Jorge Augusto Hernández Rojas
Expediente 669/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 669/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche · Campeche
Partes del expediente
- Jorge Augusto Hernández Rojas
Actuaciones
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido en informe justificado de la Presidenta de la Junta Local Especial número Siete Bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la Ciudad de México. En el presente juicio el quejoso *****************, reclama la omisión de desahogar las pruebas consistentes en cotejo de las documentales II incisos b, c, d, así como la Inspección IV ofrecida por la parte demandada *****************. No obstante lo anterior, de las constancias remitidas por la responsable se desprende que el dos de junio de dos mil veintitrés, el apoderado legal de la parte actora -aquí quejoso- desistió de la instancia en su perjuicio, del juicio laboral 523/2020, a lo que la junta responsable accedió y ordenó el archivo definitivo como asunto totalmente concluido. A la constancia remitida se le otorga pleno valor probatorio por reunir los requisitos establecidos en el párrafo segundo del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, con número de registro 394182, que establece: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." I. Actualización de una causa de improcedencia. Al respecto, cabe señalar que este juzgado advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, conforme a continuación se expone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. [.]. De acuerdo con el precepto legal transcrito, se llega a la conclusión que el amparo es improcedente contra actos que no obstante subsistan, no exista posibilidad de que sus efectos legales o materiales se realicen o continúen realizando, por haber dejado de existir o haber desaparecido totalmente su objeto o materia, de modo tal que, el amparo que en su caso se otorgue carecería de efectos, al ser jurídicamente imposible restituir a la parte agraviada en el goce del derecho humano violado, o bien, que los efectos jurídicos de esa restitución fueran intrascendentes. Asimismo, para que se actualice dicha causa, se debe demostrar lo siguiente: a) Que el acto reclamado subsista; b) Que no pueda surtir efecto legal o material alguno; y c) Que ello suceda porque ha dejado de existir el objeto o materia de dicho acto. Previo a demostrar lo anterior, conviene recordar que la parte quejosa reclama la omisión de desahogar las pruebas consistentes en cotejo de las documentales II incisos b, c, d, así como la Inspección IV ofrecida por la parte demandada *****************. Ahora, conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esas condiciones, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad, cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos humanos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación; o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. Bajo ese orden de ideas, de lo informado por la autoridad responsable en la constancia que remitió en su comunicación oficial de cuenta, las que adquieren pleno valor probatorio, acorde a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, se advierte, que el apoderado legal de la parte actora -aquí quejoso- desistió de la instancia en su perjuicio, del juicio laboral 523/2020, a lo que la junta responsable accedió en acuerdo de dos de junio de dos mil veintitrés y ordenó el archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Por tanto, como ya se dijo, se estima notoria, manifiesta e indudable la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, toda vez que mediante acuerdo de dos de junio de dos mil veintitrés, se proveyó en sentido positivo respecto del desistimiento de la instancia solicitado por el impetrante en el citado juicio laboral; además, ordenó el archivo del expediente como asunto concluido. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 181/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 189, Tomo XXIV, Diciembre de dos mil seis, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad.". Por lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 61, fracción XIII, en relación con el diverso 63, fracciones V, ambos de la Ley de Amparo, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO EN ESTE JUICIO, FUERA DE AUDIENCIA. Por ende, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada para el veintidós de junio de dos mil veintitrés a las diez horas con cuarenta minutos. Se comunica lo anterior a las partes para los efectos legales correspondientes. Ahora bien, no obstante que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos del precepto 113, fracción I, de la de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida mediante el DECRETO por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis, según lo dispone su artículo primero transitorio. Sin embargo, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de nombrada ley Federal, aplicable hasta en tanto se emita la nueva norma reglamentaria, conforme lo dispone el artículo tercero transitorio del mencionado decreto, se ordena suprimir los datos sensibles en la presente resolución, y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública, previsto en el TÍTULO QUINTO, DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, Capítulo I, de la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis (vigente a partir del diez de mayo siguiente en términos del artículo primero transitorio del decreto). De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, captúrese el día de su publicación la presente determinación, con la certificación secretarial respectiva, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente.
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, ocho de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del presente juicio de amparo, de las que se advierte que mediante auto de treinta y uno de julio de dos mil veinte, se tuvo por presentado el escrito de interposición del recurso de queja en contra del acuerdo de veinticuatro de julio de dos mil veinte; sin que hasta la presente fecha se haya remitido al Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, para la substanciación del medio de defensa en comento. Por tanto, a fin de evitar mayores dilaciones en el procedimiento del presente juicio de amparo, REMÍTASE DE INMEDIATO al Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, el escrito del recurso de queja interpuesto, el cuaderno original del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 604/2020-V-B, y el informe sobre la materia de la queja, para que resuelva sobre la sustanciación del recurso de queja interpuesto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe materia de la queja, en el sentido de que es cierto el acto que se reclama, toda vez que este juzgado federal, el veinticuatro de julio de dos mil veinte, se dictó el proveído recurrido en los autos del citado juicio de amparo; sin embargo, dicho acuerdo fue dictado en estricto apego a derecho. Finalmente, se hace del conocimiento de la Superioridad que en el expediente principal del cual deriva el presente incidente de suspensión el ocho de septiembre de dos mil veinte, se dictó sentencia en la cual se sobreseyó, el presente asunto, determinación que causó ejecutoria el ocho de junio de dos mil veintitrés. Notifíquese y cúmplase
- Principal
SE TIENE DEBIDAMENTE NOTIFICADO A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE UNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, CUYA SINTESIS DICE: San Francisco de Campeche, Campeche, uno de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, se advierte de autos que la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Ciudad del Carmen, Campeche, ya agotó las diligencias necesarias para cumplir cabalmente con la búsqueda de algún albacea de la sucesión a bienes del extinto tercero interesado *************, a fin de llamarlo al presente juicio de amparo, la cual fue infructuosa dado que la investigación respectiva se realizó ante los Jueces Primero y Segundo del Ramo de lo Civil del Segundo Distrito Judicial el Estado, así como en todas las notarías de Ciudad del Carmen, Campeche, lugar en el que se tuvo conocimiento de que éste tenía su residencia. Por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se ordena emplazar al albacea de la sucesión a bienes del extinto tercero interesado **************, por medio de edictos a costa de la parte quejosa, porque a pesar de la investigación oficiosa ordenada en los autos de origen se desconoce su domicilio. Cabe señalar que los edictos contendrán una relación sucinta de la demanda y se publicarán por tres veces, de siete en siete días, en el "Diario Oficial" y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República, de conformidad con lo estatuido en el arábigo 315, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a ley de la materia. En dicho edicto también se hará saber a las terceras interesadas que deberán apersonarse al presente juicio dentro del término de treinta días, contado del siguiente al de la última publicación, así como que queda a su disposición, en la secretaría de este juzgado copia de la demanda de amparo. Del mismo modo, en acatamiento a lo ordenado por el invocado numeral, se ordena fijar en los estrados de este órgano de control constitucional una copia íntegra del edicto, por todo el tiempo del emplazamiento. Al respecto, resulta aplicable la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1463, Tomo XXVI, diciembre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época (registro 170760), cuyo rubro y texto dicen: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO. GENERAL PARA EL QUEJOSO LAS OBLIGACIONES DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA. De la jurisprudencia 64/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", se desprende que a la orden de emplazar por edictos a los terceros perjudicados le siguen tres distintos momentos, y otras tantas obligaciones a cargo de la parte quejosa, a saber, recoger los edictos, pagar su publicación y exhibir ésta, de tal suerte que la parte demandante de garantías debe satisfacer todos y cada uno de esos deberes, pero es evidente que no podrá hacerlo en una sola oportunidad, sino que debe seguir una secuencia lógica que, de suyo, entraña diversos tiempos, ya que, primero, recoge los edictos; a continuación, los paga; y, por último, espera las publicaciones para poder exhibirlas, para lo cual es menester dejar transcurrir el término legalmente previsto en cuanto al espaciamiento de cada publicación, según se desprende de la lectura correlacionada de los artículos 30, fracción II, de la Ley de Amparo y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Por ende, no puede exigirse a los quejosos que, en un solo término procesal, den cumplimiento a las tres obligaciones a su cargo, pues podrán recoger y pagar los edictos en un breve plazo, pero las publicaciones sólo podrán exhibirlas hasta que se hayan realizado con la periodicidad legalmente prevista en el precepto invocado en segundo término". De lo anterior, se desprende que la orden de emplazar por edictos a la parte tercera interesada le siguen tres distintos momentos y otras tantas obligaciones a cargo de la parte quejosa, que son: Recoger los edictos; Pagar su publicación; y, Exhibir ésta. De tal suerte que el solicitante del amparo debe satisfacer todos y cada uno de esos deberes, pero es evidente que no podrá hacerlo en una sola oportunidad, sino que debe seguir una secuencia lógica que, de suyo, entraña diversos tiempos, ya que primero recoge los edictos; a continuación, los paga; y, por último, espera las publicaciones para poder exhibirlas, para lo cual es menester dejar transcurrir el término legalmente previsto en cuanto al espaciamiento de cada publicación, de conformidad con el imperativo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Concluyendo que no pueda exigirse a la parte quejosa que, en un solo término procesal, cumpla con las tres obligaciones a su cargo, pues podrá recoger y pagar los edictos en un breve plazo, pero las publicaciones sólo podrán exhibirlas hasta que se hayan realizado con la periodicidad legalmente prevista. En ese sentido, con fundamento en el numeral 297, fracción II, de la legislación federal supletoria, requiérase a la parte quejosa para que: a. En el plazo de tres días contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, recoja los edictos correspondientes para emplazar a los terceros interesados. b. Dentro de otro plazo de veinte días, que se computará a partir del día siguiente al en que se le entreguen los edictos, acredite haber realizado las gestiones necesarias para su publicación; y, c. Respecto a la obligación de exhibir las publicaciones, se acordará lo conducente hasta en tanto se colmen los dos requisitos anteriores y transcurra la periodicidad legalmente prevista para ello. Apercibido que de hacer caso omiso a cualquiera de los supuestos anteriores, se decretará el sobreseimiento del presente asunto, con fundamento en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso dispositivo 27, fracción III, del propio ordenamiento. Finalmente, para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fija como nueva fecha las DIEZ HORAS DEL DIEZ DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo tal evento procesal. Lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido de manera el oficio de la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, Campeche, y Actuario de su adscripción; ello, sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento, toda vez que, mediante proveído de veintitrés de mayo del presente, se tuvo por recibido en formato telegráfico el oficio de cuenta y se acordó lo conducente. Notifíquese.
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