Jorge Arturo Ovando Romero
Expediente 2442/2014 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco. 11 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 2442/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 13/04/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Jorge Arturo Ovando Romero
- Juzgado Tercero Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro Tabasco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
mesa IV. Villahermosa, Tabasco, diez de abril de dos mil quince. Se agrega a los autos, el oficio signado por la Juez Tercero Penal de Primera Instancia de Centro, Tabasco, mediante el cual acusa recibo del diverso 1748-IV, con el que se le devolvió el duplicado de la causa penal 51/2014; lo anterior, para los efectos legales procedentes. Notifíquese.
- Principal
MESA IV. SE NOTIFICA POR LISTA Y EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL QUINCE, TODA VEZ QUE NO COMPARECIÓ A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL DEL ACUERDO MENCIONADO QUE DICE: SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA; y se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, acorde lo previsto en el ARTÍCULO 196 DE LA LEY DE AMPARO. Se da vista a las partes para los efectos del tercer párrafo del artículo 201 de la Ley de Amparo. 1.- DEPURAR el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. 2.- TRANSFERIR el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
mesa IV. Villahermosa, Tabasco, veintisiete de marzo de dos mil quince. Vista la certificación de esta fecha y el estado que guardan los presentes autos, se desprende que ninguna de las partes desahogó la vista ordenada mediante proveído de seis de marzo de dos mil quince, respecto del informe rendido por la autoridad responsable sobre el cumplimiento dado a la sentencia de amparo; por tanto, se procede a verificar, con los elementos que obran en autos si la ejecutoria fue acatada por la autoridad responsable. EFECTO DE LA SENTENCIA AMPARADORA En la sentencia de veintiséis de enero de dos mil quince, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para los siguientes efectos: [.] 1. Deje insubsistente el auto de formal prisión decretado en los autos de la causa penal 51/2014-I de su índice, el dos de noviembre de dos mil catorce, por el delito de fraude, previsto y sancionado por el artículo 190, fracción IV, del Código Penal para el Estado de Tabasco, cometido en agravio de Andrés Rodríguez Rodríguez; 2. Reponga el procedimiento para efecto de que durante el término constitucional que debe otorgarse nuevamente, lleve a cabo el procedimiento de conciliación relativo al artículo 121 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tabasco. 3. El Juez responsable, una vez llevada a cabo la fase conciliatoria prevista en el artículo 121 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco, y en caso de que no se haya logrado ésta, al momento de emitir el auto de término constitucional, deberá verificar debidamente el requisito de procedibilidad que exige el artículo 112 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tabasco; necesario para que la querella pueda surtir efectos y así determinar si el órgano persecutor se encontraba en aptitud o no de ejercer la acción penal. Sin que pase desapercibido, que en caso de considerar que se encuentra satisfecho el requisito de procedibilidad relativo a la querella, tal como lo establece el artículo 112 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tabasco, deberá emitir su resolución de término constitucional debidamente fundada y motivada, es decir, analizando todas y cada una de las probanzas allegadas a la causa penal, tanto las aportadas por el Ministerio Público, así como aquellas que le fueron recepcionadas a la parte quejosa. [.] ACTO DE LA AUTORIDAD EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO Mediante oficios 655, 731 y 776-II, recepcionados en este juzgado el dos, cinco y seis de marzo de dos mil quince, respectivamente, la Juez Tercero Penal de Centro, Tabasco, remitió copias certificadas del proveído de veintiséis de febrero de dos mil quince, auto de término constitucional de cuatro de marzo de esta anualidad, y diligencia conciliatoria de veintisiete de febrero pasado, relativos a la causa penal 51/2014-I, de su índice; las cuales tienen valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. ANÁLISIS EVALUATIVO Considerando que la sentencia dictada en autos, concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, para los efectos precisados en párrafos antecedentes; y, de las constancias que remitió la autoridad responsable, se advierte que mediante proveído de veintiséis de febrero de dos mil quince, se dejó insubsistente el auto de formal prisión de dos de noviembre de dos mil catorce, y se repuso el procedimiento en la causa penal de origen; asimismo, se señalaron las nueve horas del veintisiete de febrero de dos mil quince, para que se llevará a efecto la audiencia conciliatoria prevista en el artículo 121 del Código de Procedimientos Penales en Vigor, entre el indiciado Jorge Arturo Ovando Romero y el ofendido Andrés Rodríguez Rodríguez; diligencia en la que las partes no llegaron a ningún arreglo conciliatorio; por lo que, la juez responsable al considerar que se encontraba satisfecho el requisito de procedibilidad relativo a la querella, tal como lo establece el artículo 112 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tabasco, emitió el auto de término constitucional de cuatro de marzo de dos mil quince, en el que dictó auto de formal prisión en contra de Jorge Arturo Ovando Romero, por el delito de fraude, previsto y sancionado por el artículo 190, fracción IV, del Código Penal Vigente. En consecuencia; SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA; y se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, acorde lo previsto en el ARTÍCULO 196 DE LA LEY DE AMPARO; sin que sea el caso examinar la legalidad de las consideraciones que sustentan la resolución de cuatro de marzo de dos mil quince, emitida por la autoridad responsable en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, toda vez que el amparo se concedió para efectos, pues el estudio que debe realizar esta autoridad se limita al análisis del cumplimiento de la sentencia amparadora, sin examinar los motivos o fundamentos que sustentan la resolución emitida por la Juez Tercero Penal de Centro, Tabasco. En el caso, tenemos que la autoridad responsable cumplió con los efectos de la sentencia amparadora, por lo que si le causa algún perjuicio debe ser materia de estudio a través de los medios de defensa que procedan en contra de la decisión emitida por ésta autoridad, toda vez que en el caso que nos ocupa no es la vía conducente para ello. Pues se reitera que el presente proveído, donde se estudia el cumplimiento de la sentencia amparadora, no debe contener pronunciamiento sobre la legalidad del nuevo acuerdo que se ha pronunciado en su acatamiento. Lo anterior, pues ha quedado establecido en diversos criterios que el amparo para efectos de fundar y motivar, es suficiente que en la nueva resolución la autoridad responsable cite los artículos que considere aplicables, resultando tal actuación suficiente para considerar cumplida la garantía de fundamentación y motivación exigida por los artículos 14 y 16 Constitucionales. Cobran aplicación en el caso, las siguientes jurisprudencias: Novena Época, con registro 190356, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIII, Enero de 2001, tesis 2ª./J. 1/2001, Materia Común, página 203, bajo el rubro y texto siguiente: "INCONFORMIDAD. SI EL AMPARO SE CONCEDIÓ POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, NO DEBE EXAMINARSE LA LEGALIDAD DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. La anterior integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo reiteradamente el criterio de que la garantía contenida en el artículo 8o. constitucional no sólo implica que la autoridad ante quien se eleve una petición debe emitir una respuesta en breve término, sino también que el acuerdo respectivo sea congruente con lo solicitado, advirtiendo, sin embargo, que la concesión del amparo no la vincula en forma alguna a que la respuesta deba ser favorable a los intereses del peticionario. Por tanto, los alcances de la ejecutoria de amparo correspondiente impiden que el Juez de Distrito y la Suprema Corte, en el procedimiento de ejecución del fallo protector o en la inconformidad en contra de la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria, puedan examinar los motivos o fundamentos que sustenten la respuesta, los que, en su caso, deberán ser materia de estudio a través de los medios de defensa que procedan en contra de la decisión emitida por la autoridad. En consecuencia, deberán quedar sin efecto las consideraciones que respecto de la legalidad de la respuesta hubiese externado el Juez de Distrito en el auto que tuvo por cumplida la sentencia.". Novena Época, con registro 188204, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIV, Diciembre de 2001, tesis 2ª./J. 70/2001, Materia Común, página 248, bajo el rubro y texto siguiente: "INCONFORMIDAD. SI EL AMPARO SE CONCEDIÓ PARA EL SOLO EFECTO DE QUE SE DICTARA RESOLUCIÓN, NO DEBE EXAMINARSE LA LEGALIDAD DE ÉSTA, AL DECIDIR SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA. El artículo 17 de la Constitución General de la República establece, en su párrafo segundo, el derecho que toda persona tiene para que se le administre justicia por tribunales, en los plazos y términos que fijen las leyes, a través de resoluciones emitidas de manera pronta, completa e imparcial; además, dispone que el servicio de administración de justicia es gratuito. Ahora bien, en términos de lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Amparo, la sentencia que concede el amparo por violación a la citada garantía individual sólo obliga a la autoridad responsable a dictar la resolución dentro de los plazos y términos en los que debe administrarse justicia e impide que el Juez de Distrito y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el procedimiento de ejecución o en la inconformidad promovida en contra de la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria, examinen los motivos o fundamentos que sustentan la resolución dictada en el juicio, recurso o instancia respectivo, los que, en su caso, deben ser materia de estudio a través de los medios de defensa que procedan en contra de la decisión emitida por la autoridad.". Novena Época, con registro 172205, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXV, Junio de 2007, tesis 1ª./J. 88/2007, Materia Común, página 85, bajo el rubro y texto siguiente: "INCONFORMIDAD. SI SE DECLARA INFUNDADA POR DETERMINARSE QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO FUE ATENDIDA EN SUS TÉRMINOS, ELLO NO IMPLICA PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA EMITIDA EN CUMPLIMIENTO DE AQUÉLLA. Cuando la protección constitucional se otorga para efectos y el tribunal que conoce del juicio, con base en el informe de la responsable, determina que la ejecutoria ha sido atendida en sus términos, procede declarar infundada la inconformidad, sin que ello implique pronunciamiento sobre la legalidad de las consideraciones que sustentan la sentencia emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, al no ser la vía conducente para ello." Novena Época, con registro 172207, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXV, Junio de 2007, tesis 1ª./J. 89/2007, Materia Común, página 66, bajo el rubro y texto siguiente: "INCONFORMIDAD INTERPUESTA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO. LA MATERIA DE SU ESTUDIO DEBE LIMITARSE AL ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO RELATIVO, SIN PRONUNCIARSE SOBRE LA LEGALIDAD DE LAS CONSIDERACIONES DE LA RESPONSABLE. La materia de estudio de la inconformidad prevista en el artículo 105 de la Ley de Amparo, planteada contra la resolución de un juez de Distrito o de un tribunal colegiado de Circuito, que estima cumplimentada la ejecutoria concesoria del amparo debe limitarse al análisis del cumplimiento de dicha sentencia, sin pronunciarse sobre la legalidad de las consideraciones en que la autoridad responsable haya fundamentado el acto con el que pretende acatarla, pues ello es ajeno a la indicada inconformidad.". Novena Época, con registro 165807, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, Diciembre de 2009, tesis 2ª./J. 201/2009, Materia Común, página 301, bajo el rubro y texto siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". Décima Época, con registro 2003056, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013,Tomo 2, tesis 2ª./J. 29/2013 (10ª), Materia Común, página 952, bajo el rubro y texto siguiente: "INCONFORMIDAD CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE TIENE POR CUMPLIDA UNA SENTENCIA DE AMPARO. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS ENCAMINADOS A CUESTIONAR LA LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO DE AQUÉLLA. Conforme al artículo 105 de la Ley de Amparo, la materia de la inconformidad se limita al análisis del cumplimiento de la sentencia de amparo; por tanto, los argumentos del inconforme deben constreñirse a impugnar los motivos y fundamentos que sirvieron de sustento a los Tribunales Colegiados de Circuito para determinar que se cumplió con el fallo protector. En ese sentido, son inoperantes los agravios encaminados a cuestionar la legalidad de la nueva sentencia que se hubiera pronunciado en su acatamiento.". Por ende, dadas las condiciones anteriores, se tiene como resultado jurídico que los motivos por los que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, se encuentren subsanados; sin que este juzgador prejuzgue sobre la determinación de fondo que emitió la responsable. En esas condiciones, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA; y se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, acorde lo previsto en el ARTÍCULO 196 DE LA LEY DE AMPARO. VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del tercer párrafo del artículo 201 de la Ley de Amparo. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1.- DEPURAR el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. 2.- TRANSFERIR el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Finalmente, se ordena devolver al Juez responsable, el duplicado de la causa penal 51/2014-I, que adjuntó a su informe justificado; solicitándole el acuse de recibo al recepcionar el oficio correspondiente; con el apercibimiento que en caso de omisión se le impondrá una multa de cincuenta días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, de conformidad con la fracción I, del artículo 237, de la Ley de Amparo en vigor. Notifíquese personalmente.
- Principal
mesa IV. Villahermosa, Tabasco, veinte de marzo de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y advirtiéndose de estos que no obra oficio dirigido al tercero interesado Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Tercero Penal de Primera Instancia de Centro, Tabasco, con el cual se le diera conocimiento del oficio 731 y anexos que remitiera la Juez Tercero Penal de Primera Instancia de Centro, Tabasco, por el cual dice dar cumplimiento a la ejecutoria que concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se da vista al citado tercero interesado con el oficio 731 y anexos que obra agregado en proveído de seis de marzo de dos mil quince; por el plazo de tres días, a efecto que manifiesten lo que a su interés convenga; apercibido que de no hacerlo, el suscrito, tomando en consideración los elementos que obren en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad responsable, resolverá respecto de dicho cumplimiento. En apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia número 26/2000, consultable en la página 243 del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, Pleno y Salas del Semanario Judicial de la Federación sustentada por la Segunda Sala, de rubro: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA EN BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Notifíquese.
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