Jorge Arturo Diaz de Sandi Cedeño

Expediente 357/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 10 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
357/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
20/07/2023

Partes del expediente

  • Jorge Arturo Diaz de Sandi Cedeño

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinte de julio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la sentencia dictada el veintisiete de junio de dos mil veintitrés; en la cual se determinó sobreseer el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés; este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el Capítulo Sexto, artículo 20, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además de que no tiene relevancia documental para su conservación y carece de valor jurídico o histórico, al no ubicarse en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General referido. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros electrónicos; y una vez que transcurran tres años, desde esta fecha, y previamente a la realización de la visita de inspección que corresponda, procédase a la destrucción del expediente dentro del plazo de treinta días siguientes y a remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que haya lugar a ordenar notificar de manera personal el presente acuerdo, acorde al segundo párrafo del artículo 20 del acuerdo en cita, en razón de que no hay documentos originales en este expediente, por tanto, se ordena su notificación por lista. Notifíquese.

  2. Principal

    Audiencia Constitucional ...En Cuernavaca, Morelos, a las once horas con treinta y cinco minutos del veintisiete de junio de dos mil veintitrés, en audiencia pública Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, asistida de Mac Quetzin Murillón Duarte, secretario con quien legalmente actúa, inicia a la audiencia constitucional del juicio de amparo indirecto 357/2023, promovido por ******************, sin asistencia de las partes. Luego, a fin de relacionar las constancias que obran en autos, el secretario hace constar que se da lectura a cada una de ellas, entre las que se encuentran por su importancia, el escrito inicial de demanda, ampliación de demanda, autos admisorios de ambas e informes justificados rendidos por la autoridad responsable. Enseguida la Jueza acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Acto continuo, la Jueza declara abierto el periodo probatorio: El secretario procede a dar cuenta con las pruebas ofrecidas por la quejosa y la autoridad responsable. A lo anterior la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza tales pruebas documentales. Luego, la Jueza declara abierto el periodo de alegatos: En el que el secretario hace constar que ninguna de las partes ejerció ese derecho ni la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita presentó pedimento. En esas condiciones, se procede a cerrar el período de alegatos y, al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se da por concluida la presente audiencia y en vista de lo actuado, se procede al dictado de la siguiente resolución. S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos ha tenido vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 357/2023; y R E S U L T A N D O ...C O N S I D E R A N D O ... III. Inexistencia del acto reclamado. No es cierta la omisión reclamada al [1] Procurador de Protección al Ambiente del Estado de Morelos, consistente en a) la omisión o falta de contestación del escrito presentado por el quejoso el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, en el que solicitó la inspección, suspensión y clausura del bien inmueble destinado a la construcción de una escuela denominada "*****", así como que el propietario de dicho inmueble fuera sancionado. Lo anterior pues, además de que así lo negó la autoridad responsable al rendir su informe justificado, tal negativa se encuentra corroborada con el contenido de las constancias remitidas en copia certificada relativas al expediente PROPAEM/INC/012/2022-DEN, documentales a las cuales se les confiere pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme su numeral 2°, por tratarse de documentales públicas, al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones y en consecuencia, dichas aseveraciones y tales documentales, resultan suficientes para acreditar su inexistencia, pues de ellas se advierte que efectivamente el amparista presentó ante la autoridad responsable un escrito el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, sin embargo, el veintinueve de septiembre siguiente la autoridad dio contestación a su solicitud y además, se le notificó al quejoso a través de lista el cuatro de octubre de dos mil veintidós. Por lo que es claro que, a la fecha de presentación de la demanda de amparo -diez de marzo de dos mil veintitrés- no existía la omisión reclamada, en tanto que tratándose de actos omisivos, al igual que los positivos, la fecha de presentación de la demanda resulta determinante para acreditar su existencia, como evidenció por analogía la jurisprudencia 2a./J. 63/2022 (11a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2025625, de rubro "AMPARO INDIRECTO EN MATERIA LABORAL. PARA QUE RESULTE PROCEDENTE CONTRA DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS EN EL DICTADO DEL LAUDO, ES NECESARIO QUE EL PLAZO RAZONABLE DE MÁS DE 45 DÍAS NATURALES AL QUE HACE REFERENCIA LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 33/2019 (10a.), HAYA TRANSCURRIDO A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO." En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo se sobresee en juicio, respecto del acto aquí analizado. IV. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la responsable consistente en b) el acuerdo dictado el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, mediante el cual dio contestación al escrito presentado por el quejoso de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, pues pese a que la responsable negó el acto reclamado, tal negativa se encuentra desvirtuada con el contenido de las constancias remitidas en copia certificada relativas al expediente PROPAEM/INC/012/2022-DEN, pues de ellas se advierte que la responsable dictó el referido acuerdo. Por tanto, a dichas documentales se les confiere pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme su numeral 2°, por tratarse de documentales públicas, al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones y en consecuencia, tales documentales resultan suficientes para acreditar su existencia. V. Improcedencia. El estudio de las causas de improcedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto, lo aleguen o no las partes, tal y como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo En el presente caso, este juzgado advierte de oficio que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, en relación con los artículos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que señalan que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del plazo que establece el numeral 17 citado; pues la demanda no se presentó oportunamente. Los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo disponen que el juicio de amparo debe promoverse en el plazo de quince días, contados a partir del siguiente al en que: 1. Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acto que reclame. 2. El quejoso haya tenido conocimiento de la resolución o acto que reclama, o de su acto de ejecución. 3. El quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Lo cual opera siempre que no se actualice alguno de los supuestos de excepción señalados en las fracciones I a IV del artículo 17 de la Ley de Amparo; es decir, que se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, en el que el plazo para la presentación de la demanda será de treinta días, se reclame una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, en el que será de hasta ocho años, se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto la privación de propiedad, posesión o disfrute de bienes agrarios, en el que será de siete años y se trate de actos que impliquen la privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de persona o alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional, en donde la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo. Ahora bien, como se precisó, se reclama de la autoridad responsable b) el acuerdo dictado el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, mediante el cual dio contestación al escrito presentado por el quejoso de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, señalado como acto reclamado precisado en el inciso a) de esta sentencia; sin que de tal acto se advierta que se actualice alguno de los supuestos de excepción en el plazo para la presentación de la demanda de amparo que se prevén en las fracciones antes señaladas del artículo 17 de la Ley de Amparo. Por tanto, en el presente asunto, el plazo para la presentación de la demanda de amparo es de quince días, actualizándose la causa de improcedencia en análisis, toda vez que la demanda no fue presentada dentro de dicho plazo. Lo anterior, porque de la copia certificada del acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, allegado por la autoridad responsable al rendir su informe justificado, se advierte que el mismo le fue notificado al quejoso el cuatro de octubre de dos mil veintidós, por medio de lista. Precisamente, de las constancias remitidas por la responsable se advierte que el acuerdo reclamado de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, fue notificado por lista el cuatro de octubre del mismo año, pues en ese mismo acuerdo se determinó su notificación de dicha forma al considerar la responsable que no estaba en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos. Lo cual no fue combatido por el quejoso en el presente juicio de amparo, pues no formuló concepto de violación al respecto, sin que se esté en alguno de los supuestos de suplencia de la queja ante la ausencia de conceptos de violación, establecidos en el artículo 79 de la Ley de Amparo. De allí que dicha notificación constituye la actuación que debe ser considerada para el cómputo de la promoción del juicio de amparo, al gozar de presunción de validez, y al no haber sido impugnada por el medio de defensa correspondiente, tal como ilustra por analogía la jurisprudencia número 2a./J. 125/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2013077, del contenido siguiente: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA DE TRABAJO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, AL ESTUDIAR LA OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, NO ESTÁN FACULTADOS PARA ANALIZAR LA LEGALIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DEL LAUDO RECLAMADO. La notificación es un acto procesal a cargo del órgano jurisdiccional ordinario que se encuentra revestido de formalidades legales, por lo que su documentación constituye un instrumento público que tiene una presunción de validez, al ejecutarlo un funcionario público en ejercicio de sus facultades y, por ende, una vez realizado, genera los efectos y consecuencias jurídicas que implica, por lo menos hasta que se demuestre la falta de cumplimiento de esas formalidades en su diligenciación y, en ese sentido, su ineficacia para demostrar la comunicación de un acto o resolución, desde luego, a través del medio de impugnación que permita analizar ese tipo de vicios. Así, la parte que no esté conforme con la notificación efectuada por el órgano jurisdiccional respecto del laudo que pretende combatir, tiene la carga procesal de impugnar dicho acto a través del incidente de nulidad de notificaciones (regulado por la legislación laboral), pues de lo contrario, esa actuación debe entenderse consentida, además de subsistente y con plenos efectos legales. Luego, el juicio de amparo directo no es el medio pertinente para determinar la legalidad o ilegalidad de la notificación practicada por el órgano jurisdiccional emisor del laudo reclamado, ni siquiera al realizar el estudio de la oportunidad de la presentación de la demanda, por lo que cuando exista constancia de que se efectuó la notificación respectiva a determinada parte en el juicio laboral, los Tribunales Colegiados de Circuito deben atender a ella y a la fecha de su diligenciación para analizar la procedencia del juicio de amparo directo, específicamente para realizar el cómputo a efecto de determinar si se promovió oportunamente, sin que puedan hacer un análisis de las formalidades que en la práctica de dicha notificación se siguieron ni desconocer su existencia, pues ello implicaría someter a escrutinio un acto que no integra litis que, como se ha apuntado, se ciñe al análisis del laudo dictado en el juicio laboral y, en su caso, de las violaciones en el procedimiento que le dieron origen." Así como por identidad, la diversa jurisprudencia 1a./J. 5/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2005791, del contenido siguiente: "AMPARO DIRECTO MERCANTIL. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO AL ESTUDIAR LA OPORTUNIDAD EN LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, NO ESTÁN FACULTADOS PARA ANALIZAR, OFICIOSAMENTE, LA LEGALIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. La notificación es un acto procesal a cargo del tribunal que se encuentra revestido de formalidades legales, por lo que su documentación constituye un instrumento público que cuenta con una presunción de validez, al ser ejecutado por un funcionario público en ejercicio de sus facultades y, por ende, hace fe a menos de que su contenido sea desvirtuado por prueba en contrario. En ese sentido, cuando en un procedimiento mercantil, las partes consideran que la notificación de una resolución, no se realizó conforme a las reglas establecidas, están facultadas para interponer el incidente de nulidad de notificaciones previsto en el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente al Código de Comercio, de conformidad con su artículo 1054. Ahora bien, cuando se impugne vía amparo directo la resolución de un juicio mercantil, resulta inconcuso que los tribunales colegiados de circuito no pueden ir más allá de lo pedido por las partes y, por tanto, al estudiar la oportunidad en la presentación de la demanda, no pueden analizar oficiosamente o fuera del procedimiento establecido para ello, la legalidad de la notificación de dicha resolución; lo anterior es así, toda vez que los artículos 21 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y 18 de la vigente a partir del día siguiente, establecen que las notificaciones se rigen por la ley del acto reclamado; motivo por el cual debe agotarse el medio de defensa (incidente de nulidad de notificaciones) con el que cuentan las partes, en el procedimiento de origen, para impugnar las irregularidades cometidas; sin que dicha conclusión impida que las partes de manera excepcional puedan hacer valer un diverso medio de defensa, ante la imposibilidad material de agotar el referido incidente." En consecuencia, de las constancias de referencia se tiene que, el amparista tuvo conocimiento del referido acto reclamado el cuatro de octubre de dos mil veintidós; y, la ampliación de su demanda de amparo contra el referido acuerdo, se presentó hasta el veinticinco de abril de dos mil veintitrés, esto es, una vez que había transcurrido en exceso el plazo de quince días con el que contaba para presentar la demanda de amparo. Lo anterior, ya que cuando a la parte quejosa se le notificó por la responsable previamente el acto reclamado, a que se tuviera conocimiento del mismo dentro del juicio de amparo mediante el informe justificado, el cómputo para la promoción del juicio constitucional inicia a partir de dicha notificación, al ubicarse en uno de los supuestos previstos en el artículo 18 de la Ley de Amparo, ello de conformidad a la jurisprudencia P./J. 8/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2016652 de contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. MOMENTO EN EL QUE INICIA EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR SU AMPLIACIÓN, CON MOTIVO DE LA RENDICIÓN DEL INFORME JUSTIFICADO. El artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo incorpora expresamente la figura de la ampliación de la demanda de amparo, para los casos en que no hayan transcurrido los plazos para su presentación, o bien, cuando el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los reclamados en la demanda inicial, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional. Este segundo supuesto se actualiza cuando el quejoso tiene conocimiento de nuevos actos reclamados o autoridades responsables, o la necesidad de presentar conceptos de violación novedosos derivados de la fundamentación y motivación que no se conocía con anterioridad, siempre que exista una estrecha relación con los actos impugnados inicialmente. Ahora, si bien el supuesto es abierto, por lo regular el referido conocimiento deriva directamente de las constancias y del contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. En este caso, el cómputo del plazo para presentar la ampliación de demanda inicia al día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que tiene por recibido el informe justificado y ordena dar vista al quejoso, excepto cuando se acredite plenamente, que antes de la mencionada notificación, éste se ubicó en alguno de los supuestos previstos en el artículo 18 de la Ley de Amparo, esto es, que conoció con anterioridad la materia novedosa, en cuyo caso el cómputo inicia a partir del día siguiente a ese conocimiento; sin que lo anterior esté vinculado con la vista que se otorga a las partes para imponerse del contenido del informe justificado, por ser actos procesales diferentes con finalidades también distintas, esto es, por un lado se encuentra la posibilidad de: (i) ampliar la demanda ante el conocimiento de actos, autoridades o aspectos novedosos relacionados - incorporando a la litis del amparo elementos que no habían sido integrados al juicio y, por ende, es necesario solicitar un nuevo informe justificado, ya sea a la propia autoridad o a una nueva-; y, por otro, (ii) imponerse del contenido del informe justificado respecto de argumentos y pruebas relacionados con el acto reclamado por el que originalmente se admitió la demanda. Una interpretación en la que se asumiera que el plazo para ampliar la demanda debe computarse a partir del día siguiente al del fenecimiento de la vista para imponerse del informe justificado, traería consigo, como consecuencia, alterar el contenido del artículo 18 invocado, ampliando sin fundamento legal los plazos establecidos por el legislador." Entonces, si el quejoso acorde al artículo 38 de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos quedó notificado de la determinación reclamada el cuatro de octubre de dos mil veintidós, por medio de lista, dicha notificación, surtió sus efectos al día siguiente hábil en que fue practicada, pues así lo determinó la propia autoridad en la certificación que asentó de la misma. Por lo tanto, el lapso para promover el juicio de amparo transcurrió del seis al veintisiete de octubre de dos mil veintidós, debiendo descontarse los días ocho, nueve, doce, quince, dieciséis, veintidós y veintitrés de octubre del referido año, al tratarse de días inhábiles y por ser sábados y domingos de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que si su ampliación de demanda de amparo fue recibida el veinticinco de abril de dos mil veintitrés, es claro que su presentación fue fuera del plazo con que contaba para ello, siendo incuestionable que la presentación de la demanda de amparo se realizó en forma extemporánea. De allí que se actualiza la causa de improcedencia de estudio, ello aunado, a que en todo caso, también se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del numeral 61, en relación con el 108, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, referente a la ausencia de conceptos de violación, en tanto que en su ampliación de demanda el quejoso no expuso conceptos de violación en contra del acto de referencia, tal como apoya la tesis XVII.2o.7 K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, de rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. LA AUSENCIA O FALTA DE. DETERMINA LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS, CONFORME AL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII EN RELACIÓN CON EL ARTICULO 166, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO". Lo anterior, pues no se está uno de los supuestos de suplencia de la queja ante la ausencia de conceptos de violación contenidos en las fracciones I, II, III, IV, V y VII del artículo 79 de la Ley de Amparo, por lo que este juzgado no estaba obligado a prevenir al quejoso ante tal omisión, tal como lo establece la jurisprudencia P./J. 111/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, durante la Novena Época Judicial, con registro 180159, de rubro "DEMANDA DE AMPARO. LA AUSENCIA TOTAL DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN NO MOTIVA QUE EL JUZGADOR PREVENGA AL QUEJOSO." Sin que se inadvierta que dichos criterios fueron tomados en base a la Ley de Amparo abrogada, no obstante, el contenido de los preceptos interpretados es sustancialmente igual a lo que actualmente se encuentra previsto en los artículos 118 y 114 de la ley de la materia vigente, los cuales prevén los requisitos que debe llevar la demanda de amparo y los supuestos en donde el órgano jurisdiccional requerirá al promovente para subsanar alguna irregularidad de la misma. En consecuencia, al actualizarse las causales de improcedencia en estudio se sobresee en este juicio de garantías con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, respecto de b) el acuerdo dictado el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, mediante el cual dio contestación al escrito presentado por el quejoso de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 73 al 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio, promovido por ********************contra el [1] Procurador de Protección al Ambiente del Estado de Morelos, respecto de los actos precisados en el segundo punto considerativo señalados con los incisos a) y b), por las razones expuestas en el tercero y último de esta sentencia Notifíquese; y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistida de Mac Quetzin Murillón Duarte, Secretario que autoriza y da fe. hoy veintisiete de junio de dos mil veintitrés, en que las labores de este juzgado así lo permitieron.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, doce de junio de dos mil veintitrés. ...Agréguese para que obre como corresponda el oficio signado por el Procurador de Protección al Ambiente del Estado de Morelos, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento realizado el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, y remite copia certificada y legible de la constancia de notificación de cuatro de octubre de dos mil veintidós, a través del cual se notifica al quejoso el acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, así como del citatorio que glosado en las constancias que remitió a través de su informe justificado con número de folio 9078, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que procedan en los términos legales correspondientes. Notifíquese.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dos de junio de dos mil veintitrés. ...Agréguese para que obre como corresponda el oficio signado por el Subdelegado de Recursos Naturales, Encargado de Despacho de la Oficina de Representación de Protección al Ambiente en el Estado de Morelos, por medio del cual devuelve el oficio 12694/2023, dirigido al Procurador de Protección al Ambiente del Estado de Morelos, en razón de que fue entregado y recibido en las oficinas de esa representación de la PROFEPA en el Estado de Morelos. Atento su contenido, se ordena el reenvió del citado oficio al domicilio correcto de la autoridad responsable Procurador de Protección al Ambiente del Estado de Morelos, para los efectos insertos en el mismo. Notifíquese.

Quedan 6 actuaciones en este expediente

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