Jorge Becerra Moreno
Expediente 540/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 540/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jorge Becerra Moreno
Actuaciones
- Principal
... HA CAUSADO ESTADO... archívese este expediente como asunto totalmente concluido, haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN...
- Principal
Morelia, Michoacán, a seis de julio de dos mil dieciocho. Como de la certificación que antecede se aprecia que en el término de cinco días concedido al quejoso en auto de veinticinco de junio del año en curso, a efecto de aclarar la demanda de amparo, le feneció, sin que haya cumplido; por tanto, no ha lugar a admitir la demanda toda vez que el acto reclamado se hizo consistir en: El oficio número 400/2018, de fecha 19 de junio de 2018 y notificado al suscrito el mismo día, signado por los RESPONSABLES DEL PROCESO, esto es por el Director de la Escuela Preparatoria Ingeniero -, Consejera Universitaria Profesor y Consejero Universitario Alumno por la misma escuela, aparentemente orientado del oficio No. 355/2018 del Secretario General de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo de fecha 19 de junio de 2018.. Acto respecto del cual el suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional, por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, por surtirse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XVI de la Ley en comento, el cual textualmente señala: "ARTICULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVI. Contra actos consumados de modo irreparable." En el caso, el quejoso comparece a esta vía constitucional a demandar el amparo y protección de la justicia federal, contra el acto que hace consistir en el oficio número 400/2018, de fecha diecinueve de junio del año en curso, deducido del diverso 355/2018, suscrito por el Secretario General de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, mediante los cuales se le notificó que se le retiraba la candidatura a Consejero Profesor Universitario, dado que no acreditó tener derecho para votar ni ser votado como académico de la Escuela Preparatoria Ingeniero Pascual Ortiz Rubio de esta capital, para el proceso de elección de representantes al Consejo Universitario del periodo dos mil dieciocho a dos mil veinte, de la universidad en cita. Ahora, de las constancias que adjuntó el impetrante de amparo al escrito inicial demanda, consistentes en la convocatoria para participar en el proceso de elección de representantes al Consejo Universitario del periodo dos mil dieciocho a dos mil veinte, solicitud de registro, oficios 400/2018 y 355/2018, suscritos respectivamente por el Director de la Escuela Preparatoria Ingeniero Pascual Ortiz Rubio y Consejeros Universitarias Profesor y Alumno, y Secretario General de la Universidad referida, documentales que en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, tienen el carácter de prueba plena, se desprende, específicamente de la convocatoria, lo siguiente: ".SEGUNDA. El registro de aspirantes de las dependencias universitarias se abrirá el viernes 8 de junio y se cerrará el jueves 14 de junio (5 días hábiles); el jueves 14 de junio se calificaran las solicitudes de registro y se publicaran los nombres de los aspirantes que hayan cumplido con los requisitos legales correspondientes; las tareas de proselitismo se llevarán a cabo desde el viernes 15 hasta el jueves 21 de junio (5 días hábiles); el viernes 22 del mismo mes junio tendrán lugar las votaciones y se publicarán sus resultados; las inconformidades se presentarán desde el momento en que se publiquen los resultados de las votaciones, hasta el miércoles 27 de junio, y dichas inconformidades serán resueltas el lunes 2 de julio.". Como ya se precisó, la demanda de amparo resulta notoriamente improcedente, dado que en el caso se actualiza la causa prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, pues se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando los actos que se reclaman se han consumado de modo irreparable, lo que hace que ya no puedan ser reparados mediante la vía constitucional; pues al respecto, cabe señalar que el numeral 77 de la Ley de Amparo, contiene el principio de "restitución o de potencialidad restitutiva" que deben tener las sentencias que concedan el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Por consiguiente, el juicio de amparo es improcedente, entre otros casos, cuando el fallo que eventualmente concediera el amparo no pueda tener el efecto de restituir al agraviado en el pleno goce de sus derechos humanos violados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación (actos positivos) o bien, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir con lo que éste exija (actos negativos). En ese sentido, cabe aclarar que los actos consumados de modo irreparable son aquellos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, pues aun cuando la sentencia resultara favorable a la parte quejosa, no podría retrotraerse en sus efectos. De modo que, la consumación irreparable referida es de naturaleza material o física, esto es, aquella que por haber producido todas sus consecuencias materiales, hace que la restitución del derecho sustantivo tutelado quede fuera del alcance de los instrumentos jurídicos; en cambio, de reclamarse en el juicio de amparo actos que si bien ya se han ejecutado, el efecto restitutorio de volver las cosas al estado que guardaban se alcanza al quedar sin efecto legal tales actos, o bien, aun cuando las consecuencias materiales que produjo pueden restablecerse, debe entenderse que no se actualiza la causa de improcedencia en análisis. Ilustra sobre el particular, la tesis 14, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12 del Tomo VI, Materia Común, Sección Precedentes Relevantes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuya literalidad es: "ACTOS CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE. La jurisprudencia de la Suprema Corte ha resuelto que las disposiciones legales que se refieren a actos consumados de un modo irreparable, aluden a aquellos en que sea físicamente imposible volver las cosas al estado que tenían antes de la violación, lo que no acontece tratándose de procedimientos judiciales que, por virtud del amparo, pueden quedar insubsistentes y sin efecto alguno." Así como la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación impresa en la página 738, del Tomo XXIX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, del epígrafe siguiente: "ACTOS IRREPARABLEMENTE CONSUMADOS. Por tales deben entenderse para la procedencia del amparo, aquellos cuyos efectos no es posible legalmente hacer desaparecer, volviendo las cosas a su estado anterior; y si los actos de las autoridades, aun cuando consumados, producen efectos que continúan manifestándose y que no son sino el resultado de aquéllos y que pueden desaparecer por la concesión del amparo, no hay causa para sobreseer." De igual forma resulta ilustrativa la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 76 del Volumen 103-108, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "IRREPARABILIDAD DE CONSUMACIÓN DEL ACTO RECLAMADO COMO CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DE AMPARO. NO BASTA GRAVE DIFICULTAD DE REPARACIÓN. La causal de improcedencia del juicio de amparo que se funda en la fracción IX del artículo 73 de la Ley de Amparo no se justifica con el argumento de que los actos reclamados se encuentran consumados porque resultan de difícil reparación, en virtud de que la disposición legal que se cita señala como causa de improcedencia del juicio de garantías que se entable en contra de "actos consumados de modo irreparable" y no contra actos difíciles de reparar." Por lo tanto, la causa de improcedencia en estudio tiene por objeto que el juicio de amparo cumpla con una finalidad práctica, por lo que éste es improcedente, entre otros casos, cuando la sentencia que, eventualmente, concediera el amparo no pueda tener el efecto de: a) Restituir al agraviado en el pleno goce de sus derechos humanos violados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, con motivo de la nulidad del acto reclamado y los subsecuentes que de él deriven (actos positivos); o, b) Obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir con lo que éste exija (actos negativos). Luego, si el efecto de la sentencia en que se otorgue el amparo y protección de la Justicia Federal, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de derechos fundamentales, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él deriven, lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, interpretada en sentido contrario, en relación con el numeral 77 del ordenamiento en cita, permite sostener que el juicio de amparo persigue una finalidad práctica, lo cual condiciona su procedencia a la posibilidad de que la sentencia que en él se dicte pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de sus prerrogativas violadas. En el caso a estudio, como ya se dijo, el quejoso reclama el oficio número 400/2018, de fecha diecinueve de junio del año en curso, deducido del diverso 355/2018, mediante los cuales se le notificó no tener derecho para votar ni ser votado como personal de la Escuela Preparatoria Ingeniero Pascual Ortiz Rubio de esta capital, en acatamiento a la base vigésima tercera de la convocatoria del proceso de elección de representantes al Consejo Universitario del periodo dos mil dieciocho a dos mil veinte; sin embargo, atendiendo a la convocatoria para participar en el proceso de elección de representantes al Consejo Universitario del periodo aludido, se desprende que el registro de aspirantes se abrió el ocho de junio del año en curso, se cerró y se calificó las solicitudes de registro el catorce siguiente y en esa data se publicaron los nombres de los aspirantes que cumplieron con los requisitos legales correspondientes, del quince al veintiuno del mismo mes se llevarían las tareas de proselitismo, el veintidós siguiente se llevaron a cabo las votaciones y publicación de resultados. Actos que por su propia naturaleza fueron consumados de modo irreparable física y materialmente, ya que las votaciones para elecciones de representantes al Consejo Universitario, por el periodo dos mil dieciocho a dos mil veinte, ya se llevaron a cabo desde el veintidós de junio del año en curso; por tanto, en caso del otorgamiento de la protección constitucional en contra de dicho acto no puede lograr restituir al quejoso en el pleno goce de sus derechos humanos violados, en los términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, puesto que no sería factible conceder el amparo y retrotraer el tiempo para que no se realice el proceso de elección de representantes al Consejo Universitario del periodo aludido, porque ello sólo se pudo haber realizado hasta antes del momento en que fue llevada a cabo tal votación. Tiene aplicación por identidad jurídica la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, Materia Laboral, consultable en la página 90, del rubro y texto siguientes: "SINDICATOS, COMITES EJECUTIVOS DE LOS. NEGATIVA DEL REGISTRO DE SU ELECCION. AMPARO IMPROCEDENTE POR HABERSE CONSUMADO IRREPARABLEMENTE EL ACTO RECLAMADO. Si en el juicio de garantías se reclama la resolución por la que la autoridad responsable se negó a tomar nota de la elección de los quejosos como funcionarios del comité ejecutivo de un sindicato, pero a la fecha en que se resuelve el amparo ya transcurrió el período para el que se dijeron electos, el juicio de amparo debe sobreseerse por haberse consumado irreparablemente el acto reclamado, ya que es materialmente imposible retrotraer la situación a la época en que los quejosos pudieron desempeñar los cargos sindicales cuya designación hicieron saber a la responsable para que tomara nota de su elección." Por tanto, al concretizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia en estudio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 113 y 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Hágase del conocimiento de las partes, que las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del conocimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Igualmente, se le informa el derecho que le asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de la Materia, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. Notifíquese personalmente.
- Principal
Morelia, Michoacán, a veinticinco de junio de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por -actos del Director de la Escuela Preparatoria "Ingeniero Pascual Ortiz Rubio", residente en esta ciudad y otras autoridades. Ahora bien, antes de proveer respecto de su admisión o desechamiento, con apoyo en los artículos 108, fracción III, 112 y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, prevéngase al promovente, para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, cumplan con lo siguiente: 1. Toda vez que en el apartado relativo a las autoridades responsable señala: ".Responsables del Proceso Consejero Universitario Profesor de la Escuela Preparatoria Ingeniero Pascual Ortiz Rubio en el Consejo Universitario y Consejero Universitario alumno por la misma dependencia, ambos con domicilio.". Diga específicamente quiénes son los responsables a que alude, toda vez que como lo señala es muy genérico, lo anterior para estar en condiciones de solicitar correctamente los informes de ley. 2. Precise si desea señalar como autoridad responsable al Secretario General de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, dado que lo involucra en el acto reclamado y para el caso de que así sea, señale el acto que le atribuya. Tiene sustento a lo anterior, la tesis publicada en la Novena Época, al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Octubre de 1998, Materia Común, página 1106, que a la letra dice: "AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIR AL QUEJOSO, SI DEL INFORME JUSTIFICADO SE ADVIERTE SU PARTICIPACIÓN EN LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Con vista en el criterio que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Tribunales Colegiados han sustentado en el sentido de que la demanda de garantías constituye un todo y debe interpretarse en su integridad a fin de encontrar los elementos que la conforman, y de que el juzgador es un perito en derecho con capacidad para interpretar una redacción oscura e irregular y determinar si el autor por error incurre en omisiones e imprecisiones por desconocimiento de la técnica de amparo, sin que esto signifique suplir la deficiencia de la queja o integrar la acción que intenta el gobernado, sino sólo en armonizar la información con la que cuenta, tomando también como elemento referencial para determinar la realidad y precisión de los actos reclamados y la designación de las autoridades responsables, los anexos de la demanda y los propios informes justificados que las autoridades rindan; se estima que si el Juez de Distrito, con motivo de los informes justificados o de alguna otra prueba advierte que el acto proviene de una autoridad distinta de las señaladas como responsables o que aparezcan otros actos diversos de los indicados como reclamados que expresamente se hayan omitido en la demanda, deberá ordenar que el contenido de los informes o de esas pruebas se haga del conocimiento de la parte quejosa mediante notificación personal y, prevenirlo para que aclare si señala o no como reclamado, a esos nuevos actos o se tenga como responsable a la nueva autoridad de la que no tenía conocimiento el quejoso, por tratarse de un tercero ajeno al procedimiento o no siéndolo inadvertidamente pasó por alto, y así, estar en posibilidad de dictar una sentencia justa y apegada a la realidad, evitando que la distracción o confusión de aquél sea la base para generar un obstáculo que pueda llegar a ser una trampa procesal que impida al Juez resolver el fondo de la cuestión planteada. Por lo tanto, si en el caso la parte quejosa señaló como autoridad responsable a la Junta, pero de los informes justificados se desprende que quien emitió el acto fue el presidente de ésta, el Juez de Distrito debió prevenir a la parte quejosa a efecto de que aclarara si señalaba o no como responsable al titular de la Junta de Conciliación y Arbitraje y, al no hacerlo así, el a quo incurrió en una violación a las normas que regulan el procedimiento y debe ordenarse reponerlo para los efectos precisados." Bajo apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, su demanda de amparo se admitirá y resolverá únicamente respecto de la autoridad responsable Director de la Escuela Preparatoria "Ingeniero Pascual Ortiz Rubio", residente en esta ciudad. Finalmente, se tiene al quejoso por señalado domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones y autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las licenciadas - por tener registrada su cedula profesional en el Registro Único de Profesionales del Derecho de éste Órgano Jurisdiccional, no así a -, por no cumplir con los requisitos que establece dicho numeral. Notifíquese personalmente.
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