Jorge Blas Sánchez
Expediente 53/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 53/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 17/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Jorge Blas Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
pral.53/2022 mesa 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Determinación de Alzada. Incorpórese a los autos el oficio que firma el secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con residencia en Oaxaca de Juárez, al que anexa copia certificada del testimonio de la ejecutoria dictada en sesión ordinaria virtual de veintinueve de abril de dos mil veintidós, en el recurso de queja 84/2022; acúsese recibo, preferentemente vía interconexión. De la ejecutoria recibida se advierte que la superioridad declaró infundado el recurso de queja interpuesto por***, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, contra el acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por *** Lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa, para los efectos legales procedentes. Publicación de datos personales. Como el quejoso se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los proveídos emitidos en este asunto se publicarán con supresión de todos los datos personales del quejoso, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, pero protegiendo dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal. Archivo de expediente. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu) y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4. Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 21, inciso b), y 24 del acuerdo general en cita, se comunica a las partes que este expediente es DESTRUIBLE; por lo que será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruido, remitiendo el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. 5. Anotaciones. Háganse las anotaciones que correspondan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el libro de gobierno respectivo y en la carátula del expediente. 6. Instrucción a Secretaría. Finalmente, se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente, para que verifique a) que en la carátula obre la leyenda referida en párrafos precedentes (destruible) y, como se precisó en el auto inicial, b) que tanto en el expediente electrónico como en el impreso se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del acuerdo general multicitado. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
pral.53/2022 mesa 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de febrero de dos mil veintidós. Tribunal acusa recibo y radica recurso. Agréguese el oficio firmado por la actuaria judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mediante el cual acusa recibo de las constancias remitidas por este Juzgado para la sustanciación del recurso de queja interpuesto contra la resolución de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, por la que, entre otras cuestiones, se desechó la demanda de amparo promovida por *** Admisión del medio de impugnación. De la comunicación de cuenta se advierte que el Tribunal de Alzada admitió el medio de impugnación interpuesto, quedando registrado con el toca 84/2022. Precisión sobre envío de agravios. Sin que pase desapercibido que la superioridad refiere que imprimió una copia del escrito de interposición de queja y expresión de agravios, en razón de no haberse recibido junto con el informe de queja que rindió este Juzgado; sin embargo, para los efectos legales correspondientes, es preciso referir que el mismo sí fue remitido a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Civil y Administrativa de este Decimotercer Circuito, como se aprecia de la constancia glosada en autos. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
pral.53/2022 mesa 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de enero de dos mil veintidós. Tribunal acusa recibo, radica recurso y resuelve queja. Agréguense los dos oficios de cuenta, provenientes del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con residencia en este municipio, de los que se advierte que a) acusa recibo de las constancias remitidas por este Juzgado para la sustanciación del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el proveído de trece de enero del año en curso, por el cual se negó la suspensión de plano; además, b) admitió el medio de impugnación interpuesto, quedando registrado con el toca 66/2022 y c) remite copia certificada del testimonio de la ejecutoria dictada en sesión extraordinaria virtual de veintisiete de enero de dos mil veintidós, en el recurso de queja 66/2022; acúsese recibo, preferentemente vía interconexión. De la ejecutoria recibida, se advierte que la superioridad declaró infundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa; lo anterior, hágase de su conocimiento, para los efectos legales procedentes. 2. Trámite de recurso de queja. Por otra parte, glósese el escrito de cuenta firmado electrónicamente por **** autorizado en términos amplios de la parte quejosa; en su atención, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo recurso de queja contra el acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por **** En tales condiciones, con fundamento en los artículos 100 y 101 de la ley invocada, una vez notificada la parte quejosa de este proveído, remítase electrónicamente al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, en turno, del Decimotercer Circuito: I) el informe sobre la materia de la queja, II) el escrito de interposición del recurso firmado electrónicamente, así como III) el expediente electrónico. Lo anterior, con fundamento en el artículo 39 del acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19; de ahí que, para el caso de que el Tribunal de Alzada necesite las constancias físicas, podrá requerirlas a este órgano jurisdiccional. Indicación a la oficial judicial "A". Instrúyase a la oficial judicial "A", encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, que habilite los permisos necesarios del expediente electrónico de este juicio de amparo. Con la precisión que la consideración anterior es armónica con el artículo 3° de la Ley de Amparo, que prevé la coincidencia íntegra entre el expediente electrónico e impreso, y particularmente, con los lineamientos del referido acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en los aspectos relativos al uso preferente y prioritario de tecnologías de la información y comunicaciones, el trabajo a distancia y el máximo aprovechamiento de las capacidades productivas de los órganos jurisdiccionales. Sin que sea necesario dar vista por el plazo de tres días a la parte quejosa para que señale las constancias necesarias que deberán remitirse al Tribunal de Alzada; en razón de que se enviará el expediente electrónico, en el cual obra todo lo actuado en el expediente físico; ello, a efecto de no retardar la tramitación del recurso de queja. Cuaderno de antecedentes. Por lo anterior, resulta innecesario formar cuaderno de antecedentes. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa. .
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de enero de dos mil veintidós. 1° Trámite de recurso de queja. Incorpórese a los autos el escrito de cuenta firmado electrónicamente por Óscar Ricardo Ramírez Santiago, autorizado en términos amplios de la parte quejosa; en su atención, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso b), 98, fracción I, 99, 100 y 101, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo recurso de queja contra el acuerdo de trece de enero de dos mil veintidós, en el que, entre otras cuestiones, se negó la suspensión de oficio y de plano al quejoso Jorge Blas Sánchez. Por ello, en términos del artículo 101, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, notifíquese esta determinación únicamente a la parte quejosa y, una vez que obre la constancia que lo acredite, sin ulterior acuerdo, remítase electrónicamente al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, en turno, del Decimotercer Circuito, el I) informe sobre la materia de la queja, II) el escrito de interposición del recurso, así como III) el expediente electrónico. Lo anterior, con fundamento en el artículo 39 del acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19; de ahí que, para el caso de que el Tribunal de Alzada necesite las constancias físicas, podrá requerirlas a este órgano jurisdiccional. Indicación a la analista SISE. Instrúyase a la encargada del sistema integral de seguimiento de expedientes que habilite los permisos necesarios del expediente electrónico de este juicio de amparo. Con la precisión que la consideración anterior es armónica con el artículo 3° de la Ley de Amparo, que prevé la coincidencia íntegra entre el expediente electrónico e impreso, y particularmente, con los lineamientos del referido acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en los aspectos relativos al uso preferente y prioritario de tecnologías de la información y comunicaciones, el trabajo a distancia y el máximo aprovechamiento de las capacidades productivas de los órganos jurisdiccionales. Sin que sea procedente dar vista a la parte quejosa para que señale constancias que deban remitirse al Tribunal de Alzada, pues se actualiza el supuesto de excepción previsto en el artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, lo que implica un trámite de carácter urgente, que queda excluido de la regla general que contiene el numeral 101, párrafo primero, de la Ley de Amparo; máxime que, como se anticipó, se remitirá la totalidad de las constancias a través de la habilitación del expediente electrónico. Cuaderno de antecedentes. Por lo anterior, resulta innecesario formar cuaderno de antecedentes, dada la remisión del expediente electrónico. 2°. Cumplimiento de prevención. Por otra parte, agréguese el escrito del quejoso Jorge Blas Sánchez, mediante el cual, en atención al requerimiento de trece de enero de dos mil veintidós, indica lo siguiente: Primera y segunda prevención. "1° Manifieste si promueve la demanda de amparo por propio derecho o en representación de la comunidad indígena del Municipio de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.". "2° De estar en sus posibilidades y para el caso de que también promueva en representación de la referida comunidad, deberá especificar el nombre de la (las) comunidad(es) a quien(es), según su criterio, debe consultarse de manera libre, previa e informada; pues lo realiza de forma genérica.". El quejoso indicó que promueve la demanda de amparo por propio derecho, con la precisión que se ostenta como integrante de la comunidad indígena zapoteca asentada en el municipio de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Tercera prevención. "3° Asimismo, de estar en sus posibilidades, deberá ampliar los antecedentes del acto reclamado consistente en el inicio del procedimiento administrativo de revocación de permiso contenido en la resolución "RES/611/2021"; es decir, deberá manifestar toda la información relativa a ese procedimiento, ya que señaló como acto el dictado, emisión y ejecución de ese procedimiento.". Manifestó que desconoce el estado procesal del procedimiento administrativo de revocación de permiso contenido en la resolución RES/611/2021, ya que no ha sido llamado a ese procedimiento. Cuarta prevención. "4° Así también, en vía de antecedentes, deberá precisar cómo se enteró del inicio del procedimiento; pues si bien es cierto indica que el veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno se notificó a la empresa Energía Eólica del Sur, S.A.P.I. de C.V., no refiere si la notificación se llevó a cabo con él o se enteró por medio de diversa persona.". Al respecto, precisó que tuvo conocimiento del inicio del procedimiento a través de un dependiente de la empresa Energía Eólica del Sur, S.A.P.I. de C.V., quien le indicó que su contrato de arrendamiento estaba en riesgo de ser rescindido, en virtud de que el procedimiento tendría como efecto revocar el permiso otorgado a la empresa. Por tanto, se estima que el quejoso cumplió el requerimiento de trece de enero de dos mil veintidós. 3° Fijación del acto reclamado. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio, se advierte que la parte quejosa señala con el carácter de autoridades responsables y como actos reclamados, los siguientes: Secretaría de Energía Comisión Reguladora de Energía a) El inicio del procedimiento administrativo de revocación de permiso de generación E/1264/AUT/2015, contenida en la resolución RES/611/2021. b) La omisión de establecer en la resolución reclamada RES/611/2021, mecanismos de consulta libre, previa e informada, hacia los pueblos y comunidades indígenas, así como hacia comunidades, pueblos y barrios originarios equiparables a indígenas, ante la posibilidad de verse afectados o beneficiados por el inicio del procedimiento administrativo contenido en la resolución reclamada, notificada a Energía Eólica del Sur, S.A.P.I. de C.V. c) La omisión de llamar al quejoso como tercero interesado al procedimiento administrativo de revocación de permiso de generación de energía eléctrica E/1264/AUT/2015, contenida en la resolución RES/611/2021, mismo que fue notificado a Energía Eólica del Sur, S.A.P.I. de C.V. Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas a) La omisión de realizar la consulta libre, previa e informada hacia los pueblos y comunidades indígenas, así como hacia comunidades, pueblos y barrios originarios equiparables a indígenas, ante la posibilidad de verse afectados o beneficiados por el inicio del procedimiento administrativo contenido en la resolución RES/611/2021, notificada a Energía Eólica del Sur. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, tomo XI, Abril de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 192097, que indica: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.". 4. Causal de improcedencia. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; es decir, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". 4.1. Análisis de dos actos reclamados. Como ya se anticipó en el recuadro inserto previamente, el quejoso reclama primeramente de la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía: --El inicio del procedimiento administrativo de revocación de permiso de generación E/1264/AUT/2015, contenido en la resolución RES/611/2021, notificada a la empresa Energía Eólica del Sur, S.A.P.I. de C.V., de la que se ostenta como arrendador de tierra. --La omisión de llamar al quejoso como tercero interesado al procedimiento administrativo de revocación de permiso de generación de energía eléctrica E/1264/AUT/2015, contenida en la resolución RES/611/2021, mismo que fue notificado a Energía Eólica del Sur, S.A.P.I. de C.V. Respecto a esos actos se estima que se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo (interpretado en sentido contrario), en relación con el 107, fracción III, de la Constitución Federal, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.)" V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: - - - - (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: - -- - (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y." De los artículos y fracciones citados se advierte que la Ley de Amparo no contempla la procedencia del juicio de amparo respecto de violaciones procesales predominantes o en grado superior, o exorbitantes, sino que, de manera específica, acota esa procedencia contra actos cuya ejecución sea de imposible reparación; entendiéndose por ellos únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los instrumentos internacionales de los que México sea parte. De tal modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación reclamada, distinguiéndolos de los que producen efectos meramente intraprocesales, al afectar derechos adjetivos, ya que éstos pueden ser reparados al dictarse una resolución favorable a la parte quejosa, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica. La razón de dichos derechos encuentra su fin último, precisamente, en la obtención de una sentencia a su favor; por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen de la realidad; estableciéndose así los lineamientos básicos que han de tomarse en cuenta siempre que se estudie la procedencia del juicio de amparo indirecto. A fin de dar claridad a la determinación que se toma, es conveniente tomar en cuenta lo expuesto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), en concordancia con la reforma al artículo 107 constitucional, y lo relativo a los actos de imposible reparación. De la jurisprudencia en cita se obtienen las siguientes premisas: A. Previo a la emisión de la actual Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la jurisprudencia, determinaba en qué casos y bajo qué condiciones tendría eficacia el mandato constitucional que instituyó la procedencia del amparo indirecto contra actos irreparables. B. En el artículo 107, fracciones III y V, de la Ley de Amparo vigente se establece el alcance de la expresión de los actos de imposible reparación. C. Un acto será calificado como de imposible reparación, si produce una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no, necesariamente, llegará a trascender al resultado del fallo; además, deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio se advierte que el quejoso reclama de la Secretaría de Energía y de la Comisión Reguladora de Energía el inicio de procedimiento administrativo de revocación de permiso de generación número E/1264/AUT/2015, contenida en la resolución RES/611/2021, notificada a la empresa Energía Eólica del Sur, S.A.P.I. de C.V; así como la omisión de llamarlo a ese procedimiento, por ser el arrendador de unas tierras. Además, el quejoso indicó que tuvo conocimiento del inicio del procedimiento a través de dependiente de la empresa Energía Eólica del Sur, S.A.P.I. de C.V., quien le informó que su contrato de arrendamiento estaba en riesgo de ser rescindido, en virtud de que el procedimiento tendría como efecto revocar el permiso otorgado a la empresa a la cual presta sus servicios. Sin embargo, esos actos no constituyen actos de imposible reparación, ya que de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad por el quejoso no se desprende que se haya dictado resolución definitiva en dicho procedimiento, por lo que se encuentra en posibilidad de comparecer al procedimiento administrativo, en caso de que así lo estime pertinente, para hacer valer sus derechos. Es decir, no existe alguna afectación irreparable al promovente y sobre todo actual, esto es, la afectación, daño o perjuicio que se cometa en su esfera jurídica, que se esté causando, que ya se causó o que es inminente con toda certeza que se vaya a realizar, porque si bien se duele del inicio del procedimiento administrativo de revocación de permiso de generación E/1264/AUT/2015, contenida en la resolución RES/611/2021, también lo es que, de los antecedentes narrados por el ahora quejoso, no se desprende que se haya dictado resolución definitiva, ni que el quejoso hubiera dejado de arrendar sus tierras por el inicio del procedimiento. Por lo tanto, se insiste, el quejoso se encuentra en aptitud de comparecer al procedimiento administrativo respectivo para defender sus derechos. Lo anterior es así, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que los actos tienen una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Federal por medio de los derechos fundamentales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien las sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, y que, por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, pues tal violación es susceptible de ser reparada a través del juicio de nulidad. 5°. Se desecha la demanda de amparo. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo (interpretado en sentido contrario), en términos del artículo 113 del citado ordenamiento legal, por notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO respecto a los actos previamente analizados. Se impone destacar que esta determinación no es contraria al principio de progresividad en relación al derecho de recurso judicial efectivo, dado que la citada porción normativa no eliminó un derecho, ni restringió el nivel de protección alcanzado en la regulación de la Ley de Amparo abrogada, ya que ello responde a un rediseño del juicio de amparo que permite al gobernado controvertir, a través de la vía indirecta, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la directa los actos que impliquen alguna violación procesal. 6° Análisis de los distintos actos reclamados. Por otra parte, respecto a los restantes actos reclamados a las autoridades siguientes: AUTORIDAD ACTO RECLAMADO Secretaría de Energía Comisión Reguladora de Energía La omisión de establecer en la resolución RES/611/2021, mecanismos de consulta libre, previa e informada, hacia los pueblos y comunidades indígenas, así como hacia comunidades, pueblos y barrios originarios equiparables a indígenas, ante la posibilidad de verse afectados o beneficiados por el inicio de procedimiento administrativo contenido en la resolución reclamada. Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas La omisión de realizar la consulta libre, previa e informada hacia los pueblos y comunidades indígenas, así como hacia comunidades, pueblos y barrios originarios equiparables a indígenas, ante la alta posibilidad de verse afectados o beneficiados por la implementación del inicio de procedimiento administrativo contenido en la resolución reclamada RES/611/2021, notificada a Energía Eólica del Sur. Se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales establecen: "Artículo. 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, desacuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." De una interpretación conforme y sistemática a los preceptos legales transcritos, se concluye que el juicio de amparo se seguirá siempre a petición de parte agraviada; es decir, como requisito para que el juicio de amparo sea procedente, debe demostrarse el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio, y que ese derecho subjetivo se vea afectado de manera real y actual, por el acto de autoridad. Así, la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, por lo que las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de suerte que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados, es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten de momento en forma real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En vía de consecuencia, la noción perjuicio para que proceda el juicio de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley misma, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurídico correspondiente, demandando el cese de esa trasgresión. En el caso, el quejoso reclama sustancialmente la omisión de realizar una consulta libre, previa e informada hacia los pueblos y comunidades indígenas, así como hacia comunidades, pueblos y barrios originarios equiparables a indígenas, ante la posibilidad de verse afectados o beneficiados por el inicio de procedimiento administrativo contenido en la resolución RES/611/2021, consistente en la revocación del permiso de generación de energía eléctrica número E/1264/AUT/2015, notificada a la empresa Energía Eólica del Sur S.A.P.I. de C.V.; por tanto, se debe verificar que la omisión reclamada de verdad afecte la esfera jurídica de derechos del quejoso. En ese sentido, el mero temor o suposición que se lleve a cabo un acto de autoridad que lesione su esfera jurídica, de ninguna manera significa la afectación real y actual a los derechos tutelados por la norma jurídica; por el contrario, la parte quejosa debe cerciorarse que el acto reclamado esté dirigido en forma personal, y no por inducciones o temores, como en el caso acontece, pues en la demanda de amparo el quejoso manifestó expresamente que, de proceder la revocación, se causaría un perjuicio a él y a su comunidad, como se aprecia de las imágenes que ahora se insertan: [.] [Imagen escaneada]. Lo anterior no se considera suficiente para presumir que la Comunidad Indígena de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca se verá afectada por el inicio del procedimiento administrativo de revocación de permiso de generación número E/1264/AUT/2015, que se está realizando a la empresa Energía Eólica del Sur, S.A.P.I de C.V; lo que sí es evidente es que el quejoso infiere su posible afectación, a través de un juicio de probabilidad, para lo cual, no es procedente el juicio de amparo. Máxime que de la demanda de amparo no se advierte que se haya dictado resolución en el citado procedimiento administrativo de revocación, en la que, efectivamente, ya se haya cancelado o revocado el permiso de generación número E/1264/AUT/2015, de la empresa Energía Eólica del Sur, S.A.P.I de C.V., pues, como el propio quejoso lo señala, únicamente se trata del inicio de procedimiento de revocación del permiso de generación señalado. Circunstancias que inciden para concluir que el quejoso pretende prevenir actos futuros de realización incierta, contra los cuales es improcedente el juicio de amparo, al no advertirse aún algún perjuicio en su contra, real e inminente, concerniente a su derecho de consulta previa, como comunidad indígena. Por el contrario, la posible afectación está sujeta a suposiciones y eventualidades, lo cual convierte el acto reclamado en futuro y de realización incierta, pues no existe una cercanía en su realización. Todas las eventualidades anteriormente destacadas, hacen improcedente este juicio de amparo, toda vez que éste tiene como objeto resolver controversias que se susciten por leyes o actos de la autoridad que violen derechos fundamentales, y sus efectos son restituir al agraviado en el goce de sus derechos fundamentales violentados, lo que se colige de la intelección de los artículos 1 y 61 de la Ley de Amparo; por ello, es necesario que pueda apreciarse el perjuicio de la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de amparo; aspecto que, evidentemente, no se acreditó en la especie. Tal determinación se justifica, porque la demanda de amparo tiene como fin obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya al solicitante de amparo en el goce del derecho fundamental violentado, y no para prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación. Apoya lo anterior, la tesis número XX.308 K, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, fuente Semanario Judicial de la de la Federación, Tomo XV-I, Febrero de 1995, página 138, de rubro y texto: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACIÓN INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías.". Aunado a lo anterior, se estima que el quejoso no acreditó su interés legítimo para promover a favor de la colectividad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca; como así lo ilustra la tesis II.1o.A.1 K (11a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo IV, página 3060, Registro digital: 2023509, de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA SOLA MANIFESTACIÓN DE LOS HECHOS EN LA DEMANDA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ES INSUFICIENTE PARA ACREDITARLO.". 7°. Se desecha la demanda de amparo. En consecuencia, al actualizarse, de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia contenida en la fracción XXIII del artículo 61, con relación al 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en términos del artículo 113 del citado ordenamiento legal, por notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO respecto a los actos previamente analizados. 8° Precisión final. Es importante destacar que la actualización de la causa de improcedencia en estudio no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia consagrados en ordenamientos internacionales, pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, se podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo. Así, en el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; ello, conforme a la tesis 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, página 324, registro 165538, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA". Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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