Jorge Arturo Lugo Cuevas
Expediente 1547/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1547/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Jorge Arturo Lugo Cuevas
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos; veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el escrito presentado por ***********, parte quejosa, por el que subsana la prevención formulada en autos. Anotaciones. Regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Admisión. Toda vez que de momento, no se advierten causales de improcedencia que conduzcan al desechamiento de la demanda de cuenta, así como tampoco de incompetencia, que impidan a este tribunal conocer de aquella, con fundamento en los artículos 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. Suspensión. Sin que haya lugar a proveer respecto a la suspensión, toda vez que en proveído de dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, se proveyó en relación a la suspensión de plano solicitada por el quejoso. Audiencia constitucional. Cítese a las partes para la audiencia constitucional, que deberá tener lugar a las ONCE HORAS DEL CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. (...) Intervención Ministerio Público. De conformidad con el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención legal que le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado. Pruebas. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana; sin perjuicio de ser relacionadas en la audiencia constitucional. (...) Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, téngase por recibido y agréguese en autos para que conste como corresponda, el escrito presentado por el autorizado de la parte quejosa, por el que interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente asunto. Trámite recurso de revisión. Atento a lo anterior, téngase por interpuesto el recurso aludido, y para los efectos de su tramitación, con fundamento en los artículos 80, 81, 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, remítase original y copia del escrito de agravios al Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito, en turno, residente en esta ciudad. Agréguese una copia del escrito de expresión de agravios a los autos y las demás distribúyanse como corresponda. Se instruye al Secretario y Oficial Por tanto, se instruye al Secretario, para el efecto de que una vez que se encuentre debidamente integrado el medio de impugnación, sea remitido a la Superioridad, en los términos antes apuntados; consecuentemente, también se hace notar al oficial judicial encargado de la tramitación de este asunto, que deberá vigilar oportunamente la integración del expediente, pues es responsabilidad de ambos su correcta tramitación. Se instruye al personal de actuaria. Se instruye al personal de la actuaría de la adscripción, se cerciore que al entregar los oficios correspondientes se asiente la recepción del escrito de agravios por quien lo reciba. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que conste como corresponda, el oficio de la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, por el cual solicita se le conceda una prórroga a fin de dar cumplimiento al fallo protector. Ahora bien, dígasele a la autoridad oficiante que se esté a lo acordado en auto del pasado diecisiete de octubre del año en curso, en el que se le dijo que no ha lugar a conceder una nueva prórroga, toda vez que por autos del once de septiembre y tres de octubre, fueron solicitadas y concedidas diversas prórrogas. Requerimiento. En ese tenor, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a María Magdalena Kabsch Vela, Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir de la legal notificación del presente acuerdo, remita copia certificada de las constancias con las que acredite el cabal cumplimiento al fallo protector; con el apercibimiento de que ante el incumplimiento o no manifestar impedimento, se hará acreedor de una multa de cien unidades de medida y actualización, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de proceder como lo disponen los ordinales 192 y 193 de la misma. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo presentada por *******, por propio derecho, contra actos del Titular Director del Hospital Regional de Alta Especialidad Centenario de la Revolución Mexicana del ISSSTE. Regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 1547/2023 y fórmese expediente. Suspensión de plano. De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados consisten: "IV. Acto Reclamado: El derecho a la Salud y atención médica por parte del Hospital Regional de Alta Especialidad Centenario de la Revolución Mexicana del ISSSTE, ya que tengo un infarto cerebral y se me atienda y siga atendiendo en lo que denomina (sic) me suban a piso en el Hospital de referencia, por mi delicado estado de salud y atención urgente por lo que se violan en mi perjuicio los artículos 1, 4, 14, 16 y 17 constitucionales, ya que de lo contrario me sacarían del Hospital.". Por lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta de oficio y de plano la suspensión de cualquier acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 15 de la Ley de Amparo. Apoya a la anterior determinación de manera analógica, la jurisprudencia 1a./J. 55/2019 (10a.), con registro digital 2020430, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo II, página 1270, que a la letra dice: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO UN INTERNO RECLAMA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LA OMISIÓN DE BRINDARLE ATENCIÓN MÉDICA, SI SE ADVIERTE QUE ESA SITUACIÓN COMPROMETE GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO. Es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la suspensión de oficio y de plano obedece a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio del quejoso, haciendo imposible su restitución a través del juicio de amparo, como son los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, entre los que se encuentra el tormento de cualquier tipo, el cual se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales (como pueden ser los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes). Ahora bien, la omisión de proporcionar atención médica es un acto que recorre una amplia gama no reducible a un solo supuesto, pues puede abarcar desde los casos en que se pide en relación con actividades preventivas, que no colocan al quejoso en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas, hasta aquellos que obedecen a actividades curativas, de rehabilitación, o bien, de urgencia médica, cuya falta de atención oportuna somete al quejoso a cierto dolor físico y/o estado patológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, por lo que sí es factible que lo ubiquen en la situación apuntada. Por lo tanto, el juez de amparo deberá conceder la suspensión de oficio y de plano, en los casos en que un interno reclame dicha omisión, si a partir de un juicio valorativo en el que pondere las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, advierte que la falta de atención médica que se reclama, compromete gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse tal situación a un tormento." En ese sentido, dada la naturaleza del acto reclamado, es preciso señalar que el derecho a la salud está reconocido en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que: "Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución". Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 378/2014, en sesión de quince de octubre de dos mil catorce, señaló que el derecho a la salud previsto en el artículo 4º de la Constitución General de la República, puede entenderse como la obligación del Estado, de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud, encaminados a la obtención de un determinado bienestar general, integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. De ahí que el derecho a la salud constituye un presupuesto para el desarrollo y no una mera consecuencia del mismo y, por ende, la realización del derecho humano a la salud aparece crecientemente como una regla esencial para saber si realmente hay progreso en un Estado y, al mismo tiempo, como un medio decisivo para obtenerlo. En la referida ejecutoria la Segunda Sala precisó que el Estado Mexicano se encuentra obligado a adoptar medidas hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, la plena efectividad del derecho a la salud. En esa lógica, señaló la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se impone al Estado Mexicano, por una parte, una obligación inmediata de asegurar a las personas, al menos, un nivel esencial del derecho al nivel más alto posible de salud y, por otra, una de cumplimiento progresivo, consistente en lograr su pleno ejercicio hasta el máximo de los recursos que disponga. Las anteriores consideraciones dieron origen a la tesis 2a. CVIII/2014 (10a.), de la Segunda Sala del Máximos Tribunal del País, de rubro: "SALUD. DERECHO AL NIVEL MÁS ALTO POSIBLE. ÉSTE PUEDE COMPRENDER OBLIGACIONES INMEDIATAS, COMO DE CUMPLIMIENTO PROGRESIVO. El artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prevé obligaciones de contenido y de resultado; aquéllas, de carácter inmediato, se refieren a que los derechos se ejerciten sin discriminación y a que el Estado adopte dentro de un plazo breve medidas deliberadas, concretas y orientadas a satisfacer las obligaciones convencionales, mientras que las de resultado o mediatas, se relacionan con el principio de progresividad, el cual debe analizarse a la luz de un dispositivo de flexibilidad que refleje las realidades del mundo y las dificultades que implica para cada país asegurar la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales. En esa lógica, teniendo como referente el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental contenido en el artículo 12 del citado Pacto, se impone al Estado Mexicano, por una parte, la obligación inmediata de asegurar a las personas, al menos, un nivel esencial del derecho a la salud y, por otra, una de cumplimiento progresivo, consistente en lograr su pleno ejercicio por todos los medios apropiados, hasta el máximo de los recursos de que disponga. De ahí que se configurará una violación directa a las obligaciones del Pacto cuando, entre otras cuestiones, el Estado Mexicano no adopte medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole, para dar plena efectividad al derecho indicado.". Sobre esa premisa, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA DE OFICIO LA SUSPENSIÓN DE PLANO DE DICHOS ACTOS, para el efecto de que la autoridad responsable Titular Director del Hospital Regional de Alta Especialidad Centenario de la Revolución Mexicana del ISSSTE, de manera inmediata y bajo su más estricta responsabilidad: 1.- Lleve a cabo los estudios médicos necesarios a fin de establecer el tratamiento correspondiente al aquí quejoso. 2.- Brinde la atención médica para el padecimiento que resulte. 3. En caso de que necesite un especialista de acuerdo al padecimiento del quejoso deberá remitirlo de inmediato con dicho especialista y en el entendido de que no se cuenta con el especialista correspondiente, deben tomarse todas las medidas necesarias para que sea trasladado a diversa institución médica para que sea diagnosticado. Lo anterior, toda vez que bajo protesta de decir verdad asentó que el catorce de noviembre de dos mil veintitrés, fue ingresado al área del Hospital Regional de Alta Especialidad Centenario de la Revolución Mexicana del ISSSTE por un problema de presión arterial elevada y un infarto cerebral atendiéndolo de manera inmediata, y que posteriormente le pidieron sus papeles de afiliación al ISSSTE como derechohabiente, para subirlo a piso, por lo que les comentó que fue sancionado por el Órgano Interno de Control del SUPERISSSTE, y mediante sentencia de nulidad de fecha cinco de septiembre de dos mil diecisiete, emitida por la Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa bajo el expediente ****** señala que se les restituyan todos sus derecho, y que tiene un amparo indirecto relacionado en este Juzgado (con número de expediente 1081/2022) en donde le fue notificada su baja, como trabajador del SUPERISSSTE. Apoya a lo anterior, la tesis emitida por el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 68, julio de 2019, tomo III, Pagina 2160, décima época, con número de registro 2020283, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. DEBE DECRETARSE DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA AFECTACIÓN AL DERECHO A LA SALUD Y PRECISARSE CON EXACTITUD SUS EFECTOS, LOS CUALES DEBEN INCLUIR LA ATENCIÓN MÉDICA DEBIDA Y URGENTE REQUERIDA. El derecho mencionado, tutelado por el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos conlleva, entre otras, la obligación del Estado de brindar los servicios y prestaciones para garantizar el más alto nivel de protección a la salud de las personas (mediante atención médica, tratamiento, medicamentos, rehabilitación, otorgamiento de licencias médicas, etcétera). Por tanto, cuando en el amparo indirecto se reclame la omisión de otorgar los servicios médicos para el tratamiento de una enfermedad que pone en peligro la vida del quejoso, debe decretarse la suspensión de plano, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, y los efectos de esa medida deben precisarse con claridad, a fin de vincular a la autoridad a proporcionar la atención médica debida y urgente requerida, así como al seguimiento y comunicación exacta de los procedimientos que se deben aplicar, junto con los medicamentos y tratamiento necesarios e, incluso, las licencias médicas que legalmente procedan, para garantizar plenamente el derecho a la salud". De igual manera, apoya a lo anterior en lo conducente, la tesis aislada emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVIII, Octubre de 2008, página 2458, Novena Época, 168530, de rubro y texto: "TRATAMIENTOS MÉDICOS. NECESIDAD DE INFORMACIÓN PREVIA AL PACIENTE O SUS FAMILIARES, DE LOS RIESGOS Y BENEFICIOS ESPERADOS. De los artículos 80 a 83 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica, 4.2, 10.1.1 y 10.1.2 de la Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1- 1998, del expediente clínico, se advierte que los consentimientos bajo información o autorizaciones que el hospital debe recabar del paciente, su familiar más cercano que le acompañe, su tutor o representante, en su caso, deben especificar los riesgos y beneficios esperados del acto médico autorizado, lo cual ha de ocurrir invariablemente al ingreso hospitalario, respecto de procedimientos de cirugía mayor o que requieran anestesia general, los considerados de alto riesgo, los que entrañen mutilación, entre otros, así como la autorización al personal de salud para la atención de contingencias y urgencias derivadas del acto autorizado, atendiendo al principio de libertad prescriptiva. De lo anterior se aprecia que resulta importante que el paciente conozca y esté consciente de aquello a lo cual se enfrentará, y que primero otorgue su consentimiento con plena información de lo que implica, lo cual debe coexistir con el principio de libertad prescriptiva, que facultaría al médico a actuar o dejar de hacerlo, si así se requiere o hay riesgos". Aunado a lo anterior, es de precisarse que dicha suspensión se concede tomando en cuenta dichas manifestaciones que se realizan bajo protesta de decir verdad en el ocurso de demanda, esencialmente en el sentido de que para seguirlo atendiendo la responsable le solicitó sus papeles de afiliación al ISSSTE. Asimismo, manifestó que le comentó a la aquí responsable, que fue sancionado por el Órgano Interno de Control del SIPERISSSTE, y mediante sentencia de nulidad de cinco de septiembre de dos mil diecisiete, emitida por la Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa bajo el expediente 1826/16-24-01-3 señala que se le restituyan todos sus derecho, además, efectivamente, es un hecho notorio que se está tramitando en este juzgado federal el juicio de amparo que refiere, teniendo como acto reclamado la falta de notificación personal al quejoso José Arturo Lugo Cuevas de su nueva adscripción para desarrollar su empleo, en el cual aún no se dicta sentencia correspondiente por lo que debe seguir otorgándose la atención médica. Apoya a lo anterior en lo conducente la tesis XVII.1o.P.A. J/8 K (11a.), visible en el Libro 20, Diciembre de 2022, Tomo III, página 2641, undécima época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2025670, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA NEGATIVA U OMISIÓN DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DE AFILIACIÓN O DE PROPORCIONAR SERVICIO MÉDICO AL BENEFICIARIO DE UN DERECHOHABIENTE, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 126 DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: La parte quejosa derechohabiente promovió juicio de amparo indirecto contra la omisión de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua de dar contestación a la solicitud de afiliación o de brindar el servicio de atención médica a uno de sus beneficiarios. El Juez de Distrito concedió la suspensión de oficio y de plano para el efecto de que la referida autoridad responsable, en el ámbito de sus atribuciones, le brindara de inmediato atención médica, así como el tratamiento y medicamentos necesarios para sus padecimientos; inconforme, la autoridad señalada interpuso recurso de queja. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que procede conceder la suspensión de oficio y de plano contra la negativa u omisión de la autoridad referida, pues si bien es cierto que el artículo 126 de la Ley de Amparo prevé que la suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, también lo es que no admite solamente una interpretación literal conforme a la cual "el peligro de privación de la vida" se actualice sólo en casos en que haya persecución letal o pena de muerte o en los que en otras épocas era esperable entender que quedaban referidos en tal expresión aquellos en los que directamente se viera comprometida la vida de un individuo. Justificación: Lo anterior es así, toda vez que la omisión y dilación de la atención médica que requiere la parte quejosa compromete su esfera de derechos, fundamentalmente los vinculados con la vida, la salud e, incluso, la dignidad humana, en tanto que el hecho de no proporcionarle la atención médica con la prontitud necesaria pone en riesgo su vida, su salud y su integridad física, pues no debe olvidarse que son diversas las hipótesis que de facto pueden representar un riesgo o amenaza a la subsistencia de las personas, como sucede en determinados casos en torno a ciertos riesgos o afectaciones a la salud que comprometen la subsistencia o integridad de las personas. Ello, porque si bien la negativa de un instituto de salud de prestar el servicio médico, por lo general, no constituye un acto de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución General, para efectos de proveer de oficio y de plano sobre la suspensión en términos de la legislación de la materia, pues aunque implica un acto de privación no se equipara a la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, lo cierto es que en casos excepcionales, tal negativa por parte de esa institución de seguridad social puede constituir un acto inhumano o de maltrato y debe proveerse sobre la suspensión de oficio y de plano (que salvaguardará su dignidad y salud durante el trámite del juicio, en términos del artículo 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo); así, por las circunstancias y el contexto en que se da esta condición, resulta razonable suponer que privar al beneficiario del derechohabiente del servicio de salud o prestarlo con dilación compromete no sólo su dignidad, sino su integridad personal y la de las personas que lo rodean e, incluso, su vida, por las consecuencias que puede traer consigo la demora en la atención de sus enfermedades y la satisfacción de sus necesidades en el rubro de salud.". Así como la tesis XVII.2o.P.A. J/5 A (11a.), visible en el Libro 12, Abril de 2022, Tomo III, página 2622, undécima época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2024402, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA OMISIÓN O NEGATIVA DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DE AFILIAR A LOS BENEFICIARIOS DE UNA DERECHOHABIENTE, PARA EL EFECTO DE QUE SE LES OTORGUE LA ATENCIÓN MÉDICA Y LOS MEDICAMENTOS NECESARIOS HASTA QUE SE DICTE SENTENCIA DEFINITIVA FIRME EN EL PRINCIPAL [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA XVII.2o.P.A. J/7 A (10a.)]. Hechos: Las quejosas promovieron juicio de amparo indirecto contra la omisión o negativa de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua de afiliar al servicio médico a sus beneficiarios. El Juez de Distrito negó la suspensión definitiva al considerar que el acto reclamado reviste el carácter de negativo y concederla equivaldría darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva; inconformes, interpusieron recurso de revisión. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que procede conceder la suspensión definitiva contra la omisión o negativa señaladas, para el efecto de que Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua otorgue a los beneficiarios de las derechohabientes la atención médica y los medicamentos necesarios hasta que se dicte sentencia definitiva firme en el juicio principal. Justificación: Lo anterior, porque la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar su procedencia, pues el concederse no implica que se constituyan derechos de los que previamente no gozaban las personas cuya afiliación se pretende, ya que conforme al artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica y medicinas en los casos y en la proporción que determine la ley; por tanto, ponderando la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, para prevenir una eventual condición de gravedad en el estado de salud de los peticionarios del amparo, ante la omisión de atención médica por parte de las autoridades responsables, lo que implicaría una imposibilidad material para que dicha afectación pudiera repararse retroactivamente en su persona, una vez que, en su caso, se dicte la sentencia de amparo respectiva, se estima que con el otorgamiento de la suspensión no existe afectación al orden público o al interés social, porque a la colectividad precisamente le interesa que el Estado cumpla con las obligaciones que constitucionalmente le corresponden, concretamente, la de satisfacer el derecho a la salud previsto en el artículo 4o. de la Constitución General. Luego, al ser Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, en su carácter de organismo público descentralizado, el encargado de prestar el servicio médico asistencial, al cual tienen derecho los trabajadores al servicio del Estado, los pensionados y jubilados, así como sus respectivos beneficiarios, conforme al Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicio del Estado, procede conceder la medida cautelar solicitada, para el exclusivo efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de sus competencias, tomen las medidas necesarias para que sea respetado el derecho fundamental de acceso a la salud y otorguen a los familiares de las derechohabientes la atención médica, hospitalaria y medicamentos que les resulten necesarios, con motivo del estado de salud en que se encuentren, incluyendo la práctica de estudios especializados, atendiendo a los lineamientos de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, así como a los propios de la profesión médica. Lo anterior, en tanto se dicta sentencia definitiva firme en el juicio de amparo indirecto en lo principal. En consecuencia, este Tribunal Colegiado de Circuito interrumpe la jurisprudencia XVII.2o.P.A. J/7 A (10a.).". Además, apoya a lo anterior en lo conducente la tesis de jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12, Octava época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 206395, de rubro y texto: "SUSPENSION PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO. Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, los Jueces de Distrito deben atender a las manifestaciones del quejoso hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, cuando se duele de que existe peligro inminente de que se ejecute, en su perjuicio, el acto reclamado, ya que, por regla general, son los únicos elementos con que cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar, sin que proceda hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos que el quejoso da por hecho se pretenden ejecutar en su contra, pues para resolver sobre la suspensión provisional, el juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Ello sin perjuicio de analizar si en el caso concreto se cumplen o no los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo". Se fijan dichos efectos para la medida cautelar, en virtud de que, si bien se trata de un acto de naturaleza omisivo o negativo, ya que según las manifestaciones realizadas en la demanda que nos ocupa, las autoridades responsables no han proporcionado atención médica integral para el tratamiento del aquí quejoso, aunado a que el artículo 147 de la Ley de Amparo establece que, atendiendo la naturaleza del acto reclamado, de ser materialmente posible, se restablecerá provisionalmente a la parte quejosa en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria; por lo que, dada la urgencia del acto reclamado atendiendo a su manifestación de que es una fractura expuesta. Apoya lo anterior la jurisprudencia 70/2019, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 286, libro 73, diciembre de 2019, tomo I, décima época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2021263, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior". Informe de suspensión de plano. Se requiere a la autoridad señalada como responsable para que dentro del plazo de veinticuatro horas, rinda informe respecto a la forma y términos en que haya dado cumplimiento a las medidas cautelares decretadas por este órgano de control constitucional; debiendo anexar copias certificadas que lo acrediten, en el entendido que la violación a este mandato judicial traerá como consecuencia la aplicación de lo dispuesto en los numerales 262, fracción III, de la ley de la materia, así como 215 del Código Penal Federal. Igualmente, de no informar el cumplimiento dado a esta medida dentro del plazo de veinticuatro horas, contado a partir de que reciban el oficio respectivo, se le sancionará conforme al artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: . III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra". Sin que haya lugar a aperturarse el incidente relativo a la suspensión provisional que solicita, debido a que en párrafos que anteceden se está proveyendo lo relativo a la suspensión de plano. Se formula prevención. Del estudio integral de la demanda que se provee, se advierte una irregularidad que requiere ser subsanada previo a la eventual admisión de la demanda, por lo que con fundamento en el artículo 112, en relación con el 108 fracción V, 114 fracción I y IV de la Ley de Amparo, prevéngase al promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito, bajo protesta de decir verdad y con copias suficientes para cada una de las partes, cumpla con lo siguiente: PRIMERO.- Precise el acto reclamado, toda vez que en el escrito inicial de demanda, en el apartado de acto reclamado lo señala como: "IV. Acto Reclamado: El derecho a la Salud y atención médica por parte del Hospital Regional de Alta Especialidad Centenario de la Revolución Mexicana del ISSSTE, ya que tengo un infarto cerebral y se me atienda y siga atendiendo en lo que denomina (sic) me suban a piso en el Hospital de referencia, por mi delicado estado de salud y atención urgente por lo que se violan en mi perjuicio los artículos 1, 4, 14, 16 y 17 constitucionales, ya que de lo contrario me sacarían del Hospital.". Sin embargo, en los conceptos de violación, refiere que: ". con lo cual se acredita fehacientemente que la omisión de las responsables de suministrar dicho medicamento pone en riego mi vida lo que transgrede abiertamente todos los derechos humanos, garantías y principios sociales, reconocidos por nuestra Carta Magna.". SEGUNDO.- Deberá precisar, en vía de antecedentes, si cuando la responsable le solicitó sus papeles de afiliación al ISSSTE como derechohabiente, le negó expresamente la atención médica y narre y especifique el personal con el que entabló dicha negativa. TERCERO.- Finalmente, deberán abundar sus antecedentes, en relación a los hechos, específicamente en la negativa de la atención médica que solicita. Lo anterior a efecto de estar en posibilidad de proveer lo conducente en relación a su escrito de demanda, así como para establecer claramente la Litis constitucional y las autoridades responsables estén en aptitud de rendir su informe justificado en relación a los actos que en particular se les atribuyen. Cabe destacar que la concesión de la suspensión de plano no impide que se prevenga la demanda de amparo, toda vez que la medida cautelar tiene por objeto preservar los derechos fundamentales de los quejosos, mientras que la prevención versa sobre los requisitos de procedencia de la demanda de amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 25/2018 (10a.), con registro digital 2017844, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, página 827, que a la letra dice: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO PREVISTA EN LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO 126 DE LA LEY DE AMPARO. SI NO SE ADMITE LA DEMANDA Y SE PREVIENE AL QUEJOSO PARA QUE SUBSANE ALGUNA IRREGULARIDAD, EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL DEBE PROVEER SOBRE LA CITADA MEDIDA CAUTELAR EN EL PROPIO AUTO EN QUE FORMULA ESE REQUERIMIENTO. La suspensión en el juicio de amparo constituye una medida cautelar cuyo objetivo no sólo es preservar su materia mientras se resuelve el asunto -al impedir la ejecución de los actos reclamados que pudieran ser de imposible reparación-, sino también evitar que se causen al quejoso daños de difícil reparación. Ahora bien, conforme al artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suspensión se otorgará cuando la naturaleza del acto impugnado lo permita y bajo las condiciones que determine la respectiva ley reglamentaria. Por su parte, el artículo 126, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo establece que cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, la suspensión se concederá de oficio y de plano en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. Ahora bien, si no se admite la demanda y se previene al quejoso para que subsane alguna irregularidad, el órgano de control constitucional debe otorgar dicha medida cautelar en el propio auto en el que formula ese requerimiento, ya que de lo contrario, se permitiría la posible ejecución de los actos prohibidos por el artículo 22 aludido.". Se apercibe al promovente que en caso de no dar cabal cumplimiento a la prevención formulada en la vía, forma y términos establecidos, se procederá de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo; es decir, SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE QUE SE TRATA. Domicilio y autorizados. Téngase por señalado el domicilio que precisa para oír y recibir notificaciones, y por autorizados para esos únicos efectos a las personas que menciona en su ocusro inicial, ya que no se localizó registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y con facultades amplias en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a *******, quienes sí cumplen con ese requisito. Consulta electrónica. En virtud, de que se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, los nombres de usuarios ******, se autoriza la consulta vía electrónica; por tanto, instrúyase a la Oficial Judicial A, a efecto de que realice las gestiones necesarias y se habilite la casilla correspondiente. Se exhorta a las partes. Se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema "juicio en línea", en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, aprobado por el Pleno del Consejo, en sesión extraordinaria de trece de octubre de veintidós. Habilitación Días y Horas. En acato al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho fundamental, en términos del artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles. Aviso de transparencia. Se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 4, 11, 12, 15 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince, toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, asimismo, que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la referida ley, deberá ponerse a disposición del público y actualizarse la información relativa a las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio, así como las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público; sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información, en la inteligencia de que la falta de oposición de manera expresa conlleva su consentimiento. En caso de oposición, deberá estarse a lo establecido en la sección tercera, relativa al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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