular, se advierten como antecedentes de los actos reclamados: El quejoso *********, figura como sentenciado en la causa penal concluida ***-asunto de donde derivó el acto reclamado- del índice del Juzgado Penal de Partido en Cortázar, Guanajuato. En ese proceso penal se dictó sentencia definitiva en segunda instancia -en cumplimiento a la ejecutoria de amparo ***del índice del Tribunal Colegiado en Materia Penal en el Decimosexto Circuito- a través de la cual se modificó la de primer grado a efecto de declarar que sólo se acreditó el fraude en perjuicio del ofendido Fernando Aguilar Durón, sólo con relación a uno de dos inmuebles; y para imponerle al hoy quejoso una pena de prisión de seis años, con ocho meses y una multa equivalente a sesenta y ocho días de salario mínimo vigente en la época de la comisión de los hechos, así como para declarar que la condena de pago de reparación del daño ascendía a la suma de ochenta y siete mil doscientos pesos, dejando intocado el resto del fallo de primer grado. Contra la invocada resolución de alzada, el hoy quejoso promovió nuevamente el amparo directo 307/2015 del Tribunal Colegiado supracitado, donde se le negó la protección de la justicia federal solicitada. Contra dicho fallo interpuso recurso de revisión, mismo que fue desechado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en data veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, en el amparo directo en revisión 1131/2016. El uno de septiembre de dos mil dieciséis, el ofendido Fernando Aguilar Durón otorgó el más amplio perdón en favor de sentenciado hoy quejoso. Mediante promoción presentada el veintidós de marzo del año en curso, ante el Juzgado Penal de Partido en Cortazar, Guanajuato, en la causa penal de origen, el hoy quejoso solicitó al juez se pronunciara respecto el sobreseimiento de la causa penal de origen, con base en el perdón del ofendido. A dicha solicitud recayó el proveído de veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, en el que negó decretar el sobreseimiento por perdón del ofendido, AL encontrarse en fase de ejecución de sentencia. Destaca que el quejoso actualmente goza de libertad, con motivo de lo resuelto en un incidente por exceso o defecto en cumplimiento de la suspensión del acto reclamado derivado del juicio de amparo directo 307/2015. Manifestaciones a las que se les otorga valor como confesión, en términos de lo dispuesto en el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Bajo esa línea de pensamiento, procede ahora explicar por qué deviene improcedente la demanda de amparo de que se trata. Se reitera, en el caso se reclama el proveído de veinticuatro de marzo del año en curso, donde la juez responsable negó decretar el sobreseimiento por perdón del ofendido -como lo instó el sentenciado ahora impetrante-, en la causa penal 147/2010, durante la fase de ejecución de sentencia condenatoria; al respecto se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, que literalmente dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medido de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." La causa de improcedencia contenida en la fracción transcrita se encuentra motivada por el hecho de que la parte solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En efecto, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Bajo las anteriores consideraciones, se insiste que el suscrito resolutor considera que en la especie se actualiza la referida causal de improcedencia, toda vez que contra el acto que aquí se reclama, al ser parte formal y material -sentenciado- en la causa penal de origen, el ahora impetrante de la tutela federal se encontraba obligado a agotar el medio ordinario de defensa correspondiente, esto es, el recurso de apelación. Ciertamente, con relación al acto reclamado, el impetrante de la tutela federal debió agotar recurso de apelación conforme a lo previsto en el numeral 355, fracción II, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guanajuato; dispositivo que, en lo que ahora interesa, estatuye: Art. 355.- Son apelables en el efecto devolutivo: . II.- Los autos en que se decrete el sobreseimiento en los casos de las fracciones III a VIII del artículo 286 y aquellos en que se niegue el sobreseimiento; ." De la transcrita porción normativa, se desprende que contra la determinación que niegue decretar el sobreseimiento en las causas penales, como en el caso, procede el recurso de apelación, previsto en la fracción II, del artículo 355, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guanajuato, aplicable a la causa penal subyacente. En este orden de ideas, es inconcuso que contra el acto reclamado procede el recurso de apelación en cita, mediante el cual puede modificarse o revocarse el acto debatido, esto dado que acorde con el contenido de los artículos 351 y 371 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guanajuato, la apelación tiene por objeto examinar si en la resolución recurrida se aplicó inexactamente la ley, si se violaron los principios reguladores de la valoración de la prueba o si se alteraron los hechos, efecto de confirmar, revocar o modificar la resolución apelada. Por tanto, si antes de acudir al amparo en la vía indirecta, el inconforme no interpuso contra el acto reclamado el medio ordinario de defensa en cita, se concluye que no observó el principio de definitividad que rige el juicio constitucional y, en consecuencia, se concretiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. Además debe ponerse de relieve que sobre el actos que se combate no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, ya que: a) El acto reclamado no es de aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) El acto reclamado no consiste en orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) La parte quejosa no es persona extraña al procedimiento, ya que como se precisó es parte enjuiciada. En apoyo a lo anterior se invoca la jurisprudencia VI.2o.C. J/260, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1816, Tomo XXIII, Marzo de 2006, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA." También, por identidad de razón jurídica y en lo conducente, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 44/2012 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 277/2011, entre las suscitadas entre el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito y el Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, aprobada en sesión de dieciocho de enero de dos mil doce, de rubro y texto: PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo. Expuesto lo anterior, es claro que la impetrante, no acató el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, por tal motivo, se afirma que la demanda de amparo es improcedente, en virtud de que no agotó el medio ordinario previsto por la ley, en atención a lo establecido en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Con base en lo anterior, es inconcuso que se actualiza la improcedencia invocada; en tal virtud, se desecha de plano la demanda de amparo. B) Transparencia. Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. C) Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte impetrante, el ubicado en calle ************, en esta ciudad. Ahora, dado que el promovente no proporcionó dato alguno con el que se acredite que *********tiene facultades para ejercer la profesión de licenciado en derecho como lo exige el artículo 12 de la Ley de Amparo (verbigracia el número de cedula profesional o el diverso registro en el sistema computarizado del Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito); se tiene a los nombrados como autorizadaos únicamente en términos restringidos del citado numeral, hasta en tanto se salve dicha situación. D) Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Se faculta al actuario de la adscripción para que proceda a llevar las notificaciones del presente asunto, aun en días y horas inhábiles; lo anterior con fundamento en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo.

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