Jorge Arturo Esparza López y Otros.
Expediente 331/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 9 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 331/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 04/08/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Jorge Arturo Esparza López y Otros.
- Jorge Arturo Esparza López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Del estado procesal de estos autos y la certificación secretarial de cuenta se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada en este asunto. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que negó el amparo solicitado CAUSÓ EJECUTORIA. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este asunto como concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que este asunto es susceptible de depuración, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al haberse negado el amparo solicitado en este asunto, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos del último párrafo del citado punto, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 74, 75, 76, 79 y demás relativos a la Ley de Amparo, se resuelve lo siguiente: R E S O L U T I V O S PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA a **************, contra los actos reclamados a la autoridad responsable adscrita al Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con sede en Villa Aldama, Veracruz, por los motivos precisados en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Como está ordenado en el considerando cuarto, entréguese copia autorizada de este fallo a la parte que lo solicite y esté legitimada para ello. TERCERO. Cúmplase lo establecido en el considerando último de esta resolución.
- Principal
La autoridad responsable adscrita al Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con sede en Villa Aldama, Veracruz, en cumplimiento a lo solicitado en autos (fojas 63 y 64), remite copia certificada de las constancias relativas a los artículos de uso personal que son proporcionados a los quejosos en el lugar de su reclusión; por tal motivo, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, con el contenido de dichas constancias dese vista a las partes por el término de tres días para que manifiesten lo que a su interés legal convenga.
- Principal
De la certificación secretarial que antecede se advierte que la celebración de la audiencia constitucional está señalada para hoy; por otra parte, del análisis íntegro del escrito de demanda y demás constancias que obran en autos, se observa que los actos reclamados por los quejosos consisten en la negativa de la autoridad responsable adscrita al Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con sede en Villa Aldama, Veracruz, de proporcionarles zapatos (tenis), ropa (chamarras, trusas, calcetas, uniformes, sábanas y ropa deportiva), que requieren en el centro de su reclusión; asimismo, que dicha autoridad negó la existencia de tales actos al rendir su informe justificado y remitió copia certificada de las constancias relativas a los artículos de uso personal que le ha proporcionado a los quejosos (fojas 33 a 38 y 46 a 50). De igual forma, la autoridad responsable informó que realizó las gestiones correspondientes para adquirir el calzado necesario a fin de proporcionarlo a los citados quejosos; no obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase al Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con residencia en Villa Aldama, Veracruz, para que en el término de TRES DÍAS contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley invocada, remita copia certificada legible y completa de las constancias relativas a los artículos de uso personal que le son proporcionados actualmente a la parte quejosa zapatos (tenis), ropa (chamarras, trusas, calcetas, uniformes, sábanas y ropa deportiva), en ese centro penitenciario, de conformidad con el artículo 69 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, o bien, manifieste la imposibilidad que tenga para ello; apercibido que de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, con fundamento en lo previsto en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo; ello como la mínima establecida por el legislador para sancionar el incumplimiento a las determinaciones de este órgano jurisdiccional, que podrá incrementarse con base en el actuar de la autoridad requerida. Es aplicable al caso la tesis siguiente: Novena Época Registro: 199454 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo V, Febrero de 1997 Materia(s): Común Tesis: P./J. 17/97 Página: 108 PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra podrá por deberá, se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Acorde con lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para hoy; en su lugar, se fijan las TRECE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DIECIOCHO DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo, la cual se fija con base en la disponibilidad de fechas que presenta la agenda de audiencias.
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