Jorge Ascencio Villalpando
Expediente 535/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 535/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jorge Ascencio Villalpando
- Juez de Partido Civil Especializado En Materia de Oralidad Familiar, Con Sede En León, Guanajuato
Actuaciones
- Principal
Se declara que ha causado estado determinación en que se desechó de plano la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el plazo de impugnación del proveído de veintiuno de junio de dos mil diecinueve. Con fundamento en el Acuerdo General número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve y Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobado el diez de diciembre de dos mil doce, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, toda vez que se desechó de plano la demanda de amparo. archívese y remítase al lugar de su guarda.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE REZA; León, Guanajuato, a veintiuno de junio de dos mil diecinueve. I. Parte quejosa. Jorge Ascencio Villalpando. II. Autoridad responsable. Juez de Partido Civil Especializado en Materia de Oralidad Familiar, con sede en esta ciudad. III. Recepción y registro en libro de gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y regístrese la demanda con el número 535/2019-V. IV. Análisis de procedencia de la demanda. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda que nos ocupa, es menester establecer que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, debe analizarse si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. El referido ordinal establece: "ARTÍCULO 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con la interpretación que debe darse a los conceptos "manifiesto" e "indudable" a que se contrae el citado numeral, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que, en su caso, a ésta se anexen; en tanto que lo indudable se traduce que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Así, con lo expresado, cobra aplicación, la jurisprudencia I.6o.C. J/19 de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, septiembre de 1999, página 730 de rubro: "AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." En esas condiciones, debe decirse que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el precepto 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, como se expondrá a continuación. En primer orden se cita el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, mismo que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." A su vez, el numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, prevé: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior"; Del precepto transcrito se obtiene que el juicio de amparo indirecto, procede entre otros, en los siguientes supuestos: I. Tratándose de actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Cabe mencionar que los actos producidos después de concluido el juicio son aquéllos realizados luego del pronunciamiento de la sentencia definitiva. Respecto de actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, en ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, presupuesto que establece la fracción IV del artículo 107, de la Ley de Amparo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. II. Existencia casos de excepción, los cuales consisten en los actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente de la acción constitucional, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Encuentra aplicación la jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, entre las sustentadas por la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE". Por tanto, es dable concluir que el juicio de amparo indirecto procede contra actos intermedios dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, sin esperar a la última resolución, siempre y cuando se surtan los siguientes supuestos: Afecten de manera directa derechos sustantivos; y, b) Los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Con base en lo anterior, se obtiene que el juicio de derechos deviene improcedente cuando se reclama un acto dictado en el procedimiento de ejecución de sentencia, o como en el caso acontece, del convenio elevado a la categoría de cosa juzgada, y no constituye la resolución terminal con la que culmine dicho procedimiento de ejecución; supuesto de improcedencia que en la especie se actualiza. En efecto, la parte quejosa reclama la resolución de trece de junio de dos mil diecinueve, dictada en el juicio oral sobre divorcio necesario F-4023/2016, del índice del Juzgado de Oralidad Familiar, residente en esta ciudad, que confirmó el auto de veinte de mayo del año en curso, por el que no se admitieron la testimonial y los informes a cargo de instituciones bancarias; actos cuyos antecedentes más relevantes son: El quejoso presentó el dos de agosto de dos mil dieciséis divorcio necesario sin expresión de causa, radicado bajo el expediente F-4023/2016. Dentro del juicio de divorcio se anexó convenio, el cual fue ratificado en el juzgado responsable. El treinta de abril de dos mil diecinueve, su contraparte Sara Eugenia Solís García, presentó incidente de ejecución de convenio celebrado en el juicio de origen, por lo que en fecha quince de mayo del año en curso, el impetrante opuso las excepciones correspondientes y ofreció las diversas probanzas consistentes en documental pública, videograbación de audiencia preliminar, testimonial nominada, confesional e informe a cargo de instituciones bancarias. El veinte de mayo de dos mil diecinueve, la autoridad responsable emitió auto a través del cual tuvo por no admitidas la testimonial y los informes a cargo de las instituciones bancarias. El veintisiete de mayo siguiente, la parte quejosa interpuso recurso de revocación en contra de la anterior determinación, misma que le fue resuelta el trece de los actuales, en el sentido de confirmar el proveído combatido por considerar la responsable inoperantes e infundados sus agravios. Esa resolución es la que constituye el acto cuestionado dentro del presente juicio de amparo. Así las cosas, de lo anterior, se evidencia claramente que el juicio natural se encuentra en etapa de ejecución de sentencia, toda vez que en el mismo se celebró un convenio elevado a categoría de cosa juzgada, tal como se advierte de los antecedentes narrados por el quejoso, el cual es equiparable a una sentencia ejecutoriada, y por ende, produce los mismos afectos que ésta última; ello de conformidad a lo dispuesto en el artículo 390-A del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, que reza al tenor siguiente: "ARTÍCULO 390-A. El convenio o transacción celebrado entre las partes, ratificado ante el juez y aprobado por éste, extingue la instancia cuando en él se contengan todas las cuestiones litigiosas. En caso de que el convenio o la transacción no abarque toda la controversia, continuará la instancia por las cuestiones que no se hubieren incluido. El convenio o la transacción ratificada y aprobada ante y por el juez, será equiparable a la sentencia ejecutoria y producirá todos los efectos de esta última; por consecuencia, sólo podrá iniciarse otro litigio si el derecho subsiste." (lo resaltado es propio del Juzgado) Asimismo, es aplicable por analogía la tesis aislada emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Septiembre de 1992, Página 254, Octava Época, que a la letra dice: "CONVENIOS, EJECUCION DE. SUSPENSION IMPROCEDENTE. En los términos del artículo 2953 del Código Civil, la transacción tiene respecto de las partes, la misma eficacia o autoridad que la cosa juzgada y, a su vez el artículo 533 del Código de Procedimientos Civiles determina que todo lo que en ese capítulo (de la vía de apremio) se dispone respecto de la sentencia, comprende las transacciones, convenios judiciales y los laudos que ponen fin a los juicios arbitrales. Por tanto, los convenios judiciales con los que las partes concluyen una controversia, son equiparados por el derecho sustantivo y por el procesal, a las sentencias ejecutoriadas, siempre y cuando hayan sido judicialmente aprobados y elevados a esa categoría. Por lo tanto, si el acto reclamado lo constituye la ejecución de un convenio que ordena el lanzamiento del peticionario de garantías de la localidad arrendada, tal ejecución es equiparable a una sentencia ejecutoria, siendo improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados, al no concurrir el requisito que al efecto establece la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, es decir, porque la sociedad está interesada en que no se entorpezca la observancia de los fallos que establecen la verdad legal, cobrando exacta aplicación la tesis de jurisprudencia número 1985 que bajo el rubro: "SUSPENSION IMPROCEDENTE CONTRA SENTENCIAS EJECUTORIAS", que se puede consultar en la página 3061, Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en 1989." (lo subrayado es propio del Juzgado) Asimismo, se destaca que al momento de promover el presente juicio de amparo, en el procedimiento de origen en su etapa de ejecución aún no se dictaba la última resolución, por lo que al no afectar los actos reclamados algún derecho sustantivo del inconforme y no constituir la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, se evidencia la actualización de la causal de improcedencia en cita, en la medida que el acto de que se duele el quejoso se traduce en un auto intermedio dictado dentro del incidente de incumplimiento de las obligaciones contraídas en el convenio celebrado en el juicio de origen. Ciertamente, la resolución reclamada no constituye la última en términos del artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la actual Ley de Amparo, para que sea procedente el presente juicio biinstancial, sino que constituye acto intermedio de la etapa de ejecución del convenio con el que concluyó el juicio de origen, al darle trámite a la denuncia de su incumplimiento. Tampoco afecta derechos sustantivos del inconforme, porque el auto por el que no admite las probanzas consistentes en la testimonial y los informes a cargo de instituciones bancarias, sólo se puede plantear la infracción de derechos adjetivos; de igual forma, no se trata de alguno de los casos de excepción a la regla, entre otros, arresto, resoluciones de incidentes de liquidación o aquellos actos que gozan de autonomía propia, pues en el caso concreto los actos reclamados, de manera implícita, tienen como fin el acatamiento de la cosa juzgada. En las relacionadas circunstancias, como se adelantó, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción IV, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; por tanto, procede desechar la demanda de amparo promovida por Jorge Ascencio Villalpando. Sirven de apoyo, por los principios rectores que las informan, las tesis emitidas por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, respectivamente, del contenido siguiente: "AMPARO IMPROCEDENTE. LO ES CUANDO EL INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES SE DECLARA INFUNDADO Y SE TRAMITÓ DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, SIN QUE LA INTERLOCUTORIA QUE LE PONE FIN SEA LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN. El juicio de amparo es improcedente contra la interlocutoria que declara infundado el incidente de nulidad de notificaciones que se ventiló en el periodo de ejecución de sentencia; ello, en virtud de que el resultado del incidente trae como consecuencia que siga el trámite de la ejecución, y la voluntad del legislador al crear la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, fue evitar el abuso del juicio de garantías y que no se impida la materialización de los trámites de ejecución en un juicio en el que el quejoso fue oído y vencido con las formalidades que prevé el artículo 14 constitucional. En consecuencia, el amparo procede hasta que se dicte la última resolución en el periodo ejecutivo, y en los conceptos de violación se podrán alegar las violaciones que considere se cometieron en el trámite del citado incidente de nulidad de notificaciones, o bien, en la resolución que recayó al mismo". "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES EMITIDAS CON MOTIVO DEL TRÁMITE DE UN INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES PROMOVIDO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Es improcedente el juicio de amparo indirecto contra las resoluciones emitidas con motivo del trámite de un incidente de nulidad de actuaciones promovido contra actos dictados dentro del periodo de ejecución de la resolución que dio por concluida la fase contenciosa de un litigio pues, como el procedimiento está encaminado a lograr la eficacia de la cosa juzgada, sólo procede el juicio de garantías contra la última resolución, entendida ésta, como la que declara expresa o tácitamente el cumplimiento de la sentencia o la imposibilidad para lograrlo, siendo que el referido incidente no reviste dichas características y, por ende, no puede ser estudiado a través del amparo, sino hasta en tanto se pronuncie aquella decisión culminatoria, momento en el que válidamente podrá impugnar todas aquellas violaciones, que habiendo sido oportunamente preparadas, le hayan dejado sin defensa, durante la referida fase ejecutiva; razonamiento que se sustenta en el texto del artículo 114, fracción III, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, del cual deriva que el amparo indirecto sólo procede contra la última resolución emitida en el procedimiento de ejecución respectivo. Además, no se está en alguno de los casos de excepción a la regla, como sucede con el arresto, los incidentes de liquidación para cuantificar la condena o aquellos actos que gozan de autonomía propia por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, supuestos en los cuales se ha admitido la procedencia del amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia, pues el fallo que resuelve un incidente de nulidad de actuaciones, promovido en la referida etapa de ejecución, implícitamente tiene como finalidad, directa e inmediata, impedir el acatamiento de la cosa juzgada en el juicio natural, al cuestionar la legalidad de las actuaciones practicadas después de concluido el juicio, salvo cuando la nulidad demandada sea relativa a la notificación de la sentencia." "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución". En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la presente demanda de amparo, por ser manifiesta y notoriamente improcedente, en términos de lo dispuesto el artículos 107, fracción IV, (interpretado en sentido contrario), y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo. V. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Golfo de Alaska, número 114-A, colonia Rinconada del Sur de esta ciudad, y por autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Luis Pérez Jasso y José de Jesús García Márquez, en virtud de contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y como autorizado en términos restringidos del numeral citado y el correlativo artículo 24, segundo párrafo, ambos de la ley de la materia a la diversa persona que refiere, por no encontrarse en dicho supuesto. VI. Transparencia de las resoluciones judiciales. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2º párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a su disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. VII. Acuerdos generales. De igual manera, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado José Jesús Gutiérrez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, encargado del despacho por licencia concedida a la titular, en términos del primer párrafo del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con la autorización emitida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en el oficio CCJ/ST/2819/2019, de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, suscrito por el Secretario Técnico de dicha comisión, licenciado Vicente David Burguet Franco, quien actúa asistido de la licenciada Norma Rojas López, Secretaria que autoriza y da fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · 10,798 expedientes
- Jorge Arturo Llorens Guerrero83/2018
- Jorge Arturo López Martínez270/2019
- Jorge Arturo Morales del Olmo1449/2016
- Jorge Arturo Sánchez Obregón1013/2016
- Jorge Arturo Zepeda Orozco676/2022
- Jorge Ascencio Villalpando655/2019
- Jorge Augusto Chávez Ramos845/2021
- Jorge Augusto Chávez Ramos445/2021
- Jorge Aurelio Alcaraz Bishop909/2022
- Jorge Bruno Gracian Magallón785/2018
- Jorge Canchola López509/2022
- Jorge Carlos Pinedo López1337/2022