Jorge Arturo Camacho Licona
Expediente 63/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 14 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 63/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 15/12/2021
Partes del expediente
- Jorge Arturo Camacho Licona
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo para que las partes interpusieran el recurso de inconformidad previsto en el artículo 201, fracción I, de la legislación invocada, en contra del proveído en el que se declaró cumplida la ejecutoria pronunciada en este asunto; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al ordenamiento legal invocado se declara que ha causado estado la determinación de mérito para todos los efectos legales correspondientes, por lo que de conformidad con lo previsto en el ordinal 214 de la ley de la materia interpretado a contrario sensu, en su oportunidad archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 18, fracción I inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, es depurable y carece de relevancia documental por no encuadrar en los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado acuerdo; así entonces, hágase la anotación correspondiente en la carátula respectiva, así como la relativa al archivo del presente expediente. Expediente que, de conformidad con lo asentado en la certificación secretarial de cuenta, no encuadra en alguna de las hipótesis que establecen los capítulos quinto, sexto o séptimo del Acuerdo General en cita. Consecuentemente, una vez que transcurra el término de tres años a que se refiere el primer párrafo del numeral 18 del citado acuerdo, procédase a su depuración en términos del penúltimo párrafo del referido dispositivo; lo que se estima acontecerá a partir del dieciséis de diciembre de dos mil veinticuatro. Ahora, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el duplicado del incidente de suspensión se encuentra dentro de la hipótesis que establece el artículo 20, fracción II, inciso a), capitulo octavo del acuerdo en mención, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que instaura las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, por tanto, el mencionado duplicado es susceptible de destrucción; consecuentemente, una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el primer párrafo del numeral 20 del citado acuerdo, procédase a su destrucción; lo que se estima acontecerá a partir del dieciséis de junio de dos mil veintidós. Finalmente, una vez que obren en autos la totalidad de las constancias de notificación del presente proveído realizadas a las partes, sin previo acuerdo se ordena remitir el juicio en que se actúa, al archivo definitivo como asunto totalmente concluido, lo anterior, conforme lo dispuesto en el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días otorgado a las partes mediante proveído de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito procede al examen de los elementos que obran en el expediente, para resolver si la sentencia pronunciada en autos está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Así, el análisis de las constancias de autos revela que en el presente juicio, se dictó sentencia definitiva el veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, en la que se otorgó el amparo y la protección de la Justicia Federal a Jorge Arturo Camacho Licona. Luego, mediante auto de catorce de octubre de dos mil veintiuno, se declaró ejecutoriada la sentencia amparadora y en esa misma fecha, se requirió a las responsables Juez Décimo de lo Civil Especializado en Materia Mercantil, con sede en esta ciudad, a fin de que dieran cumplimiento a la misma, de la que se aprecia, que en dicha sentencia se otorgó el amparo, para el siguiente efecto: "La autoridad responsable Juez Décimo de lo Civil Especializado en Materia Mercantil de este partido judicial, deberá dejar insubsistente todo lo actuado en el juicio especial hipotecario 1155/2016, incluyendo el emplazamiento del quejoso Jorge Arturo Camacho Licona, así como todas sus consecuencias. En el entendido que quedan expeditos los derechos de la parte actora, aquí tercero interesada, para dar el impulso procesal que corresponda en el juicio natural del que se hace depender los actos reclamados, y de estimarlo conducente, procurar que se verifique el emplazamiento de la parte quejosa, demandada en el proceso de origen. Lo anterior tomando en consideración que el procedimiento del juicio natural es de carácter dispositivo, y por ello corresponde a las partes la iniciativa, impulso y renuncia de los actos procesales a su cargo, teniendo como obligación la de velar por sus intereses procesales, so pena de soportar las consecuencias de su pasividad y la consecuente preclusión de sus derechos, como sucedería en el caso de la caducidad de la instancia. De ahí que los efectos que se impriman a la sentencia de amparo, no pueden ser de forma tal que conduzcan a este tribunal, o al juzgador de origen, a sustituirse en las cargas procesales que corresponden a una de las partes -la actora- ya que ello vincularía a la autoridad responsable a actuar en contravención al marco normativo que rige el procedimiento de origen y relevarían a la actora de las cargas procesales que le corresponden. La concesión del amparo, debe hacerse extensiva a los diversos actos reclamados consistentes en las actuaciones emanadas dentro del expediente de origen con posterioridad a la diligencia declarada inconstitucional, ya que al resultar violatorio el emplazamiento a juicio de la aquí quejosa, ello trae como consecuencia que lo actuado con posterioridad contenga el mismo vicio." Luego, en proveído veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio remitido por la responsable Juez Décimo de lo Civil Especializado en Materia Mercantil de este partido judicial, de esta ciudad, por medio del cual informó el cumplimiento dado al fallo protector pronunciado en autos, remitiendo al efecto certificada de las constancias relativas a dicho cumplimiento, de cuyo contenido, en lo que interesa, emerge lo siguiente: "[.] Se deja insubsistente todo lo actuado en el juicio Especial Hipotecario radicado bajo expediente número 1155/2016, a partir de la diligencia de emplazamiento a la parte demandada JORGE ARTURO CAMACHO LICONA. En virtud de lo anterior se ordena la reposición del procedimiento desde la diligencia antes mencionada, debiéndose turnar los autos al C. Actuario de la adscripción, a efecto de que proceda a cumplimentar en sus términos el auto de fecha veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, quedando instruido para que se observe los lineamientos instruidos en la sentencia de amparo a que de ha hecho referencia, y en estricto apego a lo dispuesto por el artículo 117 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, en relación a la diligencia de emplazamiento." Documentales que tienen valor probatorio pleno, a la luz de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo; y que al haber sido expedidas por la autoridad responsable en el ejercicio de sus funciones, gozan de la presunción de plena legalidad en cuanto a las aseveraciones contenidas en esas documentales. Así, del análisis integral de la totalidad de las constancias que obran en el sumario, se llega al convencimiento que en la especie, la autoridad obligada al cumplimiento Juez Décimo de lo Civil Especializado en Materia Mercantil de este partido judicial, con sede en esta ciudad, acató en sus términos el fallo protector. Asimismo, por oficio agregado en proveído de cinco de noviembre del año en curso, se tuvo a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado de Distrito, manifestando se acataron en sus lineamientos y efectos la ejecutoria de amparo emitida en los presentes autos. Por todo lo anterior, tomando en consideración la emisión del dictado de la respuesta en comento, de conformidad con los artículos 192, 196 y 214, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida en sus términos la ejecutoria pronunciada en este asunto; sin que se advierta de las constancias analizadas anteriormente que la autoridad responsable haya incurrido en exceso o defecto en el referido cumplimiento, menos aún que existiera imposibilidad para dar cumplimiento al fallo protector emitido en autos; por tanto, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto totalmente concluido.
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales conducentes, el oficio firmado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado de Distrito, por medio del cual, en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por las autoridades responsables, las cuales serán tomadas en consideración en su oportunidad procesal, esto es, al momento de resolver lo relativo al citado cumplimiento, acorde a lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo.
- Principal
se declara que dicha sentencia en la se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes; y, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Ahora, en el fallo protector pronunciado en este juicio se determinó que la autoridad obligada al cumplimiento es: la Juez Décimo de lo Civil Especializado en Materia Mercantil de este partido judicial, para los efectos siguientes: "La autoridad responsable Juez Décimo de lo Civil Especializado en Materia Mercantil de este partido judicial, deberá dejar insubsistente todo lo actuado en el juicio especial hipotecario 1155/2016, incluyendo el emplazamiento del quejoso Jorge Arturo Camacho Licona, así como todas sus consecuencias." En el entendido que quedan expeditos los derechos de la parte actora, aquí tercero interesada, para dar el impulso procesal que corresponda en el juicio natural del que se hace depender los actos reclamados, y de estimarlo conducente, procurar que se verifique el emplazamiento de la parte quejosa, demandada en el proceso de origen. Lo anterior tomando en consideración que el procedimiento del juicio natural es de carácter dispositivo, y por ello corresponde a las partes la iniciativa, impulso y renuncia de los actos procesales a su cargo, teniendo como obligación la de velar por sus intereses procesales, so pena de soportar las consecuencias de su pasividad y la consecuente preclusión de sus derechos, como sucedería en el caso de la caducidad de la instancia. De ahí que los efectos que se impriman a la sentencia de amparo, no pueden ser de forma tal que conduzcan a este tribunal, o al juzgador de origen, a sustituirse en las cargas procesales que corresponden a una de las partes -la actora- ya que ello vincularía a la autoridad responsable a actuar en contravención al marco normativo que rige el procedimiento de origen y relevarían a la actora de las cargas procesales que le corresponden. La concesión del amparo, debe hacerse extensiva a los diversos actos reclamados consistentes en las actuaciones emanadas dentro del expediente de origen con posterioridad a la diligencia declarada inconstitucional, ya que al resultar violatorio el emplazamiento a juicio de la aquí quejosa, ello trae como consecuencia que lo actuado con posterioridad contenga el mismo vicio. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico de la autoridad responsable Juez Décimo de lo Civil Especializado en Materia Mercantil de este partido judicial, para que ordene a ésta cumplir con la ejecutoria de que se trata, de conformidad con el párrafo tercero, del artículo 192 de la Ley de Amparo, toda vez que los jueces de lo civilcarecen de superior jerárquico para efectos del cumplimiento de las sentencias de amparo, por no encontrarse sometidas a la potestad de autoridad alguna; pues si bien es cierto, la autoridad responsable en comento, tiene como superior al Consejo de la Judicatura del Estado, su función jerárquica se refiere únicamente a las de vigilancia, administración, supervisión y disciplina; de ahí que no tienen orden, dependencia o sumisión con dicho consejo, en relación a las tareas jurisdiccionales
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