Jorge Belmont Hernández

Expediente 627/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
627/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
26/06/2023

Partes del expediente

  • Jorge Belmont Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede de la que se advierte que ya transcurrió el término de cinco días que concede la Ley de Amparo en su artículo 98, para la interposición del recurso de queja sin que hasta estos momentos lo haya hecho valer el quejoso en contra del auto de treinta de mayo de dos mil veintitrés, dictado por este juzgado, que desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el citado auto, ha causado estado. Asimismo, visto el estado procesal de los autos archívese este expediente como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Ahora bien, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se hace la observación que el presente expediente es destruible toda vez que en el caso por auto de treinta de mayo de dos mil veintitrés, se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo y no existen documentos originales exhibidos, por tanto dicho proveído en términos del artículo 20, fracción II, constituye una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido y dichos asuntos encuadran en los supuestos de expedientes destruibles. Hágase del conocimiento del quejoso, que el presente expediente sólo permanecerá en el archivo primario de este juzgado, por el lapso de tres años, contado a partir de su fecha de archivo, y una vez transcurrido este plazo se procederá a su destrucción, de conformidad con lo previsto por el artículo vigésimo del acuerdo ya citado. Notifíquese.

  2. Principal

    AVISO: SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA ... , EL CONTENIDO DEL AUTO DE FECHA 30 DE MAYO DE 2023 QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "Vista la demanda de amparo promovida por ********************; contra actos de la Tercera Sala y Juez Sexagésimo Quinto, ambos de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por violación a las garantías consagradas en los artículos 1, 14, 16 y 17 constitucionales; fórmese expediente impreso y electrónico respectivo, regístrese en el libro de gobierno de los juicios de amparo como 627/2023-III, y provéase lo conducente en relación a dicha demanda de amparo. Del estudio íntegro de la demanda de amparo, se advierte que la misma resulta improcedente por actualizarse la causal prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en contrario sensu de lo establecido en la fracción V, del artículo 107, del mismo ordenamiento legal. Por actos de imposible reparación debemos entender aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del juicio del que se derivan tales actos procesales, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes de la quejosa, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera, esto en razón de los daños y perjuicios que puedan resentir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del juicio de que trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se pueden reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad que las violaciones cometidas en el juicio queden reparadas en la sentencia que llegue a pronunciarse. Conforme a lo anterior, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen; esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. En el caso, el quejoso señala como acto reclamado la resolución de cuatro de mayo dos mil veintitrés, dictada por la Tercera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el toca ********************, que confirmó el auto de dictado en audiencia de diecisiete de enero del año en curso, del índice del Juzgado Sexagésimo Quinto Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el juicio de controversia de arrendamiento ********************, por el cual en el desahogo de pruebas de la parte actora, aquí quejoso y tocante a la documental ofrecida, el juez de génesis, decreto, que, en virtud de que no se encontraba preparada con fundamento en el artículo 961 fracción II del Código de Procedimientos Civiles, la declaró desierta por causas imputables al oferente. Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo, puede advertirse que el juicio de controversia de arrendamiento ********************, se encuentra radicado ante el Juzgado Sexagésimo Quinto Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; seguido por ******************** contra ********************; que el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, se admitió la demanda, ordenándose emplazar y correr traslado al demandado, mismo que contestó la demanda incoada en su contra; que el trece de diciembre del año próximo pasado, se admitieron las pruebas ofertadas por las partes, las cuales se desahogaron en audiencia el diecisiete de enero del año en curso, a excepción de la ofertada por el aquí quejoso en el apartado tres de su escrito de demanda, pues el juez responsable consideró que en virtud de que no se encontraba preparada con fundamento en el artículo 961 fracción II del Código de Procedimientos Civiles, la declaró desierta por causas imputables al oferente; que inconforme con tal determinación, el quejoso interpuso recurso de apelación, mismo que correspondió de su conocimiento a la Tercera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México quien lo radicó con el toca ******************** y mediante resolución de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, confirmó el auto impugnado, determinación que resulta ser el acto reclamado. En virtud de lo antes expuesto, en el caso en particular el acto reclamado señalado por el quejoso, no se considera un acto de imposible reparación que afecte de manera directa los derechos sustantivos del peticionario de amparo, ya que no es una determinación que traiga aparejada en sí un daño en contra de su persona, de su patrimonio o que afecte en grado predominante o superior sus derechos, esto es, dicha determinación tiene efectos meramente procesales y no afectan irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que solo genera la posibilidad de que ello ocurra en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses de la parte quejosa, quien podrá reclamarlo en vía correspondiente; motivo por el cual, el acto reclamado no se encuentra contemplado en alguna de las hipótesis que prevé el artículo 107 de la ley reglamentaria para la procedencia de la acción constitucional indirecta. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia IV.2º.C.J/2, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, décima época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 6, mayo de 2014, tomo III, pagina 1539, registro 2006338, que dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." En otras palabras, los efectos del acto que por esta vía combate, se actualizan hasta el dictado del fallo definitivo de dicho juicio, toda vez que hasta ese momento se podrá apreciar si con motivo de dicha determinación se vulneran las defensas del afectado, esto es, si se incurrió en una violación procesal que trascendió al resultado de la sentencia, lo que hace evidente que el acto reclamado, no tenga una ejecución de imposible reparación. Es aplicable, por analogía a las consideraciones anteriores, la tesis v.2o. J/68, visible a foja 46, del tomo 66, correspondiente al mes de junio de 1993, octava época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE, ACTOS DE (INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 114, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO).- anteriormente al quince de enero de 1988, en que entraron en vigor las últimas reformas al artículo 107 constitucional y a la ley de amparo, por actos de imposible reparación para determinar la procedencia del juicio de amparo judicial indirecto, se debía considerar a aquéllos que tuvieran una ejecución de carácter material sobre las personas en sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se pudieran reparar en el curso del juicio del que dimanan tales actos procesales, aunque se obtuviera una sentencia definitiva favorable, entre los que podríamos citar, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, así como aquéllos que tuvieran por efecto impedir el dictado de la sentencia definitiva que decida las pretensiones de las partes en última instancia, como sería el desechamiento de la demanda, la declaración de caducidad de la instancia, el acuerdo que tiene por desistido al actor de la acción o la instancia, el que declara desierto el recurso de apelación contra la sentencia que decidió el negocio en primera instancia, etcétera, esto, en razón de los daños o perjuicios que pueden resentir los particulares con esa clase de actos, ya que no se les puede resarcir en ninguna actuación posterior dentro del juicio de que se trata, pues la privación de derechos a usar los bienes embargados, que prevalece durante el tiempo que dura el secuestro, ya no se puede reparar posteriormente; el menoscabo sufrido y los perjuicios resentidos al hacerse efectiva la multa tampoco son restituibles en el procedimiento y los alimentos pagados tienen las mismas consecuencias; los efectos de la caducidad de la instancia, del acuerdo que tiene por desistido al actor, del que declara desierto el recurso aludido, llevan a la imposibilidad jurídica de que pueda dictarse sentencia definitiva en el juicio, con lo que impiden que las violaciones cometidas en tales procedimientos, sean reparadas material o jurídicamente con una sentencia favorable al afectado con las violaciones procesales. En el sistema constitucional y legal vigente subsiste dicha situación, excepto respecto de los actos procesales que ponen fin al juicio, que son actos reclamables en el juicio de amparo directo ante los tribunales colegiados de circuito." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, del Semanario Judicial de la Federación, octava época, abril de 1994, que a la letra dice: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto". Así las cosas, al dejarse establecido que el acto reclamado no se encuentra contemplado en alguna de las hipótesis que prevé el artículo 107 de la Ley reglamentaria para la procedencia de la acción constitucional indirecta, se actualiza la causal de improcedencia antes analizada, razón por la cual en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente, la presente demanda de amparo. Se tiene al promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo y por autorizados a los licenciados en derecho que menciona, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, que a la fecha del dictado del presente acuerdo, tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito atento a lo dispuesto en el título Decimo del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis, y a las demás personas que indica para oír y recibir notificaciones, documentos e imponerse de los autos en términos del último supuesto del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo; a quien también de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se les permite el uso de cámaras o lectores ópticos al consultar el expediente, no así para recibir valores, mismos que por seguridad de las partes, únicamente serán entregados al quejoso, a su apoderado o representante legal con facultades suficientes para ello. Asimismo, y como lo solicita, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico al usuario********************"; en consecuencia, y toda vez que el ocursante proporciona el nombre del usuario en el Sistema de Consulta de Expediente Electrónico del Poder Judicial de la Federación, se autoriza al mismo la consulta vía internet del expediente electrónico; por lo tanto, se ordena autorizar dicha consulta, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, en cuanto al correo electrónico que proporciona no ha lugar a tener por señalado el mismo, en virtud de que el artículo 26 de la Ley de Amparo, establece la forma en la que se van a realizar las notificaciones y en el inciso IV, refiere que se realizan por vía electrónica a las partes que expresamente así lo soliciten y que previamente hubiesen obtenido la firma electrónica. Notifíquese personalmente al quejoso. " NOTIFIQUESE

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