Jorge Bolaños González

Expediente 338/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
338/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
06/03/2017

Partes del expediente

  • Jorge Bolaños González

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial de cuenta, se desprende que transcurrió el plazo de cinco días, sin que la parte promovente interpusiera recurso de queja en contra del auto que desechó la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme. En consecuencia, archívese el presente juicio como definitivamente concluido, previa anotación que se haga en el libro de gobierno. Por otra parte, se precisa que el presente expediente es susceptible de ser destruido y no es de relevancia documental; asimismo, este expediente deberá conservarse en el archivo de este juzgado por el término de tres años a partir de esta fecha. Notifíquese.

  2. Principal

    Téngase por recibida la demanda de amparo promovida contra el acto reclamado a la Junta Especial Número Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje y su Presidente. Fórmese expediente impreso y electrónico y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 338/2017-IX, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En términos de lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede analizar en su integridad la demanda a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. De la lectura del acto reclamado, antecedentes y conceptos de violación expresados en la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama la omisión de acordar el escrito de nueve de enero de dos mil diecisiete, presentado en la Oficialía de Partes Común de Juntas Especiales al día siguiente, con número de folio 6267, por medio del cual solicitó se señalara fecha de audiencia de remate, en el juicio laboral de origen. En el particular, este Juzgador considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario. Lo anterior obedece a que el acto reclamado de acuerdo a su naturaleza no es de aquéllos que produzcan efectos de imposible reparación, por no afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Ahora bien, en un juicio los actos de imposible reparación, son aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, cuyos efectos ya no se pueden reparar en el curso del juicio del que se derivan, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso; la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera; esto, en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en alguna actuación posterior dentro del procedimiento del que se trate, puesto que la privación de sus derechos ya no se puede remediar posteriormente, lo que impide la posibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. De lo que se colige que cuando se reclamen actos dentro de un juicio, el amparo indirecto será procedente a condición de que tales actos, tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, dicho precepto también prevé que los actos de imposible reparación son aquellos que afectan derechos sustantivos contenidos en la Constitución o en Tratados Internacionales. De la interpretación sistemática de estos numerales, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se reclamen actos en juicio, cuyos efectos no tengan, sobre las personas o cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Además, precisa que por actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Conforme a lo anterior, si el acto reclamado en el presente juicio lo constituye la omisión de acordar el escrito de nueve de enero de dos mil diecisiete, presentado en la Oficialía de Partes Común de Juntas Especiales al día siguiente, con número de folio 6267, por medio del cual solicitó se señalara fecha de remate, en el juicio laboral de origen, se colige que no constituye un acto de imposible reparación dictado en el proceso que afecte materialmente derechos sustantivos, pues únicamente tiene como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. Por lo cual al advertirse que en presente juicio el acto esencialmente reclamado se generó con motivo de la omisión de la autoridad responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo, esto es, la obligación de las Juntas para dictar sus resoluciones o pronunciarse dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquéllas en las que reciba promociones por escrito, como lo refirió la parte quejosa en el capítulo del acto reclamado, así como en sus conceptos de violación, la demanda de amparo promovida por la parte quejosa resulta improcedente, al no afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. Sin que sea obstáculo a lo anterior, que la omisión impugnada sea derivada de la etapa de ejecución de laudo, toda vez que constituye una mera incidencia adjetiva acaecida en esa etapa, la cual no es susceptible de analizarse en forma autónoma al referido procedimiento, habida cuenta que las reglas que lo rigen son las previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Federal, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria obrera; por lo cual, atendiendo al deber conferido al operador de la ley mediante el artículo 1º de la Norma Fundamental, en específico, en los postulados de indivisibilidad e interdependencia, deviene ineludible que sean examinados como una unidad indisociable y exenta de jerarquía; en cambio, no es dable analizarla de forma aislada. Por tal motivo, como el acto reclamado en estudio no es de imposible reparación, es evidente que se actualiza la hipótesis normativa que establece los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que la parte quejosa alegue violaciones al artículo 17 Constitucional, dado que el acto que se reclama no puede considerarse de ejecución irreparable, porque se da dentro del mismo procedimiento. Por las consideraciones antes expuestas y de conformidad con lo establecido en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa IV, del numeral 107, de la Ley de Amparo, aplicada en sentido contrario, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala la parte quejosa. Atento a lo manifestado por la promovente de amparo, practíquese ésta y las subsecuentes notificaciones por lista de acuerdos, en términos del artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, en virtud que en la demanda señala de manera expresa las listas de acuerdos de este Juzgado, para oír y recibir notificaciones. Ahora, en atención a lo dispuesto en el primer párrafo del numeral 12 del cuerpo normativo en cita, se tiene por autorizadas con todas las facultades que dicho precepto legal confiere, a las personas señaladas en el escrito de demanda, al tratarse de la parte trabajadora quien promueve el presente juicio. Desde este momento se faculta a las partes el uso de medios electrónicos, a fin de reproducir las constancias del presente asunto, con excepción de los documentos exhibidos como prueba. Se hace del conocimiento de las partes que, a fin de respetar el derecho a la intimidad, en la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información que por normativa se clasifique como reservada, confidencial o datos personales. Notifíquese por lista al promovente.

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