Jorge Arturo Soberanis Olarte
Expediente 197/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 17 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 197/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 24/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro · Guerrero
Partes del expediente
- Jorge Arturo Soberanis Olarte
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, a veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio remitido por medio del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), signado con la firma electrónica del Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, residente en Acapulco, mediante el cual informa que se admitió a trámite el incidente de inejecución de sentencia, derivado de la imposibilidad de la autoridad responsable de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, el que quedó registrado como incidente de inejecución de sentencia 8/2023; de lo anterior este Juzgado Federal queda enterado para los efectos legales procedentes. Notifíquese.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, a dos de agosto de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término otorgado a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento que la autoridad responsable pretende dar a la concesión de amparo; en consecuencia, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si el fallo protector se encuentra o no cumplido cabalmente. Con ese propósito, conviene indicar que por resolución de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, este juzgado Federal, concedió la protección constitucional a Jorge Arturo Soberanis Olarte, para el efecto de que la autoridad responsable Secretario de Administración y Finanzas y el Director de Ingresos, ambos del Ayuntamiento Municipal de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, con residencia en esta ciudad, realizara lo siguiente: "1. Desincorporen de la esfera jurídica del inconforme la obligación contenida en los artículos 19, fracción I, de la Ley número 433 de Ingresos para el Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2020; 61, fracción I, y 62, fracción I, de la Ley número 492 de Hacienda Municipal del Estado de Guerrero, y se abstengan de aplicarlos en lo sucesivo en su perjuicio; y, 2. Devuelvan al quejoso las cantidades que pagó por los impuestos adicionales "pro educación" y "pro caminos", de la manera siguiente: No. Cuenta predial Cantidad a devolver 1. 102969 pago del bimestre 1 del año 2020 $22.34 2. 102969, pago de los años 2017, 2018 y 2019 2019=$404.00 2018=$400.68 2017=$199.68 Total=$1,004.36 3. 115972, pago del bimestre 1, del año 2020 $22.34 4. 115972, pago de los años 2017, 2018 y 2019 2019=$404.00 2018=$400.68 2017=$199.68 Total=$1,004.36 5. 115973, pago del bimestre 1, del año 2020 $22.34 6. 115973, pago de los años 2017, 2018 y 2019 2019=$404.00 2018=$400.68 2017=$199.68 Total=$1,004.36 Total a devolver =$3,080.1 Sumado da un gran total de $3,080.1 (tres mil cero ochenta pesos con un centavo, moneda nacional), contenidos en los recibos de pago de las cuentas prediales ya descritos. Es preciso indicar, que la devolución de las cantidades que pagó la parte quejosa, debe realizarse con su respectiva actualización, porque tratándose de contribuciones, el reintegro de cantidades pagadas indebidamente debe actualizarse para efecto de restituir al solicitante de amparo en el pleno goce de sus derechos fundamentales vulnerados." Inconforme el quejoso con la determinación que antecede interpuso recurso de revisión, el cual correspondió conocer el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Circuito, residente en Acapulco, Guerrero, con el número de amparo en de revisión 119/2021, el que fue resuelto en sesión ordinaria virtual de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, en la que confirmó la sentencia recurrida, por lo que en auto de treinta de enero del año, se requirió el cumplimiento del fallo protector. Por tanto, mediante oficio sin número recibido el tres de febrero del presente año, la citada autoridad responsable informó que no contaba con el domicilio del quejoso, por lo que solicitó a este Juzgado Federal requiriera al quejoso para que proporcionara un número cuenta o clave interbancaria a efecto de depositar la cantidad a devolver (foja 268). Luego, mediante diverso oficio SG/SAJ/0257/2023, recibido en este órgano jurisdiccional el ocho de febrero de dos mil veintitrés, la autoridad responsable informó las gestiones que se encontraba realizando para dar cumplimiento al fallo protector (fojas 274 a 277). Consta también en el sumario que el seis de marzo de este año, se tuvo por recibido el oficio sin número en la que autoridad reiteró su disposición de entregar la cantidad ordenada en el fallo, por lo que solicitó que el peticionario acudiera a sus oficinas para ese efecto, lo cual en auto de siete de marzo del año en curso, se requirió al quejoso para que compareciera ante la autoridad responsable (fojas 291 a 298), situación similar aconteció en el diverso proveído de veintidós del propio mes y año mencionados. Al no tener resultado de lo indicado, en auto de cuatro de mayo del año en curso, se requirió a la autoridad responsable informara si dentro del plazo concedido el quejoso había comparecido a recibir la cantidad ordenada en la sentencia, y en cumplimiento en auto de doce ese mes y año referido, se tuvo por informando que hasta esa fecha el solicitante del amparo no había acudido, situación similar aconteció en el diverso proveído de dos de junio actual, en el cual también se ordenó dar vista (fojas 320 a 321 y 326 a 328). Documentales a las que se concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2. En ese contexto, el quejoso Arturo Soberanis Olarte no proporcionó cuenta bancaria o clave interbancaria, ni compareció ante la autoridad responsable a recibir la cantidad que ampara el cheque expedido a su favor, con lo cual evidencia su falta de interés para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto. En este tenor, como se apuntó mediante proveído de dos de junio de dos mil veintitrés, este Órgano Jurisdiccional ordenó dar vista al peticionario del amparo con con las constancias remitidas por la autoridad responsable Secretario de Finanzas y Administración del Ayuntamiento Municipal de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera; apercibido que de no hacer manifestación alguna respecto de la imposibilidad para dar cumplimiento del fallo protector, se acordaría lo que en derecho procediera. Tal acuerdo, se notificó vía electrónica a la parte quejosa el ocho de junio del presente año, sin que oportunamente hubiera desahogado esa vista, por lo que este Juzgado Federal procede a pronunciarse sobre tal aspecto y para tal efecto se realiza el estudio de las constancias a fin de determinar si se encuentra cumplida o no la sentencia que concedió la protección constitucional a la parte quejosa, por ser una cuestión de orden público y de análisis oficioso. Conforme a lo expuesto, la autoridad responsable mostró interés para dar cumplimiento a la sentencia de amparo; sin embargo, la parte quejosa no dio cumplimiento a los requerimientos efectuados por este Juzgado Federal para que le fuera devuelta cantidad ordenada en el fallo protector, por tanto, lo procedente es declarar que existe imposibilidad jurídica para que la mencionada autoridad responsable pueda cumplir totalmente con lo que le fue ordenado. En ese sentido, una vez que transcurra el plazo de quince días a que se refiere el numeral 202 de la ley citada, remítase los presentes autos al Tribunal Colegiado que por turno y materia corresponda para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia. Se cita como apoyo la jurisprudencia 1a./J. 90/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 172140, Novena Época, Materias(s): Común, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Junio de 2007, página 140, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS HACER EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación de lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que corresponde al Juez de Distrito o al Tribunal de Circuito que haya conocido del juicio de garantías pronunciarse, en un incidente innominado, sobre el planteamiento de la autoridad responsable, en el sentido de que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria respectiva, exponiendo las razones y los fundamentos por los cuales arriba a esa consideración. Ello es así porque conforme a la Ley de la materia, la autoridad que haya conocido del amparo está obligada de manera ineludible a hacer cumplir las sentencias, cuando ello esté dentro de sus posibilidades, por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública de ser necesario, porque de no aceptar que son ellas quienes en principio están obligadas a resolver en relación con ese aspecto jurídico, se les privaría a las partes de la posibilidad de ofrecer pruebas, así como de alegar lo que a su derecho conviniera y el quejoso perdería la oportunidad de inconformarse en caso de que se declare sin materia el cumplimiento de una sentencia, por imposibilidad legal para ejecutarla." Se cita también la jurisprudencia P./J. 23/2018 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 2017828, Décima Época, Materias(s): Común, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, página 274, cuyo y rubro y texto el del tenor literal siguiente: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO. En términos de los párrafos segundo y último del artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando el Juez de Distrito considera que una sentencia de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, debe esperar a que transcurra el plazo de 15 días a que se refiere el numeral 202 de la ley citada, y si no se interpone recurso de inconformidad, debe aplicar por analogía el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda quien los recibirá, notificará a las partes su radicación, revisará el trámite del Juez del conocimiento y emitirá una resolución en la que determine la existencia de una imposibilidad para el cumplimiento, pues así se asegura que una determinación de tal naturaleza sea revisada, de oficio, por el superior jerárquico del Juez a quo, que en el caso lo es el Tribunal Colegiado de Circuito. Sin embargo, si dentro del plazo de 15 días se interpone recurso de inconformidad, en términos del artículo 201, fracción II, de la ley mencionada, ese medio de impugnación debe declararse procedente contra la resolución del Juez de Distrito y no de la que emita el Tribunal Colegiado de Circuito en la que confirme la existencia de dicha imposibilidad pues, acorde con el punto cuarto fracción IV, del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, modificado mediante el Instrumento Normativo aprobado por el propio Pleno el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, no cabría interponer el recurso de inconformidad contra la resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito en términos del artículo 196 de la ley de la materia, en razón de que la competencia para resolver dichos recursos recae, precisamente, en esos órganos colegiados, derivado, además, de que deben ser los propios órganos jurisdiccionales que tramitaron el juicio de amparo (Jueces de Distrito en amparo indirecto y Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo) los que en primera instancia se pronuncien sobre la existencia de una imposibilidad para cumplir el fallo constitucional y, eventualmente, conozcan y resuelvan con efectos vinculantes, cuando cause estado la interlocutoria respectiva, las solicitudes que en su oportunidad se presenten sobre el cumplimiento sustituto, determinando si ha lugar o no a dicho cumplimiento, de modo que la Suprema Corte únicamente se ocupe de aquellas gestiones que se le planteen sobre tales temas en los incidentes de inejecución radicados ante ella." Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a dos de junio de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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