Jorge Arturo Olea Díaz

Expediente 2170/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
2170/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
17/01/2017

Partes del expediente

  • Jorge Arturo Olea Díaz

Actuaciones

  1. Principal

    Vistos los presentes autos y la certificación de la Secretaria, tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del auto de dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito, para todos los efectos legales. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno correspondiente y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, será susceptible de destrucción siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia. Notifíquese.

  2. Principal

    1 EXPEDIENTE Y REGISTRO Con la demanda de amparo promovida por Jorge Arturo Olea Díaz, contra actos de Juez Décimo Primero Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla y otra autoridad; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número estadístico 2170/2016-III; y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 2 DESECHAMIENTO Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo, ya que se actualiza de manera manifiesta una causal de improcedencia. De la lectura integral del escrito inicial de demanda la parte quejosa señala como acto reclamado: "IV.- LA LEY O ACTO RECLAMADO.- Reclamo la falta de notificaciones legalmente del procedimiento de ejecución de sentencia a partir de la interposición de una planilla de liquidación de sentencia hasta llegar a la conclusión de haber ordenado remitir los autos a la Notaria Pública número Cincuenta y Dos de esta Ciudad de Puebla el tiraje de escrituración a favor de la parte actora y quien firmara dicho tiraje en rebeldía del suscrito, sin darme la oportunidad de manifestar mi inconformidad en la tramitación de la ejecución de la sentencia del juicio ejecutivo mercantil 443/2008 de su Juzgado." De lo anterior, se aprecia esencialmente que Jorge Arturo Olea Díaz, reclama como acto la falta de las notificaciones relacionadas con el procedimiento de ejecución de sentencia, a partir de la planilla de liquidación hasta la remisión de los autos a la Notaría Pública para el tiraje de escrituración, dentro del juicio ejecutivo mercantil 443/2008, del Juzgado Décimo Primero Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla. Precisado lo anterior, el suscrito juez Federal advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracciones IV y V, está última interpretada a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo. Del texto de lo dispuesto en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se deduce que la invocada causal de improcedencia se actualiza al relacionarse con alguna otra disposición de la propia Ley de Amparo. Ahora, si bien es cierto que la fracción IV del artículo 107 Constitucional, establece que procede el amparo indirecto contra actos de los tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido; el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó la procedencia del amparo indirecto contra actos fuera de juicio como lo son los medios preparatorios a juicio, de acuerdo a una interpretación sistemática e integral de las fracciones III, IV y V del dispositivo referido, concluyendo que cuando se reclaman actos intraprocesales emitidos fuera de juicio, como los que se dictan en relación con la admisión, desechamiento y forma de desahogo de pruebas en los medios preparatorios que, por tanto, no constituyen la última resolución dictada en ellos, por identidad jurídica se aplica la regla general que impera tratándose de los actos, omisiones o resoluciones emitidas por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en procedimientos seguidos en forma de juicio; así como en los actos dentro de juicio; y en los actos de ejecución de sentencia, incluidos los procedimientos de remate; en el sentido de que el amparo biinstancial procederá contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso, salvo que ese acto intermedio tenga una ejecución que sea de imposible reparación, porque esta circunstancia permite su reclamación inmediata en el juicio de amparo indirecto. Es decir son dos los supuestos para que un acto emitido en un procedimiento fuera de juicio, o como en el caso, después de concluido, sea impugnable a través del amparo indirecto, a saber: 1. Que se trate de la última resolución. 2. Que se trate de un acto intermedio que sea de imposible reparación. Lo anterior tiene sustento en el principio de economía procesal, cuya finalidad es evitar la proliferación o cadena interminable de juicios de amparo con motivo de diversas actuaciones suscitadas en el procedimiento de ejecución. Así, el legislador de amparo pretende evitar que las partes contendientes en un procedimiento de ejecución puedan intentar el juicio de garantías tantas veces como violaciones se cometan en dicho procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la conclusión definitiva del procedimiento respectivo. De esa manera, lo que se logra es que se continúe la ejecución de la sentencia del juicio sin mayores trabas y que el afectado con las posibles violaciones que se cometan durante el mismo al impugnar la última resolución dictada, puede hacer valer tantas violaciones al procedimiento como estime que se le hubieren cometido. Por tanto, es innegable que el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, y en ese sentido, la presente instancia constitucional resulta improcedente. Además, en el presente asunto la falta de notificaciones del procedimiento de ejecución de sentencia a partir de la interposición de la planilla de liquidación de sentencia, realizados en el juicio ejecutivo mercantil 443/2008, del Juzgado Décimo Primero Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla, así como todo lo actuado hasta la remisión de los autos a la Notaría Pública para el tiraje de escrituración, no es de los que se considera vulneran los derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En este sentido, al actualizarse la causal de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracciones IV y V, de la citada Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito por encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con apoyo en el numeral 113 de la ley citada. 3 DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de cuenta, y por autorizadas en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que para ese efecto señala, por así haberlo solicitado. 4 EXPEDIENTE ELECTRÓNICO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizará oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. 5 HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS, Y NOTIFICACIONES EN ZONA CONURBADA. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este asunto, se faculta a los Actuarios de la adscripción a practicar las notificaciones que se les ordenen en este juicio, aun en días y horas inhábiles en términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. Ahora bien, en razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al Actuario Judicial de la adscripción para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl; en consecuencia, se instruye al Actuario Judicial adscrito a este juzgado para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada. 6 RESERVA DE INFORMACIÓN Hágase saber a las partes, que de conformidad con los artículos 3º, 5º, 6º, 9º, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, -que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y 1º, fracción I, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, -aplicable al caso concreto de conformidad con el artículo 2º Transitorio del decreto por el que se expidió la ley en cita-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe de garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. De ahí que de conformidad con el artículo 6º de la Constitución, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales.

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