Jorge Arturo Solorio Chavez
Expediente 524/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 13 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 524/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 05/07/2019
Partes del expediente
- Jorge Arturo Solorio Chavez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
DE LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA Y DEL ESTADO PROCESAL DE AUTOS, SE ADVIERTE QUE TRANSCURRIÓ EL PLAZO QUE LA LEY CONCEDE A LAS PARTES INTERESADAS, PARA INCONFORMARSE, SI A SU DERECHO CONVENÍA, CONTRA LA DETERMINACIÓN PRONUNCIADA EL SEIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, A TRAVÉS DE LA CUAL, SE TUVO POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN AUTOS; POR TANTO, ENVÍENSE MATERIALMENTE LAS ACTUACIONES AL ARCHIVO. CON APEGO AL CITADO NUMERAL 196 DE LA LEY DE AMPARO, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO. HÁGANSE LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES. EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVOS A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, EN SUS ARTÍCULOS XX Y XXI, EN EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS JUICIOS DE AMPARO SE CONSIDERA QUE EL PRESENTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, BAJO LOS LINEAMIENTOS PRECISADOS EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO DEL ACUERDO GENERAL EN CITA, TODA VEZ QUE SE CONCEDIÓ EL AMPARO DE LA JUSTICIA FEDERAL. SE ADVIERTE QUE LAS PARTES NO MANIFESTARON OPOSICIÓN A QUE SUS DATOS PERSONALES SE INCLUYERAN EN LA PUBLICACIÓN CON MOTIVO DE LAS CONSULTAS SOLICITADAS POR TERCEROS. HÁGASE SABER PARA LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN DICHO ACUERDO QUE EL PRESENTE EXPEDIENTE NO CONTIENE INFORMACIÓN RESERVADA, COMO TAMPOCO INFORMACIÓN DE RELEVANCIA DOCUMENTAL E HISTÓRICA. TODA VEZ QUE HAY DOCUMENTOS DE LA PARTE QUEJOSA, ALLEGADOS CON LA DEMANDA DE AMPARO, EN ACATAMIENTO AL ARTÍCULO VIGÉSIMO, PÁRRAFO ÚLTIMO, DEL ACUERDO GENERAL INVOCADO, SE LE PREVIENE PARA QUE ACUDA A ESTE JUZGADO DE DISTRITO, DENTRO DEL PLAZO DE NOVENTA DÍAS, A RECOGER DICHOS DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ESTE EXPEDIENTE, APERCIBIDA QUE, EN CASO DE NO HACERLO, EL MISMO PODRÁ SER DESTRUIDO JUNTO CON EL EXPEDIENTE. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
CITATORIO PRINCIPAL. SE NOTIFICA POR ESTE MEDIO A LA PARTE QUEJOSA, LA RESOLUCIÓN DE CINCO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, LA CUAL DICE: DE LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA Y DEL ESTADO PROCESAL DE AUTOS, SE ADVIERTE QUE TRANSCURRIÓ EL PLAZO QUE LA LEY CONCEDE A LAS PARTES INTERESADAS, PARA INCONFORMARSE, SI A SU DERECHO CONVENÍA, CONTRA LA DETERMINACIÓN PRONUNCIADA EL SEIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, A TRAVÉS DE LA CUAL, SE TUVO POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN AUTOS; POR TANTO, ENVÍENSE MATERIALMENTE LAS ACTUACIONES AL ARCHIVO. CON APEGO AL CITADO NUMERAL 196 DE LA LEY DE AMPARO, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO. HÁGANSE LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES. EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVOS A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, EN SUS ARTÍCULOS XX Y XXI, EN EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS JUICIOS DE AMPARO SE CONSIDERA QUE EL PRESENTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, BAJO LOS LINEAMIENTOS PRECISADOS EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO DEL ACUERDO GENERAL EN CITA, TODA VEZ QUE SE CONCEDIÓ EL AMPARO DE LA JUSTICIA FEDERAL. SE ADVIERTE QUE LAS PARTES NO MANIFESTARON OPOSICIÓN A QUE SUS DATOS PERSONALES SE INCLUYERAN EN LA PUBLICACIÓN CON MOTIVO DE LAS CONSULTAS SOLICITADAS POR TERCEROS. HÁGASE SABER PARA LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN DICHO ACUERDO QUE EL PRESENTE EXPEDIENTE NO CONTIENE INFORMACIÓN RESERVADA, COMO TAMPOCO INFORMACIÓN DE RELEVANCIA DOCUMENTAL E HISTÓRICA. TODA VEZ QUE HAY DOCUMENTOS DE LA PARTE QUEJOSA, ALLEGADOS CON LA DEMANDA DE AMPARO, EN ACATAMIENTO AL ARTÍCULO VIGÉSIMO, PÁRRAFO ÚLTIMO, DEL ACUERDO GENERAL INVOCADO, SE LE PREVIENE PARA QUE ACUDA A ESTE JUZGADO DE DISTRITO, DENTRO DEL PLAZO DE NOVENTA DÍAS, A RECOGER DICHOS DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ESTE EXPEDIENTE, APERCIBIDA QUE, EN CASO DE NO HACERLO, EL MISMO PODRÁ SER DESTRUIDO JUNTO CON EL EXPEDIENTE.
- Principal
De la certificación de cuenta se desprende que transcurrió el plazo de tres días que se concedió a la parte quejosa, por auto de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, para que desahogara la vista que se ordenó respecto del cumplimiento que el Jefe del Área de Amparos y Delegado de las Autoridades Demandadas de la Secretaría del Transporte del Estado de Jalisco, adujó dar a la ejecutoria de amparo. Consecuentemente, con fundamento en el párrafo cuarto de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional, de oficio, procede a pronunciarse respecto al cumplimiento aludido, tomando en consideración las constancias que obran en este expediente. A efecto de estar en posibilidad de pronunciarse sobre el cumplimiento de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa Jorge Arturo Solorio Chávez, deben tomarse en consideración los siguientes antecedentes: Se tuvo como actos reclamados la emisión de las cédulas de infracción con números de folio 272258570, 273764372, 294897526, 224383762, 227164891, 228113280, 228183089, 228970778, 229565680, 231906908, 233246514, 233426300, 233861855, 233959502, 234064614, 234131214, 234997041, 235292955, 235388065, 235792303, 235821680, 236123162, 236176967, 238232163, 238247934, 238729564, 238840554, 239284167, 239525458, 239608361, 239675697, 254197106, 254227005, 254381853, 254437336, 254719641, 254961051, 255230700, 255387839, 255387855, 255905988, 256273063, 259304350, 259630959 y 203599102, por parte la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco. En la sentencia dictada el veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, se resolvió: "ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Jorge Arturo Solorio Chávez, contra los actos que reclama de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco; indicados en el considerando segundo, por los razonamientos y para los efectos vertidos en el considerando último de esta sentencia." En proveído de quince de mayo de dos mil diecinueve, se declaró ejecutoriada la sentencia concesoria y se requirió por el cumplimiento a la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, para que acatara los lineamientos del fallo protector. En la sentencia dictada el veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, se determinó que la autoridad señalada como responsable, debía realizar lo siguiente: Deje insubsistente las cédulas de infracción con números de folio 272258570, 273764372, 294897526, 224383762, 227164891, 228113280, 228183089, 228970778, 229565680, 231906908, 233246514, 233426300, 233861855, 233959502, 234064614, 234131214, 234997041, 235292955, 235388065, 235792303, 235821680, 236123162, 236176967, 238232163, 238247934, 238729564, 238840554, 239284167, 239525458, 239608361, 239675697, 254197106, 254227005, 254381853, 254437336, 254719641, 254961051, 255230700, 255387839, 255387855, 255905988, 256273063, 259304350, 259630959 y 203599102, así como las consecuencias que se hayan originado. Información de cumplimiento. En proveído de veinticuatro de mayo del año en curso, se dio vista a las partes con el oficio por el que la autoridad responsable Jefe del Área de Amparos y Delegado de las Autoridades Demandadas de la Secretaría del Transporte del Estado de Jalisco, comunicó la forma en que dio cumplimiento al fallo protector, esto es, se le tuvo remitiendo el acuerdo de veinte de mayo de dos mil diecinueve, del que se advierte que dejó sin efectos las cédulas de notificación de las infracciones bajo los números de folio 272258570, 273764372, 294897526, 224383762, 227164891, 228113280, 228183089, 228970778, 229565680, 231906908, 233246514, 233426300, 233861855, 233959502, 234064614, 234131214, 234997041, 235292955, 235388065, 235792303, 235821680, 236123162, 236176967, 238232163, 238247934, 238729564, 238840554, 239284167, 239525458, 239608361, 239675697, 254197106, 254227005, 254381853, 254437336, 254719641, 254961051, 255230700, 255387839, 255387855, 255905988, 256273063, 259304350, 259630959 y 203599102; así como las consecuencias que se hayan originado, en el vehículo con número de placas JLU-1746; sin que las partes se hubieran manifestando respecto al mismo. Consideraciones sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Previo a determinar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida o existe exceso o defecto en el cumplimiento, debe atenderse a los argumentos con los que se concedió la protección constitucional, fueron los siguientes: Que uno de los conceptos de violación la parte quejosa alega como violatorio en su perjuicio la garantía contenida en el artículo 16 Constitucional, pues aduce en esencia, que al emitir el acto reclamado, la autoridad responsable incurrió en una deficiente fundamentación de la competencia, pues fue omisa en establecer si entre los municipios correspondientes y el estado de Jalisco, existe algún convenio de colaboración vigente, que lo faculte a emitir la multa en términos de lo dispuesto por el numeral 115, fracción III, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Que la autoridad responsable -quien impuso las sanciones administrativas- que nos atañen, forma parte de la administración pública del Gobierno del Estado de Jalisco, pues pertenece a la Secretaría de Transporte de esta entidad federativa, de conformidad con los artículos 196, fracción I y 198, párrafo tercero, de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. Que los hechos que dieron origen a la imposición de las sanciones económicas al quejoso, se vinculan con la prestación del servicio particular de tránsito, al versar sobre las infracciones inherentes a la conducción de un vehículo automotor a exceso de velocidad. Que los hechos en mención se suscitaron, como ya quedó precisado en párrafos precedentes, en diversas avenidas y calles de la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco. Que al consistir las cédulas de notificación de las infracciones reclamadas, una sanción en materia de tránsito emitidas por una autoridad estatal, como lo es, el Secretario de Movilidad del Estado de Jalisco (hoy Secretario de Trasporte), a fin de justificar la fundamentación de su competencia, toda vez que los hechos materia de la resolución acontecieron en zonas urbanas, cuya facultad constitucional originaria recae en el municipio, debió invocar los preceptos legales que le confieren atribuciones en materia de tránsito (competencia material), y el convenio de colaboración y/o coordinación celebrados con los diversos municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco (competencia material y territorial especial). Así, de la lectura íntegra de las cédulas de notificación de las infracciones reclamadas y que fueron emitidas por el entonces Secretario de Movilidad del Estado de Jalisco, no se desprende que se haya precisado que al tratarse de una zona urbana cuya facultad originaria para prestar el servicio público de tránsito corresponda al municipio, se invocara el convenio de coordinación celebrado con los mismos, que faculte la prestación del servicio público respectivo en concordancia con el artículo 115, fracción III, inciso h), y penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Máxime que, en relación con la citación del convenio de coordinación en comento, el artículo 19, fracción XXI de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, prevé que son atribuciones del Ejecutivo del Estado, que ejercerá de manera directa o a través de las dependencias y organismos de la administración pública estatal, aplicar las sanciones a quienes incurran en infracciones a las disposiciones de dicha ley y a sus normas reglamentarias, en el ámbito de su competencia, y en las que, en su caso, asuma por la coordinación que establezca con los ayuntamientos. Aspecto que pone de manifiesto que en las cédulas de infracción reclamadas, por hechos acontecidos en vialidades de zonas urbanas municipales, no se citó el convenio de coordinación respectivo, a fin de justificarse la competencia de la autoridad emisora. Así, cabe precisar que de los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica que consagra el artículo 16 constitucional, se advierte que cualquier acto de molestia debe, entre otros requisitos, ser emitido por escrito y por autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, pues de lo contrario, se dejaría al afectado en estado de indefensión, ya que al no conocer el apoyo que faculte a la autoridad para emitir el acto, ni el carácter con que lo emita, es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinar si su actuación se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo, y es conforme o no a la constitución o a la ley. Ello, para que, en su caso, el particular esté en aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para emitirlo, pues bien puede acontecer que su actuación no se adecúe exactamente a la norma, acuerdo, decreto o convenio que invoque, o que éstos se hallen en contradicción con la ley fundamental o la secundaria. En esa tesitura, al no precisarse con exactitud si las facultades de la autoridad estatal en la resolución reclamada se erigieron con motivo de hechos en materia de tránsito suscitados en vías de comunicación estatales, o como en el caso acontece, en una zona urbana municipal, sin la citación del convenio de coordinación celebrado con los municipios, conforme al artículo 115, fracción III, inciso h) y penúltimo párrafo, de la Carta Magna, se estima que se vulnera en perjuicio de la parte quejosa el derecho fundamental de fundamentación consagrado en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de que se trate. En congruencia con lo anterior, se concluye que es un requisito esencial y una obligación de la autoridad fundar en el acto respectivo su competencia, pues sólo puede hacer lo que la ley le permite, de ahí que la validez del acto dependerá de que haya sido realizado por la autoridad facultada legalmente para ello dentro de su respectivo ámbito de competencia, regido específicamente por una o varias normas que lo autoricen. Sentado lo anterior, tenemos que el artículo 77 de la Ley de Amparo estable: Del texto del artículo citado se desprende que el objeto de la concesión de la protección constitucional al quejoso, es para restituirlo en el goce de sus garantías individuales violadas, para lo cual distingue la naturaleza del acto en dos hipótesis: Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se ordenará restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Luego, en el presente caso, la naturaleza del acto reclamado fue de carácter positivo, por implicar un hacer de las responsables; por lo que el objeto de la concesión fue restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental considerado vulnerado, contenido en el artículo 16 constitucional. De las constancias certificadas remitidas por la autoridad señalada como responsable, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su precepto 2°, se advierte en lo que interesa, lo siguiente: Por acuerdo de veinte de mayo de dos mil diecinueve, dejó sin efectos las cédulas de notificación de las infracciones bajo los números de folio 272258570, 273764372, 294897526, 224383762, 227164891, 228113280, 228183089, 228970778, 229565680, 231906908, 233246514, 233426300, 233861855, 233959502, 234064614, 234131214, 234997041, 235292955, 235388065, 235792303, 235821680, 236123162, 236176967, 238232163, 238247934, 238729564, 238840554, 239284167, 239525458, 239608361, 239675697, 254197106, 254227005, 254381853, 254437336, 254719641, 254961051, 255230700, 255387839, 255387855, 255905988, 256273063, 259304350, 259630959 y 203599102; así como las consecuencias que se hayan originado, en el vehículo con número de placas JLU-1746. En términos del artículo 196, párrafo segundo, se procede a analizar si hubo exceso o defecto en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Así, en principio, se estima que existe "exceso" cuando la responsable no se ajusta al tenor exacto del fallo y se extralimita en su cumplimiento al ir más allá del alcance de la suspensión que concedió la protección constitucional, en tanto que hay "defecto" cuando la autoridad responsable deja de cumplir en su integridad lo ordenado en la sentencia, esto es, deja de hacer algo que se le ordenó en la resolución de cuya ejecución se trata. Luego, en el presente asunto, se desprende de actuaciones del juicio de origen, que se estableció como lineamientos en la concesión de amparo, otorgar plenitud de jurisdicción a la autoridad jurisdiccional responsable para emitir la nueva resolución en cumplimiento. Lo cual, se precisó que "Deje insubsistente las cédulas de infracción con números de folio 272258570, 273764372, 294897526, 224383762, 227164891, 228113280, 228183089, 228970778, 229565680, 231906908, 233246514, 233426300, 233861855, 233959502, 234064614, 234131214, 234997041, 235292955, 235388065, 235792303, 235821680, 236123162, 236176967, 238232163, 238247934, 238729564, 238840554, 239284167, 239525458, 239608361, 239675697, 254197106, 254227005, 254381853, 254437336, 254719641, 254961051, 255230700, 255387839, 255387855, 255905988, 256273063, 259304350, 259630959 y 203599102, así como las consecuencias que se hayan originado." Así, se aprecia que la autoridad responsable en acuerdo de veinte de mayo de dos mil diecinueve, dejó sin efectos las cédulas de notificación de las infracciones bajo los números de folio 272258570, 273764372, 294897526, 224383762, 227164891, 228113280, 228183089, 228970778, 229565680, 231906908, 233246514, 233426300, 233861855, 233959502, 234064614, 234131214, 234997041, 235292955, 235388065, 235792303, 235821680, 236123162, 236176967, 238232163, 238247934, 238729564, 238840554, 239284167, 239525458, 239608361, 239675697, 254197106, 254227005, 254381853, 254437336, 254719641, 254961051, 255230700, 255387839, 255387855, 255905988, 256273063, 259304350, 259630959 y 203599102; así como las consecuencias que se hayan originado, en el vehículo con número de placas JLU-1746. Luego, se considera que con ello, se ha cumplido el núcleo esencial de la protección constitucional, ya que si los efectos concesorios del amparo se constriñen a que la autoridad responsable deje insubsistente las cédulas de infracción con números de folio 272258570, 273764372, 294897526, 224383762, 227164891, 228113280, 228183089, 228970778, 229565680, 231906908, 233246514, 233426300, 233861855, 233959502, 234064614, 234131214, 234997041, 235292955, 235388065, 235792303, 235821680, 236123162, 236176967, 238232163, 238247934, 238729564, 238840554, 239284167, 239525458, 239608361, 239675697, 254197106, 254227005, 254381853, 254437336, 254719641, 254961051, 255230700, 255387839, 255387855, 255905988, 256273063, 259304350, 259630959 y 203599102, así como las consecuencias que se hayan originado. De ahí que este juzgador considere que no existe exceso o defecto en la forma de cumplimiento al fallo protector, toda vez que se le otorgó plenitud de jurisdicción para que dejara insubsistentes las cédulas de infracción reclamadas, así como las consecuencias que se hayan originado, siempre que purgara los vicios referidos en la sentencia; lo que aconteció. En ese orden, en atención al fallo protector dictado en actuaciones, y con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional declara que se ha cumplido la ejecutoria de mérito y se tiene a la autoridad responsable dando cumplimiento a los lineamientos sustentados en el fallo protector, restituyendo con ello a la parte quejosa en el goce de sus derechos constitucionales. Lo anterior, sin perjuicio del derecho que reviste a la parte interesada para inconformarse en términos de la Ley de Amparo aplicable. Se reserva pronunciarse sobre el destino del expediente de amparo, hasta en tanto transcurra el plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de la Materia. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
por este medio se notifica a la parte quejosa el proveído de seis de junio de dos mil diecinueve que dice: De la certificación de cuenta se desprende que transcurrió el plazo de tres días que se concedió a la parte quejosa, por auto de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, para que desahogara la vista que se ordenó respecto del cumplimiento que el Jefe del Área de Amparos y Delegado de las Autoridades Demandadas de la Secretaría del Transporte del Estado de Jalisco, adujó dar a la ejecutoria de amparo. Consecuentemente, con fundamento en el párrafo cuarto de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional, de oficio, procede a pronunciarse respecto al cumplimiento aludido, tomando en consideración las constancias que obran en este expediente. A efecto de estar en posibilidad de pronunciarse sobre el cumplimiento de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa Jorge Arturo Solorio Chávez, deben tomarse en consideración los siguientes antecedentes: Se tuvo como actos reclamados la emisión de las cédulas de infracción con números de folio 272258570, 273764372, 294897526, 224383762, 227164891, 228113280, 228183089, 228970778, 229565680, 231906908, 233246514, 233426300, 233861855, 233959502, 234064614, 234131214, 234997041, 235292955, 235388065, 235792303, 235821680, 236123162, 236176967, 238232163, 238247934, 238729564, 238840554, 239284167, 239525458, 239608361, 239675697, 254197106, 254227005, 254381853, 254437336, 254719641, 254961051, 255230700, 255387839, 255387855, 255905988, 256273063, 259304350, 259630959 y 203599102, por parte la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco. En la sentencia dictada el veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, se resolvió: "ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Jorge Arturo Solorio Chávez, contra los actos que reclama de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco; indicados en el considerando segundo, por los razonamientos y para los efectos vertidos en el considerando último de esta sentencia." En proveído de quince de mayo de dos mil diecinueve , se declaró ejecutoriada la sentencia concesoria y se requirió por el cumplimiento a la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, para que acatara los lineamientos del fallo protector. En la sentencia dictada el veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, se determinó que la autoridad señalada como responsable, debía realizar lo siguiente: Deje insubsistente las cédulas de infracción con números de folio 272258570, 273764372, 294897526, 224383762, 227164891, 228113280, 228183089, 228970778, 229565680, 231906908, 233246514, 233426300, 233861855, 233959502, 234064614, 234131214, 234997041, 235292955, 235388065, 235792303, 235821680, 236123162, 236176967, 238232163, 238247934, 238729564, 238840554, 239284167, 239525458, 239608361, 239675697, 254197106, 254227005, 254381853, 254437336, 254719641, 254961051, 255230700, 255387839, 255387855, 255905988, 256273063, 259304350, 259630959 y 203599102, así como las consecuencias que se hayan originado. En proveído de veinticuatro de mayo del año en curso , se dio vista a las partes con el oficio por el que la autoridad responsable Jefe del Área de Amparos y Delegado de las Autoridades Demandadas de la Secretaría del Transporte del Estado de Jalisco, comunicó la forma en que dio cumplimiento al fallo protector, esto es, se le tuvo remitiendo el acuerdo de veinte de mayo de dos mil diecinueve, del que se advierte que dejó sin efectos las cédulas de notificación de las infracciones bajo los números de folio 272258570, 273764372, 294897526, 224383762, 227164891, 228113280, 228183089, 228970778, 229565680, 231906908, 233246514, 233426300, 233861855, 233959502, 234064614, 234131214, 234997041, 235292955, 235388065, 235792303, 235821680, 236123162, 236176967, 238232163, 238247934, 238729564, 238840554, 239284167, 239525458, 239608361, 239675697, 254197106, 254227005, 254381853, 254437336, 254719641, 254961051, 255230700, 255387839, 255387855, 255905988, 256273063, 259304350, 259630959 y 203599102; así como las consecuencias que se hayan originado, en el vehículo con número de placas JLU-1746; sin que las partes se hubieran manifestando respecto al mismo. Previo a determinar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida o existe exceso o defecto en el cumplimiento, debe atenderse a los argumentos con los que se concedió la protección constitucional, fueron los siguientes: Que uno de los conceptos de violación la parte quejosa alega como violatorio en su perjuicio la garantía contenida en el artículo 16 Constitucional, pues aduce en esencia, que al emitir el acto reclamado, la autoridad responsable incurrió en una deficiente fundamentación de la competencia, pues fue omisa en establecer si entre los municipios correspondientes y el estado de Jalisco, existe algún convenio de colaboración vigente, que lo faculte a emitir la multa en términos de lo dispuesto por el numeral 115, fracción III, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Que la autoridad responsable -quien impuso las sanciones administrativas- que nos atañen, forma parte de la administración pública del Gobierno del Estado de Jalisco, pues pertenece a la Secretaría de Transporte de esta entidad federativa, de conformidad con los artículos 196, fracción I y 198, párrafo tercero, de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. Que los hechos que dieron origen a la imposición de las sanciones económicas al quejoso, se vinculan con la prestación del servicio particular de tránsito, al versar sobre las infracciones inherentes a la conducción de un vehículo automotor a exceso de velocidad. Que los hechos en mención se suscitaron, como ya quedó precisado en párrafos precedentes, en diversas avenidas y calles de la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco. Que al consistir las cédulas de notificación de las infracciones reclamadas, una sanción en materia de tránsito emitidas por una autoridad estatal, como lo es, el Secretario de Movilidad del Estado de Jalisco (hoy Secretario de Trasporte), a fin de justificar la fundamentación de su competencia, toda vez que los hechos materia de la resolución acontecieron en zonas urbanas, cuya facultad constitucional originaria recae en el municipio, debió invocar los preceptos legales que le confieren atribuciones en materia de tránsito (competencia material), y el convenio de colaboración y/o coordinación celebrados con los diversos municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco (competencia material y territorial especial). Así, de la lectura íntegra de las cédulas de notificación de las infracciones reclamadas y que fueron emitidas por el entonces Secretario de Movilidad del Estado de Jalisco, no se desprende que se haya precisado que al tratarse de una zona urbana cuya facultad originaria para prestar el servicio público de tránsito corresponda al municipio, se invocara el convenio de coordinación celebrado con los mismos, que faculte la prestación del servicio público respectivo en concordancia con el artículo 115, fracción III, inciso h), y penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Máxime que, en relación con la citación del convenio de coordinación en comento, el artículo 19, fracción XXI de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, prevé que son atribuciones del Ejecutivo del Estado, que ejercerá de manera directa o a través de las dependencias y organismos de la administración pública estatal, aplicar las sanciones a quienes incurran en infracciones a las disposiciones de dicha ley y a sus normas reglamentarias, en el ámbito de su competencia, y en las que, en su caso, asuma por la coordinación que establezca con los ayuntamientos. Aspecto que pone de manifiesto que en las cédulas de infracción reclamadas, por hechos acontecidos en vialidades de zonas urbanas municipales, no se citó el convenio de coordinación respectivo, a fin de justificarse la competencia de la autoridad emisora. Así, cabe precisar que de los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica que consagra el artículo 16 constitucional, se advierte que cualquier acto de molestia debe, entre otros requisitos, ser emitido por escrito y por autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, pues de lo contrario, se dejaría al afectado en estado de indefensión, ya que al no conocer el apoyo que faculte a la autoridad para emitir el acto, ni el carácter con que lo emita, es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinar si su actuación se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo, y es conforme o no a la constitución o a la ley. Ello, para que, en su caso, el particular esté en aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para emitirlo, pues bien puede acontecer que su actuación no se adecúe exactamente a la norma, acuerdo, decreto o convenio que invoque, o que éstos se hallen en contradicción con la ley fundamental o la secundaria. En esa tesitura, al no precisarse con exactitud si las facultades de la autoridad estatal en la resolución reclamada se erigieron con motivo de hechos en materia de tránsito suscitados en vías de comunicación estatales, o como en el caso acontece, en una zona urbana municipal, sin la citación del convenio de coordinación celebrado con los municipios, conforme al artículo 115, fracción III, inciso h) y penúltimo párrafo, de la Carta Magna, se estima que se vulnera en perjuicio de la parte quejosa el derecho fundamental de fundamentación consagrado en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de que se trate. En congruencia con lo anterior, se concluye que es un requisito esencial y una obligación de la autoridad fundar en el acto respectivo su competencia, pues sólo puede hacer lo que la ley le permite, de ahí que la validez del acto dependerá de que haya sido realizado por la autoridad facultada legalmente para ello dentro de su respectivo ámbito de competencia, regido específicamente por una o varias normas que lo autoricen. Del texto del artículo citado se desprende que el objeto de la concesión de la protección constitucional al quejoso, es para restituirlo en el goce de sus garantías individuales violadas, para lo cual distingue la naturaleza del acto en dos hipótesis: 1. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se ordenará restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y 2. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Luego, en el presente caso, la naturaleza del acto reclamado fue de carácter positivo, por implicar un hacer de las responsables; por lo que el objeto de la concesión fue restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental considerado vulnerado, contenido en el artículo 16 constitucional. De las constancias certificadas remitidas por la autoridad señalada como responsable, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su precepto 2°, se advierte en lo que interesa, lo siguiente: - Por acuerdo de veinte de mayo de dos mil diecinueve , dejó sin efectos las cédulas de notificación de las infracciones bajo los números de folio 272258570, 273764372, 294897526, 224383762, 227164891, 228113280, 228183089, 228970778, 229565680, 231906908, 233246514, 233426300, 233861855, 233959502, 234064614, 234131214, 234997041, 235292955, 235388065, 235792303, 235821680, 236123162, 236176967, 238232163, 238247934, 238729564, 238840554, 239284167, 239525458, 239608361, 239675697, 254197106, 254227005, 254381853, 254437336, 254719641, 254961051, 255230700, 255387839, 255387855, 255905988, 256273063, 259304350, 259630959 y 203599102; así como las consecuencias que se hayan originado, en el vehículo con número de placas JLU-1746. En términos del artículo 196, párrafo segundo, se procede a analizar si hubo exceso o defecto en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Así, en principio, se estima que existe "exceso" cuando la responsable no se ajusta al tenor exacto del fallo y se extralimita en su cumplimiento al ir más allá del alcance de la suspensión que concedió la protección constitucional, en tanto que hay "defecto" cuando la autoridad responsable deja de cumplir en su integridad lo ordenado en la sentencia, esto es, deja de hacer algo que se le ordenó en la resolución de cuya ejecución se trata. Luego, en el presente asunto, se desprende de actuaciones del juicio de origen, que se estableció como lineamientos en la concesión de amparo, otorgar plenitud de jurisdicción a la autoridad jurisdiccional responsable para emitir la nueva resolución en cumplimiento. Lo cual, se precisó que "Deje insubsistente las cédulas de infracción con números de folio 272258570, 273764372, 294897526, 224383762, 227164891, 228113280, 228183089, 228970778, 229565680, 231906908, 233246514, 233426300, 233861855, 233959502, 234064614, 234131214, 234997041, 235292955, 235388065, 235792303, 235821680, 236123162, 236176967, 238232163, 238247934, 238729564, 238840554, 239284167, 239525458, 239608361, 239675697, 254197106, 254227005, 254381853, 254437336, 254719641, 254961051, 255230700, 255387839, 255387855, 255905988, 256273063, 259304350, 259630959 y 203599102, así como las consecuencias que se hayan originado." Así, se aprecia que la autoridad responsable en acuerdo de veinte de mayo de dos mil diecinueve, dejó sin efectos las cédulas de notificación de las infracciones bajo los números de folio 272258570, 273764372, 294897526, 224383762, 227164891, 228113280, 228183089, 228970778, 229565680, 231906908, 233246514, 233426300, 233861855, 233959502, 234064614, 234131214, 234997041, 235292955, 235388065, 235792303, 235821680, 236123162, 236176967, 238232163, 238247934, 238729564, 238840554, 239284167, 239525458, 239608361, 239675697, 254197106, 254227005, 254381853, 254437336, 254719641, 254961051, 255230700, 255387839, 255387855, 255905988, 256273063, 259304350, 259630959 y 203599102; así como las consecuencias que se hayan originado, en el vehículo con número de placas JLU-1746. Luego, se considera que con ello, se ha cumplido el núcleo esencial de la protección constitucional, ya que si los efectos concesorios del amparo se constriñen a que la autoridad responsable deje insubsistente las cédulas de infracción con números de folio 272258570, 273764372, 294897526, 224383762, 227164891, 228113280, 228183089, 228970778, 229565680, 231906908, 233246514, 233426300, 233861855, 233959502, 234064614, 234131214, 234997041, 235292955, 235388065, 235792303, 235821680, 236123162, 236176967, 238232163, 238247934, 238729564, 238840554, 239284167, 239525458, 239608361, 239675697, 254197106, 254227005, 254381853, 254437336, 254719641, 254961051, 255230700, 255387839, 255387855, 255905988, 256273063, 259304350, 259630959 y 203599102, así como las consecuencias que se hayan originado. De ahí que este juzgador considere que no existe exceso o defecto en la forma de cumplimiento al fallo protector, toda vez que se le otorgó plenitud de jurisdicción para que dejara insubsistentes las cédulas de infracción reclamadas, así como las consecuencias que se hayan originado, siempre que purgara los vicios referidos en la sentencia; lo que aconteció. En ese orden, en atención al fallo protector dictado en actuaciones, y con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional declara que se ha cumplido la ejecutoria de mérito y se tiene a la autoridad responsable dando cumplimiento a los lineamientos sustentados en el fallo protector, restituyendo con ello a la parte quejosa en el goce de sus derechos constitucionales. Lo anterior, sin perjuicio del derecho que reviste a la parte interesada para inconformarse en términos de la Ley de Amparo aplicable. Se reserva pronunciarse sobre el destino del expediente de amparo, hasta en tanto transcurra el plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de la Materia. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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