Jorge Arturo Anlehu Lara
Expediente 2442/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 20 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2442/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 20/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jorge Arturo Anlehu Lara
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinte de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el escrito remitido por el quejoso Jorge Arturo Anlehu Lara, mediante el cual solicita se ordene al Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, cancele la nota jurídica y anotación restrictiva que pesan sobre el predio cuarenta y uno "B", de la calle diez, de la colonia "Felipe Carrillo Puerto", de esta ciudad de Mérida, Yucatán. Ahora bien, en el expediente donde se actúa, se advierte lo siguiente: ° Por acuerdo de trece de diciembre de dos mil veintiuno, se inició el juicio de amparo 2442/2021, por lo que se giró el oficio 39974/2021, al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial en Yucatán, a fin de que tuviera conocimiento de éste y estuviera en aptitud de rendir su informe de ley. ° El treinta de marzo de dos mil veintidós, se dictó la sentencia respectiva, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, promovido por Jorge Arturo Anlehu Lara, contra el acto que reclamó del Juez Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, Actuario de su adscripción, Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de esta entidad Federativa, y del Registrador de los Libros y de Gravámenes del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Yucatán. ° Por acuerdo de veintiuno de abril de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia dictada y se ordenó el archivo definitivo de este expediente, lo cual se comunicó a las responsables, incluyendo al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial del Estado de Yucatán, mediante oficio 19301/2022, de esa misma data, el cual le fue remitido vía correo electrónico, cuya recepción fue confirmada por la misma vía, el veinticinco siguiente, por Pedro Joaquín Vázquez Gutiérrez, Jefe del Departamento de Asuntos Registrales y Servicios Legales del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán. Debiéndose destacar que este órgano de control constitucional, no ha ordenado el asiento de alguna nota jurídica o anotación restrictiva en relación al predio a que hace alusión el directo quejoso. No obstante lo anterior, en obvio a mayores dilaciones, gírese oficio a la autoridad registral de mérito, informándole, como se asentó con antelación, que esta autoridad constitucional no ha ordenado se inscriba alguna nota jurídica o anotación restrictiva sobre el predio en cuestión; amén de que en acuerdo de veintiuno de abril de dos mil veintidós, se ordenó el archivo definitivo de este juicio de amparo 2442/2021, como asunto totalmente concluido, quedando por ende, sin efecto, cualquier medida suspensional decretada en el mismo, al haber adquirido firmeza legal la sentencia de sobreseimiento; lo que, se insiste, implica que las medidas que en su caso se hubieran tomado para preservar la materia en este asunto, han quedado sin efecto jurídico. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiuno de abril de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta que antecede, de la que aparece que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d), y 86 de la Ley de Amparo, y en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma, se declara que la expresada resolución que sobreseyó en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, no obra documento original y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Por otro lado, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se negó y concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados a las responsables, provéase únicamente respecto de la destrucción del duplicado de dicho incidente, debiendo conservarse el original del mismo, por el término de tres años y, una vez transcurrido, éste deberá transferirse, tal como lo establece la fracción I del Punto Décimo, Capítulo III del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en la fracción III del punto Vigésimo del capítulo Quinto del acuerdo antes citado, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, es destruible, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Visto, para resolver el juicio de amparo indirecto 2442/2021.R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado vía electrónica el diez de diciembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, turnado ese mismo día a este órgano de control constitucional, Jorge Arturo Anlehu Lara, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama del Juez Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial, del Actuario de su adscripción, así como del Director y del Registrador de los Libros y de Gravámenes, ambos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial, todos del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, que hizo consistir, medularmente, en el ilegal emplazamiento al juicio extraordinario hipotecario 4/2019, así como la totalidad de las determinaciones emitidas en los mismos, derivadas del llamamiento a juicio. SEGUNDO. Por auto de trece de diciembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual quedó registrada en el Libro de Gobierno bajo el expediente 2442/2021; se solicitó a las autoridades responsables sus informes con justificación; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le compete; posteriormente, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada, lo que se realizó oportunamente; y, previo diferimiento, se celebró la audiencia constitucional, en términos del acta que antecede. Debiéndose destacar que mediante acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, se previno a la parte quejosa a fin de que manifestara si ampliaba su demanda de amparo, respecto del Actuario adscrito al Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, misma autoridad que en el procedimiento de origen realizó el llamamiento a juicio impugnado. Siendo que en auto de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, en virtud de que el quejoso no dio cumplimiento a la prevención de marras, no se tuvo por responsable a la autoridad antes citada.C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción l, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 36 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el 8/2013, del propio Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; porque los actos reclamados fueron emitidos por autoridades que tiene su sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados y, para tal efecto, se analiza en su integridad la demanda, congruentemente con la totalidad de la información del expediente del juicio. Para ello, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que forman el juicio, se desprende que la quejosa reclama de las autoridades responsables, el ilegal emplazamiento que le fue practicado al juicio extraordinario hipotecario 4/2019, así como la totalidad de las determinaciones emitidas en el mismo, derivadas del llamamiento a juicio. TERCERO...OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Debe estimarse oportuna la presentación de la demanda de amparo, en razón de que la quejosa señaló que tuvo conocimiento de los actos reclamados, el diez de diciembre de dos mil veintiuno, habiendo presentado su demanda en esa propia data; por lo que es evidente que dicha demanda fue presentada dentro el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo. CUARTO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los actos que se reclaman del Juez Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial, del Actuario de su adscripción, así como del Director y del Registrador de los Libros y de Gravámenes, ambos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial, todos del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, ya que así se desprende de sus respectivos informes con justificación, al haber realizado manifestaciones para defender su constitucionalidad. Sirve de apoyo la tesis de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación Tomo XIV, página 391 con número de registro 211004 de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe."Lo que se corrobora del análisis de las constancias consistentes en copia certificada del juicio extraordinario hipotecario 4/2019, del índice del Juzgado Civil responsable, mismas que adjuntó a su respectivo informe; las cuales tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, de conformidad con el artículo 2º de la Ley de Amparo, y son demostrativas de la existencia de los actos reclamados.QUINTO. ANÁLISIS DE OFICIO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA ACTUALIZADAS. La procedencia del juicio de control constitucional es un tema que debe ser estudiado de manera oficiosa por mandato de la ley, lo cuestionen o no las partes, por ser de carácter público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, aun cuando se haya reconocido la existencia del acto reclamado, en tanto que para que se surta alguna causal de improcedencia, es necesario que se encuentre probado el acto que se reclama. Así pues, procede analizar si, en la especie, se actualiza alguna causal de improcedencia, a efecto de determinar si es necesario, o no, el estudio de los motivos de inconformidad propuestos, pues de ser así, esa circunstancia, excluiría el estudio de fondo de este juicio, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia 1002, cuyo rubro es: "IMPROCEDENCIA." En el caso a estudio, se estima que, en relación al acto reclamado, consistente en el emplazamiento que le fue practicado al quejoso al juicio extraordinario hipotecario 4/2019, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación al numeral 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, si bien es cierto que el Juez responsable admitió la existencia de dicho acto reclamado, también lo es que este Juzgado de Distrito, se encuentra impedido para analizar la diligencia de emplazamiento de marras, cuenta habida que el llamamiento a juicio fue realizado por el Actuario adscrito al Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, quien materialmente es el encargado de realizar tal diligencia; ello, toda vez que mediante proveído de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, se previno al quejoso para que manifestara si era su deseo señalar a la autoridad antes citada como responsable; acuerdo que fue debidamente notificado, sin que la parte quejosa haya realizado manifestación alguna. Siendo importante determinar que en términos de lo que dispone el artículo 108, en su fracción III de la Ley de Amparo, la parte quejosa debe de expresar las autoridades responsables, así como de conformidad con el numeral 5, fracción II, de la Ley de Amparo, es autoridad responsable la que dicta, promulga, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, por lo que jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad del emplazamiento realizado por la autoridad indicada, pues como se dejó visto, no fue señalada como autoridad responsable en este juicio de garantías, motivo por el cual se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo. En tal contexto, dada la omisión de la parte quejosa de señalar como responsable a la autoridad citada en el párrafo que antecede, no obstante que se le previno sobre ello, consecuentemente, se ubicó en la referida causa de sobreseimiento, por lo que resulta dable sobreseer en el presente juicio de amparo, en cuanto al emplazamiento practicado al quejoso en el juicio extraordinario hipotecario 4/2019. Aplica a lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. CLXIV/98, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SBRESEERSE." Así como el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, cuyo rubro es: "AUTORIDADES RESPONSABLES. OMISIÓN DE SU SEÑALAMIENTO. IMPOSIBILIDAD DE EXAMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE LOS ACTOS RECLAMADOS." Mismo sobreseimiento que debe hacerse extensivo a los diversos actos reclamados por el quejoso, consistentes en la totalidad de las determinaciones emitidas en el juicio de origen, derivadas del llamamiento a juicio; ello, cuenta habida que, como se asentó, lo anterior se hizo depender del emplazamiento practicado en el controvertido de origen, por lo que, en consecuencia, tales actos deben correr la misma suerte que aquél. Sólo resta decir que, atento al resultado del presente fallo, esta Juzgadora Federal no se ocupará de los argumentos tendientes a demostrar la inconstitucionalidad de los actos reclamados; ello, de conformidad con el criterio que contiene la jurisprudencia 509, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente."Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 76, 77 y 78 de la Ley de Amparo, se,R E S U E L V EÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Jorge Arturo Anlehu Lara, contra los actos que reclamó del Juez Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y de otras autoridades; precisados en el considerando segundo de esta sentencia, y por los motivos expuestos en el último subsecuente. Notifíquese por lista. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Agréguese a estos autos el escrito presentado vía electrónica, con evidencia criptográfica, por el quejoso Jorge Arturo Anlehu Lara, mediante el cual pretende ofertar una prueba de inspección. A ese respecto, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, dicha probanza debe desecharse, cuenta habida que no se ofertó dentro del plazo legal a que alude dicho numeral para tal efecto. Se afirma lo anterior, cuenta habida que en este juicio de amparo, por proveído de veinticuatro de enero anterior, se agregó el informe justificado del Juez responsable, en cuyo anexo obraba el acta de emplazamiento tildada de ilegal por la parte quejosa, por lo que en esa propia data se ordenó darle vista al quejoso con dicho informe y anexos, de manera personal, a fin de que, en su caso, manifestara lo que a su interés conviniera, incluso dándosele vista en relación a una nueva autoridad que no había sido llamada como responsable, siendo que en ese mismo acuerdo se ordenó diferir la audiencia constitucional fijada para esa fecha, señalándose para su posterior celebración, el veintiuno de febrero próximo pasado. En ese sentido, conforme al numeral 119 antes invocado, la parte quejosa, a efecto de ofertar la prueba de inspección de marras, estaba compelida a hacerlo, a más tardar, cinco días hábiles de la audiencia constitucional, sin contar con el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia, que para el caso que nos atañe estaba fijada para el veintiuno de febrero anterior. Empero, la parte quejosa ofertó dicha prueba con posterioridad al plazo antes indicado, puesto que lo hizo mediante escrito presentado vía electrónica el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, cuando incluso dicha audiencia constitucional ya había sido diferida. Máxime, que los hechos que pretende probar con esa inspección, los conoció desde que le fue notificado y puesto a la vista el informe del Juez responsable, agregado en auto de veinticuatro de enero del año en curso, por lo que es evidente que estuvo en posibilidad de ofrecer la probanza en cuestión antes de la audiencia constitucional de veintiuno de febrero siguiente, conforme lo preceptúa el artículo 119 multicitado. En esa virtud, se reitera, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se desecha la prueba de inspección en cuestión, al haber sido ofrecida por la parte quejosa de modo extemporáneo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis visible en la página 304, del Apéndice 2000. Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, de la Novena Época, que a la letra dispone: "PRUEBAS PERICIAL, TESTIMONIAL Y DE INSPECCIÓN JUDICIAL EN EL AMPARO. SU OFRECIMIENTO DESPUÉS DEL DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA. Este Pleno modifica la jurisprudencia que en la compilación de 1988, Segunda Parte, página 2435, aparece con el número 1533 y que establece "PRUEBAS TESTIMONIAL Y PERICIAL EN EL AMPARO, CUANDO SE DIFIERE LA AUDIENCIA.-Es procedente admitir las pruebas testimonial y pericial para la audiencia en el amparo, cuando la inicialmente señalada ha sido diferida de oficio por el Juez de Distrito, y no a petición de las partes."; y, asimismo, se aparta del criterio contenido en la última tesis relacionada con dicha jurisprudencia, que establece, esencialmente, que es inexacto que cuando la audiencia se difiere de oficio, se puedan ofrecer dichas pruebas para la audiencia diferida, agregando que cuando no se anuncian oportunamente para la primera audiencia, no pueden ofrecerse para la segunda, porque ya se perdió el derecho. Partiendo de la hipótesis de que las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial no fueron ofrecidas antes de la audiencia inicial, que ésta se difirió y que en el nuevo periodo sí se ofrecieron con la anticipación requerida por el artículo 151 de la Ley de Amparo, en relación con la fecha de la segunda audiencia, el nuevo criterio sostenido por este Pleno se apoya en dos principios básicos: en primer lugar, el de la expeditez del procedimiento de amparo que deriva de su naturaleza sumaria, de acuerdo con el cual, si las mencionadas pruebas no se ofrecen con la anticipación exigida por el citado precepto, ya no pueden ofrecerse con posterioridad por haber precluido ese derecho procesal; y en segundo, el cimentado en el respeto a la garantía de defensa de la parte oferente, lo que significa que ésta, para gozar de la oportunidad de ofrecer las pruebas aludidas, no sólo debe contar con el plazo de cinco días hábiles antes del señalado para la audiencia constitucional, sin incluir el del ofrecimiento ni el señalado para la celebración de la audiencia, sino además, que tal plazo se dé a partir de la fecha en que tenga conocimiento del hecho que trate de probar o desvirtuar con dichas probanzas, conocimiento que puede inferirse de los datos y elementos objetivos de los autos. Así, por ejemplo, cuando la parte oferente ya tenga conocimiento del hecho o situación cuya certeza trata de probar o desvirtuar con tiempo anterior al término señalado en el citado artículo 151, tomando como referencia la audiencia inicial, ya no podrá válidamente ofrecerlas en el periodo posterior, porque ha precluido su derecho por su abandono; en cambio, si el oferente no conocía el hecho con la oportunidad legal suficiente, como cuando el quejoso se entera de él con motivo del informe justificado rendido poco antes de la audiencia, o como cuando el tercero perjudicado es llamado a juicio sin tiempo suficiente para ofrecer esos elementos probatorios, entonces sí pueden proponerse legalmente con posterioridad a la primera fecha de la audiencia, respetando siempre los términos del artículo 151, sólo que tomando como indicador la segunda fecha, ejemplos que pueden multiplicarse teniendo en común, todos ellos, que desde el punto de vista jurídico el oferente no debe quedar indefenso en la materia probatoria examinada, por causas ajenas a su descuido o negligencia dentro del procedimiento. Conforme a este criterio, por tanto, carece de importancia el hecho de que la audiencia se haya diferido de oficio o a petición de parte, debiendo atenderse a los principios expuestos, cuya aplicación permite dar a cada parte el trato que amerita su propia situación procesal." Así como la diversa tesis visible la página 1349, del Tomo XIV, Septiembre de 2001, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto rezan: PRUEBAS DE INSPECCIÓN OCULAR, PERICIAL Y TESTIMONIAL EN EL AMPARO. SU OPORTUNIDAD PARA OFRECERLAS. AUDIENCIA DIFERIDA. Por regla general deben ser recibidas en la propia audiencia a que se cita en el auto inicial, tratándose de la inspección ocular, pericial y testimonial y su anuncio debe llenar los requisitos de tiempo y forma que es necesario observar para los efectos de la admisión y preparación de las mismas, según lo indicado por el párrafo segundo del artículo 151 de la Ley de Amparo; en esa virtud, si el término que medió entre su ofrecimiento y la celebración de la audiencia inicial no se ajustó a lo antes señalado, es evidente que no deben tenerse por anunciadas, ya que el hecho de que la audiencia se haya diferido no significa que el periodo de ofrecimiento de pruebas se amplíe, del mismo modo que resulta inexacto que las pruebas que no se hayan anunciado oportunamente para la primera audiencia, puedan plantearse para la segunda; esto es, si las mencionadas pruebas no se proponen con la anticipación exigida, no puede hacerse con posterioridad por haber precluido ese derecho procesal. Por otra parte, agréguese a los autos, para los efectos legales a que haya lugar, el oficio remitido por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, al que adjunta el diverso escrito presentado vía electrónica por el citado quejoso Anlehu Lara, con el que pretende cumplir con la prevención que le fuera hecha en proveído de veinticuatro de enero anterior, señalando una nueva autoridad como responsable y ampliando su demanda por lo que versa a ésta. Lo anterior, sin que sea dable tener por ampliada su demanda, en relación a la nueva autoridad que indica como responsable, ni por ende tener por vertidos sus nuevos conceptos de violación, cuenta habida que, tal y como se indicó en proveído de veintitrés anterior, el veintiuno de febrero de dos mil veintidós feneció el plazo que se le otorgó en el diverso acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, por lo que su petición deviene extemporánea, dado que fue presentada vía electrónica, incluso ante un órgano de control constitucional diverso, el veintitrés del propio febrero. Por lo que, en estricto acatamiento a la determinación de veintitrés de febrero anterior, se desecha la ampliación de demanda instada por el quejoso, por haber sido presentada, se reitera, de manera extemporánea. Notifíquese por lista; y personalmente a la parte quejosa.
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