Jorge Arturo Conejo Martínez
Expediente 826/2019 tramitado ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 19 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 826/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 10/11/2021
Partes del expediente
- Jorge Arturo Conejo Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
Tijuana, Baja California, a seis de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos de los que se advierte que no se ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, y con fundamento en los artículos 192, 197, 238 y 258 de la Ley de Amparo, requiérase al Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, para que en el plazo de tres días cumpla con lo siguiente: "QUINTO. En mérito de lo expuesto, a fin de restituir al quejoso en el derecho fundamental vulnerado, con apoyo en el artículo 77, de la Ley de Amparo, la concesión de amparo y protección de la Justicia Federal, es para el efecto de que la autoridad responsable Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, realice lo siguiente: I. Deje insubsistente el auto de vinculación a proceso dictado el ocho de agosto de dos mil diecinueve, en la causa penal 948/2017. II. Hecho lo anterior, señale fecha y hora para la reposición del procedimiento a partir del momento de individualizarse las partes, se cerciore que *****, persona que asistió a ********, como defensor público en la audiencia, sea licenciado en derecho, lo que acontecerá con el hecho de que haga la declaración del número que se le otorgó en el centro de registro y el correspondiente a su cédula profesional y con el cuestionamiento que la juez de control haga al encargado de sala, si verificó que los datos proporcionados por el defensor público corresponden con la cédula profesional que detenta. III. Hecho lo anterior y después de que se cerciore que el implicado cuenta con una defensa técnica en la audiencia inicial, sin dar intervención a las partes se pronuncie nuevamente sobre la vinculación a proceso, sin variar el sentido de la anterior, a fin de no comprometer el principio de continuidad y concentración de actos procesales. IV. En el supuesto de que la persona que asistió al imputado como defensor público no acredite ser licenciado en derecho por no contar con cédula profesional, deberá dejar insubsistente el procedimiento hasta antes de la formulación de la imputación, para que, en el caso de no contar con un defensor particular que asista al implicado en la audiencia, designe al defensor público de la adscripción, para lo cual, en ambos casos deberá cerciorarse en audiencia videograbada que la persona que lo asista cuente con cédula profesional. Lo que deberá quedar registrado en la videograbación en observancia de los principios que rigen el sistema de justicia penal de corte acusatorio y oral, así como los derechos humanos del imputado. Hecho lo anterior, deberá dar continuidad a los subsecuentes actos procesales que conforman la audiencia inicial, donde resolverá con libertad de jurisdicción cada debate planteado por las partes. V. Para el caso de que el cumplimiento a la presente ejecutoria, deba realizarse por juzgador diverso, deberá dejar insubsistente el procedimiento hasta antes de la formulación de la imputación, cerciorarse en audiencia videograbada que la persona que asista al implicado cuente con cédula profesional y continuar con el desarrollo de las subsecuentes etapas procesales, donde deberá resolver con libertad de jurisdicción la situación jurídica del quejoso. Por su contenido se cita la tesis I.8o.P.13 P (10a.), sustentada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la página 2867, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, junio de 2017, Tomo IV, Materia Común, Décima Época, con rubro y texto: 'AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SI EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA SE ADVIERTE ALGUNA VIOLACIÓN A DERECHOS FUNDAMENTALES QUE DEBA SER REPARADA POR EL JUEZ DE CONTROL, PROCEDE ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, A FIN DE QUE SE DEJE PARCIALMENTE SIN EFECTOS LA AUDIENCIA INICIAL. De los artículos 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, 307, párrafo primero, 334, 348 y 349 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que el sistema procesal penal acusatorio y oral se diseñó bajo una metodología de audiencias, las cuales tienen como finalidad solventar las cuestiones relativas a las etapas procesales que comprende el procedimiento penal; de manera que las audiencias inicial, intermedia y de debate, al estar directamente relacionadas con las etapas de investigación, intermedia o de preparación a juicio y de juicio, respectivamente, comparten su principal característica, consistente en que el orden que guardan no es casual, sino que coordina una serie de actos que se relacionan o entrelazan entre sí, necesarios para alcanzar los fines del procedimiento. Lo anterior, también permea en los temas que se resuelven en cada una de dichas audiencias, en razón de que pertenecen a la misma dinámica procesal; de ahí que el orden en que el numeral 307 invocado establece los temas que en la audiencia inicial se abordarán, es decir, la información al indiciado sobre sus derechos, el control de la detención, la formulación de la imputación, la oportunidad de declarar del imputado, la vinculación a proceso, las medidas cautelares y el plazo para el cierre de la investigación, tampoco es accidental, pues obedece al desarrollo lógico jurídico de aquéllos, en el que guardan una relación de interdependencia progresiva, dado que el sentido de la determinación adoptada en relación con cada uno de esos temas, constituye el sustento del siguiente y, por ende, una vez superado el anterior, queda consumada la actuación practicada en éste; de lo que se sigue que la actuación posterior puede modificarse sin afectar a la anterior, pero no a la inversa. En ese sentido, si en el juicio de amparo indirecto promovido contra el auto de vinculación a proceso, se advierte alguna violación a derechos fundamentales que deba ser reparada por el Juez de control y, aun en suplencia de la queja, no se aprecia otra transgresión en los diversos temas que previamente se dilucidaron, procede que, para restituir al quejoso en el pleno goce de sus derechos, se ordene la reposición del procedimiento a fin de que se deje parcialmente sin efectos la audiencia inicial, a partir del dictado de dicha resolución, pues las actuaciones practicadas con anterioridad no se afectan, si se dejan insubsistentes las posteriores' (.)" Se apercibe a dicha autoridad que de no hacerlo así, precisamente en el término concedido, se le impondrá multa por el equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, según lo dispuesto en el artículo 258, de la invocada normatividad; medida de apremio que se estima prudente fijar en dicho monto, a fin de cumplir con el mandato judicial establecido y lograr la eficaz prosecución del procedimiento. Asimismo, se hace del conocimiento de la referida responsable que, de no quedar cumplida dicha ejecutoria de amparo, sin causa justificada, en el plazo fijado, se hará pronunciamiento al respecto, se impondrá la multa procedente y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado competente, para seguir el trámite de inejecución que podría culminar con la separación de su puesto y su consignación. Lo anterior en términos del artículo 193, de la Ley de Amparo. Este proveído se firma de manera electrónica por el suscrito juzgador y el secretario que da fe, al tener el mismo valor de firma autógrafa y se instruye al personal correspondiente para que, en su oportunidad, se incluya la evidencia criptográfica de la firma para la actualización de los expedientes físicos, en términos de los artículos 3, fracciones I, V y VII, 22 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencias de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, a veintitrés de julio de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio de cuenta signado por el Notificador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana; en atención al contenido, este juzgado federal, toma conocimiento de las gestiones que realiza para estar en posibilidad de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 192, último párrafo de la Ley de Amparo, se le otorga una prórroga de quince días, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, a efecto de que se encuentre en aptitud de cumplir con el fallo protector, en el entendido de que continúa subsistente el apercibimiento con el que se le requirió. Este proveído se firma de manera electrónica por el suscrito juzgador y el secretario que da fe, al tener el mismo valor de firma autógrafa y se instruye al personal correspondiente para que, en su oportunidad, se incluya la evidencia criptográfica de la firma para la actualización de los expedientes físicos, en términos de los artículos 3, fracciones I, V y VII, 22 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencias de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte. Notifíquese.
- Principal
Visto el escrito de cuenta remitido por el defensor público del quejoso Jorge Arturo Conejo Martínez; así como el contenido de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días previsto por el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia constitucional dictada en autos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 2 de la ley invocada, en relación con los diversos numerales 355 y 356, fracción II del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia en la que se otorgó el amparo y la protección de la Justicia Federal, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. Ahora, en el fallo protector pronunciado en este juicio se determinó que la autoridad obligada al cumplimiento es el Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, en los siguientes términos: "QUINTO. En mérito de lo expuesto, a fin de restituir al quejoso en el derecho fundamental vulnerado, con apoyo en el artículo 77, de la Ley de Amparo, la concesión de amparo y protección de la Justicia Federal, es para el efecto de que la autoridad responsable Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, realice lo siguiente: I. Deje insubsistente el auto de vinculación a proceso dictado el ocho de agosto de dos mil diecinueve, en la causa penal 948/2017. II. Hecho lo anterior, señale fecha y hora para la reposición del procedimiento a partir del momento de individualizarse las partes, se cerciore que Enrique Palomares Valdez, persona que asistió a Jorge Arturo Conejo Martínez, como defensor público en la audiencia, sea licenciado en derecho, lo que acontecerá con el hecho de que haga la declaración del número que se le otorgó en el centro de registro y el correspondiente a su cédula profesional y con el cuestionamiento que la juez de control haga al encargado de sala, si verificó que los datos proporcionados por el defensor público corresponden con la cédula profesional que detenta. III. Hecho lo anterior y después de que se cerciore que el implicado cuenta con una defensa técnica en la audiencia inicial, sin dar intervención a las partes se pronuncie nuevamente sobre la vinculación a proceso, sin variar el sentido de la anterior, a fin de no comprometer el principio de continuidad y concentración de actos procesales. IV. En el supuesto de que la persona que asistió al imputado como defensor público no acredite ser licenciado en derecho por no contar con cédula profesional, deberá dejar insubsistente el procedimiento hasta antes de la formulación de la imputación, para que, en el caso de no contar con un defensor particular que asista al implicado en la audiencia, designe al defensor público de la adscripción, para lo cual, en ambos casos deberá cerciorarse en audiencia videograbada que la persona que lo asista cuente con cédula profesional. Lo que deberá quedar registrado en la videograbación en observancia de los principios que rigen el sistema de justicia penal de corte acusatorio y oral, así como los derechos humanos del imputado. Hecho lo anterior, deberá dar continuidad a los subsecuentes actos procesales que conforman la audiencia inicial, donde resolverá con libertad de jurisdicción cada debate planteado por las partes. V. Para el caso de que el cumplimiento a la presente ejecutoria, deba realizarse por juzgador diverso, deberá dejar insubsistente el procedimiento hasta antes de la formulación de la imputación, cerciorarse en audiencia videograbada que la persona que asista al implicado cuente con cédula profesional y continuar con el desarrollo de las subsecuentes etapas procesales, donde deberá resolver con libertad de jurisdicción la situación jurídica del quejoso. Por su contenido se cita la tesis I.8o.P.13 P (10a.), sustentada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la página 2867, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, junio de 2017, Tomo IV, Materia Común, Décima Época, con rubro y texto: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SI EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA SE ADVIERTE ALGUNA VIOLACIÓN A DERECHOS FUNDAMENTALES QUE DEBA SER REPARADA POR EL JUEZ DE CONTROL, PROCEDE ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, A FIN DE QUE SE DEJE PARCIALMENTE SIN EFECTOS LA AUDIENCIA INICIAL. De los artículos 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, 307, párrafo primero, 334, 348 y 349 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que el sistema procesal penal acusatorio y oral se diseñó bajo una metodología de audiencias, las cuales tienen como finalidad solventar las cuestiones relativas a las etapas procesales que comprende el procedimiento penal; de manera que las audiencias inicial, intermedia y de debate, al estar directamente relacionadas con las etapas de investigación, intermedia o de preparación a juicio y de juicio, respectivamente, comparten su principal característica, consistente en que el orden que guardan no es casual, sino que coordina una serie de actos que se relacionan o entrelazan entre sí, necesarios para alcanzar los fines del procedimiento. Lo anterior, también permea en los temas que se resuelven en cada una de dichas audiencias, en razón de que pertenecen a la misma dinámica procesal; de ahí que el orden en que el numeral 307 invocado establece los temas que en la audiencia inicial se abordarán, es decir, la información al indiciado sobre sus derechos, el control de la detención, la formulación de la imputación, la oportunidad de declarar del imputado, la vinculación a proceso, las medidas cautelares y el plazo para el cierre de la investigación, tampoco es accidental, pues obedece al desarrollo lógico jurídico de aquéllos, en el que guardan una relación de interdependencia progresiva, dado que el sentido de la determinación adoptada en relación con cada uno de esos temas, constituye el sustento del siguiente y, por ende, una vez superado el anterior, queda consumada la actuación practicada en éste; de lo que se sigue que la actuación posterior puede modificarse sin afectar a la anterior, pero no a la inversa. En ese sentido, si en el juicio de amparo indirecto promovido contra el auto de vinculación a proceso, se advierte alguna violación a derechos fundamentales que deba ser reparada por el Juez de control y, aun en suplencia de la queja, no se aprecia otra transgresión en los diversos temas que previamente se dilucidaron, procede que, para restituir al quejoso en el pleno goce de sus derechos, se ordene la reposición del procedimiento a fin de que se deje parcialmente sin efectos la audiencia inicial, a partir del dictado de dicha resolución, pues las actuaciones practicadas con anterioridad no se afectan, si se dejan insubsistentes las posteriores" En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable antes señalada, para que dentro del plazo de diez días, informe a este órgano de control constitucional, el cumplimiento que se sirva dar a la ejecutoria de amparo de que se trata, apercibido que de no hacerlo así, precisamente en el término concedido, se le impondrá multa por el equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, según lo dispuesto en el artículo 258, de la invocada normatividad; medida de apremio que se estima prudente fijar en dicho monto, a fin de cumplir con el mandato judicial establecido y lograr la eficaz prosecución del procedimiento. Asimismo, se hace del conocimiento de la referida responsable que, de no quedar cumplida dicha ejecutoria de amparo, sin causa justificada, en el plazo fijado, se hará pronunciamiento al respecto, se impondrá la multa procedente y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado competente, para seguir el trámite de inejecución que podría culminar con la separación de su puesto y su consignación. Lo anterior en términos del artículo 193, de la Ley de Amparo. Este proveído se firma de manera electrónica por el suscrito juzgador y el secretario que da fe, al tener el mismo valor de la firma autógrafa y se instruye al personal correspondiente para que, en su oportunidad, se incluya la evidencia criptográfica de la firma para la actualización de los expedientes físicos, en términos de los artículos 3, fracciones I, V y VII, 22, 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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