Jorge Avendaño Gálvez y Otros.
Expediente 1265/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 7 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1265/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 06/06/2019
Partes del expediente
- Jorge Avendaño Gálvez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; seis de junio de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio signado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, Encargado del Despacho por licencia del Titular, con sede en Salina Cruz. Atento a su contenido, téngase a la autoridad oficiante informando que aceptó la competencia planteada por este Juzgado mediante acuerdo de dieciséis de abril de dos mil diecinueve (fojas 116 a 122), y se avocó al conocimiento del presente asunto. Por tanto, al no existir acuerdo pendiente que proveer, ni diligencia pendiente por desahogar, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 214 de la Ley de la Materia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se ordena archivar el presente cuaderno de antecedentes, como asunto totalmente concluido. ***
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dieciséis de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede se advierte que el quejoso ***, no dio cumplimiento a la prevención que se le hizo en proveído de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho (fojas 21 a 24), pues no señaló como responsable a alguna autoridad residente en el Estado de Chiapas, que pudiera intervenir en la ejecución de los actos reclamados, por lo que se proveerá únicamente en relación a las autoridades inicialmente señaladas como responsables. INCOMPETENCIA Atento a lo anterior, este Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, considera carecer de competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal . Para ello, es conveniente traer a la luz el contenido de los artículos 107, fracción VII, Constitucional y 37 de la Ley de Amparo, que en materia de competencia por razón de territorio, establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Del contenido de los citados preceptos se desprenden tres hipótesis en torno a la competencia territorial de los jueces de distrito, respecto del conocimiento de un juicio de amparo, las que para una mejor comprensión se puntualizan a continuación: a) La primera, dispone que cuando conforme a las prescripciones de la ley de la materia sean competentes los jueces de distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su índole, requiere de ejecución. b) La segunda, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz a la primera, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un Distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, entonces, cualquiera de los jueces federales de esas jurisdicciones ante el que se presente la demanda, esto es, el que haya prevenido en el conocimiento del asunto, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) En el tercer supuesto, se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Estas tres reglas permiten determinar a qué Juez de Distrito le corresponde la competencia para conocer de un determinado asunto, atendiendo al hecho de que el acto requiera o no una ejecución material, lo que se traduce en competencia territorial, pero en atención a los efectos de ejecución material del acto reclamado o la inejecución material del mismo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis 3a. XLIX/93 , sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "COMPETENCIA EN UN JUICIO DE AMPARO EN QUE LOS ACTOS RECLAMADOS DEBEN EJECUTARSE EN DIVERSOS DISTRITOS. CORRESPONDE AL JUEZ ANTE EL QUE SE PRESENTA LA DEMANDA. El artículo 36 de la Ley de Amparo establece tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: 1) será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Lo que distingue las dos primeras reglas de competencia de la tercera, es que en ésta, el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la operancia de las otras exige esta ejecución, y lo que distingue a las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, pues la primera regla competencial se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución pero sólo hace mención a que éste se efectúe en una jurisdicción, mientras que la segunda regla se refiere a la ejecución en dos distritos diferentes. Por tanto del juicio de amparo en que los actos reclamados deben ejecutarse en diversos distritos, corresponde conocer al Juez ante el que se presenta la demanda, pues la expresión 'a prevención' que utiliza la segunda regla competencial se entiende en función del conocimiento anticipado del asunto." Así, para determinar la competencia en el caso concreto, hay que atender estos aspectos: i. Primero, verificar si el acto reclamado tiene o no ejecución material. ii. Segundo, de ser afirmativo lo anterior, el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. iii. Tercero, si el acto no requiere ejecución material, atender al lugar donde se haya presentado la demanda. En la especie, el acto reclamado se hace consistir esencialmente en la orden de búsqueda, presentación, detención, localización, aprehensión o cualquier otra privativa de la libertad, girada en contra del quejoso, por autoridades residentes en Juchitan e Ixtepec, Oaxaca, por hechos que probablemente constituyen el delito de sustracción de menores. La citada determinación, al consistir en un mandato de captura, precisa de actos posteriores que materialicen la privación de la libertad, por lo que se trata de una actuación de la autoridad judicial que requiere ejecución; es decir, es indiscutible que se trata de un acto que requiere ejecución material. Por tanto, la regla para fijar la competencia en este supuesto, de acuerdo con el primer párrafo del artículo 37 de la ley de la materia, estriba en el lugar en que ese acto deba tener ejecución o trate de ejecutarse. Ahora, conforme a la propia naturaleza de la orden de aprehensión y su ejecución material -en cuanto acto reclamado- respaldada en el artículo 16, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, inicia en el momento en que el gobernado es detenido -donde se encuentre-. Pero no se agota ahí, pues en realidad, la privación de la libertad deambulatoria se prolonga por el tiempo procesalmente necesario y se materializará trasladándolo, por regla general, a un centro de prisión preventiva para quedar, en esas condiciones de privación, a disposición del Juez que ordenó su aprehensión. Y ese centro de prisión preventiva, salvo indicación explícita al respecto, ordinariamente deberá ser aquel que se encuentre donde radica el Juez que la ordenó, atento al derecho fundamental del inculpado de enfrentar el proceso interno en el mismo lugar del Juez que lo procesa, lo hasta aquí expuesto pone de relieve que, por regla general, salvo excepción expresa en el propio mandato de captura, la orden de aprehensión tendrá ejecución material en el lugar donde radica el Juez que la ordenó -pues ante él será presentado el indiciado una vez que haya sido privado de la libertad-. Establecido lo anterior, del escrito de demanda así como de las constancias que anexo al mismo, se advierte que la orden privativa de libertad impugnada, así como su ejecución, es atribuida a autoridades del estado de Oaxaca, en donde presumiblemente se ha instaurado un procedimiento penal en contra del quejoso. Lo anterior pone de relieve que la orden de búsqueda, presentación, detención, localización, aprehensión o cualquier otra privativa de la libertad, girada en contra del quejoso, es ejecutable en primera instancia en el Estado de Oaxaca, esto es, en la demarcación donde residen las autoridades responsables, no así en el Estado de Chiapas, particularmente en la porción de territorio sobre la cual ejerce jurisdicción esta juzgadora. Por consiguiente, de conformidad con el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, la competencia para seguir conociendo del presente asunto y resolverlo, se surte a favor de un Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, habida cuenta que es dentro del territorio en el que ejercen competencia dichos órganos de control constitucional en donde el acto reclamado tratará de ejecutarse, pues como se dijo anteriormente, las autoridades ordenadoras y ejecutoras, tienen su residencia en aquella entidad. ***
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; cuatro de abril de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia autorizada de la ejecutoria correspondiente a la sesión de catorce de marzo de dos mil diecinueve, dictada en los autos del expediente número 4/2018, relativo al conflicto competencial suscitado entre este Juzgado Federal y el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, para conocer de la demanda de amparo promovida por ***, en la que resolvió lo siguiente: ".PRIMERO. Sí existe conflicto competencial entre el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, y el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez. SEGUNDO. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto promovido por ***, el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez. TERCERO. Se ordena remitir los autos a la juez que resultó legalmente competente; y, con copia certificada de esta ejecutoria, comuníquese lo resuelto al Juez Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca." Consecuentemente, acúsese el recibo de estilo correspondiente a la Superioridad, y se ordena capturar su reingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado. Glósense únicamente las constancias originales del cuaderno de antecedentes, y respecto de las restantes se ordena su destrucción para evitar la dualidad de constancias innecesarias; por lo tanto, comisiónese para tal efecto al actuario judicial adscrito a este órgano de control constitucional. En atención a lo ordenado por la superioridad, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del presente juicio y procede a proveer lo siguiente: En primer término, es de considerarse que de acuerdo a las constancias que integran este sumario, se destaca que mediante acuerdo de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, se tuvo por recibido el escrito signado por el aquí accionante del juicio de derechos fundamentales, por medio del cual, en cumplimiento a la prevención formulada en acuerdo de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, precisó que el nombre correcto de las autoridades que señaló con el carácter de ejecutoras las denominó como Fiscal General de Justicia del Estado de Oaxaca, así como Vice Fiscal Regional del Istmo. Ahora bien, a consideración de esta juzgadora debe señalarse que la prevención aludida no se encuentra cabalmente cumplida, toda vez que en el referido proveído se le previno para que realizara lo siguiente: "Con el objeto de acordar lo que proceda sobre la admisibilidad de la demanda de referencia, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 108, fracción V, y 114, fracción I y II, de la Ley de Amparo, requiérase al quejoso para que dentro del término de cinco días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, manifieste lo siguiente: a) Aclare la denominación de la autoridad que precisa como "Fiscal General de Justicia del Estado de Chiapas". [.] b) Finalmente, en caso de que la autoridad que señala como "Fiscal General de Justicia del Estado de Chiapas", resida en el Estado de Oaxaca; manifieste si es su deseo señalar diversa autoridad con domicilio en esta entidad, que pudiera tener intervención en la ejecución de los actos reclamados.". En efecto, si bien del ocurso de cumplimiento de prevención, señaló la denominación correcta de las autoridades a las que señalaba como responsables ejecutoras, con lo cual atendió lo señalado en el inciso a); lo cierto es que fue omiso en desahogar el diverso requerimiento precisado en el inciso b), puesto que no refirió si señalaba como autoridad responsable a alguna con domicilio en esta entidad (Chiapas), que pudiera tener intervención en la ejecución de los actos reclamados. Por ello, no se tiene por cumplido el requerimiento de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho (fojas 21 a 24). Sin que sea el caso hacer efectivo el apercibimiento decretado en el referido acuerdo, toda vez que el plazo otorgado inicialmente se vio interrumpido con la presentación del escrito de veintidós de octubre de dos mil dieciocho, por lo que continuará trascurriendo a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación que se le practique del presente auto, debiendo en todo caso exhibir copias de su escrito aclaratorio para cada una de las partes en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia que lleva por rubro ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE". Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; catorce de noviembre de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual acusa recibo del diverso 27355/2018 del índice de este juzgado, e informa que admitió el conflicto competencial propuesto, radicándolo con el número ***. Notifíquese.
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