Jorge Barragan Vargas

Expediente 557/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
557/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
10/06/2022

Partes del expediente

  • Jorge Barragan Vargas

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 557/2022-VII. Puebla, Puebla, diez de junio de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, en el cual fue desechada su demanda de amparo. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo causó estado. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y al Oficial Judicial "A", que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar al quejoso por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    SE DEJO AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA; POR TANTO, SE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO DE VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS.- JUICIO DE AMPARO 557/2022-VII. Puebla, Puebla, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales presentada por , por su propio derecho, contra actos del Fiscal General Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla. En consecuencia, regístrese la demanda en el libro de gobierno, Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece la obligación de examinar la demanda y si se encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Para demostrarlo, se hace notar que de la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado es el siguiente:DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES RECLAMO LA "ABSTENCION" . Las autoridades responsables son las siguientes: 1. Fiscalía General del Estado de Puebla, 2. Fiscal Responsable de la Unidad VI Especializada en Delitos Patrimoniales de Cuantía Mayor, Fraude, Despojo, Zona Centro; y 3. Fiscal Titular de la Unidad VI Especializada en Delitos Patrimoniales de Cuantía Mayor, Fraude, Despojo, Zona Centro. De lo referido con antelación, permite visualizar una causal de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, en particular la relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así ya que la abstención para pronunciarse en el sentido de ordenar la judicialización de la carpeta de investigación número ** , integrada por el hecho delictuoso de despojo, -iniciada bajo las reglas del sistema penal acusatorio- tiene prevista una ruta ordinaria de impugnación que debe agotar la parte quejosa antes de solicitar el control de legalidad extraordinario. Así se obtiene del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales2, porque ese precepto dispone que el impacto de omisiones o resoluciones del Ministerio Público durante la etapa de investigación, son impugnables ante un juez de control. Esa ruta ordinaria de impugnación debe agotarse previo a la instauración del juicio de amparo indirecto, a fin de cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la impugnación extraordinaria -el juicio de amparo-. De esa forma lo estableció la Primera Sala : "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO". Por ello se afirma que las víctimas u ofendidos por hechos delictuosos, están obligados a acudir a la ruta ordinaria contra las omisiones del Ministerio Público, desde el inicio de la carpeta de investigación y hasta la eventual conclusión de la misma, en particular impugnarlas ante un juez de control para que este revise la legalidad de esas omisiones, entra las cuales queda comprendida la inactividad que aquí se reclama. Sobre todo porque el juez de control, en términos del precepto citado, puede ordenar que cesen las omisiones e incluso disponer la emisión de los actos que sean pertinentes a la investigación, para una eventual determinación de la acción penal. Lo cual se obtuvo de la contradicción de tesis 233/2017, que generó el criterio invocado en párrafos anteriores, pues la ejecutoria de la referida contradicción, determinó la obligación de las víctimas u ofendidos de impugnar cualquier omisión del Ministerio Público, a través de la ruta ordinaria establecida en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Omisiones que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, extendió a la falta de actos para integrar la carpeta de investigación. Por consiguiente, se afirma el reclamo planteado por la promovente, contra la abstención para pronunciarse en el sentido de ordenar la judicialización de la carpeta de investigación número * integrada por el hecho delictuoso de despojo. Por lo anterior, se indica que es oportuno que el quejoso acuda previo a la promoción de amparo a la ruta ordinaria de impugnación prevista en el invocado artículo 258, ya que dicho mecanismo permite al juez de control modificar la decisión o inactividad del ente ministerial para que continúe con el imperativo constitucional de investigar los hechos con apariencia de delito y, eventualmente, lleve a cabo el ejercicio de la acción penal ante los tribunales (obligación contenida en el artículo 21 de la Constitución Federal). En efecto, la parte quejosa debe agotar la ruta ordinaria de impugnación, contra los actos reclamados en la demanda de amparo; y si la resolución que emitiera el juez de control al examinar las conductas del fiscal responsable, fuera adversa o pudiera transgredir derechos fundamentales previstos en la constitución federal, surgirá la posibilidad de instaurar juicio de amparo indirecto contra esa resolución (del juez de control). Bajo este contexto, se declara que la inactividad combatida en la demanda de protección, encuentra una causal indudable y manifiesta de improcedencia conforme al orden jurídico vigente, que ha interpretado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en particular la causal relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo. Máxime que los datos proporcionados en la demanda, reflejan las condiciones del quejoso para acudir a la ruta ordinaria de impugnación: pues es la víctima quien sufrió detrimento en su patrimonio por la probable comisión del delito de fraude, bajo las reglas del sistema penal acusatorio. Sin que pase desapercibida la manifestación de la parte quejosa en relación a que resulta procedente su demanda de amparo de conformidad con el artículo 107, fracción VII de la Ley de Amparo, en relación con la tesis aislada de rubro siguiente: OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SIN NECESIDAD DE AGOTAR EL RECURSO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Sin embargo, a consideración del suscrito, la tesis citada por la parte quejosa no resulta aplicable al caso; en primer término, porque con independencia a que dicho criterio es sustentado por un Tribunal Colegiado distinto al Sexto Circuito, de conformidad con los artículos 216 y 217 de la Ley de Amparo, tampoco resulta obligatoria su aplicación, puesto que la misma no ha sido establecida por procedente, reiteración o contradicción, por ninguno de los órganos facultados para ellos -Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o Salas, Plenos Regionales o Tribunales Colegiados de Circuito-. Incluso, contrario a lo que manifiesta la parte quejosa, como ya se citó en párrafos precedentes, existe una jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO". Respecto de la cual ya se explicó su aplicabilidad al caso en párrafos precedentes. Entonces, procede desechar la demanda de protección constitucional, pues los actos reclamados por el promovente a las autoridades responsables, encuentran la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, con las características de manifiesta e indudable. Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XX del diverso 61 de la propia legislación, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que presentó la promovente, porque se encontró una causal de improcedencia manifiesta e indudable. En particular la que opera con el principio de definitividad, pues la omisión atribuida a las autoridades responsables, debe impugnarse primero a través del recurso ordinario mencionado con antelación....), el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el ubicado en la Ciudad de Puebla. Además, se tienen como autorizados de la parte quejosa con las restricciones que marca el artículo 12 de la Ley de Amparo, al profesionista referido en el escrito de demanda, porque el mismo no cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Notifíquese; de manera personal a la parte quejosa y cúmplase.

  3. Principal

    JUICIO DE AMPARO 557/2022-VII. Puebla, Puebla, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales presentada por , por su propio derecho, contra actos del Fiscal General Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla. En consecuencia, regístrese la demanda en el libro de gobierno, Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece la obligación de examinar la demanda y si se encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Para demostrarlo, se hace notar que de la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado es el siguiente:DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES RECLAMO LA "ABSTENCION" . Las autoridades responsables son las siguientes: 1. Fiscalía General del Estado de Puebla, 2. Fiscal Responsable de la Unidad VI Especializada en Delitos Patrimoniales de Cuantía Mayor, Fraude, Despojo, Zona Centro; y 3. Fiscal Titular de la Unidad VI Especializada en Delitos Patrimoniales de Cuantía Mayor, Fraude, Despojo, Zona Centro. De lo referido con antelación, permite visualizar una causal de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, en particular la relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así ya que la abstención para pronunciarse en el sentido de ordenar la judicialización de la carpeta de investigación número ** , integrada por el hecho delictuoso de despojo, -iniciada bajo las reglas del sistema penal acusatorio- tiene prevista una ruta ordinaria de impugnación que debe agotar la parte quejosa antes de solicitar el control de legalidad extraordinario. Así se obtiene del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales2, porque ese precepto dispone que el impacto de omisiones o resoluciones del Ministerio Público durante la etapa de investigación, son impugnables ante un juez de control. Esa ruta ordinaria de impugnación debe agotarse previo a la instauración del juicio de amparo indirecto, a fin de cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la impugnación extraordinaria -el juicio de amparo-. De esa forma lo estableció la Primera Sala : "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO". Por ello se afirma que las víctimas u ofendidos por hechos delictuosos, están obligados a acudir a la ruta ordinaria contra las omisiones del Ministerio Público, desde el inicio de la carpeta de investigación y hasta la eventual conclusión de la misma, en particular impugnarlas ante un juez de control para que este revise la legalidad de esas omisiones, entra las cuales queda comprendida la inactividad que aquí se reclama. Sobre todo porque el juez de control, en términos del precepto citado, puede ordenar que cesen las omisiones e incluso disponer la emisión de los actos que sean pertinentes a la investigación, para una eventual determinación de la acción penal. Lo cual se obtuvo de la contradicción de tesis 233/2017, que generó el criterio invocado en párrafos anteriores, pues la ejecutoria de la referida contradicción, determinó la obligación de las víctimas u ofendidos de impugnar cualquier omisión del Ministerio Público, a través de la ruta ordinaria establecida en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Omisiones que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, extendió a la falta de actos para integrar la carpeta de investigación. Por consiguiente, se afirma el reclamo planteado por la promovente, contra la abstención para pronunciarse en el sentido de ordenar la judicialización de la carpeta de investigación número * integrada por el hecho delictuoso de despojo. Por lo anterior, se indica que es oportuno que el quejoso acuda previo a la promoción de amparo a la ruta ordinaria de impugnación prevista en el invocado artículo 258, ya que dicho mecanismo permite al juez de control modificar la decisión o inactividad del ente ministerial para que continúe con el imperativo constitucional de investigar los hechos con apariencia de delito y, eventualmente, lleve a cabo el ejercicio de la acción penal ante los tribunales (obligación contenida en el artículo 21 de la Constitución Federal). En efecto, la parte quejosa debe agotar la ruta ordinaria de impugnación, contra los actos reclamados en la demanda de amparo; y si la resolución que emitiera el juez de control al examinar las conductas del fiscal responsable, fuera adversa o pudiera transgredir derechos fundamentales previstos en la constitución federal, surgirá la posibilidad de instaurar juicio de amparo indirecto contra esa resolución (del juez de control). Bajo este contexto, se declara que la inactividad combatida en la demanda de protección, encuentra una causal indudable y manifiesta de improcedencia conforme al orden jurídico vigente, que ha interpretado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en particular la causal relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo. Máxime que los datos proporcionados en la demanda, reflejan las condiciones del quejoso para acudir a la ruta ordinaria de impugnación: pues es la víctima quien sufrió detrimento en su patrimonio por la probable comisión del delito de fraude, bajo las reglas del sistema penal acusatorio. Sin que pase desapercibida la manifestación de la parte quejosa en relación a que resulta procedente su demanda de amparo de conformidad con el artículo 107, fracción VII de la Ley de Amparo, en relación con la tesis aislada de rubro siguiente: OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SIN NECESIDAD DE AGOTAR EL RECURSO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Sin embargo, a consideración del suscrito, la tesis citada por la parte quejosa no resulta aplicable al caso; en primer término, porque con independencia a que dicho criterio es sustentado por un Tribunal Colegiado distinto al Sexto Circuito, de conformidad con los artículos 216 y 217 de la Ley de Amparo, tampoco resulta obligatoria su aplicación, puesto que la misma no ha sido establecida por procedente, reiteración o contradicción, por ninguno de los órganos facultados para ellos -Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o Salas, Plenos Regionales o Tribunales Colegiados de Circuito-. Incluso, contrario a lo que manifiesta la parte quejosa, como ya se citó en párrafos precedentes, existe una jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO". Respecto de la cual ya se explicó su aplicabilidad al caso en párrafos precedentes. Entonces, procede desechar la demanda de protección constitucional, pues los actos reclamados por el promovente a las autoridades responsables, encuentran la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, con las características de manifiesta e indudable. Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XX del diverso 61 de la propia legislación, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que presentó la promovente, porque se encontró una causal de improcedencia manifiesta e indudable. En particular la que opera con el principio de definitividad, pues la omisión atribuida a las autoridades responsables, debe impugnarse primero a través del recurso ordinario mencionado con antelación....), el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el ubicado en la Ciudad de Puebla. Además, se tienen como autorizados de la parte quejosa con las restricciones que marca el artículo 12 de la Ley de Amparo, al profesionista referido en el escrito de demanda, porque el mismo no cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Notifíquese; de manera personal a la parte quejosa y cúmplase.

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