Jorge Avalos Urbano
Expediente 354/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 354/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/08/2016
Partes del expediente
- Jorge Avalos Urbano
Actuaciones
- Principal
Ensenada, Baja California, a diez de agosto de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, sin que se recurriera el proveído de veinticinco de julio de dos mil dieciséis, en el que se desechó de plano la demanda de amparo interpuesta por Jorge Ávalos Urbano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2do., se declara que dicha determinación, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales conducentes. Consecuentemente, háganse las anotaciones de ley en el libro correspondiente, y archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, en términos de lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente. Por otra parte, del estado de autos se advierte que no existen documentos originales, por lo que se estima que este expediente carece de relevancia documental; con fundamento en lo dispuesto en el capítulo quinto referente a la depuración y destrucción de expedientes judiciales, disposición general vigésima y vigésima primera, fracción I del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declara que ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, UNA VEZ QUE TRANSCURRAN CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DE QUE SE ORDENÓ SU ARCHIVO. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Ensenada, Baja California, a tres de agosto de dos mil dieciséis. A sus autos, el escrito de cuenta, signado por JORGE ÁVALOS URBANO por medio del cual solicita la devolución del documento original que exhibió junto a la demanda de amparo; con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hágase la devolución del documento que indica, previa copia certificada y razón de recibo que se otorgue en autos; asimismo, se faculta para recibirlo a los profesionistas autorizados mediante proveído de veinticinco de julio del presente año. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma el licenciado Rubén Reynoso Barbosa, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, encargado del despacho a partir del uno al quince de agosto del dos mil dieciséis, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/2116/2016, de fecha siete de junio del año en curso, ante la licenciada Irma Beatriz Vidales González, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN I, INCISO B) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA JORGE ÁVALOS URBANO, EL AUTO DE VEINTICINCO DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO... Ensenada, Baja California, a veinticinco de julio de dos mil dieciséis. Visto el escrito de demanda presentado por el quejoso JORGE ÁVALOS URBANO, por derecho propio contra actos del DELEGADO DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, con residencia en la ciudad de Mexicali, Baja California, y otro; fórmese expediente de amparo, quedando registrada en el libro de gobierno respectivo bajo el número 354/2016. Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que ese motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. A efecto de proveer sobre la procedencia del juicio de amparo, es menester puntualizar que del contexto integral de la demanda de garantías se advierte que Jorge Ávalos Urbano, expresó como acto reclamado, el siguiente: "A LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES, LES RECLAMO LA FALTA DE CONTESTACIÓN A LA SOLICITUD DE QUE SE ME INFORME SOBRE LA RETENCIÓN (INMOVILIZACIÓN DE LA CUENTA BANCARIA) DE LA CANTIDAD DE $4,333.50 DÓLARES AMERICANOS, MISMOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA CUENTA BANCARIA NÚMERO 0442665875, EN BANCOMER, A NOMBRE DEL HOY QUEJOSO, TAL Y COMO LO ACREDITO CON COPIA SELLADA POR DICHA AUTORIDAD." Asimismo, de los hechos que narra en su demanda, indica: "QUE BAJO ESCRITO LIBRE FECHADO EL DÍA 30 DE JUNIO DEL 2016, MISMO QUE FUE DEBIDAMEMENTE RECIBIDO POR LAS AUTORIDADES HOY SEÑALADAS COMO RESPONSABLES EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016, SOLICITÉ CON TODO RESPETO Y POR ESCRITO LA INFORMACIÓN SIGUIENTE: PRIMERO.- SE ME INFORME SOBRE LA RETENCIÓN DE LA CANTIDAD DE $4,333.50 DÓLARES AMERICANOS, MISMOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA CUENTA BANCARIA NÚMERO 0442665875 EN BANCOMER, A NOMBRE DE JORGE ÁVALOS URBANO. SEGUNDO.- ME INFORME CUALES SON LOS CRÉDITOS FISCALES (CON NÚMERO DE FOLIOS Y PERIODOS) POR MEDIO DE LOS CUALES RETUVIERON LA CANTIDAD MENCIONADA EN EL PUNTO QUE ANTECEDE, POR MANDAMIENTO DEL OFICIO NÚMERO BCN/INMOV/048/16." Por lo anterior, el quejoso indica que la autoridad responsable con su presunta omisión de responder fundada y motivadamente desde el día treinta de junio del presente año, ha vulnerado las garantías consagradas en los numerales 1, primer, segundo y tercer párrafo, 6, 8 y 35 fracción V, Constitucionales. Sin embargo, para éste juzgador, la dilación que indica, que lo es desde el treinta de junio del presente año, a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, han mediado dieciséis días hábiles, no ha causado una violación a la esfera jurídica del gobernable, pues dicho lapso no se considera excesivo para recurrir al amparo y protección de la justicia federal, pues si bien es cierto la carta magna garantiza el derecho de petición de un gobernado hacia una autoridad, también lo es que la carga de trabajo de las dependencias gubernamentales no permiten, en algunos casos, la respuesta inmediata a la que el garante tiene derecho. Para reforzar lo anterior, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, al ser una autoridad fiscal, tal y como lo establece el artículo 30 de la Ley de dicho organismo, esta facultada para realizar por si misma, o a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las gestiones necesarias, para lograr el pago de los adeudos que se tengan hacia ésta, como en éste caso, el embargo de la cuenta bancaria que indica el quejoso, la cual esta prevista en el numeral 156-Bis del Código Fiscal de la Federación, y si la autoridad en comento, se rige también por dicha legislación, es señalarse también que los plazos legales dentro de los cuales debe dar contestación a las solicitudes interpuestas por los gobernados, y que para el caso concreto es de tres meses a partir de la fecha en que se realizó la petición. El artículo 37 del Código Fiscal de la Federación, contiene lo siguiente: "Artículo 37.- Las instancias o peticiones que se formulen a las autoridades fiscales deberán ser resueltas en un plazo de tres meses; transcurrido dicho plazo sin que se notifique la resolución, el interesado podrá considerar que la autoridad resolvió negativamente e interponer los medios de defensa en cualquier tiempo posterior a dicho plazo, mientras no se dicte la resolución, o bien, esperar a que ésta se dicte." Bajo ese contexto, el suscrito estima que en este caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 6° de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: - - -(.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicano, o de esta ley. Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Así, de la transcripción anterior, se advierte que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto negativo o positivo, que se reclame de la autoridad señalada como responsable; de lo que, interpretado a contrario sensu, se desprende que el juicio constitucional es improcedente en los casos en que se promueva por un gobernado que no resienta perjuicio alguno en su esfera jurídica con el acto de autoridad, ya sea positivo o negativo. De la lectura de la demanda aparece que la parte quejosa se duele esencialmente de la omisión o negativa de la autoridad señalada como responsable de atender su petición. Ahora bien, el artículo 8° de la Constitución Federal establece: "Artículo 8º. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.- - - A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. De dicho precepto constitucional tenemos que los elementos del derecho de petición son los siguientes: a) La petición, la cual debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la respuesta; b) La respuesta, misma que la autoridad debe emitir en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla. En efecto, el artículo 8° de la Constitución Federal establece que la autoridad debe dictar un acuerdo escrito a la petición formulada y hacerlo conocer en breve término al peticionario, entendiéndose por breve término el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, esto es, debe comprender el plazo necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer al quejoso el acuerdo recaído, por lo que, si en el caso, el promovente del amparo presentó su escrito ante la autoridad responsable treinta de junio del presente año, es evidente que al día de hoy no ha transcurrido lapso alguno y menos prudente y necesario para que la autoridad emita y notifique el acuerdo respectivo. Así pues, de la transcripción de los numerales ya insertos en el presente acuerdo, resulta determinante estimar que, en la especie, la autoridad responsable se encuentra dentro de los parámetros para emitir el acuerdo relativo, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, lo que evidentemente no se surte si, se insiste, se atribuye a la responsable la omisión de dar respuesta a lo solicitado dieciséis días después de la fecha en que la quejosa reclama la vulneración al derecho humano que a su favor establece el artículo 8° de la Carta Magna. En consecuencia, es evidente, manifiesto e indudable que a la fecha no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de amparo, por lo que de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XIX.1o.5 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, visible en la página 633, Tomo IV, correspondiente al mes de septiembre de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DERECHO DE PETICIÓN. SI NO HA TRANSCURRIDO EL TÉRMINO QUE LA AUTORIDAD TIENE PARA EL ACUERDO DE PROMOCIONES, NINGUNA VIOLACIÓN EXISTE AL. Cuando en la demanda de amparo se reclama la violación al derecho de petición por la falta de provisión de la solicitud relativa y se advierte que el promovente no dejó transcurrir ni siquiera el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de garantías. Por tanto, la demanda de amparo presentada en estos términos debe desecharse con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo." Así como, la tesis I.4o.A.68 K, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 390, tomo XIII, correspondiente al mes de febrero de 1994, materia Común, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguientes: "PETICIÓN. DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO. La expresión "breve término", a que se refiere el artículo 8o. constitucional, que ordena que a cada petición debe recaer el acuerdo correspondiente, es aquel en que individualizado al caso concreto, sea el necesario para que la autoridad estudie y acuerde la petición respectiva sin que, desde luego, en ningún caso exceda de cuatro meses." Se tiene al quejoso autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Marcos Guillermo Robertson Andrade, Erick del Peral Dragonee, Ulises Zumaya, Rogelio Ayala Duarte, Lesliy Génesis Calvillo y Jesús Francisco Salas Pereyra, únicamente para imponerse de autos, oír y recibir notificaciones y documentos; igualmente se tiene por señalado como domicilio para esos efectos el ubicado en Avenida Moctezuma, número 718, interior 4, Zona Centro, en esta ciudad. Finalmente, como el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, se hace del conocimiento de las partes que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación respectiva con dichos datos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO.
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