Jorge Arturo Díaz de Sandi Cedeño
Expediente 957/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 957/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Jorge Arturo Díaz de Sandi Cedeño
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a treinta de agosto de dos mil veintitrés Vista la razón de cuenta; de conformidad con los ordinales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, agréguese a los autos el oficio suscrito por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria dictada por ese cuerpo Colegiado el diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, dentro del recurso de queja 202/2023 en la cual en su punto resolutivo determinó: ".ÚNICO: Es Infundado el recurso de queja." En consecuencia, con fundamento en el dispositivo 214 de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes, archívese este expediente como concluido. En ese sentido, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 34 del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario oficial de la federación el siete de junio de dos mil veintitrés". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de la hipótesis contemplada en el artículo 20, fracción II, del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 21, 22 y 23 del Acuerdo General de referencia. Asimismo, en términos del precepto 20, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a diecinueve de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el oficio enviado por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, por medio del cual hace del conocimiento que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por el quejoso. Se toma conocimiento de lo anterior. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
VISTO, para resolver el juicio de amparo 842/2022, promovido por ********************por propio derecho y en su carácter de******************** contra actos del Congreso del estado de Morelos, y otras autoridades, y; R E S U L T A N D O : PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiocho de junio de dos mil veintitrés, ante los buzones de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, ********************por propio derecho y en su carácter de********************, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables Actos reclamados Congreso del estado de Morelos "a) La falta de iniciativa de la Ley en términos de lo previsto por el artículo 42 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. b) El trámite ante la Comisión o Comisiones legislativas, así como la falta de Dictamen emitido por el órgano Legislativo, en términos de la Normativa que rige su actuar. c) La falta de trámite ante el Pleno del Congreso del Estado de Morelos, así como la falta de aprobación por el Pleno del Congreso del Estado de Morelos, por las dos terceras partes de los diputados integrantes, en términos de lo previsto por el artículo 44 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos". Gobernador del estado de Morelos "La sanción, promulgación y publicación en el Periódico Oficial ´Tierra y Libertad' del artículo 124 fracción I de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.". Secretario de Gobierno del estado de Morelos "La falta de refrendo y publicación en el Periódico Oficial ´Tierra y Libertad' del artículo 124 fracción I de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.". Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Gobierno del estado de Morelos "La publicación en el periódico oficial ´Tierra y Libertad' del artículo 124 fracción I de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.". Secretario de Desarrollo Económico y del Trabajo del estado de Morelos "La falta de refrendo de la fracción I, artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del estado de Morelos.". Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del estado de Morelos "Se constituye por la resolución interlocutoria de fecha veintitrés de mayo de dos mil veintidós, mediante el cual el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos impone al suscrito en su calidad de Presidente Municipal del Ayuntamiento de ******************** la medida de apremio consistente en multa de 15 unidades de medida y actualización (UMA), establecida en la fracción I del artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos". Actuario adscrito al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del estado de Morelos "El cumplimiento de la resolución interlocutoria de veintitrés de mayo de dos mil veintidós." Coordinador de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del estado de Morelos "El cumplimiento de la resolución interlocutoria de veintitrés de mayo de dos mil veintidós." SEGUNDO. El uno de julio de dos mil veintidós, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente 842/2022 y requirió a la parte quejosa para que aclara su demanda de amparo. TERCERO. Por escrito presentado en la oficialía de partes de este juzgado de distrito el diecinueve de julio de dos mil veintidós, la parte quejosa subsanó su demanda de amparo. CUARTO. Mediante acuerdo de veinte de julio de dos mil veintidós, este juzgado admitió la demanda de amparo, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Oportunidad del juicio de amparo indirecto. La demanda de amparo fue presentada oportunamente, en virtud de que el plazo previsto para tal efecto transcurrió conforme a lo siguiente: Notificación del acto reclamado Fecha en que surtió efectos el acto reclamado Plazo para promover la demanda de amparo Días inhábiles 07 de junio de 2022 08 de junio de 2022 09 al 29 de junio de 2022 11, 12, 18, 19, 25 y 26 de junio de 2022 Con base en el recuadro anterior, si la demanda de amparo indirecto fue presentada el veintiocho de junio de dos mil veintidós, es indudable que fue promovida dentro del plazo de quince días establecido para tal efecto. TERCERO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Por tanto, debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte quejosa reclama: 1. Del Congreso del estado de Morelos: el procedimiento de creación del artículo 124 fracción I de la Ley del Servicio Civil del estado de Morelos, específicamente por lo que hace a: la supuesta falta de iniciativa; su trámite ante la Comisión o Comisiones Legislativas, así como la falta de dictamen emitido por el órgano legislativo; y la falta de trámite ante el Pleno del Congreso del estado de Morelos, por las dos terceras partes de sus integrantes. 2. Del Gobernador Constitucional del estado de Morelos: la sanción, promulgación y orden de publicación de la Ley del Servicio Civil del estado de Morelos, específicamente en lo que se refiere a su artículo 124 fracción I. 3. Del Secretario de Gobierno del estado de Morelos: la supuesta falta de refrendo y publicación del decreto de la Ley del Servicio Civil del estado de Morelos, específicamente en lo que se refiere a su artículo 124 fracción I. 4. Del Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del estado de Morelos: La publicación de la Ley del Servicio Civil del estado de Morelos, específicamente en lo que se refiere a su artículo 124 fracción I. 5. Del Secretario de Desarrollo Económico y del Trabajo del Gobierno del estado de Morelos: La falta de refrendo del artículo 124 fracción I de la Ley del Servicio Civil del estado de Morelos. 6. Del Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del estado de Morelos: la resolución de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, dictada en el expediente laboral ********************, por la cual hizo efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de cinco de abril de dos mil veintidós y le impuso una multa a la parte quejosa por la cantidad de quince unidades de medida y actualización. 7. Del actuario adscrito al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del estado de Morelos: el cumplimiento a la resolución de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral ********************. 8. De la Coordinación de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del estado de Morelos: el cumplimiento a la resolución de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral ********************, que generó el mandamiento de ejecución de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del estado de Morelos, al rendir su informe justificado por sí y por cuanto al actuario de su adscripción, aceptó la existencia del acto reclamado. Cabe señalar que la existencia de la multa decretada se corrobora con las copias certificadas relativas al expediente ********************, las cuales adquieren valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con el numeral 2º de ésta última, por tratarse de documentales públicas. Por su parte, el Congreso, la representación del Gobernador y del Secretario de Gobierno, por sí y como Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad, todos ellos del estado de Morelos, aceptaron los actos que se les reclamaron. Respecto del decreto de publicación de la Ley del Servicio Civil del estado de Morelos, debe mencionarse que no es objeto de prueba, pues basta que esté publicado en el periódico oficial para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlas en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad; lo cual se corrobora con la revisión efectuada a la página de internet del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Gobierno del estado de Morelos. Cobra aplicación a lo expuesto, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.-Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Por su parte, la representación de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo del Gobierno del estado de Morelos negó el acto reclamado. No obstante, del análisis al escrito de demanda, así como del contenido de los informes justificados rendidos, debe tenerse por cierto dicho acto; circunstancia que será analizada a mayor detalle al realizar el estudio de fondo de este juicio. Finalmente, la representación de la Coordinación de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del estado de Morelos negó los actos reclamados. Sin embargo, deben tenerse por ciertos los actos que se le atribuyeron, ya que al tratarse de una autoridad ejecutora, se encuentra obligada a acatar la orden emitida por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del estado de Morelos, en el sentido de realizar el cobro, incluso en la vía coactiva, de la multa impuesta, debido a que tal cuestión se encuentra dentro de las atribuciones que le son propias. Por tanto, aun cuando la autoridad exactora responsable sostiene en su informe que no tiene registrado ningún crédito fiscal a nombre de la parte quejosa, se considera que el acto cuya ejecución se le reclama, es inminente, pues existen datos suficientes que hacen presumir una proximidad temporal en la producción de efectos del cobro de la multa reclamada, por el solo hecho de que la autoridad responsable ordenadora aceptó la imposición de esa medida de apremio. QUINTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Con fundamento en el artículo 62, de la Ley de Amparo, se procede al estudio de las causales de improcedencia y sobreseimiento advertidas por esta juzgadora e invocadas por las partes, ya que son de estudio preferente. 1. ********************en su carácter de presidente municipal de ********************, carece de interés jurídico para promover el amparo indirecto contra el auto reclamado, por lo que debe sobreseerse en el presente juicio Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgado considera que la parte quejosa ********************como presidente municipal de ******************** carece de interés jurídico para reclamar la medida de apremio que se le impuso. Esto, de conformidad con el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". Del artículo anterior se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando no afecta los intereses jurídicos o legítimos previstos en el artículo 5° de la Ley de Amparo. Por su parte, ese último precepto establece que la parte quejosa es aquella persona que aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de ese cuerpo normativo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, de manera directa o con motivo de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora bien, el interés jurídico al que alude el artículo 5° de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos humanos que le depare perjuicio. Es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por la norma, acto u omisión de alguna autoridad que le ocasiona un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o menoscabo en los derechos o intereses del particular. Luego entonces, si el interés jurídico deviene como consecuencia de la afectación de los derechos de una persona, en razón de una norma, acto u omisión de autoridad, la persona agraviada puede ocurrir al juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con clave 2a./J. 51/2019 (10a.), cuyo rubro y texto dicen lo siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". Precisado lo anterior, ********************como presidente municipal de ******************** carece de interés jurídico en este juicio debido a que la medida prevista en el artículo 124, fracción I, de la Ley del Servicio Civil del estado de Morelos, se aplica a la persona física o funcionaria que en su actuar como autoridad incurrió en un desacato, pero no al órgano de gobierno como tal. En consecuencia, si la medida de apremio que contiene el artículo de referencia, se dirige a la persona física que ostenta un cargo, no puede reconocerse el carácter de parte quejosa a dicha persona en su calidad de autoridad porque de ese modo, no se acredita el interés jurídico requerido para acudir al juicio de amparo. No es óbice a lo anterior el contenido del artículo 7° de la Ley de Amparo, que prevé la posibilidad de que una persona moral pública pueda solicitar la protección de la justicia federal por conducto de sus personas servidoras públicas o representantes. Sin embargo, este supuesto solo acontece cuando el acto o la ley que se reclama afecta directamente los intereses patrimoniales de esa entidad, respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentre en un plano de igualdad con los particulares. Pero ello no ocurre en el presente asunto, pues, en todo caso, de hacerse efectivo ese apercibimiento, la persona afectada sería quien ostenta la titularidad de esa oficina u órgano, pero no la persona moral oficial. Con base en lo anterior es que se estima que ********************como presidente municipal de ********************, carece de interés jurídico para reclamar la medida de apremio decretada. En consecuencia, se actualiza la hipótesis de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, por lo que se sobresee en el presente juicio respecto de ********************en su carácter de presidente municipal de ********************. 2. Se sobresee en el presente juicio por cuanto al Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del estado de Morelos, por no reclamar por vicios propios los actos que se le atribuyeron Por otro lado, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador advierte, de oficio, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, por cuanto al acto de publicación reclamado al Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Gobierno del estado de Morelos; preceptos que dicen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] VIII. Los conceptos de violación.". De los artículos transcritos se obtiene que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando esa improcedencia derive de alguna disposición de la Constitución general o de la propia Ley de Amparo. Por otro lado, se prevé que la demanda de amparo indirecto debe expresar, entre otras cosas, los conceptos de violación. En ese sentido, de la lectura efectuada a las constancias que obran en autos se advierte que la parte quejosa fue omisa en expresar conceptos de violación en contra del acto atribuido al Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Gobierno del estado de Morelos, consistente en la publicación reclamada. En virtud de lo anterior, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, por lo que se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************únicamente respecto del acto reclamado al Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Gobierno del estado de Morelos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 3a./J. 28/93, emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto es el siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACION EN DEMANDAS DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO EXISTEN DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO Y NO NEGAR EL AMPARO. Si se omite en la demanda de amparo expresar los conceptos de violación, o sólo se combate el acto reclamado diciendo que es incorrecto, infundado, inmotivado, o utilizando otras expresiones semejantes, pero sin razonar por qué se considera así, tales afirmaciones tan generales e imprecisas, no constituyen la expresión de conceptos de violación requerida por la fracción V del artículo 116 de la Ley de Amparo, y el Juez de Distrito, salvo el caso de suplencia de la queja deficiente, no puede juzgar sobre la constitucionalidad de los actos reclamados sin la existencia de conceptos de violación, lo cual determina la improcedencia del juicio, de conformidad con la fracción XVIII del artículo 73, en relación al artículo 116, fracción V, de la Ley de Amparo, y con apoyo en el artículo 74, fracción III, de dicha ley, debiéndose sobreseer en el juicio y no negar el amparo". 3. Es inoperante la causal de improcedencia consistente en la falta de conceptos de violación en contra el refrendo y la orden de publicación del precepto reclamado La representación del Secretario de Gobierno y del Gobernador del estado de Morelos consideró que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción VIII, de la Ley de Amparo, por considerar que la parte quejosa no esgrimió en su demanda, conceptos de violación en contra del refrendo y de la orden de publicación atribuida a dichas autoridades. Es inoperante la causal de improcedencia invocada en atención a que, contrario a lo señalado por la representación de las autoridades responsables, la parte quejosa sí hizo valer conceptos de violación en contra de tales actos, los cuales podrán ser analizados en el estudio de fondo de este asunto. Por tal motivo, a ningún fin práctico conduciría analizar una causal sustentada en una afirmación que no es verdadera, en virtud de que su estudio y la conclusión a la que se llegue serían ineficaces para considerar improcedente este juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 108/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS. Los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación, pues al partir de una suposición que no resultó verdadera, su conclusión resulta ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida". 4. Es infundada la causal de improcedencia propuesta por la Coordinación de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del estado de Morelos, consistente en que no tiene la calidad de autoridad responsable La representación de la Coordinación de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del estado de Morelos, sostuvo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 5° fracción II, ambos de la Ley de Amparo, debido a que no le asiste el carácter de autoridad responsable. Dicha causal de improcedencia es infundada, pues, contrario a lo aducido por esa autoridad, sí tiene la calidad de autoridad responsable. Para robustecer lo anterior, se estima pertinente analizar el contenido del artículo 5°, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.". El artículo anterior dispone que la autoridad responsable es aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En ese sentido, si la Coordinación de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del estado de Morelos, tiene entre sus facultades, el cobro de créditos fiscales derivados de multas impuestas por autoridades administrativas o judiciales, en términos del artículo 16, fracción XLII, del Reglamento Interior de esa secretaría, puede afirmarse que tiene el carácter de autoridad responsable ejecutora para efectos del juicio de amparo. De este modo encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, en el sentido de que es la autoridad que deberá ejecutar el acto que modifica o afecta la esfera jurídica de la parte quejosa. 5. Es infundada la causal de improcedencia consistente en la falta de conceptos de violación respecto del acto reclamado a la Coordinación de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del estado de Morelos La representación de la Coordinación de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del estado de Morelos, argumentó que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, debido a que la parte quejosa no esgrimió concepto de violación alguno en contra del acto que le atribuyó a esa autoridad. Tal causal de improcedencia es infundada, pues aun cuando la parte quejosa no hizo valer un concepto de violación en contra del acto de ejecución, es debido a que este todavía no se lleva a cabo; circunstancia que incluso fue manifestada en ese sentido por la autoridad responsable ejecutora. Sin embargo, como se adelantó, el acto que se atribuyó a dicha autoridad es de ejecución inminente, pues la autoridad exactora tiene entre sus facultades el cobro del crédito fiscal que equivale a quince unidades de medida y actualización, con motivo de una resolución emitida en el expediente ********************, por lo que no procede sobreseer en el presente juicio. 6. Es infundada la causal de improcedencia planteada por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del estado de Morelos consistente en la falta de interés de la parte quejosa El Presidente del Tribunal Estatal Conciliación y Arbitraje del estado de Morelos propuso la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XII, en relación con el artículo 5°, de la Ley de amparo, por considerar que la parte quejosa carece de interés para promover el presente juicio de amparo. A criterio de este órgano jurisdiccional es infundada la causal de improcedencia en atención a lo siguiente. Como se expuso en líneas anteriores, el artículo 61 fracción XII, de la Ley de Amparo, prevé que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos o legítimos del quejoso. Así, la persona que tenga el carácter de quejosa es aquella que aduce ser titular de derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la Ley de Amparo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, de manera directa o con motivo de su especial situación frente al orden jurídico. En ese contexto normativo, este juzgado estima que la parte quejosa sí tiene interés jurídico para acudir al juicio de amparo, sobre todo, si se toma en consideración que reclama una multa impuesta en la interlocutoria de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, emitida en el expediente ********************; así como su cobro, que puede causar una afectación a sus bienes, específicamente a su patrimonio, lo cual es un agravio a un derecho subjetivo tutelado por la Constitución general. De este modo, debe concluirse que sí tiene un interés para acudir al amparo indirecto y reclamar esa circunstancia; por lo que deviene infundada la causal de improcedencia invocada por la responsable. Finalmente, al no existir alguna otra causal de improcedencia susceptible de ser analizada, ni tampoco que este juzgador advierta de oficio, se procede al estudio de fondo de este asunto. SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. A continuación se procede al estudio del quinto concepto de violación, en el cual la parte quejosa refirió que la multa reclamada se sustentó en el artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del estado de Morelos, el cual es inconstitucional, ya que el secretario del ramo encargado del ramo no refrendó el decreto legislativo por el que se expidió ese ordenamiento. Dicho concepto de violación es fundado y suficiente para conceder el amparo solicitado, en atención a lo siguiente. En primer término, es importante precisar que de los artículos 70, fracción XVII, y 76 de la Constitución del Estado de Morelos, en su texto vigente en la época en que se llevó a cabo el proceso de creación de la Ley del Servicio Civil de la misma entidad, publicada el seis de septiembre de dos mil, en el Periódico Oficial de dicho Estado -que contiene la norma de carácter general reclamada-, se advierte que la Constitución del estado de Morelos, vigente en esa época, exigía el refrendo por parte del secretario del despacho encargado del ramo a que el asunto correspondiera y por el Secretario de Gobierno. Los invocados artículos 70 fracción XVII y 76 de la Constitución del estado de Morelos, disponen: "Artículo 70. Son facultades del Gobernador del Estado: [...] XVII. Promulgar y hacer cumplir las leyes o decretos del Congreso del Estado, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia, así como expedir los reglamentos autónomos necesarios para la buena marcha de los asuntos estatales." "Artículo 76. Todos los Decretos, Reglamentos y Acuerdos del Gobernador del Estado, deberán ser suscritos por el Secretario del Despacho encargado del Ramo a que el asunto corresponda. Las Leyes y Decretos Legislativos deberán ser firmados además por el Secretario de Gobierno." De la transcripción se desprende que el Gobernador tiene, entre otras facultades, promulgar las leyes y decretos que expida la Legislatura Estatal. Asimismo, se dispuso que los decretos promulgatorios debían ser refrendados, para que fueran obligatorios, por el Secretario General de Gobierno, y por el Secretario o Secretarios a cuya dependencia compete el asunto. Los artículos 8 y 9 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del estado de Morelos, eran concordantes con el texto constitucional, tal y como se ve de la siguiente transcripción: "Artículo 8o. El Gobernador del Estado expedirá los reglamentos interiores, decretos, acuerdos administrativos, circulares y demás disposiciones que tiendan a regular el funcionamiento de las dependencias y entidades de la administración pública. Asimismo, autorizará a los titulares de las dependencias la expedición de los manuales de organización y procedimientos que correspondan "Artículo 9o. Las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones de carácter general que expida o promulgue el ejecutivo, para que sean obligatorias deberán estar refrendadas por el secretario general de gobierno, por el procurador general de justicia, en su caso, y por el secretario o secretarios a cuya dependencia competa el asunto, debiendo ser publicados en el Periódico Oficial 'Tierra y Libertad'." Así, es indudable que en la fecha en que se publicó la Ley del Servicio Civil del estado de Morelos, donde se contiene la norma reclamada, los decretos mediante los cuales el Gobernador disponía la promulgación de leyes o decretos expedidos por la legislatura local, constituían actos de los comprendidos en el artículo 76 en cita y, por tanto, para su obligatoriedad debían cumplir con el requisito de validez relativo a la firma o refrendo del Secretario General de Gobierno y del Secretario o Secretarios a cuya dependencia correspondiera el asunto. Lo anterior es evidente, porque el mencionado artículo 76 se refiere primero a todos los decretos, reglamentos y acuerdos del Gobernador, para los que exige la firma del Secretario del Despacho encargado del Ramo a que el asunto corresponda, para después precisar que las leyes y decretos legislativos deben estar firmados además por el Secretario de Gobierno. Tal situación se conservó en el estado de Morelos hasta la reforma que sufrió el artículo 76 de la Constitución mediante publicación efectuada en el Periódico Oficial de veinte de julio de dos mil cinco, en que expresamente se dispuso: "El decreto promulgatorio que realice el titular del Ejecutivo del Estado respecto de las leyes y decretos legislativos, deberá ser refrendado únicamente por el Secretario de Gobierno." Ahora, por lo que se refiere al refrendo del decreto promulgatorio de la Ley del Servicio Civil del estado de Morelos, que se encuentra en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Gobierno del estado de Morelos, que constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 de la Ley del Servicio Civil del estado de Morelos, publicado el de seis de septiembre del dos mil, se advierte lo siguiente: "JORGE ARTURO GARCÍA RUBÍ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS HABITANTES SABED. Que el H. Congreso del Estado se ha servido enviarme para su promulgación lo siguiente: LA HONORABLE CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 40 FRACCIONES II y XX DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE MORELOS, Y C O N S I D E R A N D O. [...] Por lo anterior expuesto y fundado, esta Soberanía ha tenido a bien expedir la siguiente: LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS [...] Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado a los veintidós días del mes de agosto de dos mil. ATENTAMENTE [...] Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos el primer día del mes de septiembre del dos mil. SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS JORGE ARTURO GARCÍA RUBÍ SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO VÍCTOR MANUEL SAUCEDO PERDOMO RÚBRICAS" De lo expuesto, se colige claramente que, el decreto promulgatorio de la Ley del Servicio Civil del estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial de dicho Estado de seis de septiembre de dos mil, aparece firmado únicamente por el Gobernador y por el Secretario General de Gobierno; a pesar de que en esa fecha, para su obligatoriedad, era necesaria también la firma del Secretario de Desarrollo Económico, que en ese momento tenía a su cargo la materia de trabajo y previsión social. En efecto, la Ley Orgánica de la Administración Pública del estado de Morelos, publicada el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, que inicialmente encargó al Secretario General de Gobierno la materia de trabajo y previsión social, fue reformada por decreto publicado el siete de febrero de mil novecientos noventa y seis, mediante el cual se derogó la fracción XXI del artículo 27, en donde se contenía la referida materia como atribución del Secretario General de Gobierno, como se advierte de la siguiente transcripción: "Artículo 27. A la Secretaría General de Gobierno corresponde, además de las atribuciones que expresamente le confiere la Constitución Política del Estado, el despacho de los siguientes asuntos: [...] XXI. Formular, regular y conducir la política en materia de trabajo y previsión social" Para darle dicha atribución al Secretario de Desarrollo Económico, específicamente en la fracción XIII del artículo 29, en los términos siguientes: "Artículo 29. A la Secretaría de Desarrollo Económico le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: [...] XIII. Formular, regular y conducir la política en materia de trabajo y previsión social." Así, hasta que se publicó la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del estado de Morelos, en el Periódico Oficial de veintinueve de septiembre de dos mil, esto es, con posterioridad a la expedición del decreto promulgatorio de la Ley del Servicio Civil del mismo Estado y de su publicación, nuevamente se dejó en el ámbito de atribuciones de la Secretaría de Gobierno la materia de trabajo y previsión social. En consecuencia, si el decreto promulgatorio de la Ley del Servicio Civil del estado de Morelos solo aparece firmado por el Gobernador y el Secretario General de Gobierno, a pesar de que los artículos 76 de la Constitución y 9 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, ambas de dicho estado, exigían en la fecha de expedición del citado decreto promulgatorio y de su publicación en el Periódico Oficial de seis de septiembre de dos mil, el refrendo no sólo del Secretario General de Gobierno, sino también del Secretario encargado del Ramo, que en el caso concreto era el entonces Secretario de Desarrollo Económico, se concluye que la norma de carácter general reclamada es inconstitucional. Similares consideraciones fueron sostenidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las controversias constitucionales 173/2016 y 121/2017 que sirven de criterio orientador para este juzgado de distrito. En esas condiciones, se concede el amparo y protección de la justicia federal contra la interlocutoria de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, emitida en el expediente ********************, por sustentarse en un ordenamiento cuyo proceso legislativo se encuentra viciado de origen. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia PC.XVIII. J/5 A (10a.), sustentada por el entonces Pleno del Decimoctavo Circuito, que dice lo siguiente: "REFRENDO DE LOS DECRETOS PROMULGATORIOS DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS. LA REFORMA AL ARTÍCULO 76 DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL NO GENERA UNA CONSTITUCIONALIDAD SOBREVENIDA DEL DECRETO NÚMERO QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 17 DE NOVIEMBRE DE 1999, QUE SÓLO FUE REFRENDADO POR EL SECRETARIO DE GOBIERNO. Conforme a los artículos 76 de la Constitución Política del Estado de Morelos y 9 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, vigentes en la fecha en que se expidió el decreto Número Quinientos Ochenta y Siete, por el que se derogó la Ley General de Hacienda y se adicionaron diversas disposiciones a la Ley General de Hacienda Municipal, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el 17 de noviembre de 1999, ambas de esa entidad, todas las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones de carácter general que expidiera o promulgara el Ejecutivo del Estado, debían ser refrendados por el secretario general de Gobierno y por el secretario del ramo a cuya dependencia competa el asunto. Ahora bien, la circunstancia de que el artículo 76 constitucional de la localidad, se hubiere reformado mediante Decreto Número Setecientos Veintisiete, publicado en el citado medio de difusión oficial el 20 de julio de 2005, y determine que los decretos promulgatorios que realice el titular del Ejecutivo Estatal, respecto de las leyes y los decretos legislativos, sólo deberán ser refrendados por el secretario de Gobierno, no genera una constitucionalidad sobrevenida del Decreto Quinientos Ochenta y Siete de referencia, que sólo fue refrendado por el citado secretario, pues en la época en que fue expedido, la legislación local exigía que fueran suscritos tanto por el secretario de gobierno como por el secretario del ramo competente; además, no se justifica que las leyes que en aquel momento se promulgaron en contravención al procedimiento establecido en la Constitución Política y en la Ley Orgánica de la Administración Pública, ambas del Estado de Morelos, sean convalidadas en virtud de la reforma citada, ya que ésta no subsana los vicios del procedimiento con que se promulgó dicho decreto; por lo que su aplicación causa perjuicio a los particulares". Por tanto, resulta innecesario analizar las restantes argumentaciones de la quejosa, pues aun de resultar fundadas no depararían un mayor beneficio al ya alcanzado. Tiene aplicación, la jurisprudencia VI.2o.J/7, del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito que dice lo siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACION. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. Si al considerarse fundado un concepto de violación ello trae como consecuencia la concesión del amparo, es innecesario analizar los restantes, ya que cualquiera que fuera el resultado de ese estudio, en nada variaría el sentido de la sentencia". SÉPTIMO. Efectos del amparo. Con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la justicia federal a ********************para el efecto de que el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del estado de Morelos, en el plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que sea notificado del acuerdo por el que esta resolución cause ejecutoria, realice lo siguiente: 1. Deberá dejar sin efectos la interlocutoria de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, emitida en el expediente ********************, en la cual impuso a la parte quejosa una multa por la cantidad de quince unidades de medida y actualización, así como todas las actuaciones que hubiere emitido con la finalidad de ejecutar la citada multa. 2. La protección concedida se hace extensiva a los actos de cobro reclamados a las autoridades ejecutoras. Debe precisarse que si bien la tutela protectora alcanza al Congreso, al Gobernador, al Secretario de Gobierno y al Secretario de Desarrollo Económico y del Trabajo, todos ellos del estado de Morelos, autoridades responsables que concurrieron en el proceso legislativo de la norma declarada inconstitucional, no implica que esas autoridades deban realizar algún acto concreto en cumplimiento al fallo protector, de conformidad con lo señalado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al aprobar la tesis P. CXXXVII/96, que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ÓRGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN. De los antecedentes históricos que dieron lugar a la consagración constitucional del principio de relatividad de las sentencias de amparo y de los criterios sentados por este tribunal sobre la materia, particularmente del establecido en los asuntos de los cuales derivaron las tesis jurisprudenciales publicadas con los números 200 y 201 del Tomo I del Apéndice de 1995, con los rubros de "LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACION" y "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN", se desprende que los efectos de la sentencia que concede el amparo en contra de una ley reclamada con motivo de su aplicación concreta, actúan hacia el pasado, destruyendo el acto de aplicación que dio lugar a la promoción del juicio y los actos de aplicación que en su caso se hayan generado durante la tramitación del mismo, y actúan hacia el futuro, impidiendo que en lo sucesivo se aplique al quejoso la norma declarada inconstitucional, pero no alcanzan a vincular a las autoridades que expidieron, promulgaron, refrendaron y publicaron dicha norma, ni las obligan a dejar insubsistentes sus actos, pues la sentencia de amparo no afecta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de eficacia general. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 74, 75, 76, 77 fracción I, y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ******************** en su carácter de presidente municipal de ********************, y por cuanto al Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Gobierno del estado de Morelos, en términos de lo expuesto en el considerando quinto de este fallo. SEGUNDO. La justicia de la unión ampara y protege a ******************** respecto de los actos y autoridades responsables señaladas en el considerando segundo de esta resolución, por los motivos y para los efectos precisados en los considerandos sexto y séptimo de esta sentencia, respectivamente. Notifíquese por lista y a las partes conforma a lo siguiente: Parte Notificación Quejosa Personalmente Autoridades responsables Por oficio Agente del ministerio público federal adscrito a este juzgado Personalmente Así lo resolvió y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con la asistencia de Jesús Alejandro Gutiérrez Godínez, secretario que autoriza y da fe, hasta hoy trece de julio de dos mil veintitrés, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diez de julio de dos mil veintitrés. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por ********************, Subdirectora de Prestamos de Expedientes y Asesorías, Dirección General de Archivo y Documentación, mediante el cual solicita la devolución del original del juicio de amparo ********************, mismo que se encuentra bajo su resguardo; en consecuencia, al ser innecesaria su retención, devuélvase el original a la autoridad oficiante, solicitando el acuse respectivo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jacobo Jaimes Brito, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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