Jorge Aurelio Ayuso Medina
Expediente 328/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 43 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 328/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 43
- Última actuación
- 12/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jorge Aurelio Ayuso Medina
Actuaciones
Las 4 más recientes de 43.
- Principal
MESA I. Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda el oficio 3677, signado por la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio 27235/2018, de treinta y uno de octubre último, por medio del cual se le devolvió la copia certificada de las constancias del juicio ejecutivo mercantil 436/2007, de su índice, que adjuntó a su informe de ley. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
MESA I. Toda vez que de la cuenta que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el acuerdo pronunciado en este juicio de amparo el nueve de octubre del año en curso; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que el expresado proveído que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, así como que carece de documentos originales, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES DESTRUIBLE, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo antes citado. Por otro lado, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se concedió la suspensión provisional y la definitiva de los actos reclamados a las responsables, provéase únicamente respecto de la destrucción del duplicado de dicho incidente debiendo conservarse el original del mismo, por el término de tres años y una vez transcurrido éste deberá depurarse tal como lo establece la fracción I del Punto Décimo, Capítulo III del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en la fracción III del punto Vigésimo del capítulo Quinto del acuerdo antes citado, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, es DESTRUIBLE lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. De conformidad con lo establecido en el punto Undécimo del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. En cuanto al valor jurídico, no lo tiene el presente juicio de amparo y sí lo tiene el incidente de suspensión derivado del mismo. Finalmente, devuélvase a la Jueza Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, las constancias consistentes en la copia certificada del juicio ejecutivo mercantil 436/2007, de su índice, que remitió como justificación a su informe de ley; y solicítese a dicha autoridad que acuse el recibo correspondiente. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
MESA I. Vista la razón levantada por el Actuario adscrito en la cual asentó el motivo por el que no le fue posible notificar a la parte quejosa Jorge Aurelio Ayuso Medina, la resolución dictada el nueve de octubre del año en curso, en el domicilio señalado para tal efecto, esto es, que por diversa diligencia actuarial de trece de septiembre último, que obra en autos, fue informado que en dicho predio no reciben ningún tipo de notificación ya que actualmente se encuentra desocupado y que la parte quejosa ya había cambiado de domicilio; en consecuencia, de conformidad con el inciso a), fracción III, del artículo 27 de la Ley de Amparo, notifíquesele la referida resolución, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este Tribunal. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
MESA I. Vistos los presentes autos y nuevamente los oficios de la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado y el Actuario Adscrito a la Central de Actuaria de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial de la citada entidad, con los que rindieron sus respectivos informes justificados en el sentido de que es cierto el acto reclamado y del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte, que el quejoso Jorge Aurelio Ayuso Medina, señala como acto reclamado, el siguiente: El auto de veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, dictado en el juicio ejecutivo mercantil número 436/2007, del índice del Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, promovido por José Mateo Gamboa Cab en contra de Jorge Aurelio Ayuso Medina, en el que se fijó a la parte demanda en término de diez días para que entregue desocupado el inmueble marcado con el número trescientos treinta y nueve de la calle cincuenta y tres letra "H", del Fraccionamiento Francisco de Montejo, de esta ciudad, apercibido que no hacerlo será lanzado con el auxilio de la fuerza pública. En razón de lo anterior, este Juzgador Federal, de oficio, considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, en relación con los diversos 17 y 18, ambos de la Ley de Amparo, que son del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.". "ARTICULO 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: .". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De los preceptos transcritos, se desprende que el juicio de amparo debe instarse dentro del plazo de quince días, lapso que se contabilizará: a). A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame; b). A partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclama, o de sus actos de ejecución; y, c). A partir del día siguiente al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Destaca que el legislador hizo especial énfasis en tres formas para computar el plazo de quince días dentro de los cuales ha de instarse la demanda de amparo para tenerla por oportunamente presentada, todas ellas con características propias y excluyentes entre sí, pues de la primera debe apuntarse la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable en virtud de la cual, en fecha precisa, hace saber a la agraviada el acto reclamado; como característica adicional, las notificaciones practicadas se estiman legales y, por ende, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de garantías, mientras tanto la quejosa no combata su nulidad o ilegalidad. Es aplicable el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, del mes de julio de 1999, visible a página 63, que se lee como sigue: "NOTIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. SURTE EFECTOS CONFORME A LAS REGLAS IMPUESTAS POR LA LEY DE LA MATERIA, CON INDEPENDENCIA DE QUE ESA FECHA SEA CONSIDERADA COMO INHÁBIL POR LAS NORMAS QUE RIGEN EL JUICIO DE AMPARO. No obstante que los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establecen los días que serán considerados como inhábiles respecto del cómputo de los términos en el procedimiento del juicio de amparo; ello no puede hacerse extensivo a las actuaciones procesales propias del acto reclamado como son aquellas en las que se determine el momento en que deberán surtir efectos las notificaciones, puesto que en sentido estricto, no corresponden al procedimiento de amparo. En consecuencia, con independencia de que el día en que surta efectos la notificación del acto reclamado se considere inhábil para los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, el plazo de los quince días a que hace mención el artículo 21 de la Ley de Amparo se iniciará precisamente al día siguiente al en que surta efectos conforme a la ley del acto la resolución o acuerdo reclamado.". La segunda manera para computar el plazo, importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación-, de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve a la certeza de que éste último "tuvo conocimiento" en determinada fecha de los actos reclamados; lo que debe producir la convicción de que el peticionario de amparo conoció en forma directa, plena y completa el acto reclamado; es decir, de manera integral, según lo sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia que aparece publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, Tomo VI, consultable a página 6, que se le lee como sigue: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TERMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones.". Por su parte, en la tercera forma, se establece que el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo se contará: ".desde el día siguiente al en que se hubiera ostentado sabedora de los mismos.", que implica una expresión exclusiva de la parte quejosa, a través de la que se manifiesta que sabe del acto reclamado; conducta que puede estimarse, entraña una confesión expresa por parte de la afectada porque se supone que la fecha en que se ostenta sabedora del acto reclamado con respecto a la presentación de la demanda le perjudica. Precisadas las características esenciales de las tres hipótesis previstas en el artículo 18 de la Ley de la Materia, debe señalarse también que no guardan un orden de preferencia; por tanto, la intención del legislador fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de garantías debe computarse a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los tres supuestos establecidos en el invocado numeral. De la interpretación anterior, se desprende que la demanda de amparo resulta notoriamente improcedente, en virtud de que el acto reclamado no se impugna dentro del término establecido por la ley que rige el juicio constitucional; atento a las siguientes consideraciones. En el caso concreto se está en la hipótesis prevista en el inciso a) que antecede, esto es, a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame, a virtud de que no se encuentra en la hipótesis de tercero extraño por equiparación, toda vez, que pese a la información que se relata en la demanda de amparo, de autos se advierte que tuvo conocimiento de la existencia del juicio ejecutivo mercantil y de la orden de desalojo decretada en el mismo, con mayor anticipación a la que se refiere en la demanda de amparo. Para entendimiento del sentido del fallo, se estima conveniente reseñar los antecedentes del acto que se reclama, para lo que se consideran las actuaciones originales del juicio que remitió la Juez responsable, con valor probatorio pleno en términos de lo previsto por los artículos 129, 202 y 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, al ser expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones, y de las que se advierte que: 1.- José Mateo Gamboa Cab, demandó en la vía ejecutiva mercantil a Jorge Aurelio Ayuso Medina, que por cuestión de turno, correspondió conocer a la entonces Juez Quinto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, y en auto de dos de abril de dos mil siete, lo registró con el consecutivo 436/2007, admitió a trámite y ordenó efectuar el emplazamiento. 2.- Citación y emplazamiento realizado a José Mateo Gamboa Cab, los días cuatro y siete de mayo de dos mil siete, por la Actuaria adscrita a la responsable. 3.- En acuerdo de cinco de junio de dos mil siete, la responsable declaró perdidos los derechos del demandado al no contestar la demanda. 4.- Mediante sentencia de tres de septiembre de dos mil siete, la responsable declaró procedente el juicio ejecutivo mercantil, y se condenó al demandado a pagar la suerte principal y los intereses moratorios. 5.- El cinco de marzo de dos mil ocho, causó ejecutoria la resolución que antecede. 6.- El dieciocho de abril de dos mil ocho se fijó a la parte demandada el término del tres días para que cumpla la ejecutoria. 7.- El veintiuno de agosto de dos mil ocho, se designó al perito de la demandada y al perito tercero para el avalúo del bien sujeto al procedimiento de origen y en auto de veintiocho de octubre de esa anualidad se tuvo por aceptado el cargo de los peritos Balbina Patricia Arce Carrillo y Tomás Eduardo de Jesús Gómez Rodríguez y se ordenó la notificación personal a las partes. 8.- Mediante escrito presentado ante el juzgado responsable el veinticinco de noviembre de dos mil ocho, el demandado, aquí quejoso, José Mateo Gamboa Cab, manifestó su conformidad en relación con el proveído de veinticinco de octubre de ese año, al cual le recayó el auto de doce de enero de dos mil nueve, dictado por la responsable. 9.- Seguida la etapa de ejecución de sentencia, el veintiocho de septiembre de dos mil quince, se otorgó al escritura de adjudicación en relación al inmueble de mérito a favor de la rematadora cesionaria Ingrid Amelia Machado Arce. 10.- El veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, el juez responsable, fijó a la parte demandada, el término de diez días para desocupar el inmueble número trescientos treinta y nueve de la calle cincuenta y tres letra "H", del Fraccionamiento Francisco de Montejo, de esta ciudad, apercibido que no hacerlo será lanzado con el auxilio de la fuerza pública, auto que fue notificado a la parte demandada el dieciocho de octubre de dos mil diecisiete. Lo anterior constituye el acto reclamado. Relacionadas las constancias del juicio natural, es oportuno dejar asentado que al quejoso no le recae el carácter de tercero extraño por equiparación, pues de las constancias reseñadas con antelación se advierte que se apersonó a la etapa de ejecución de sentencia del juicio natural, a fin de hacer manifestaciones por escrito en relación con las periciales de las que le dio vista en forma personal. Por ende, revela el conocimiento del impetrante del juicio, ya que es sabedor del mismo, desde el veinticinco de noviembre de dos mil ocho, toda vez que en esa fecha presentó un escrito ante la oficialía de Partes Común del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en el que manifestó su conformidad respecto a un diverso proveído que le fue notificado en el juicio de origen. En consecuencia, si el acto reclamado, -orden de desalojo del inmueble marcado con el número trescientos treinta y nueve de la calle cincuenta y tres letra "H", del Fraccionamiento Francisco de Montejo, de esta ciudad- de fecha veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, fue notificado a la parte quejosa el dieciocho de octubre de esa anualidad, y la demanda de amparo se exhibió el veintiuno de marzo de dos mil ocho, según se aprecia del sello de depósito en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, es incuestionable que se presentó fuera del término de quince días previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo, puesto que entre ambas datas transcurrieron más de cinco meses. Tiene aplicación la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, consultable en la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, Enero de 1994, página 202, bajo el rubro: "DEMANDA DE GARANTIAS. EXTEMPORANEIDAD DE LA. Es correcto el actuar del juez de Distrito al dar el trámite correspondiente a una demanda de garantías, y que al momento de dictar su resolución constitucional sobresea en el juicio de garantías al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que al rendir el informe justificado la autoridad responsable acompañó las constancias que estimó pertinentes y el juez de amparo advirtió que la demanda de garantías era extemporánea pues de las referidas constancias se desprendía la extemporaneidad de la misma, además de que el juez federal con la sola presentación de la demanda no podía advertir esa circunstancia, pues en ella la parte quejosa expresó que en determinada fecha se enteró del acto de molestia, por lo cual en ese momento el juez no estaba en aptitud de advertir la extemporaneidad de la demanda." Asimismo ilustra lo anterior, la jurisprudencia por reiteración, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, publicada en el Apéndice 2001, tomo VI, Común, Jurisprudencia Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 79, página 103, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, FECHA DE CONOCIMIENTO POR EL QUEJOSO. DEBE DEDUCIRSE DE LAS CONSTANCIAS DEL JUICIO AUN CUANDO SE HAYA MANIFESTADO UNA DISTINTA EN LA DEMANDA. El análisis de las causales de improcedencia en el juicio constitucional, imperativo para los tribunales de amparo de manera previa al examen de los conceptos de violación, debe llevarse a cabo al tenor de las constancias que obren en el juicio de garantías; por lo que, tratándose de la causal prevista en el artículo 73, fracción XII, de la ley de la materia, la fecha de conocimiento por el quejoso del acto reclamado debe establecerse con base en las constancias que obren en dicho juicio y sólo en el caso de que de las mismas no se advierta una fecha distinta a la manifestada por el peticionario de garantías debe tenerse por cierta la señalada en la demanda de amparo; por tanto, cuando de las constancias anexas al informe justificado rendido por una de las autoridades responsables se deduce que el quejoso solicitó copias de documentos que obran en el juicio generador del acto reclamado, es a partir de la fecha de recepción de tales constancias que debe tenérsele por sabedor del acto reclamado y por ende para declarar si se surte la causal de improcedencia a que se refiere la disposición legal mencionada.". En consecuencia, es incuestionable que se actualiza la causal de improcedencia invocada, por lo que procede sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la propia Ley. Sobreseimiento que se hace extensivo respecto al acto reclamado al acto atribuido al Actuario adscrito al juzgado responsable. Tiene aplicación al caso la tesis de jurisprudencia número 231, visible en la página 156, del Tomo VI, Materia Común, del citado apéndice de jurisprudencia, compilación 1917-1995, que a la letra dice: "EJECUCIÓN, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." Así las cosas y no obstante la actualización de la causal de improcedencia anterior, este juzgador advierte, que también se actualiza la prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el artículo 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado no se trata del último dictado en el período de ejecución de sentencia. Dichos numerales al efecto establecen lo siguiente "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Dicho numeral y fracción invocados, establecen la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia Ley de Amparo. Por otra parte, el numeral 107, fracción IV, de la ley de la materia dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]." Respecto de este precepto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, de manera general, que tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia sólo procede el amparo en contra del último acto dictado en ese procedimiento. Este último acto se ha interpretado como aquél que tiene por cumplida la sentencia o declara la imposibilidad de cumplirla, de acuerdo con el criterio sustentado en la jurisprudencia P./J. 32/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 31 del Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro, 190,035, que dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." En el particular, se reitera el acto reclamado lo constituye el auto de veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, dictado en el juicio ejecutivo mercantil número 436/2007, del índice del Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, promovido por José Mateo Gamboa Cab en contra de Jorge Aurelio Ayuso Medina, en el que se fijó a la parte demanda en término de diez días para que entregue desocupado el inmueble marcado con el número trescientos treinta y nueve de la calle cincuenta y tres letra "H", del Fraccionamiento Francisco de Montejo, de esta ciudad, apercibido que no hacerlo será lanzado con el auxilio de la fuerza pública. En ese sentido, de las constancias relatadas con antelación, se advierte que en el particular, el acto reclamado no se trata del último emitido en la etapa de ejecución de sentencia, ya que como se ha precisado, por regla general, un acto dictado en ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto que se interponga en contra del último acto dictado en el procedimiento correspondiente y, de manera excepcional, es procedente el juicio cuando el acto reclamado, aun dictado en la etapa de ejecución de sentencia, tiene autonomía propia y no tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. En el presente caso, la aquí parte quejosa reclama esencialmente la orden de desalojo con el auxilio de la fuerza pública del predio número trescientos treinta y nueve de la calle cincuenta y tres letra "H", del Fraccionamiento Francisco de Montejo, en la etapa de ejecución de sentencia del juicio ejecutivo mercantil 436/2007. En efecto, dicho acto no constituye en el caso el último emitido en la etapa de ejecución de sentencia, porque se advierte que el juez responsable fijó el término de diez días para que se entregue desocupado el inmueble de referencia, con el auxilio de la fuerza pública, en el que la quejosa resulta ser demanda en el controvertido natural en el cual ya fue oída y vencida, de tal manera que al no tratarse del último acto dictado en la etapa de ejecución, se concluye que no procede el amparo indirecto contra el mismo, porque no culmina la fase de ejecución de sentencia, y por ello, lo ahora alegado vía conceptos de violación debe reclamarse a través del amparo que se promueva en contra de la última resolución dictada en ese período, que será la relativa a que se declare que se tiene por cumplida la sentencia o la imposibilidad de hacerlo, y entonces sí, en su caso, combatir las ilegalidades en que considere haya incurrido el Juez responsable, durante todo el procedimiento de ejecución. Así, se colige que el acto reclamado por esta vía constitucional no contraviene en forma directa algún derecho sustantivo, por lo que tampoco se está en ese caso de excepción de procedencia del juicio de amparo. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el artículo 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 108/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 6, del Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro: 163152, que establece: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Así también, tiene apoyo a esta consideración la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, correspondiente a la Novena Época, localizable con el número de registro 185268, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Enero de 2003, Materia Civil, Tesis: II.2o.C.389 C, página: 1721, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. RESULTA IMPROCEDENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO ES LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DE DICHA FASE PROCESAL Y CARECE DE AFECTACIÓN A DERECHOS SUSTANTIVOS DIVERSOS DE LOS QUE FUERON MATERIA DE LA SENTENCIA QUE SE CUMPLIMENTA. Si el acto combatido en el amparo indirecto consiste en la orden de lanzamiento decretada, incluso con la autorización para utilizar la fuerza pública, y recae exclusivamente sobre el bien inmueble que ya fue objeto de la controversia judicial resuelta en definitiva, pues no excede los límites de la ejecutoria que se manda cumplimentar, el juicio de garantías que promueva quien fue plenamente oído y vencido es improcedente, puesto que tal acto no constituye la última resolución dictada en ejecución de sentencia ni con él se afectan derechos de la inconforme que no se hubiesen discutido y decidido en el juicio. Caso distinto es aquel en el que con la orden de desalojo reclamada se pretendiera afectar un bien que no haya sido objeto de la litis ni de condena, pues, entonces, aunque no se trate de la última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, el amparo sí resulta procedente porque en ese supuesto puede agraviarse un derecho sustantivo de la quejosa a través de la ejecución de una sentencia que pretendiere alterar un legítimo interés no comprendido en la última." Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse las causales de improcedencia señaladas con antelación; en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTITRÉS Y TRES MINUTOS DEL DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
Quedan 39 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · 12,065 expedientes
- Jorge Arturo Contreras Castillo714/2012
- Jorge Arturo Moreno May1065/2022
- Jorge Arturo Novelo Villacis1701/2022
- Jorge Arturo Sánchez Orea436/2020
- Jorge Arturo Sanchez Orea1682/2019
- Jorge Arturo Villegas Osorio2084/2022
- Jorge Axel Basteris Maldonado1436/2013
- Jorge Buenrostro Rivas2828/2022
- Jorge Canuto Velasco Lara125/2017
- Jorge Carlos Arjona Bojorquez1691/2021
- Jorge Carlos Barajas Casares1254/2019
- Jorge Carlos Castro Carvajal1981/2022