Jorge Arturo Sandoval

Expediente 530/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 44 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
530/2022
Año
2022
Actuaciones
44
Última actuación
23/03/2023

Partes del expediente

  • Jorge Arturo Sandoval

Actuaciones

Las 4 más recientes de 44.

  1. Incidental

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde, el oficio remitido por el Secretario adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual hace partícipe de este juzgado, de la determinación emitida por tal alzada, en el recurso de revisión administrativo relativo al presente incidente de suspensión, en sesión de nueve de marzo de dos mil veintitrés, se resolvió: PRIMERO. Se declara sin materia el recurso de revisión interpuesto por *******, en contra la interlocutoria de veintiocho de julio de dos mil veintidós, pronunciada por la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo, de su índice. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y acúsese el recibo de estilo a la Superioridad. Ahora, ya que de la certificación de cuenta se colige que en auto de cuatro de enero de dos mil veintitrés, se ordenó el archivo del expediente principal del que deriva esta incidencia, se provee: El presente original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, respectivamente, conforme lo establecen los numerales 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; al haberse negado la suspensión provisional, como la definitiva Atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de tres años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de tres años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el presente expediente original del incidente de suspensión, lo cual, deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables, así como al Tribunal de Alzada. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Incidental

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de enero de dos mil veintitrés. Visto el sobre devuelto por el Servicio Postal Mexicano, el cual contiene el oficio 25354/2022, dirigido al Titular del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, con residencia en la Ciudad de México, se advierte que fue rehusado con la siguiente leyenda "revisado por of. De partes por no corresponder a la dirección que cita". En consecuencia, ya que la autoridad responsable en comento, proporcionó como correo electrónico para oír y recibir notificaciones *******, se ordena enviar de inmediato la comunicación oficial en cita, a dicha dirección electrónica. Lo anterior, de conformidad con el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; cuatro de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia dictada en este asunto, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, se declara que la citada resolución ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el presente expediente. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, este expediente es susceptible de destrucción, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte¸ al haberse sobreseído este juicio de amparo. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el presente expediente principal y el original del incidental, lo cual, deberá constar en el acuerdo de desincorporación. De igual manera, según lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General Conjunto en cita, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción dentro del término de seis meses. Una vez cumplido el término de seis meses a que se refiere el primer párrafo del citado artículo, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir dicho incidente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Ya que el cuadernillo original del incidente de suspensión, se encuentra en el Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con motivo del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, que dio origen al amparo en revisión incidental 308/2022, una vez que el mismo sea recibido con la determinación que emita la alzada en comento, provéase lo conducente. Finalmente, se ordena enviar atento oficio, con transcripción de este proveído, a la superioridad en cita, para su conocimiento y efectos legales atinentes. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y al Tribunal Colegiado en cita; por lista electrónica a las demás partes. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, con apoyo en los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; catorce de diciembre de dos mil veintidós. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 530/2022-II promovido por ********************, contra actos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades. Resultando Primero. Presentación de la demanda. El quince de junio de dos mil veintidós, se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, la demanda promovida por ********************, la cual fue turnada a este Juzgado el día hábil posterior, dieciséis de junio de dos mil veintidós; contra actos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades. Segundo. Derechos constitucionales que el quejoso estima violentados. El quejoso señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1º, 4º, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Mediante auto de diecisiete de junio de dos mil veintidós (foja 23), la demanda de amparo se registró con el número ********************/2022-II y se admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables el respectivo informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. Cuarto. Notificación a las partes de la adscripción a este juzgado de la actual Titular. Mediante proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós (foja 92), se ordenó notificar mediante lista a la totalidad de las partes en este juicio, el oficio SEAD/698/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Ejecutiva de la Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, a través del cual informó que fue acordada la adscripción de la Jueza Claudia López López, a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, para que, de estimarlo prudente, procedieran con lo que establece el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley de Amparo; de lo que tuvieron conocimiento desde el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós (foja 94), sin que hayan efectuado manifestación alguna al respecto. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de un juicio de amparo en materia de constitucionalidad de leyes, de aplicación en el territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio, se desprende que el quejoso reclamó lo siguiente en este juicio de amparo biinstancial: De la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Director General de Control de Procesos Penales Federales y Titular del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, todos con sede en la Ciudad de México: La omisión de verificar adecuadamente, en sus sistemas de datos, su información personal y penal; y proporcionarla de manera equívoca a otras autoridades, informándoles que, en apariencia, cuenta con antecedentes penales, o sustraído de la acción de la justicia. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (foja 49), el Director General de Control de Procesos Penales Federales (foja 83) y el Titular del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (foja 95), todos con sede en la Ciudad de México, en sus denominaciones correctas, al rendir sus respectivos informes justificados negaron categóricamente el acto que les atribuyó el accionante del amparo. Esto es, que es falsa su aparente omisión de verificar adecuadamente, en sus plataformas de datos, su información personal y penal, y proporcionarla de manera equívoca a otras autoridades. Dichas negativas cobran relevancia jurídica, sin necesidad de mayores elementos -porque la obligación que impone el artículo 117 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir informe justificado, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo- sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dichos informes", en los que las autoridades admitan su existencia y aduzcan su constitucionalidad; pero no cuando se negó categóricamente el acto imputado, quedando a cargo de la quejosa aportar al juicio de amparo, en primer término, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y enseguida, aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para sostener que es inconstitucional. Sin que el quejoso, por sí o por conducto de sus autorizados en amplios términos, haya aportado pruebas eficaces tendentes a desvirtuar tales negativas. Razón por la cual, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Respecto a lo anterior, tiene aplicación al caso la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo VI, mil novecientos diecisiete- dos mil, Materia común, página 236, del contenido: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. No es óbice para esta Juzgadora Constitucional, que la parte quejosa haya ofertado el informe -en apariencia- elaborado por el Jefe de Sección de Servicios Biométricos del Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos de Norte América, así como su traducción al castellano por la perito de nombre **; pues quien suscribe, no puede cerciorarse de su contenido, al ser ofrecido aquél en copia simple. Sin que sea obstáculo que en su momento se haya admitido como prueba en este juicio en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo -dada su particular naturaleza de prueba documental- y del 271 del Código Federal de Procedimientos Civiles, al haber sido acompañada de su traducción al español; porque, se insiste, aquélla fue exhibida en copia simple en este asunto. Además -con independencia de lo anterior- de la misma no se desprende que su aparente emisor, haya informado que fueron precisamente las autoridades señaladas como responsables en este asunto, quienes hicieron llegar la información a que se hace referencia. De modo que, como se anunció, esa documental deviene insuficiente para menoscabar el hecho de que las autoridades señaladas como responsables hayan negado categóricamente lo que les fue reclamado, pues, ante ese escenario, se repite, era deber de la parte quejosa acreditar fehacientemente, con pruebas contundentes, que tales negativas eran falaces; por lo que, este asunto, como ya se dijo, debe sobreseerse por esa razón. Finalmente, resta precisar que el presente sobreseimiento no prejuzga sobre la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, en términos del artículo 65 de la Ley de Amparo; empero, el mismo, como ya se puso de manifiesto, deviene inexistente por lo que hace a las autoridades señaladas como responsables en este asunto. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 62, 63, fracción IV, 64, 65, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo 530/2022-II, promovido por ********************, por las razones acotadas en el considerando tercero de este fallo. Notifíquese; mediante oficio a las responsables y al agente del Ministerio Público adscrito, por lista al quejoso. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Reyna Jazmín Valenzuela Martínez. Doy fe.

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