Jorge Bernardo Mendoza Cuervo
Expediente 1048/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1048/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Jorge Bernardo Mendoza Cuervo
Actuaciones
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, dos de agosto de dos mil veintitrés. Acepta competencia. Agréguese el oficio de cuenta firmado electrónicamente por el actuario judicial adscrito al Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual informa que el juzgado que representa aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional para conocer del juicio de amparo del que emana el cuaderno de antecedentes en que se actúa, mismo que fue radicado bajo el número ********************, de su respectivo índice cronológico. Se remiten constancias en alcance. Consecuentemente, remítanse al órgano jurisdiccional aducido con antelación, las promociones reservadas en los autos del cuaderno de antecedentes en que se actúa, a efectos de que se acuerde lo que en derecho corresponda en el juzgado que conoce del asunto. Archivo. Finalmente, previas las anotaciones respectivas, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Destino del expediente. Ahora bien, si de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto se considera susceptible de ser destruible, a atendiendo la determinación de incompetencia; cierto es que, al haberse decretado la suspensión de plano de los actos reclamados, de conformidad con lo que establece el artículo 17, fracción III, inciso b), aplicado por analogía, se ordena que una vez que transcurran tres años, contado a partir de esta fecha, deberá ser transferido a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, al ser valorado como conservable..M-I
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; veintiuno de julio de dos mil veintitrés. No aceptan competencia planteada. Agréguese el oficio signado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, al que acompaña los autos originales del juicio de amparo 1048/2023-1-A del índice de este órgano jurisdiccional e informa que por auto de diecisiete de julio de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo 1238/2023 de su estadística, determinó no aceptar la competencia planteada por este Juzgado Federal, por los motivos expuestos en dicha determinación; acúsese recibo de estilo. Incompetencia legal. En ese orden, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se determina que este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo carece de competencia legal, porque los actos reclamados no tienen ejecución material en el territorio en el que ejerce jurisdicción este, con base en lo establecido en el diverso 37 del ordenamiento legal citado; preceptos legales que señalan: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." [.] "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva." Del análisis del primer precepto en cita se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que son: a) La primera hipótesis que se encuentra contenida en el primer numeral en comento, se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren necesariamente de ejecución material para su cumplimentación por parte de autoridad diversa a la ordenadora; b) La segunda previsión normativa que se contiene en el artículo transcrito, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; c) En el tercer párrafo del precepto aludido, se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera la ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Conviene precisar que, para fijar la competencia de un juez de amparo para conocer de un juicio constitucional, es preciso atender a la naturaleza del acto reclamado; es decir, si éste es meramente declarativo, o si requiere de ejecución material, para luego de ello, seguir las reglas que establece el artículo 37 de la ley reglamentaria invocada. Con base en lo expuesto, se advierte que en el caso no se surte la competencia a favor de este órgano jurisdiccional. En el caso, la directa quejosa reclama como acto reclamado la omisión de las autoridades responsables de brindarle la atención médica necesaria a sus padecimientos, actos que, por su naturaleza, requieren ejecución material, además de que no es susceptible de ejecutarse de forma parcial. Sin embargo, el suscrito estima que no se actualiza ninguna de las hipótesis previstas en el numeral 37 de la Ley de Amparo; en específico, no está demostrado que en el territorio en el que ejerce control constitucional este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado; aunado a que la promovente del amparo en representación del directo quejoso manifestó que éste se encuentra recluido en la Penitenciaría de la Ciudad de México, en el dormitorio tres, zona cinco, estancia catorce. Aunado, la Primera Sala al resolver la contradicción de tesis 343/2019, determinó que la omisión de proporcionar material médico en un establecimiento penitenciario, por parte de las autoridades encargadas del mismo, constituye un acto que posee consecuencias positivas en un plano fáctico, es decir, tiene ejecución material, pues su naturaleza parte de un deber de hacer del Estado, cuyo incumplimiento se materializa de forma directa en detrimento o menoscabo de la salud de las personas privadas de la libertad, dado que éstas se encuentran bajo el resguardo y tutela de las aludidas autoridades en el centro de reinserción correspondiente. Consecuentemente, la Sala concluyó que, cuando una persona privada de su libertad reclame vía juicio de amparo la omisión de proporcionar atención médica por parte de las autoridades penitenciarias, resulta legalmente competente para conocer de la demanda de amparo el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio del centro de reclusión en el que se encuentre privada de su libertad, de conformidad con lo previsto en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo. De la contradicción citada, derivó la jurisprudencia 1a./J. 86/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 254, Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, Décima Época, registro digital 2021191, cuyos rubro y texto son: "OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. ES LEGALMENTE COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL DOMICILIO DONDE SE ENCUENTRE EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRE RECLUIDA LA PERSONA. De conformidad con el numeral 4o. de la Constitución Federal en relación con los artículos 34, 73, 74, 76 y 77 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las autoridades penitenciarias se encuentran obligadas a proporcionar atención médica a las personas que se encuentran privadas de su libertad. En ese contexto, la omisión de brindar atención médica por parte de las autoridades penitenciarias, produce consecuencias materiales en el mundo fáctico, pues existe un vínculo indisoluble entre: a) la obligación del Estado de proporcionar atención médica a las personas privadas de su libertad en su centro de reinserción social; b) la omisión de proporcionar dichos servicios a dichas personas; y c) la afectación del derecho fundamental a la salud en éstos, en el caso de que tal servicio no se proporcione. De esta manera, se actualiza la regla de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, por lo que debe conocer de dicha demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio del centro penitenciario donde se encuentre recluido el promovente de amparo." En ese contexto, al tenor de lo establecido por el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, este juzgado de distrito estima que no es legalmente competente, por razón de territorio, para conocer de la demanda de que se trata. Ahora bien, de conformidad con los artículos 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, es competente para conocer del presente asunto el Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno. Por lo expuesto, se declina dicha competencia en favor del homólogo de referencia que corresponda, por lo que de inmediato remítase el expediente en que se actúa a ese órgano jurisdiccional, con el propósito de que decida si acepta la competencia planteada, solicitándole atentamente el acuse de recibo correspondiente. Cuaderno de antecedentes. Fórmese cuaderno de antecedentes con copia de las constancias necesarias deducidas de este expediente.M-I
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Notifíquese personalmente...VII
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