Jorge Augusto Bonifaz Anlehu

Expediente 910/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
910/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
20/09/2017

Partes del expediente

  • Jorge Augusto Bonifaz Anlehu

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinte de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el auto treinta de agosto de dos mil diecisiete, que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el mismo. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cinco de septiembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito presentado por xxx, el cual hace devolución del aviso de notificación de fecha treinta de agosto de dos mil diecisiete y anexos, y manifiesta que el domicilio ubicado en el ..., de esta ciudad, no corresponde al del quejoso ..., en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la ley de la materia, se ordena hacer dicha notificación por lista de acuerdos, así como las subsecuentes determinaciones, aun las de carácter personal, en tanto señale domicilio en esta ciudad para tal efecto, salvo que se actualice el supuesto del artículo 26, fracción I, inciso k), de la Ley de Amparo. Finalmente, en cuanto a las manifestaciones que realiza ..., donde señala domicilio para ir notificaciones, asimismo, se tengan como autorizados para oír y recibir las mismas a las personas que refiere en el ocurso de cuenta; no se provee de conformidad, dado que carece de personalidad en este sumario. Notifíquese; y por lista a la parte quejosa el proveído de treinta de agosto del año en curso.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE TREINTA DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, QUE EN LO MEDULAR SEÑALA: ...Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta de agosto de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el ocurso de cuenta firmado por ***, por medio del cual da cumplimiento con la prevención a que se contrae el proveído de veintitrés del mes en curso. Ahora, una vez que es analizada la demanda de amparo de que se trata y escrito aclaratorio de la misma, este juzgado advierte de oficio que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el numeral 113 de la citada legislación, procede desechar de plano la demanda de amparo. Para tal efecto es indispensable precisar el contenido del ordinal 113 de la ley en la materia, que menciona lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De una interpretación gramatical del numeral transcrito, se infiere que los jueces de distrito están facultados para desechar las demandas de amparo, cuando exista causa notoria y manifiesta de improcedencia, es decir que al analizar el escrito de demanda o escrito aclaratorio, pueda advertirse una causa que origine la improcedencia del juicio de garantías, pero que tal motivo sea claro y manifiesto, que no quede lugar a dudas en cuanto a su procedencia, para desechar de plano la demanda de amparo, por no ser susceptible de desvirtuarse durante el lapso procesal que culmina con la audiencia constitucional. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y aclaración, y así considerarla probada, sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia, ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. En el caso que nos ocupa, el acto reclamado por el quejoso lo hizo consistir en lo siguiente: ".el acto reclamado lo hago consistir en el AUTO DE FECHA 13 DE JULIO DE 2017, emitido por la responsable mediante el cual ordena se dé cumplimiento a lo ordenado en PROVEÍDO DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2016". Asimismo, de los antecedes narrados bajo protesta de decir verdad por el quejoso se advierte que el acto reclamado deriva de un juicio de arrendamiento inmobiliario, promovido por ***en contra del ahora quejoso **, con número expediente ***del índice del Juzgado Tercero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con residencia en esta ciudad, juicio en el cual compareció el demandado y fue debidamente llamado a juicio, por lo que fue oído y vencido en juicio, en el cual ya se dictó sentencia definitiva firme. Por lo que en la etapa de ejecución de sentencia, se dictó acuerdo a fin de que dentro del término de cinco días desocupara y entregara el bien inmueble controversia del juicio de arrendamiento origen, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo así se procedería a su ejecución forzosa; posteriormente, en proveído de trece de julio del año en curso, el juzgado de origen hace efectivo el apercibimiento decretado en autos y ordenó la desocupación forzosa del bien inmueble del cual el quejoso se ostenta poseedor derivado del contrato de arrendamiento verbal celebrado con Sergio ***(parte actora en el juicio de origen). De lo anterior, se tiene que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, artículos que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley ARTÍCULO 107.- El amparo indirecto procede: . IV.- Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" Lo anterior, atento a lo establecido en la jurisprudencia que resolvió la contradicción de tesis 215/2009 de la Novena época, con número de registro 163152, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, enero de 2011, visible a página 6, la cual establece: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Por lo que, en primer lugar debe de quedar claramente establecido, que el acto reclamado fue dictado en la etapa de ejecución de sentencia, en un procedimiento en donde el aquí promovente es parte demandada, por lo que fue oído y vencido en juicio. En ese contexto, el acto reclamado consistente en el auto de trece de julio de dos mil diecisiete dictado por el Juez Tercero del Ramo civil, con residencia en esta ciudad, en el expediente 348/2015, en el cual ordenó el lanzamiento forzoso a costa del demandado, aquí quejoso, del bien inmueble materia de la litis, no cumple con el requisito de procedencia para dar trámite a la demanda de amparo, pues como ha quedado establecido, para que proceda el amparo biinstancial en ejecución de sentencia, debe de existir un proveído o determinación del juez de primera instancia, en el que: 1.- Declare el cumplimiento total de lo sentenciado; 2.- Se declare la imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento; o 3.- Donde ordene el archivo definitivo del expediente. En ese entendido, se advierte que el acto reclamado no constituye la última resolución que en forma definitiva aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado en el juicio natural o declara la imposibilidad material jurídica para darle cumplimiento, ya que únicamente consiste en una determinación del juez señalado como responsable en la cual ordenó el lanzamiento forzoso a costa del demandado, aquí quejoso, del bien inmueble materia de la litis, para efecto de poner en posesión a la parte actora o a quien sus derechos represente, motivo por el cual no se actualiza el supuesto contenido en el cuarto párrafo de la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía la jurisprudencia que resolvió la contradicción de tesis 25/96 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena época, tomo XIV, julio de 2001, a página 34, con número de registro 189344 del texto siguiente: "ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, PROCEDIMIENTO EJECUTIVO EN LOS JUICIOS DE. LA RESOLUCIÓN EN QUE SE APRUEBA O RECONOCE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA SENTENCIA DEFINITIVA O LA QUE DECLARA LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA O MATERIAL PARA DARLE CUMPLIMIENTO CONSTITUYE LA ÚLTIMA QUE SE DICTA Y CONTRA LA CUAL PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, en lo concerniente a la fase ejecutiva de los juicios de arrendamiento inmobiliario, la "última resolución" que se dicta y en contra de la cual procede la vía constitucional biinstancial, es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia definitiva, o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Lo anterior es así, en virtud de que, por un lado, el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que, por ende, debe cumplimentarse atendiendo a su naturaleza de orden público y, por el otro, que si bien es cierto que en aras de ese cumplimiento, los Jueces del Arrendamiento Inmobiliario del conocimiento dictan resoluciones con ese propósito, como es el caso de las que ordenan al condenado entregar voluntariamente el bien objeto de controversia, concediéndole un término y apercibiéndole de que en caso contrario se procederá al lanzamiento forzoso, o bien, las que ante su negativa, mandan hacer efectivo dicho apercibimiento para obtener el cumplimiento material del fallo; también lo es que estos proveídos se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciación material de lo ordenado, pues en el primer caso, depende de la voluntad del condenado y, en el segundo, de la posibilidad o no de lograr tanto la desocupación forzosa como la entrega del inmueble; situaciones estas, en torno a las cuales los tribunales de origen emitirán sus acuerdos conducentes a la luz del contenido de la resolución definitiva". Se arriba a la anterior consideración ya que de los razonamientos contenidos en la jurisprudencia que resolvió la contradicción de tesis 25/96, refiere que cuando los jueces del conocimiento dictan resoluciones con ese propósito, como es el caso de aquellas que ordenan al condenado a entregar voluntariamente el bien objeto de controversia, concediéndole un término y apercibiéndolo de que en caso contrario se procederá al lanzamiento forzoso, o bien, las que ante su negativa mandan hacer efectivo dicho apercibimiento para obtener el cumplimiento material del fallo, no resultan ser el último dictado en el procedimiento ejecutivo, pues ambos se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciación material de lo ordenado; en el primer caso, depende de la voluntad o no del condenado y, en el segundo, de la posibilidad o no de lograr tanto la desocupación forzosa como la entrega del inmueble. En ese contexto, la "última resolución" que se pronuncia en el procedimiento de ejecución de sentencia de un juicio ordinario civil, como el de arrendamiento inmobiliario es aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia definitiva o, en su caso, la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, con lo cual se impide la promoción de demandas de amparo en contra de cualquier determinación, sino también se da la pauta para poder reclamar todas las violaciones cometidas en el propio procedimiento ejecutivo. Ilustra lo antes considerado la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, con número de registro 2001059, libro X, tomo 3, julio de 2012, página 1515 del epígrafe siguiente: "ACTOS INTERMEDIOS DICTADOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO SUSTANCIADO DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO, DIVERSO AL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA Y AL DE REMATE. DEBEN IMPUGNARSE EN EL AMPARO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE PONGA FIN A AQUÉL. La regla genérica contenida en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, no indica si los actos intermedios dictados durante un procedimiento sustanciado en esa etapa -después de concluido el juicio- pueden atacarse de manera inmediata mediante la acción de amparo biinstancial, o si ello debe hacerse junto con la resolución que decide en definitiva dicho procedimiento. No obstante, de conformidad con el principio de definitividad, aun los actos dictados después de concluido el juicio que no formen parte de un procedimiento deben ser definitivos, es decir, deben reclamarse a través del medio ordinario de defensa que la ley establezca, previo a su impugnación en amparo; luego, el referido principio es aplicable y debe respetarse también en tratándose de aquella clase de actos. Por otro lado, al tenor de los párrafos segundo y tercero del dispositivo legal mencionado, el juicio de garantías indirecto procede contra actos de ejecución de sentencia, pero sólo respecto de la última resolución dictada en ese procedimiento, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda tanto las violaciones atribuidas a dicha determinación final como las imputadas a los actos intermedios del procedimiento de ejecución respectivo, y en relación con los actos pertenecientes a un remate sólo es reclamable, en forma destacada, la resolución definitiva en que aquél se apruebe o desapruebe, bajo la misma mecánica impugnativa que en el supuesto anterior, es decir, hasta ese momento pueden reclamarse las violaciones cometidas durante el procedimiento de remate. Aunado a lo anterior, y de conformidad con los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a excepción del último, de rubros: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS.", Tomo VII, febrero de 1998, página 230, tesis 2a. VIII/98; "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", Tomo XIII, abril de 2001, página 31, tesis P./J. 32/2001; "AMPARO CONTRA LEYES. EL JUICIO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY APLICADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, O EN EL DE REMATE, SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA RESPECTIVA.", Tomo V, abril de 1997, página 15, tesis P. LVI/97; "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL.", Tomo XX, julio de 2004, página 75, tesis 1a./J. 36/2004; y "VIOLACIONES DE PROCEDIMIENTO EN REMATE SÓLO PUEDEN RECLAMARSE EN AMPARO CUANDO AQUÉL SE APRUEBA.", Informe de 1934, Tercera Sala, página 74; en los que el Máximo Tribunal del País estableció que el amparo indirecto no procede contra actos dictados en ejecución de sentencia, incluso si son de imposible reparación, si quien lo promueve es el vencedor en el juicio natural (ejecutante) o si se impugna la constitucionalidad de la ley aplicada, sino sólo contra la última resolución dictada en ese procedimiento; de todo lo que se concluye que los actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, que no se traten de ejecución de sentencia o remate, y que sean emitidos de manera intermedia dentro de un procedimiento, sólo pueden ser reclamados cuando el amparo se promueva contra la resolución definitiva, pudiendo invocarse como violaciones a ese procedimiento en la demanda que se proponga." También resulta aplicable la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, libro 18, tomo III, mayo de 2015, página 2334, con número de registro 2009245, del literal siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. LA APROBACIÓN O RECONOCIMIENTO RESPECTO DE SU CUMPLIMIENTO TOTAL A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, PUEDE SER EXPRESO O TÁCITO (APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 32/2001). La fracción IV, párrafo segundo del artículo 107 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, exige como presupuesto de procedencia para la impugnación en amparo indirecto de los actos de ejecución de sentencia, que se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento "entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento" o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Este significado legislativo es el mismo que diera también el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el párrafo segundo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada, en la tesis P. LVII/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, abril de 1997, página 16, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO.". Asimismo, al emitir la jurisprudencia P./J. 32/2001, publicada en el mismo medio de difusión y Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 31, de idéntico rubro, se advierte que el Máximo Tribunal de la Nación lo hizo retomando y reiterando lo determinado en la tesis citada en primer lugar, esto es, que por "última resolución" debía entenderse "aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento", añadiendo únicamente que esa aprobación o reconocimiento podía darse de manera expresa o tácita. En consecuencia, por igualdad de razón, la misma interpretación debe darse a la referida fracción IV, párrafo segundo del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, pues la definición que el legislador previó para la expresión "última resolución" en esta norma, es la misma que analizó y dotó de alcance y contenido el Alto Tribunal en las aludidas tesis, esto es, que la aprobación o reconocimiento del cumplimiento total de la sentencia de amparo indirecto puede ser expreso o tácito". Por consiguiente, y al ser esta causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, la cual quedó plenamente demostrada en los párrafos que anteceden, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, lo procedente es DESECHAR de plano la demanda promovida por Jorge Augusto Bonifaz Anlehu. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes; además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, del texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Igualmente, es aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Novena época, tomo V, mayo de 1997, página 618, del texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. ÉSTA DEBE ESTAR PLENAMENTE PROBADA. Para desechar una demanda de amparo por causa notoria y manifiesta de improcedencia se requiere que la causal sea indudable, esto es, que esté plenamente demostrada, pues en caso contrario, es indispensable admitir la demanda a trámite, para que en el curso del procedimiento se dilucide si efectivamente se actualiza o no la causal, pues no debe olvidarse que las causales de improcedencia deben estar debidamente acreditadas por ser denegatorias de justicia, y si al acordar sobre la admisión de la demanda tal causal no está fehacientemente probada, y pese a ello se desecha aquélla, se estaría privando al afectado de su derecho a instar el juicio constitucional sin posibilidad de prueba al respecto". Vale agregar, que no pasa desapercibido para este juzgador que el quejoso en sus conceptos de violación, así como en su escrito aclaratorio de demanda, aduce que existen razones actuariales dentro del juicio de origen llevadas a cabo en la etapa de ejecución de sentencia, que no le fueron debidamente notificadas, más sin embargo, tales actuaciones, no son señaladas como acto reclamado en este juicio de amparo, por lo que, no son materia litis de este desechamiento. Máxime que aun y cuando fueran señaladas como acto reclamado, antes de acudir al juicio de amparo el quejoso en contra de dichas constancias debe hacer valer el incidente de nulidad de notificaciones, como lo establece el numeral 78 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, precepto el cual establece: "ART. 78.- SOLO FORMARA ARTICULO DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO LA NULIDAD DE ACTUACIONES POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. LOS INCIDENTES QUE SE SUSCITEN CON MOTIVO DE OTRAS NULIDADES DE ACTUACIONES O DE NOTIFICACIONES SE TRAMITARAN Y RESOLVERAN EN FORMA INCIDENTAL, SIN SUSPENSION DEL PROCEDIMIENTO. SI A JUICIO DEL JUEZ DE LOS AUTOS, LA NULIDAD DE ACTUACIONES POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO, SOLO SE INTERPUSO PARA SUSPENDER EL PROCEDIMIENTO Y ES NOTORIAMENTE FRIVOLA E IMPROCEDENTE, PREVIA FUNDAMENTACION Y MOTIVACION; SE IMPONDRA AL PROMOVENTE Y A SU ABOGADO SOLIDARIAMENTE MULTA DE TREINTA Y HASTA SESENTA DIAS DE SALARIO MINIMO VIGENTE EN EL ESTADO. NO SE DARA CURSO A LA NULIDAD POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO, SI AL INTERPONERLA, NO SE GARANTIZA EN CUALQUIERA DE LAS FORMAS ESTABLECIDAS POR LA LEY, EL MAXIMO DE LA MULTA A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR". Se invoca en apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo IV, octubre de 1996, página 207, número de registro electrónico 200390 de rubro y texto siguiente: "EMPLAZAMIENTO EN JUICIOS EJECUTIVOS MERCANTILES, NULIDAD DEL, COMPRENDE AL REQUERIMIENTO Y EMBARGO PRACTICADOS. Conforme a lo dispuesto en los artículos 1392, 1393, 1394 y 1396 del Código de Comercio, 111 y 112 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria, el requerimiento de pago y embargo hechos al deudor demandado, necesariamente requieren para su legal existencia de su notificación en la forma establecida en la ley, notificación que no es otra cosa que el emplazamiento a que aluden los preceptos en cita, al cual aquéllos, pese a ser actos jurídicos distintos, se encuentran estrechamente vinculados; luego la nulidad de este último, que entraña la inobservancia del requisito a que se encuentran sujetos los aludidos requerimiento y embargo, lógicamente trasciende a los mismos, sin que sea óbice para ello el hecho de que cronológicamente se hubieran practicado con anterioridad y en forma sucesiva en la misma diligencia, al indicado emplazamiento. En consecuencia, si la parte quejosa se duele de la falta de notificación de diversos autos dictados en la etapa de ejecución de sentencia debe de promover el incidente de nulidad de notificaciones de que se trata, mediante el cual puede obtener la nulidad de las diligencias por la que se notificó los autos dictados en el juicio de origen en el cual fue oído y vencido, antes de promover el juicio de amparo, ya que debe observar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Notifíquese personalmente a la promovente.

  4. Principal

    CON ESTA FECHA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA POR LISTA EL PROVEÍDO DE TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE QUE EN LO CONDUCENTE DICE Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta de agosto de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el ocurso de cuenta firmado por ***, por medio del cual da cumplimiento con la prevención a que se contrae el proveído de veintitrés del mes en curso. Ahora, una vez que es analizada la demanda de amparo de que se trata y escrito aclaratorio de la misma, este juzgado advierte de oficio que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el numeral 113 de la citada legislación, procede desechar de plano la demanda de amparo. Para tal efecto es indispensable precisar el contenido del ordinal 113 de la ley en la materia, que menciona lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De una interpretación gramatical del numeral transcrito, se infiere que los jueces de distrito están facultados para desechar las demandas de amparo, cuando exista causa notoria y manifiesta de improcedencia, es decir que al analizar el escrito de demanda o escrito aclaratorio, pueda advertirse una causa que origine la improcedencia del juicio de garantías, pero que tal motivo sea claro y manifiesto, que no quede lugar a dudas en cuanto a su procedencia, para desechar de plano la demanda de amparo, por no ser susceptible de desvirtuarse durante el lapso procesal que culmina con la audiencia constitucional. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y aclaración, y así considerarla probada, sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia, ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. En el caso que nos ocupa, el acto reclamado por el quejoso lo hizo consistir en lo siguiente: ".el acto reclamado lo hago consistir en el AUTO DE FECHA 13 DE JULIO DE 2017, emitido por la responsable mediante el cual ordena se dé cumplimiento a lo ordenado en PROVEÍDO DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2016". Asimismo, de los antecedes narrados bajo protesta de decir verdad por el quejoso se advierte que el acto reclamado deriva de un juicio de arrendamiento inmobiliario, promovido por ***en contra del ahora quejoso **, con número expediente ***del índice del Juzgado Tercero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con residencia en esta ciudad, juicio en el cual compareció el demandado y fue debidamente llamado a juicio, por lo que fue oído y vencido en juicio, en el cual ya se dictó sentencia definitiva firme. Por lo que en la etapa de ejecución de sentencia, se dictó acuerdo a fin de que dentro del término de cinco días desocupara y entregara el bien inmueble controversia del juicio de arrendamiento origen, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo así se procedería a su ejecución forzosa; posteriormente, en proveído de trece de julio del año en curso, el juzgado de origen hace efectivo el apercibimiento decretado en autos y ordenó la desocupación forzosa del bien inmueble del cual el quejoso se ostenta poseedor derivado del contrato de arrendamiento verbal celebrado con Sergio ***(parte actora en el juicio de origen). De lo anterior, se tiene que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, artículos que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley ARTÍCULO 107.- El amparo indirecto procede: . IV.- Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" Lo anterior, atento a lo establecido en la jurisprudencia que resolvió la contradicción de tesis 215/2009 de la Novena época, con número de registro 163152, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, enero de 2011, visible a página 6, la cual establece: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Por lo que, en primer lugar debe de quedar claramente establecido, que el acto reclamado fue dictado en la etapa de ejecución de sentencia, en un procedimiento en donde el aquí promovente es parte demandada, por lo que fue oído y vencido en juicio. En ese contexto, el acto reclamado consistente en el auto de trece de julio de dos mil diecisiete dictado por el Juez Tercero del Ramo civil, con residencia en esta ciudad, en el expediente 348/2015, en el cual ordenó el lanzamiento forzoso a costa del demandado, aquí quejoso, del bien inmueble materia de la litis, no cumple con el requisito de procedencia para dar trámite a la demanda de amparo, pues como ha quedado establecido, para que proceda el amparo biinstancial en ejecución de sentencia, debe de existir un proveído o determinación del juez de primera instancia, en el que: 1.- Declare el cumplimiento total de lo sentenciado; 2.- Se declare la imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento; o 3.- Donde ordene el archivo definitivo del expediente. En ese entendido, se advierte que el acto reclamado no constituye la última resolución que en forma definitiva aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado en el juicio natural o declara la imposibilidad material jurídica para darle cumplimiento, ya que únicamente consiste en una determinación del juez señalado como responsable en la cual ordenó el lanzamiento forzoso a costa del demandado, aquí quejoso, del bien inmueble materia de la litis, para efecto de poner en posesión a la parte actora o a quien sus derechos represente, motivo por el cual no se actualiza el supuesto contenido en el cuarto párrafo de la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía la jurisprudencia que resolvió la contradicción de tesis 25/96 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena época, tomo XIV, julio de 2001, a página 34, con número de registro 189344 del texto siguiente: "ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, PROCEDIMIENTO EJECUTIVO EN LOS JUICIOS DE. LA RESOLUCIÓN EN QUE SE APRUEBA O RECONOCE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA SENTENCIA DEFINITIVA O LA QUE DECLARA LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA O MATERIAL PARA DARLE CUMPLIMIENTO CONSTITUYE LA ÚLTIMA QUE SE DICTA Y CONTRA LA CUAL PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, en lo concerniente a la fase ejecutiva de los juicios de arrendamiento inmobiliario, la "última resolución" que se dicta y en contra de la cual procede la vía constitucional biinstancial, es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia definitiva, o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Lo anterior es así, en virtud de que, por un lado, el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que, por ende, debe cumplimentarse atendiendo a su naturaleza de orden público y, por el otro, que si bien es cierto que en aras de ese cumplimiento, los Jueces del Arrendamiento Inmobiliario del conocimiento dictan resoluciones con ese propósito, como es el caso de las que ordenan al condenado entregar voluntariamente el bien objeto de controversia, concediéndole un término y apercibiéndole de que en caso contrario se procederá al lanzamiento forzoso, o bien, las que ante su negativa, mandan hacer efectivo dicho apercibimiento para obtener el cumplimiento material del fallo; también lo es que estos proveídos se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciación material de lo ordenado, pues en el primer caso, depende de la voluntad del condenado y, en el segundo, de la posibilidad o no de lograr tanto la desocupación forzosa como la entrega del inmueble; situaciones estas, en torno a las cuales los tribunales de origen emitirán sus acuerdos conducentes a la luz del contenido de la resolución definitiva". Se arriba a la anterior consideración ya que de los razonamientos contenidos en la jurisprudencia que resolvió la contradicción de tesis 25/96, refiere que cuando los jueces del conocimiento dictan resoluciones con ese propósito, como es el caso de aquellas que ordenan al condenado a entregar voluntariamente el bien objeto de controversia, concediéndole un término y apercibiéndolo de que en caso contrario se procederá al lanzamiento forzoso, o bien, las que ante su negativa mandan hacer efectivo dicho apercibimiento para obtener el cumplimiento material del fallo, no resultan ser el último dictado en el procedimiento ejecutivo, pues ambos se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciación material de lo ordenado; en el primer caso, depende de la voluntad o no del condenado y, en el segundo, de la posibilidad o no de lograr tanto la desocupación forzosa como la entrega del inmueble. En ese contexto, la "última resolución" que se pronuncia en el procedimiento de ejecución de sentencia de un juicio ordinario civil, como el de arrendamiento inmobiliario es aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia definitiva o, en su caso, la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, con lo cual se impide la promoción de demandas de amparo en contra de cualquier determinación, sino también se da la pauta para poder reclamar todas las violaciones cometidas en el propio procedimiento ejecutivo. Ilustra lo antes considerado la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, con número de registro 2001059, libro X, tomo 3, julio de 2012, página 1515 del epígrafe siguiente: "ACTOS INTERMEDIOS DICTADOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO SUSTANCIADO DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO, DIVERSO AL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA Y AL DE REMATE. DEBEN IMPUGNARSE EN EL AMPARO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE PONGA FIN A AQUÉL. La regla genérica contenida en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, no indica si los actos intermedios dictados durante un procedimiento sustanciado en esa etapa -después de concluido el juicio- pueden atacarse de manera inmediata mediante la acción de amparo biinstancial, o si ello debe hacerse junto con la resolución que decide en definitiva dicho procedimiento. No obstante, de conformidad con el principio de definitividad, aun los actos dictados después de concluido el juicio que no formen parte de un procedimiento deben ser definitivos, es decir, deben reclamarse a través del medio ordinario de defensa que la ley establezca, previo a su impugnación en amparo; luego, el referido principio es aplicable y debe respetarse también en tratándose de aquella clase de actos. Por otro lado, al tenor de los párrafos segundo y tercero del dispositivo legal mencionado, el juicio de garantías indirecto procede contra actos de ejecución de sentencia, pero sólo respecto de la última resolución dictada en ese procedimiento, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda tanto las violaciones atribuidas a dicha determinación final como las imputadas a los actos intermedios del procedimiento de ejecución respectivo, y en relación con los actos pertenecientes a un remate sólo es reclamable, en forma destacada, la resolución definitiva en que aquél se apruebe o desapruebe, bajo la misma mecánica impugnativa que en el supuesto anterior, es decir, hasta ese momento pueden reclamarse las violaciones cometidas durante el procedimiento de remate. Aunado a lo anterior, y de conformidad con los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a excepción del último, de rubros: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS.", Tomo VII, febrero de 1998, página 230, tesis 2a. VIII/98; "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", Tomo XIII, abril de 2001, página 31, tesis P./J. 32/2001; "AMPARO CONTRA LEYES. EL JUICIO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY APLICADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, O EN EL DE REMATE, SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA RESPECTIVA.", Tomo V, abril de 1997, página 15, tesis P. LVI/97; "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL.", Tomo XX, julio de 2004, página 75, tesis 1a./J. 36/2004; y "VIOLACIONES DE PROCEDIMIENTO EN REMATE SÓLO PUEDEN RECLAMARSE EN AMPARO CUANDO AQUÉL SE APRUEBA.", Informe de 1934, Tercera Sala, página 74; en los que el Máximo Tribunal del País estableció que el amparo indirecto no procede contra actos dictados en ejecución de sentencia, incluso si son de imposible reparación, si quien lo promueve es el vencedor en el juicio natural (ejecutante) o si se impugna la constitucionalidad de la ley aplicada, sino sólo contra la última resolución dictada en ese procedimiento; de todo lo que se concluye que los actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, que no se traten de ejecución de sentencia o remate, y que sean emitidos de manera intermedia dentro de un procedimiento, sólo pueden ser reclamados cuando el amparo se promueva contra la resolución definitiva, pudiendo invocarse como violaciones a ese procedimiento en la demanda que se proponga." También resulta aplicable la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, libro 18, tomo III, mayo de 2015, página 2334, con número de registro 2009245, del literal siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. LA APROBACIÓN O RECONOCIMIENTO RESPECTO DE SU CUMPLIMIENTO TOTAL A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, PUEDE SER EXPRESO O TÁCITO (APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 32/2001). La fracción IV, párrafo segundo del artículo 107 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, exige como presupuesto de procedencia para la impugnación en amparo indirecto de los actos de ejecución de sentencia, que se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento "entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento" o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Este significado legislativo es el mismo que diera también el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el párrafo segundo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada, en la tesis P. LVII/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, abril de 1997, página 16, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO.". Asimismo, al emitir la jurisprudencia P./J. 32/2001, publicada en el mismo medio de difusión y Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 31, de idéntico rubro, se advierte que el Máximo Tribunal de la Nación lo hizo retomando y reiterando lo determinado en la tesis citada en primer lugar, esto es, que por "última resolución" debía entenderse "aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento", añadiendo únicamente que esa aprobación o reconocimiento podía darse de manera expresa o tácita. En consecuencia, por igualdad de razón, la misma interpretación debe darse a la referida fracción IV, párrafo segundo del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, pues la definición que el legislador previó para la expresión "última resolución" en esta norma, es la misma que analizó y dotó de alcance y contenido el Alto Tribunal en las aludidas tesis, esto es, que la aprobación o reconocimiento del cumplimiento total de la sentencia de amparo indirecto puede ser expreso o tácito". Por consiguiente, y al ser esta causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, la cual quedó plenamente demostrada en los párrafos que anteceden, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, lo procedente es DESECHAR de plano la demanda promovida por Jorge Augusto Bonifaz Anlehu. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes; además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, del texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Igualmente, es aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Novena época, tomo V, mayo de 1997, página 618, del texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. ÉSTA DEBE ESTAR PLENAMENTE PROBADA. Para desechar una demanda de amparo por causa notoria y manifiesta de improcedencia se requiere que la causal sea indudable, esto es, que esté plenamente demostrada, pues en caso contrario, es indispensable admitir la demanda a trámite, para que en el curso del procedimiento se dilucide si efectivamente se actualiza o no la causal, pues no debe olvidarse que las causales de improcedencia deben estar debidamente acreditadas por ser denegatorias de justicia, y si al acordar sobre la admisión de la demanda tal causal no está fehacientemente probada, y pese a ello se desecha aquélla, se estaría privando al afectado de su derecho a instar el juicio constitucional sin posibilidad de prueba al respecto". Vale agregar, que no pasa desapercibido para este juzgador que el quejoso en sus conceptos de violación, así como en su escrito aclaratorio de demanda, aduce que existen razones actuariales dentro del juicio de origen llevadas a cabo en la etapa de ejecución de sentencia, que no le fueron debidamente notificadas, más sin embargo, tales actuaciones, no son señaladas como acto reclamado en este juicio de amparo, por lo que, no son materia litis de este desechamiento. Máxime que aun y cuando fueran señaladas como acto reclamado, antes de acudir al juicio de amparo el quejoso en contra de dichas constancias debe hacer valer el incidente de nulidad de notificaciones, como lo establece el numeral 78 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, precepto el cual establece: "ART. 78.- SOLO FORMARA ARTICULO DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO LA NULIDAD DE ACTUACIONES POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. LOS INCIDENTES QUE SE SUSCITEN CON MOTIVO DE OTRAS NULIDADES DE ACTUACIONES O DE NOTIFICACIONES SE TRAMITARAN Y RESOLVERAN EN FORMA INCIDENTAL, SIN SUSPENSION DEL PROCEDIMIENTO. SI A JUICIO DEL JUEZ DE LOS AUTOS, LA NULIDAD DE ACTUACIONES POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO, SOLO SE INTERPUSO PARA SUSPENDER EL PROCEDIMIENTO Y ES NOTORIAMENTE FRIVOLA E IMPROCEDENTE, PREVIA FUNDAMENTACION Y MOTIVACION; SE IMPONDRA AL PROMOVENTE Y A SU ABOGADO SOLIDARIAMENTE MULTA DE TREINTA Y HASTA SESENTA DIAS DE SALARIO MINIMO VIGENTE EN EL ESTADO. NO SE DARA CURSO A LA NULIDAD POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO, SI AL INTERPONERLA, NO SE GARANTIZA EN CUALQUIERA DE LAS FORMAS ESTABLECIDAS POR LA LEY, EL MAXIMO DE LA MULTA A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR". Se invoca en apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo IV, octubre de 1996, página 207, número de registro electrónico 200390 de rubro y texto siguiente: "EMPLAZAMIENTO EN JUICIOS EJECUTIVOS MERCANTILES, NULIDAD DEL, COMPRENDE AL REQUERIMIENTO Y EMBARGO PRACTICADOS. Conforme a lo dispuesto en los artículos 1392, 1393, 1394 y 1396 del Código de Comercio, 111 y 112 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria, el requerimiento de pago y embargo hechos al deudor demandado, necesariamente requieren para su legal existencia de su notificación en la forma establecida en la ley, notificación que no es otra cosa que el emplazamiento a que aluden los preceptos en cita, al cual aquéllos, pese a ser actos jurídicos distintos, se encuentran estrechamente vinculados; luego la nulidad de este último, que entraña la inobservancia del requisito a que se encuentran sujetos los aludidos requerimiento y embargo, lógicamente trasciende a los mismos, sin que sea óbice para ello el hecho de que cronológicamente se hubieran practicado con anterioridad y en forma sucesiva en la misma diligencia, al indicado emplazamiento. En consecuencia, si la parte quejosa se duele de la falta de notificación de diversos autos dictados en la etapa de ejecución de sentencia debe de promover el incidente de nulidad de notificaciones de que se trata, mediante el cual puede obtener la nulidad de las diligencias por la que se notificó los autos dictados en el juicio de origen en el cual fue oído y vencido, antes de promover el juicio de amparo, ya que debe observar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Notifíquese personalmente a la promovente.

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