Jorge Assael Flores Bermúdez

Expediente 1463/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1463/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
26/04/2023

Partes del expediente

  • Jorge Assael Flores Bermúdez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación con la que se da cuenta, en la que se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es depurable en el plazo de tres años, ya que se negó el amparo solicitado, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b) de esa normatividad. Asimismo, es depurable el original del incidente de suspensión, el cual deberá conservarse por el plazo de tres años, de conformidad con el artículo 18, fracción I inciso a) del citado Acuerdo General, pues se concedió la medida cautelar definitiva, por lo que se ordena glosarlo al expediente en que se actúa; mientras que es destruible el duplicado del incidente una vez que transcurran seis meses, conforme a lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, inciso a) de la ya citada normatividad. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa en el lugar de su reclusión.

  2. Principal

    Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 1463/2022-I; RESULTANDO PRIMERO. PRESENTACIÓN Y DATOS DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el catorce de diciembre de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Naucalpan de Juárez, Estado de México, y turnado a este juzgado el veintiuno del mismo mes y año, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra de la autoridad y por los actos que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. TRÁMITE. Por auto de veintidós de diciembre de dos mil veintidós, este órgano federal admitió a trámite la demanda de amparo, pidió a la autoridad responsable su informe con justificación, dio intervención legal al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Una vez integrado el juicio de amparo en que se actúa, la audiencia constitucional se celebró al tenor del acta de veintidós de febrero de dos mil veintitrés. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con lo que disponen los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso impugna actos de autoridad penal jurisdiccional residente dentro del territorio en que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reprochados que se advierten del análisis de la demanda íntegramente considerada, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Así, de la lectura de la misma, en concordancia con la información allegada al juicio, se concluye que el quejoso reclama: - Del Juez de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, México: A) El auto de vinculación a proceso de veintiséis de noviembre de dos mil veintidós, dictado en la carpeta administrativa 1523/2022 por su probable intervención en el delito de violación con modificativa agravante de haberse cometido por el padrastro en contra de la hijastra, ilícito previsto y sancionado por los artículos 273 párrafos primero y quinto, 274 fracción II, en relación con los diversos preceptos 6,7,8, fracciones I y III, y artículo 11 fracción I inciso c) del Código Penal Vigente en el Estado de México, en agravio de la víctima de identidad resguardada de iniciales K.C.K. B) La medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO El Juez de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, México, al momento de rendir su informe justificado aceptó la existencia de los actos que se le atribuyen. La certeza de que se habla se corrobora además con las constancias remitidas por dicho juzgador en apoyo a su informe con justificación; a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, ya que se trata de la reproducción de actuaciones que tienen la certificación de la fecha y lugar en que fueron realizadas por un servidor público en ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 1, materia(s): común, registro 2004362, página 703, de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Por lo anterior, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por acreditada la existencia de los actos reclamados. CUARTO. PROCEDENCIA DEL JUICIO. Una vez determinada la certeza de los actos combatidos y previo al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en este juicio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, como lo dispone el numeral 62 de la legislación de la materia; sin embargo, toda vez que las partes no hicieron valer causas de improcedencia, ni se advierte de oficio que se actualice alguna de ellas, se procede al estudio de fondo del asunto. QUINTO. ESTUDIO. A continuación, se examinará la constitucionalidad del acto combatido, sin que para tal efecto sea necesaria la transcripción de los motivos de disenso formulados por la parte agraviada, por no causar perjuicio a las partes y no existir disposición legal que obligue a ello. No obstante, debe establecerse que, sustancialmente la parte disconforme aduce que se violan en su perjuicio los numerales 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que: Por lo que hace al auto de vinculación a proceso: a) La responsable al dictarlo, no respeto las formalidades esenciales del procedimiento. b) Carece de fundamentación y motivación, pues transgrede el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al señalar que se encuentran colmados los requisitos de dicho precepto legal para su dictado, cuando no era así. c) No se acreditan los elementos de violencia moral, ni la falta de voluntad para que se confirme la conducta ilícita, por lo que se viola en su perjuicio el principio de exacta aplicación de la ley. d) No se dio contestación a la defensa respecto a sus argumentos, en el sentido de que no se actualizaba la violencia como medio comisivo. e) El juez responsable valora indebidamente el dato de prueba que le da sustento a la imputación (declaración de la víctima e impresión diagnóstica en psicología). Respecto a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa: f) Refiere que la misma no está fundada, ni motivada; y que se violan sus derechos humanos al haberla fijado. g) Que la responsable sin abrir debate, fijó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa. Son infundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, aún suplidos en su deficiencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, así como en el contenido de la jurisprudencia 1a./J. 94/2011 (9a.), con registro electrónico 160950, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro I, octubre de 2011, tomo 2, materias común, penal, página 689, que a la letra indica: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, EN SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE, DEBE CONSIDERAR TODOS LOS ARGUMENTOS FORMULADOS POR EL IMPUTADO O SU DEFENSOR EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS O EN EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS TENDENTES A DESVIRTUAR LAS RAZONES QUE MOTIVARON SU DICTADO, AUN CUANDO NO SE HAYAN PLANTEADO EN LA AUDIENCIA CORRESPONDIENTE. El artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, prevé la suplencia de la queja deficiente en beneficio del reo, aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios; esta figura obliga al juez de distrito a analizar de oficio las posibles violaciones de derechos fundamentales, por tanto, cuando éstas no son alegadas, por ejemplo, con motivo de una actuación deficiente de la defensa o la reserva del derecho del imputado a no realizar manifestación alguna, el juez de amparo es quien, a través de la suplencia de la queja, debe analizar si tales violaciones han acontecido y, en su caso, otorgar el amparo. Por tanto, el órgano de control constitucional, en aplicación de la figura de la suplencia de la queja deficiente en beneficio del imputado, debe considerar todos los argumentos formulados por él o su defensor en la demanda de garantías o en el escrito de expresión de agravios, que estén encaminados a controvertir las razones que motivaron al juez de control o juez de garantía a dictar el auto de vinculación a proceso y el valor convictivo de los datos de investigación en que se apoya esta determinación, así como la deficiente valoración de los datos aportados en su defensa, supliéndolos en su deficiencia, aun cuando no los hayan hecho valer en la audiencia de imputación, a fin de verificar que los datos de investigación aportados por el Ministerio Público y en que se apoya tal determinación, se hayan ofrecido y desahogado conforme a derecho; y que las razones que motivaron su dictado tienen el debido sustento legal, esto es, la suplencia se torna absoluta, aun ante la ausencia de motivos de inconformidad, cuando deba subsanar de oficio posibles violaciones a derechos fundamentales, sin subrogarse en el papel de defensor." A efecto de justificar lo anterior, en primer término, resulta necesario verificar si el auto de vinculación a proceso satisface las exigencias a que alude el dispositivo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asimismo, se precisa que por cuestión de método y para una mejor comprensión del asunto, al abordar el análisis de los requisitos que debe cumplir el auto de vinculación a proceso impugnado, se dará contestación simultánea a los conceptos de violación que así lo ameriten. El marco jurídico que rige el auto de término constitucional se encuentra en los artículos 19, primer párrafo, de la Constitución Federal, así como 314, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que disponen: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." "Artículo 314. Incorporación de datos y medios de prueba en el plazo constitucional o su ampliación. El imputado o su Defensor podrán, durante el plazo constitucional o su ampliación, presentar los datos de prueba que consideren necesarios ante el Juez de control. Exclusivamente en el caso de delitos que ameriten la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa u otra personal, de conformidad con lo previsto en este Código, el Juez de control podrá admitir el desahogo de medios de prueba ofrecidos por el imputado o su Defensor, cuando, al inicio de la audiencia o su continuación, justifiquen que ello resulta pertinente." "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del Agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." "Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa." De la interpretación sistemática de los preceptos invocados se desprende que los requisitos procesales para dictar un auto de vinculación a proceso son: I. Que el Ministerio Público haya formulado imputación, en la que haga del conocimiento del imputado el hecho delictivo que le atribuye, con las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución; II. Que el indiciado esté asistido de defensor y se le hagan saber sus derechos; III. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no hacerlo; y, IV. Que la decisión sea emitida dentro de las setenta y dos horas siguientes a que el indiciado sea puesto a disposición de la autoridad judicial, o bien, dentro de las ciento cuarenta y cuatro horas, para el caso que la defensa haya solicitado la duplicidad del plazo constitucional con la finalidad de incorporar algún dato o medio de prueba ante el Juez de Control, verificando que éste se haya desahogado. En tanto que los requisitos formales son los siguientes: I. Que el auto de vinculación contenga los datos personales del imputado, los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos de fondo para su dictado, así como el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa, además de que sea emitido tanto de manera oral como escrita. II. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Comprobación de requisitos procesales. A fin de determinar si se reúnen los requisitos procesales indicados, es necesario resaltar que de la reproducción de las videograbaciones remitidas por la responsable, se aprecia que el veintiséis de noviembre del año dos mil veintidós, se verificó la audiencia para formulación de imputación por cumplimiento de orden de aprehensión, en la que el juez identificó a las partes, haciendo constar que el imputado se encontraba en el área de seguridad, por lo que dio inicio a la diligencia preguntándole al imputado si su nombre era correcto, si los datos personales recabados eran verdaderos, si era su deseo mantenerlos públicos o privados, precisó su nacionalidad y que no pertenece a ninguna comunidad indígena; asimismo, cuestionó al imputado si conocía y si le hicieron saber sus derechos, contestando el mismo de forma afirmativa; atendiendo a tales prerrogativas, le preguntó al imputado si era su deseo nombrar como defensor en esa diligencia al licenciado Luis Enrique Navarro Chavarría a lo que el imputado respondió afirmativamente, por lo que dicho profesionista aceptó y protestó el cargo conferido a su favor, posteriormente, el juez de control explicó al imputado que se procedería a la formulación de imputación derivado del cumplimiento de una orden de aprehensión emitida en su contra, explicándole en qué consistía dicha formulación. Acto seguido, en términos del artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la Agente del Ministerio Público formuló imputación contra ********************, por su probable participación en el hecho delictuoso de violación con la modificativa agravante de haberse cometido por el padrastro en contra de la hijastra, en agravio de la víctima de identidad resguardada de iniciales K.C.K. Además, la representación social precisó el cuadro fáctico del que derivó dicho ilícito, mismo que sucedió al tenor de la siguiente narrativa: Con fecha veintidós de diciembre del año dos mil dieciocho, al ser aproximadamente las diecisiete horas la víctima de identidad reservada de iniciales K.C.K. se encontraba en el interior de su domicilio ubicado en Calle Juan Escutia, Número 3a Colonia Santa Maria Cuautepec Municipio de Tultitlan, Estado de México, precisamente en su recámara, momento en el que usted siendo su padrastro ingresa a su recámara para posteriormente comenzar a acariciarle a la víctima sus senos y su vagina, refiriéndole la víctima que la dejara, diciéndole usted que era normal, que no pasaba nada, para después llevar a la víctima sujetándola de su brazo hacia su recámara para posteriormente acostarla sobre la cama boca abajo y comenzar a acariciarle su espalda a la víctima, bajándole su pants y su pantaleta, la víctima cierra sus ojos y usted comienza a masturbarse terminando sobre la víctima esparciendo su semen en su ano y posteriormente penetrarla por el ano realizando movimientos de adentro hacia fuera hasta terminar dentro de la víctima, refiriéndole usted a la víctima "estuvo bien", para después la víctima subirse su ropa sin decirle nada, refiriéndole usted que si decía algo ya no iba a pagar su escuela, que le quitaría el internet, la computadora y que su madre se decepcionaría de ella, retirándose usted al baño. Asimismo, se le dijo al imputado que la forma de intervención que se le atribuye, lo es como autor material, en relación con la fracción I, inciso c), del artículo 11 del Código Penal vigente en el Estado de México, de igual forma, se le hizo saber que la persona que depone en su contra es precisamente la víctima de identidad reservada de iniciales K.C.K.. Después, el juzgador dio la voz a la defensa a efecto de que realizara aclaraciones, no obstante, ésta no adicionó nada al respecto, asimismo, cuestionó al imputado si comprendía la acusación, a lo que respondió que sí, posteriormente, se le cuestionó si era su deseo rendir declaración, por lo que a fin de dar contestación la defensa solicitó un receso de diez minutos, el cual fue concedido. Así, una vez reanudada la audiencia, el juez responsable cuestionó a la defensa si el objeto del receso había sido cumplido y habiendo respondido afirmativamente, el juzgador nuevamente procedió a preguntarle al imputado si era su deseo rendir una declaración, a lo que contestó que no, que se reservaba su derecho a declarar. En ese orden, se precisó que a las ocho horas con cincuenta y siete minutos del veintiséis de noviembre de dos mil veintidós, se decretó la detención judicial del quejoso ******************** por lo que hace al ilícito ya apuntado; detención que se hizo retroactiva a partir de las dos horas con treinta minutos del veinticinco de ese mes y año, a partir de la cual se estableció que comenzaría a computarse el plazo constitucional. Luego, la Agente del Ministerio Público formuló la solicitud de auto de vinculación a proceso, y soportó la imputación en los siguientes datos de prueba: 1. Entrevista a cargo de la víctima de identidad reservada de iniciales K.C.K. de veintidós de abril de dos mil veintidós, quien manifiesta que "El día veintidós de diciembre de dos mil dieciocho, siendo aproximadamente las diecisiete horas, se encontraba en su domicilio ubicado en Calle Juan Escutia, número 3-A, Colonia Santa María Cuautepec, Municipio de Tultitlan, Estado de México, que se encontraba en su recamara y que su madre no se encontraba ya que se había ido a trabajar, para posteriormente ******************** ingresar a su recámara y comenzarle a tocar sus senos y su vagina, refiriéndole ella que la dejara, para que le dijera que era normal, mientras que la sujetaba de su brazo y llevándola hacia su recámara, donde la recuesta sobre la cama, le baja su pants y su pantaleta y observa como comienza a masturbarse, eyaculando en su ano, para posteriormente penetrarla vía anal, escuchando como le dice que "estuvo bien", y que si decía algo ya no le pagaría la escuela, ni el internet y que su madre se decepcionaría de ella; manifestando que desde muy pequeña su padrastro la tocaba y que la hacía ver videos pornográficos en donde padres e hijos tenían relaciones. 2. Certificado médico de estado psicofísico, ginecológico y proctológico emitido por Marcela Griselda Luna Cruz, en calidad de médico legista, de fecha veintidós de abril de dos mil veintidós, a favor de la víctima de identidad reservada de iniciales K.C.K., quien concluye que al momento de examinar a la víctima a la exploración ginecológica observó un himen anular íntegro de los cuales permite la penetración sin dilatarse, observando a la exploración proctológica glúteos y surco entre glúteo íntegros sin alteraciones y con esfínter anal íntegro; sin lesiones que clasificar, ginecológico sin signos de penetración antigua o reciente; proctológico sin signos clínicos de penetración antigua o reciente. 3. Impresión diagnostica emitido por Fabiola Capulín López en calidad de perito en materia de psicología, de fecha seis de mayo de dos mil veintidós, a favor de la víctima de identidad reservada de iniciales K.C.K., quien concluye que al momento de evaluar a la víctima sí reúne indicadores característicos entre víctimas de violencia sexual. 4. Inspección de lugar de los hechos suscrito y firmado por Luis Alberto Pastrana Almaraz en calidad de policía de investigación, de fecha veintiséis de mayo de dos mil veintidós, quien manifiesta que se trasladó al lugar de los hechos el ubicado en calle Juan Escutia, número 3-A, Colonia Santa María Cuautepec, Municipio de Tultitlan, Estado de México, describiéndolo como un inmueble destinado a casa habitación, el cual consta de dos niveles, se entrevista con la víctima de identidad reservada de iniciales K.C.K., quien le permite el acceso al interior del inmueble, manifestando que observa una sala comedor, escaleras de acceso que van hacia la planta de arriba, momento en que la víctima le refiere que los hechos fueron en una recámara del exterior, señalando que no se encuentra ningún indicio ni cámara de video vigilancia; anexa placas fotográficas. 5. Ampliación de entrevista a cargo de la víctima de identidad reservada de iniciales K.C.K., de fecha diecisiete de septiembre de dos mil veintidós, quien manifiesta que comparece para exhibir copia certificada de su acta de nacimiento. 6. Documental consistente en copia certificada de acta de nacimiento a favor de la víctima de identidad reservada de iniciales K.C.K., con número 891, expedida por el registro civil del Estado Libre y Soberano de México, con fecha de registro catorce de agosto de dos mil tres, con fecha de nacimiento once de julio de dos mil tres, donde aparecen como padres María del Mar Klingenann Silva y Diego Arturo Oatzin Villanueva. 7. Documental consistente en copia certificada de acta de matrimonio número M315921 expedida por el registro civil del Estado Libre y Soberano de México, con fecha de registro trece de junio de dos mil nueve, a favor de los contrayentes ******************** y Maria del Mar Klingenann Silva. 8. Opinión técnica medica suscrita y firmada por Marcela Griselda Luna Cruz en calidad de médico legista, de fecha veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, en la cual como planteamiento de problema se le solicita que determine la razón por la cual una penetración vía anal no deja lesión y/o cicatriz, tomando en consideración el certificado médico de fecha veintidós de abril del año dos mil veintidós, a favor de la víctima de iniciales K.C.K., concluyendo que la ausencia de lesiones en la región anal en la víctima, es a consecuencia de la temporalidad de los hechos, señalando que esta fue de cuatro años aproximadamente y a que fueron lesiones superficiales de las que solo dañan la capa superficial de la piel y mucosa y al uso del lubricante, es la razón por la cual no deja una cicatriz. 9. Informe de investigación suscrito y firmado por Luis Alberto Pastrana Almaraz en calidad de policía de investigación, de fecha dos de octubre del año dos mil veintidós, donde manifiesta que se entrevistó con la víctima de identidad reservada de iniciales K.C.K., señalando que la víctima le hace llegar un dispositivo de almacenamiento tipo USB, en la cual se observan diversas conversaciones entre un sujeto del sexo masculino y una femenina, precisando que el masculino hace una afirmación donde agredía sexualmente a la víctima de identidad reservada de iniciales K.C.K., y que derivado de esta situación merecía ser sancionado. Acto seguido, el juez responsable cuestionó a la defensa y al imputado en qué término se resolvería su situación jurídica, decidiendo que fuera en ese momento, precisando que no incorporarían dato de prueba alguno en favor del imputado; luego, la defensa formuló sus argumentos no vinculatorios. Posteriormente, se concedió el uso de la voz a la Agente del Ministerio Público, quien formuló réplica, lo anterior dio lugar a una contrarréplica de la defensa, sin que el quejoso realizara adición alguna, por lo que una vez concluido el ejercicio contradictorio, el rector del proceso concluyó el debate y decretó un receso a efecto de resolver lo que en derecho correspondiera. Luego, una vez reanudada la audiencia, el juez precisó que se debía tomar en cuenta el interés superior del menor, toda vez que a la fecha en que sucedieron los hechos, la víctima de identidad resguardada de iniciales K.C.K., tenía quince años de edad; por lo que procedió a dictar auto de vinculación a proceso en contra de ********************. Finalmente, en uso de la voz la Agente del Ministerio Público, solicitó se dictará la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, a lo que la defensa solicitó se negará dicha petición; sin embargo, el juzgador determinó que era procedente imponerla. Visto lo anterior, se tiene por satisfecho el primer requisito procesal atinente a la formulación de la imputación, a través de la cual se hizo del conocimiento del imputado el hecho delictivo que se le atribuye, la forma de participación, así como las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución. Lo que también acontece por lo que se refiere a la segunda exigencia procesal, toda vez que de la citada grabación se observa que, durante la audiencia de formulación de imputación, el sujeto activo estuvo asistido de su defensor y que el juez de control se cercioró de que conociera sus derechos. Por lo que se refiere al tercer requisito procesal, se obtiene que ******************** no rindió declaración alguna por así ser su deseo. Y, respecto al cuarto de dichos requisitos, se advierte que el quejoso solicitó se resolviera su situación jurídica en esa misma audiencia; por lo que, si el referido imputado quedó a disposición del juez de control a las dos horas con treinta minutos del veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, y el auto de vinculación a proceso impugnado se dictó a las once horas con diecinueve minutos del veintiséis del mismo mes y año, es evidente que se resolvió oportunamente su situación jurídica. Comprobación de requisitos formales y de fondo. Una vez señalado lo anterior, procede abordar el estudio de la resolución de vinculación a proceso aquí impugnada, para corroborar si se observaron en su emisión los requisitos formales y de fondo exigidos para ello. Como quedó apuntado en párrafos que anteceden, tanto el artículo 19 de la Constitucional Federal, como el diverso 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, además de los requisitos ya señalados y cubiertos, requieren que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público se desprendan datos que establezcan: (1) Que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; (2) La probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; y, (3) Que no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una causa de exclusión del delito. Ahora, para determinar si en el caso se colman tales extremos, debe decirse que el auto de vinculación a proceso fue dictado contra el impetrante por su probable comisión o participación en el hecho que la ley señala como el delito de violación con modificativa agravante de haberse cometido por el padrastro en contra de la hijastra previsto y sancionado por los artículos 273 párrafos primero y quinto, 274 fracción II, en relación con los diversos preceptos 6,7,8, fracciones I y III, y artículo 11 fracción I inciso c) del Código Penal Vigente en el Estado de México, en agravio de la víctima de identidad resguardada de iniciales K.C.K. Es así, en razón de que el juez responsable enunció los datos de prueba con los que la ministerio público soportó su imputación y narró el cuadro fáctico, del que dedujo la existencia de una conducta de acción y consumación instantánea desplegada por el sujeto activo -hoy imputado-, asimismo, obtuvo que el acto típico, es la introducción del miembro viril en la cavidad anal de la víctima, sin la voluntad de ésta, y habiendo empleado violencia moral -específicamente psicológica e incluso económica- ya que le dijo que si decía algo ya no le pagaría la escuela, ni el internet y que su madre se decepcionaría de ella. De igual forma, el juzgador señaló que no se debía pasar por alto el interés superior de la niñez, en específico de la adolescente, y que por ende se debía observar lo acontecido a través de la perspectiva de dicho interés superior; consecuentemente, precisó que no se podía minimizar las circunstancias de lugar, tiempo y edad de la adolescente, lo cual es un factor preponderante, pues desde su perspectiva bien se pudo sentir mayormente intimidada por su agresor, aunado a que existe asimetría de poder, en razón de tratarse del padrastro. Previo a continuar, debe decirse que dicho proceder del juzgador se considera acertado, ello en razón de que, cuando en un proceso penal surgen indicios que un niño, niña o adolescente puede tener el carácter de víctima del delito, las autoridades tienen el deber de verificar oficiosamente tal situación y actuar en beneficio y protección de sus derechos. Al efecto, se cita la tesis 1a. CCCLXXXII/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 24, diciembre 2015, tomo I, décima época, registro digital 2010608, de rubro y contenido: "MENOR DE EDAD VÍCTIMA DEL DELITO. EL DEBER DE PROTECCIÓN DE LOS JUZGADORES IMPLICA SALVAGUARDARLO DE TODO TIPO DE REVICTIMIZACIÓN Y DISCRIMINACIÓN. La victimización secundaria o revictimización es el conjunto de consecuencias psicológicas, sociales, jurídicas y económicas de carácter negativo que derivan de la experiencia de la víctima en su contacto con el sistema de procuración de justicia, y suponen un choque entre las legítimas expectativas de la víctima y la inadecuada atención institucional recibida. Ahora bien, en el caso de las víctimas menores de edad, la revictimización implica una amenaza contra su seguridad y conlleva consecuencias negativas en su persona a largo plazo, como la presencia de sentimientos nocivos (miedo, autocompasión y/o culpabilidad), sensación de impotencia personal e, incluso, efectos traumáticos que le impidan lograr un sano y pleno desarrollo a lo largo de su vida, lo cual es más evidente en los casos de quienes fueron víctimas de una agresión sexual o malos tratos y no recibieron la atención adecuada. Así, la debida protección de sus intereses y derechos exige que todas las autoridades -en el área de sus competencias- identifiquen, diseñen y empleen las acciones que más los beneficien, para disminuir los efectos negativos de los actos criminales sobre su persona y asistirlos en todos los aspectos de su reintegración en la comunidad, en su hogar o en su lugar de esparcimiento. De ahí que en el ámbito de la función jurisdiccional, los juzgadores deben guiarse por el criterio de más beneficio al menor para atender sus necesidades en el contexto y la naturaleza del acto criminal sufrido; es decir, el deber de protección de los juzgadores implica salvaguardarlo de todo tipo de revictimización y discriminación y, consecuentemente, garantizarle el acceso a un proceso de justicia sin discriminación alguna basada en la raza, color, sexo, idioma, religión o cualquier otra condición personal, de sus padres o tutores; así, las únicas distinciones de trato admitidas, serán aquellas que se funden en el propio interés del menor y deriven de sus necesidades concretas." En ese orden, y una vez establecido que previo a la emisión del acto reclamado se observaron las formalidades que rigen el procedimiento, se estima que resulta infundado el conceptos de violación a), ya que la autoridad responsable sí respetó el derecho al debido proceso del aquí quejoso y cumplió los requisitos que establece el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales para dictar el auto de vinculación a proceso. Así, el debido proceso se refiere al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, con la finalidad de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Éste se compone de diversos requisitos que deben observarse en todas las instancias procesales con la finalidad de que el mismo pueda materializarse y efectivizarse en beneficio de los justiciables, reflejándose en: i) un acceso a la justicia no sólo formal sino que reconozca y resuelva los factores de desigualdad real de los justiciables, ii) el desarrollo de un juicio justo, y iii) la resolución de las controversias de forma tal que la decisión adoptada se acerque al mayor nivel de corrección del derecho, es decir que se asegure su solución justa. Al respecto, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 11/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, pág. 396, de rubro y contenido: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza." En el caso, se evidenció que el juez de control acató las exigencias del artículo 19, primer párrafo, de la Constitución Federal, así como 314, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues se formuló imputación al quejoso asistido de un abogado y en presencia de un juez, asimismo, se encontró debidamente asistido de defensor a lo largo de cada una de las audiencias, también se advierte que el juez permitió la asesoría del imputado para lo cual decretó un receso. Derivado de ello, acertadamente el juez responsable resolvió que sí existen datos que permiten establecer que se han cometido los hechos que la ley señala como violación con modificativa agravante de haberse cometido por el padrastro en contra de la hijastra, el cual se encuentra previsto y sancionado por los artículos 273 párrafo primero y quinto, y 274 fracción II, en los términos siguientes: "Artículo 273.- Al que por medio de la violencia física o moral tenga cópula con una persona sin la voluntad de ésta, se le impondrán de diez a veinte años de prisión, y de doscientos a dos mil días multa. Para los efectos de este artículo, se entiende por cópula la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo, exista eyaculación o no. Artículo 274.- Son circunstancias que modifican el delito de violación: (.) II. Si el delito fuere cometido por uno de los cónyuges, por un ascendiente contra su descendiente, por éste contra aquél, por un hermano contra otro, por el tutor en contra de su pupilo o por el padrastro, madrastra, concubina, concubinario, amasio o amasia en contra del hijastro o hijastra, además de las sanciones previstas en el artículo 273 se impondrán de tres a nueve años de prisión y de treinta a setenta y cinco días multa, así como la pérdida de la patria potestad o la tutela en aquellos casos en que la ejerciere sobre la víctima." De ahí que para que se actualice el delito en cuestión resulta necesario: I. Que exista cópula o introducción por vía vaginal o anal cualquier parte del cuerpo, objeto o instrumento diferente al miembro viril. II. Que fuere cometido por uno de los cónyuges por un ascendiente contra su descendiente, por éste contra aquél, por un hermano contra otro, por el tutor en contra de su pupilo o por el padrastro, madrastra, concubina, concubinario, amasio o amasia en contra del hijastro o hijastra. Del numeral preinserto se advierte que contiene diversas hipótesis fácticas, a saber, respecto de la acción: I. Que exista cópula; o II. Que se introduzca por vía vaginal o anal cualquier parte del cuerpo, objeto o instrumento diferente del miembro viril; respecto del actor material: Que fuere cometido por uno de los cónyuges por un ascendiente contra su descendiente, por éste contra aquél, por un hermano contra otro, por el tutor en contra de su pupilo o por el padrastro, madrastra, concubina, concubinario, amasio o amasia en contra del hijastro o hijastra. De esta forma, se estima correcto que el juez responsable tuviera por conculcado el bien jurídicamente protegido por la ley (libertad sexual), así como el tipo penal por el que vinculó a proceso y la probabilidad de que el imputado, hoy quejoso, intervino en el hecho delictuoso en examen. Lo anterior, en razón que de los datos señalados se desprende que la conducta se desplegó por parte del sujeto activo, misma que consistió en la introducción de su miembro viril en la cavidad anal de la víctima (cópula), siendo su padrastro. Para llegar a tal conclusión, el juzgador determinó que para tener por acreditada la conducta típica, así como los elementos que la configuran y la probable participación de éste en el hecho delictivo, resultan elementales los siguientes datos de prueba aportados por la representación social: 1. Entrevista a cargo de la víctima de identidad reservada de iniciales K.C.K., de veintidós de abril de dos mil veintidós. 2. Certificado médico de estado psicofísico, ginecológico y proctológico de fecha veintidós de abril de dos mil veintidós, a favor de la víctima de identidad reservada de iniciales K.C.K. 3. Impresión diagnóstica de fecha seis de mayo de dos mil veintidós, a favor de la víctima. 4. Inspección de lugar de los hechos de fecha veintiséis de mayo de dos mil veintidós. 5. Ampliación de entrevista a cargo de la víctima de identidad reservada de iniciales K.C.K. de fecha diecisiete de septiembre de dos mil veintidós. 6. Documental consistente en copia certificada de acta de nacimiento a favor de la víctima de identidad reservada de iniciales K.C.K. 7. Documental consistente en copia certificada del acta de matrimonio a favor de los contrayentes ******************** y Maria del Mar Klingenann Silva. 8. Pericial consistente en opinión técnica médica de fecha veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. 9. Informe de investigación de fecha dos de octubre del año dos mil veintidós. En ese contexto, el suscrito considera que los datos probatorios, analizados y apreciados de acuerdo con las reglas de valoración de la prueba en términos de los numerales 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y atendiendo a las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, en el caso a estudio, como lo sostuvo el juez responsable, resultan idóneos, pertinentes y suficientes hasta este momento, atendiendo a lo siguiente: Por lo que hace a la entrevista de la víctima (prueba 1), esta constituye un dato de prueba idóneo y pertinente para actualizar el hecho delictuoso sujeto a examen, dado que fue emitida por quien resintió de manera directa el actuar atribuido al imputado, esto es, la introducción del miembro viril del quejoso en su cuerpo; asimismo, a través de ese testimonio se pusieron de manifiesto las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que el activo desplegó los actos. Es de precisar, que a dicha declaración le reviste un carácter preponderante dado que al ser un delito de los que se consideran de oculta realización, es evidente que resulta difícil que existan testigos directos de los hechos, por lo que a ésta se concederá valor probatorio siempre y cuando resulte verosímil, esto es, que pueda adminicularse con diversas probanzas de forma indirecta que permitan concluir que el ilícito, en efecto, se perpetró. Ello se robustece con el criterio sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dispone: "VIOLACION. VALOR PROBATORIO DEL DICHO DE LA OFENDIDA. En los delitos de oculta realización como el de violación, la imputación que hace el ofendido en contra del sujeto activo tiene un valor preponderante, pues por su propia naturaleza existen escasas posibilidades de que los hechos sean advertidos por otras personas, consecuentemente basta con que la manifestación de la ofendida sea verosímil para que se le otorgue valor probatorio." Ahora bien, de la lectura de los artículos 1 y 2 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, se tiene que la violencia contra la mujer puede ser física, sexual o psicológica y la constituye cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, o psicológico a la mujer, tanto el ámbito público como en el privado, es decir, cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física y que es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto. Además, que el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo al derecho de protección judicial, cuya protección abarca el que toda persona tenga el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales, tiene implicaciones especiales en casos en los que se analicen actos constitutivos de violencia contra la mujer. Dichas implicaciones especiales tienen su origen en el hecho de que las mujeres víctimas de violencia, en especial la de tipo sexual, enfrentan barreras extraordinarias cuando intentan ejercer este derecho, incluyendo algunas relacionadas con las pruebas dirigidas a la acreditación del delito y la responsabilidad penal del imputado en el proceso, estas barreras se manifiestan en este tipo de casos al existir una tendencia al desahogo limitado de pruebas y a no dar credibilidad al testimonio de las víctimas, trasladando a ellas la responsabilidad de las investigaciones, otorgando una interpretación estereotipada a las pruebas, y dictando resoluciones relativas a las pruebas carentes de consideraciones de género, todo lo cual obstaculiza el acceso de las mujeres víctimas de violencia sexual a la justicia. Por ello, resulta necesario establecer reglas para la valoración de los testimonios de las víctimas de este tipo de delitos con una perspectiva de género, con el objeto de evitar afirmaciones, insinuaciones y alusiones estereotipadas y que su inadecuada valoración pueda llevar a las personas juzgadoras a restar credibilidad a la versión de las víctimas. Lo anterior, en concordancia con lo sostenido por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer al adoptar su recomendación general número 33, ocasión en la que instó a los Estados a revisar "las normas sobre pruebas y su aplicación específicamente en casos de violencia contra la mujer. Se deben adoptar medidas, teniendo debidamente en cuenta los derechos a un juicio justo de las víctimas y los defensores en los procedimientos penales, para asegurar que no se restrinjan excesivamente los requisitos probatorios, y que no sean excesivamente inflexibles o estén influenciados por estereotipos de género". En ese sentido, se observa la complejidad que implica la valoración probatoria por parte de las personas juzgadoras en casos en los que se ha ejercido violencia sexual contra la mujer, la cual radica en la naturaleza de la comisión de este tipo de actos, los cuales son, generalmente, perpetrados de manera oculta, situación que dificulta la existencia de testigos o de otro tipo de evidencias, por lo que el testimonio de la víctima del delito suele constituir la prueba de mayor relevancia en la acusación formulada contra la persona imputada. En ese orden, respecto a la valoración del testimonio de la víctima del delito cuando la declaración de la misma es la única prueba a cargo, la Segunda Sala del Supremo Tribunal Español ha considerado que es exigible a la persona juzgadora una cuidada y prudente valoración al momento de dictar su sentencia, señalando también que para lo anterior se debe ponderar su credibilidad en relación con todos los factores subjetivos y objetivos que concurren en la causa, para ello se debe constatar el contenido de la declaración con otros elementos probatorios concurrentes para confirmar su verosimilitud y credibilidad, obteniendo una conclusión razonable sobre la realidad de lo acontecido. Así, el testimonio de la víctima en estos supuestos, debe reunir para dotarlo de credibilidad como prueba de cargo, los siguientes elementos: Ausencia de incredibilidad subjetiva: la cual deriva de las relaciones acusado/víctima que pongan de relieve su posible móvil de resentimiento, enemistad, venganza, enfrentamiento, que puedan enturbiar la sinceridad del testimonio, generando un estado de incertidumbre incompatible con la formación de su convicción inculpatoria asentada sobre bases firmes. Verosimilitud del testimonio: en cuanto que debe estar rodeado de algunas corroboraciones periféricas de carácter objetivo obrantes en el proceso, lo que supone que el propio hecho de la existencia del delito esté apoyado en algún dato añadido a la pura manifestación subjetiva de la víctima, lo cual habrá de ponderarse adecuadamente en delitos que no dejan huellas o vestigios materiales de su perpetración. Persistencia de la incriminación: la cual debe ser prolongada en el tiempo, reiteradamente expresada y expuesta sin ambigüedades ni contradicciones. Lo anterior significa que la declaración ha de ser: concreta y precisa narrando los hechos con las particularidades y detalles que cualquier persona en sus mismas circunstancias sería capaz de relatar, coherente y sin contradicciones, manteniendo en el relato una necesaria conexión lógica entre sus distintas partes; y persistente en un sentido material y no meramente formal, es decir constante en lo sustancial de las diversas declaraciones. De esta forma, concluyó que dichas reglas deben ser observadas por las personas impartidoras en este tipo de casos y se deducen, mayoritariamente, de lo sostenido por la Corte IDH al resolver los casos Fernández Ortega y Rosendo Cantú. Asimismo, los siguientes elementos deben ser tomados en cuenta al momento de valorar el testimonio de la víctima que ha sido sometida a un acto de violencia sexual: Se debe considerar que los delitos sexuales son un tipo de agresión que, en general, se producen en ausencia de otras personas más allá de la víctima y la persona o personas agresoras, por lo que requieren medios de prueba distintos de otras conductas. En razón de lo anterior no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y, por ello, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho. Asimismo, al analizar la declaración de la víctima se debe tomar en cuenta que las agresiones sexuales corresponden a un tipo de delito que la víctima no suele denunciar por el estigma que dicha denuncia conlleva usualmente; Se debe tener en cuenta la naturaleza traumática de los actos de violencia sexual. En razón de ello se debe entender que no debe ser inusual que el recuento de los hechos pueda presentar algunas inconsistencias o variaciones en cada oportunidad que se solicita realizarlo. Por lo tanto, dichas variaciones no podrán constituir fundamento alguno para restar valor probatorio a la declaración de la víctima; Se deben tomar en cuenta algunos elementos subjetivos de la víctima, como su edad, condición social, pertenencia a un grupo vulnerable o históricamente discriminado, entre otros; Se debe analizar la declaración de la víctima en conjunto con otros elementos de convicción, recordando que la misma es la prueba fundamental. Entre esos elementos se pueden encontrar dictámenes médicos psiquiátricos, testimonios, examinaciones médicas, pruebas circunstanciales, indicios y presunciones; y, Las pruebas circunstanciales, indicios y presunciones, deben ser utilizadas como medios de prueba siempre que de ellos puedan inferirse conclusiones consistentes sobre los hechos. De ahí que se considera que en casos de violencia sexual contra la mujer, la declaración de la víctima del delito requiere un tratamiento distinto pues debe realizarse con perspectiva de género, a la luz del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia reconocido en la Convención de Belém do Pará. Ello tiene su origen en la aceptación de un fenómeno histórico de relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres, lo cual tiene como consecuencia el que las mujeres víctimas de violencia sexual se enfrenten a barreras extraordinarias al intentar acceder a la justicia. Establecido lo anterior, y contrario a lo señalado por el quejoso en el concepto de violación e), es evidente la preponderancia del dato de prueba reseñado, mismo que fue correctamente valorado por el juez de control, pues éste se encuentra acompañado y robustecido por el resto del caudal probatorio. Máxime que, hasta el momento procesal en que fue ponderado dicho dato de prueba, no se probó parcialidad o animadversión de la pasivo, frente al activo o algún motivo por el cual falsearan sus manifestaciones atribuyéndole un hecho en el que no intervino. En ese orden, para establecer hasta ese momento las circunstancias de lo acontecido, se apoyó en la impresión diagnóstica emitida por la perito en materia de psicología (prueba 3), de seis de mayo de dos mil veintidós, emitida en favor de la víctima, en donde se concluyó que al momento de evaluar a la víctima, sí reunía indicadores característicos entre víctimas de violencia sexual. Sin que se inadvierta la existencia del certificado médico de estado psicofísico, ginecológico y proctológico (prueba 2) de veintidós de abril de dos mil veintidós, a favor de la víctima de identidad reservada de iniciales K.C.K. en el que se concluyó en lo esencial: "glúteos y surco entre glúteo íntegros sin alteraciones y con esfínter anal íntegro; sin lesiones que clasificar, ginecológico y proctológico sin signos de penetración antigua o reciente; sin embargo, tampoco debe desatenderse lo indicado por la médico legista en la opinión médica de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós (prueba 8), en el sentido de que la ausencia de lesiones en la región anal de la víctima se debe a la temporalidad de los hechos, pues estos tenían cuatro años de haber acontecido, aunado a que se pudieron ocasionar lesiones superficiales de las que solo dañan la capa superior de la piel y mucosa y a la función lubricante del semen del agresor, razón por la cual no dejó una cicatriz, pues la víctima indicó que el imputado se masturbó y eyaculó en su ano previo a la penetración. Asimismo, respecto a la modificativa agravante de haberse cometido por el padrastro en contra de la hijastra, dicha circunstancia se puede establecer con la copia certificada del acta de matrimonio número M315921 expedida por el Registro Civil del Estado Libre y Soberano de México, con fecha de registro trece de junio de dos mil nueve, a favor de los contrayentes ******************** y María del Mar Klingenan Silva (prueba 7), pues esa documental es pertinente e idónea para establecer el vínculo matrimonial que existía entre el imputado y la madre de la víctima, razón por la cual se le considera el padrastro, a la fecha en que acontecieron los hechos, dado también lo manifestado por la propia víctima; así como con el acta de nacimiento de la víctima de la que se advierte que la contrayente María del Mar Klingenann Silva, es su madre (prueba 6). Derivado de lo narrado en el contenido de la presente resolución, se acredita que el auto de vinculación a proceso sí cumple con los requisitos legales y constitucionales; por lo tanto, estuvo en lo correcto el juez responsable al determinar que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público se desprenden datos de prueba que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión (concepto de violación b), pues al ser idóneos y pertinentes, resultan aptos para sujetar al imputado al proceso penal, es decir, se trata de indicios razonables que así permiten suponerlo, de conformidad con el artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Respecto a la probable participación, ésta se ve soportada también por los diversos medios probatorios señalados, pues los mismos resultan idóneos para determinar la probable participación del investigado; circunstancia que no contraviene disposición alguna, porque aun cuando delito y responsabilidad penal son conceptos disímiles, ya que el primero se refiere a cuestiones impersonales relativas a la materialización de una conducta con relevancia penal, independientemente de su autoría, y el segundo tiene como esencia verificar la viabilidad de atribuir un hecho a una persona determinada, lo cierto es que un mismo medio de convicción puede acreditar ambos extremos, ya que por un lado puede revelar la existencia de un hecho determinado como delito y, por otro, atribuir la comisión del suceso a un sujeto específico. Luego, por lo que hace a los conceptos de violación c) y d) consistente en que no se acreditan los elementos de violencia moral, ni la falta de voluntad para que se confirme la conducta ilícita, por lo que se viola en su perjuicio el principio de exacta aplicación de la ley; y que no se dio contestación a la defensa respecto a sus argumentos, en el sentido de que no se actualizaba la violencia como medio comisivo; resultan infundados dichos argumentos, pues para el dictado de un auto de vinculación a proceso no es necesario que el juez de control emprenda el estudio de los diversos elementos objetivos, normativos o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, sino que basta que se encuadre la conducta reprochada a la norma penal con base en los antecedentes de la investigación. Ilustra en lo conducente la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), sustentada por la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, que dispone: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." No obstante, debe decirse que la violencia debe ser entendida como cualquier patrón de comportamiento que se utilice para adquirir o mantener el poder y el control sobre una persona. En el caso, como bien señaló el juzgador, se actualiza la violencia moral ya que se tomó en cuenta las circunstancias y el contexto que envuelven el caso que se analiza, por lo que si de los datos de prueba se obtiene que el activo generó un entorno de confianza y seguridad al señalar que "era normal" para que la pasivo desactivara sus defensas o inhibiera sus señales de alerta, se sostiene que en el caso, se configura una violencia moral por parte del activo para imponerle la cópula a la pasivo, porque atendiendo a la perspectiva de género con la que se debe juzgar, basta con que aquél ponga a la víctima en un estado de vulnerabilidad, al causarle una falsa impresión de que estaba en un ambiente seguro. De igual forma, se presume que la víctima se encontraba en un estado de indefensión derivado de las condiciones en que se desarrolló el hecho, pues se advierte la presencia de una relación de franca dominación y un entorno coercitivo (que está definido por la presencia de relaciones asimétricas de poder de tal entidad que configuran dominación -transitoria o permanente- y que hacen inexigible una oposición manifiesta a la imposición de la cópula, dada la posibilidad -objetivamente evaluable, pero subjetivamente considerada- de padecer un daño o grave perjuicio en la integridad personal de la víctima o de las personas a las que está ligada por vínculos de amor o protección). Así, de los datos de prueba que conforman los antecedentes de la investigación, se desprende que el auto de vinculación a proceso se encuentra suficientemente apoyado, sin que el quejoso haya aportado algún dato de prueba o argumento que desfavorezca los ofertados, por lo cual, el auto de vinculación fue dictado con los elementos que le fueron aportados al juez responsable, sin que se desprenda una determinación arbitraria o irracional, por los motivos que se han razonado. Además, el juez de origen citó los fundamentos aplicables al caso y los motivos que tuvo para la emisión de la resolución reclamada, por lo que se considera fue cumplida la garantía de legalidad, en términos de la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la anterior conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual expresa: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Por tanto, al resultar infundados los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal por lo que hace al acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso de veintiséis de noviembre de dos mil veintidós. ACTO RECLAMADO: MEDIDA CAUTELAR. Respecto a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, impuesta a ********************, en la audiencia de formulación de imputación, cabe destacar que los artículos 18 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que sólo por delitos que merezcan pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva, la cual podrá ser decretada por el juez de control de manera oficiosa, entre los que se encuentran: ".casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud". Por ello, contrario a lo señalado por el quejoso en los conceptos de violación f) y g), se estima que resultó correcto el actuar del juez responsable al determinar dicha medida cautelar; al respecto -se abunda-, la prisión preventiva, es considerada como una medida precautoria, ya que la privación de la libertad ambulatoria del acusado de un delito es aplicada de manera excepcional en situaciones de necesidad extrema, en espera de la celebración del juicio y mientras dura éste, con el fin de prevenir eventuales acciones que puedan dañar a un tercero o la marcha del proceso. Además, es provisional, en la medida que afecta la libertad personal durante un determinado periodo para garantizar que el procedimiento no sea obstaculizado interrumpido o demorado, pero no significa un adelanto de la condena, pues no se recluye al imputado porque se crea que su responsabilidad es evidente. De igual forma se reitera que la misma es un medio para garantizar el desarrollo del proceso penal con la presencia del imputado, con la posterior y eventual ejecución de la sentencia. Cabe precisar que al estar reconocida la prisión preventiva en la Constitución Federal Mexicana, tal medida es acorde con la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que en su artículo 7.2, que dispone: "Artículo 7.- Derecho a la Libertad Personal (.) 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas." Sirve de apoyo, por las consideraciones que contiene, la tesis 1a. CXXXV/2012, Décima Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, agosto 2012, Tomo 1, visible en la página 493, registro 2001432 con el rubro y texto siguientes: "PRISIÓN PREVENTIVA. NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Conforme al artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, no pueden suprimirse el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la propia convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella. Ahora bien, la privación de la libertad de una persona en forma preventiva con arreglo a la ley y al procedimiento fijado para ello no constituye una transgresión al principio de presunción de inocencia, toda vez que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, permite que se restrinja la libertad de una persona como medida cautelar, mediante un auto de formal prisión dictado por un delito que merezca pena de prisión; lo que es acorde con el artículo 7.2 de la referida Convención que dispone que nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas, máxime que el detenido preventivamente no purga una pena anticipada." Asimismo, se estima lo anterior dado que, conforme al artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales las medidas cautelares que se pueden llegar a dictar en contra del imputado, tienen por objeto: - Asegurar la presencia del imputado en el procedimiento. - Garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo. - Evitar la obstaculización del procedimiento. Además, no le asiste la razón al quejoso respecto de que la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, le fue impuesta sin previo debate, ya que el juez responsable concedió el uso de la voz a la defensa a fin de que expusiera sus argumentos en contra de la misma, y una vez que finalizó su intervención, concluyó que no los desatendía; sin embargo, expuso que el numeral 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contempla una serie de medidas cautelares que deben ser impuestas por el juez, a petición del Agente del Ministerio Público, y entre ellas se encuentra precisamente la prisión preventiva, especificando que el artículo 167 de esa legislación, establece como delito que amerita prisión preventiva oficiosa el imputado al aquí quejoso -violación prevista en los artículos 265, 266 y 266 bis-, en conclusión, se estima que la medida cautelar impuesta por el Juez responsable fue debidamente fundada y motivada, y apegada a derecho, por lo que se niega el amparo que se solicita respecto a este acto reclamado. Por lo anteriormente expuesto y fundado se: RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, por propio derecho contra los actos reclamados y autoridad precisada en el considerando SEGUNDO, por los motivos expuestos en el considerando QUINTO de esta resolución. Notifíquese; personalmente al quejoso en el lugar en que se encuentra recluido, a la representación social de la adscripción, por lista a la tercera interesada y mediante oficio a la autoridad responsable y Agente del Ministerio Público tercera interesada.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México; dos de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio de la Secretaria Particular de la Coordinación General de Litigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, por medio del cual remite la constancia de emplazamiento del Agente del Ministerio Público que intervino en la carpeta administrativa 1523/2022, del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, de lo que se toma conocimiento. Por lo tanto, en términos del artículo 5, fracción II, inciso e) de la Ley de Amparo, téngasele por emplazada al presente juicio para los efectos legales correspondientes. Notifíquese y personalmente al quejoso en el lugar en donde se encuentra recluido.A

  4. Principal

    "...Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que el Coordinador General de Litigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, no ha remitido las constancias con las cuales acredite que notificó al Agente del Ministerio Público que intervino en la carpeta administrativa 1523/2022 del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, la radicación del juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia, se requiere nuevamente al Coordinador General de Litigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que le sea notificado el presente proveído, remita las constancias aludidas en el párrafo que antecede. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se señalan las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veintidós de febrero de dos mil veintitrés para que tenga verificativo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa en el lugar en que se encuentra recluida..."

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