Jorge Ballesteros Bracho
Expediente 1053/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1053/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 03/11/2016
Partes del expediente
- Jorge Ballesteros Bracho
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Toluca, Estado de México; tres de noviembre de dos mil dieciséis.Téngase por recibido y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes el escrito signado por el quejoso ********************, a través del cual solicita copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio de amparo.Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídase a costa del quejoso las copias solicitadas, en el entendido de que quien se presente a recibirla dichas constancias, deberá exhibir una copia simple de su identificación oficial vigente, para ser certificada por la Secretaria y glosadas a los autos para debida constancia legal.Notifíquese.Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria María Isabel López Mondragón que autoriza, firma y da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, evidencia que el quejoso Jorge Ballesteros Bracho no recurrió dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 81 de la Ley de Amparo, contra la sentencia dictada el cinco de septiembre de dos mil dieciséis, por la cual se sobreseyó en el juicio de amparo. En consecuencia con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que ha causado estado, por lo que, realicen cese las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Atento a lo anterior y al estado procesal del presente juicio de amparo el cual evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en términos del transitorio tercero de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, ello con fundamento en el punto vigésimo primero, inciso I, en relación con el diverso segundo, inciso XXI, del Acuerdo General de referencia. Por otra parte, toda vez que la parte quejosa exhibió el acuse de recibo de seis de mayo de dos mil dieciséis, el cual contiene una firma autógrafa y sello original de recepción, se hace de su conocimiento que se dejan a su disposición, para comparecer a recogerlo si así lo estima conveniente. De igual forma, para los efectos legales conducentes hágase de su conocimiento que en términos del punto décimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, tales documentos podrán ser destruidos junto con el expediente si no comparece a recogerlos dentro del plazo de noventa días. En el entendido de que deberá dejarse en su lugar copia certificada por el Secretario de este Juzgado; asimismo, quien comparezca para tal efecto, deberá exhibir copia simple de su identificación oficial vigente, a fin de ser certificada y glosada para debida constancia legal. Asimismo, el presente sumario no es de relevancia documental, pues no encuadra en alguno de los supuestos a que hace referencia el párrafo último del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Finalmente, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese, al quejoso la presente determinación en términos del proveído de once de julio de dos mil dieciséis. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria María Isabel López Mondragón, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
Visto, para resolver, el juicio de amparo indirecto 1053/2016-I, promovido por Jorge Ballesteros Bracho contra actos del Director de Desarrollo Urbano del Municipio de Lerma, Estado de México. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de demanda. Mediante escrito presentado el ocho de julio de dos mil dieciséis en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, Jorge Ballesteros Bracho solicitó el amparo contra la autoridad y acto siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES "III. El C. Director de Desarrollo Urbano del Municipio de Lerma, Estado de México." ACTO RECLAMADO "La omisión por parte de la Autoridad Responsable de acordar lo relativo a mi petición que presente el día seis de mayo de dos mil dieciséis." SEGUNDO. Derecho humano invocado. El quejoso señaló como derechos humanos transgredidos los contenidos en los artículos 6°, 8° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión y trámite del juicio. Recibida la demanda de amparo en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, se registró con el número 1053/2016-I, por auto de once de julio de dos mil dieciséis se admitió a trámite el escrito inicial; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional (foja 9). C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es competente para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 51 fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; pues el quejoso reclama un acto omisivo que atribuye a una autoridad que tiene su residencia dentro de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama la omisión de dar respuesta a su escrito presentado ante la autoridad responsable el seis de mayo de dos mil dieciséis. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Director de Desarrollo Urbano del Municipio de Lerma, Estado de México, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado; sin embargo, dicha negativa queda desvirtuada, pues del informe de mérito se evidencia la certeza de la omisión que le atribuye el quejoso. Apoya lo anterior, la Tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, página 391, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con número de registro 211004, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio de las cuestiones de fondo planteadas, relativas a la constitucionalidad de los actos que por esta vía de amparo se reclaman, debe analizarse si, en el caso, se actualiza alguna causa de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que las causas de improcedencia son de orden público y su estudio es preferente a la cuestión de fondo de la litis constitucional, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Precisado lo anterior, y analizadas las constancias que integran el presente asunto, se llega a la conclusión de que se actualiza la causa de improcedencia que establece la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que es del contenido siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La citada causa de improcedencia requiere que la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal forma que destruya todos sus efectos, como si se le restituyera al quejoso en el goce de sus derechos fundamentales que alega le fueron transgredidos. Al respecto, el quejoso aduce que la responsable no dio respuesta a su escrito de seis de mayo de dos mil dieciséis, mediante el que solicitó información sobre el proyecto urbano que afecta el bien inmueble de su propiedad Así el supuesto de improcedencia que se analiza se encuentra orientado por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia del juicio de amparo, que es obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo. Es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental transgredido, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir con lo que la garantía exija, cuando el acto sea negativo. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J.59/99 publicada en la página 38, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, junio de 1999, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son los siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora, en el presente asunto, el quejoso señaló como acto reclamado la omisión por parte de la autoridad responsable en dar contestación al escrito presentado el seis de mayo de dos mil dieciséis, que fue recibido en la propia fecha, y en el que solicita información respecto al proyecto de obra del camino donde encuentra ubicado el inmueble su propiedad en específico respecto a la colindancia NORPONIENTE en 83.42 metros. Por su parte, la autoridad responsable al rendir su informe justificado manifestó que no era cierto el acto reclamado puesto que se le dio respuesta mediante oficio número DDU/316/20169, de quince de mayo de dos mil dieciséis, como se advierte a continuación: "JORGE BALLESTEROS BRACHO PRESENTE: Con relación a su oficio de fecha 6 de mayo del presente año, mediante el cual solicita se le informe la existencia del proyecto de obra para el camino ubicado en Calle sin nombre Cañada de Alferez Municipio de Lerma, con frente al inmueble identificado con clave catastral 0382200502000000, del cual es propietario, al respecto me permito informarle lo siguiente: Que dentro de los expedientes que obran en esta Dirección de Desarrollo Urbano, no se encontró antecedente alguno de algún proyecto de obra relacionado con la calle en referencia. Sin más por el momento, quedo de Usted. ATENTAMENTE. ING. FRANCISCO ROJAS BECERRIL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO DE LERMA." En ese orden de ideas, si el quejoso reclama la falta de contestación a su solicitud de seis de mayo del año en curso recibida por la autoridad responsable en la propia fecha; y la autoridad de mérito expuso al rendir su informe con justificación que sí había dado contestación a la petición de éste como se advierte del oficio de quince de mayo de dos mil dieciséis, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, ya que ningún fin práctico tendría dictar una sentencia en la que se ordenara a la autoridad responsable dar contestación a dicho escrito, si éste ya fue contestado al quejoso; máxime que el diez de agosto del año en curso se le dio vista al quejoso con dicho informe justificado a efecto de que ampliara su demanda, respecto de la respuesta vertida por la autoridad responsable y éste no lo hizo. Resulta aplicable la jurisprudencia publicada en la página 71, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo VI, Noviembre de 1997, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 197367, cuyos rubro y texto son los siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En las relatadas circunstancias, al haberse actualizado de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo, con apoyo en el diverso numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Atento a lo anterior, este órgano jurisdiccional se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación, planteados por el quejoso respecto al acto reclamado. Resulta aplicable la tesis publicada en la página 252, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 22-24, Octubre-Diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, Octava Época, cuyos rubro y texto son los siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 61, fracción XXI, 63 fracción V y 216 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 1053/2016, promovido por Jorge Ballesteros Bracho, en contra de la autoridad precisada en el considerando tercero y por las razones expuestas en el cuarto considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria María Isabel López Mondragón, que autoriza, firma y da fe. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; diez de agosto de dos mil dieciséis. Por recibido el oficio signado por el Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Lerma, Estado de México, a través del cual rinde su respectivo informe justificado; asimismo, designa delegados y señala domicilio para oír y recibir notificaciones, de igual forma, remite copias certificadas del oficio número DDU/316/2016, de quince de mayo de dos mil dieciséis. Atento a lo anterior, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de la Amparo, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga; sin perjuicio de hacer nueva relación del informe de referencia en la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en los artículos 9 y 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, se tienen como delegados a las personas indicadas por la responsable y como domicilio el señalado en el oficio de cuenta. Ahora bien, como lo establecen los artículos 114 en relación con el 108, fracción III, ambos de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se requiere a la quejosa por el plazo de quince días, para que por escrito y con tres copias de éste, manifieste si es su deseo ampliar la demanda en contra del oficio número DDU/316/2016, de quince de mayo de dos mil dieciséis, signado por el Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Lerma, Estado de México. Se estima aplicable, la Tesis VI.2o.C. J/240, publicada en la página 1339, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Enero de 2004, Novena Época, con número de registro 182486, que establece: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO ES POSIBLE TRATÁNDOSE DE AUTORIDADES RESPONSABLES, ACTOS RECLAMADOS O CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DISTINTOS A LOS ORIGINALMENTE PLANTEADOS, PERO QUE GUARDEN VINCULACIÓN CON ELLOS. La ampliación de la demanda de amparo es una figura jurídica creada por la jurisprudencia, que confiere al peticionario de garantías un derecho para incorporar a la litis constitucional ya iniciada, autoridades responsables, actos reclamados o conceptos de violación distintos a los originalmente planteados; sin embargo, el ejercicio de esta prerrogativa debe sujetarse a determinados requisitos de procedencia tales como el que no se haya cerrado o integrado la litis, que los nuevos actos tengan relación con los originalmente planteados, o bien, que al rendirse el o los informes justificados, de ellos se desprenda que fueron otras las autoridades que los llevaron a cabo, pero debe existir siempre una relación o vinculación con los actos primigenios, ya que de no existir ese elemento sine qua non, todos aquellos actos que pudieran causar perjuicio a la amparista podrán tener remedio, sí a través del juicio de garantías, pero a consecuencia de tantas demandas de amparo, como juicios o procedimientos de los que deriven los actos que le irroguen perjuicio existan, ya que en este supuesto no pueden incorporarse a una litis constitucional elementos que le son ajenos." Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, en el plazo concedido para tal efecto, se continuará con el trámite del presente asunto sólo por cuanto hace al acto inicialmente reclamado. Notifíquese; personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con María Isabel López Mondragón, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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