Jorge Arroyo Cervantes

Expediente 1192/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1192/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • Jorge Arroyo Cervantes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, agréguese sin mayor pronunciamiento el pedimento que suscribe la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, mediante el cual realiza diversas manifestaciones a manera de alegatos, lo anterior, porque el quince del mes y año en curso se dictó sentencia definitiva dentro del presente juicio. Por otro lado, atendiendo a su solicitud y con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, expídansele a su costa las copias en los términos que solicita, previo recibo que de ello se deje en autos. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las diez horas con veinte minutos del quince de noviembre de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo ********************, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, se da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia El juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio el secretario da cuenta con la documental que ofreció en su informe de ley el Presidente de la Junta Especial número 30 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Al respecto el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene por admitida y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza la probanza antes referida. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. El juez acuerda: Toda vez que ninguna de las partes formuló alegatos, precluye su derecho para hacerlo. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. R E S U L T A N D O : Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido en este juzgado el dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, ********************, por conducto de su apoderado, compareció a solicitar el amparo y protección de la justicia federal, en los términos siguientes: Autoridades responsables: Junta Especial número 30 de la Federal de Conciliación y Arbitraje y Auxiliar adscrito al mismo, con residencia en esta ciudad. Acto reclamado: La omisión por parte de las autoridades responsables al no haber dictado la resolución dentro del incidente de liquidación del laudo dentro del expediente laboral ******************** Segundo. Admisión de la demanda. Por auto de veinte de septiembre del año en curso, este juzgado registró la demanda con el número ********************, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal la intervención legal que le compete, solicitó el informe justificado y fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional y ahora se procede resolver de acuerdo a las siguientes: C O N S I D E R A C I O N E S : Primera. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución General de la República; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013, reformado y adicionado por el diverso 36/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues la parte quejosa reclama un acto de una autoridad que reside en el ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de amparo en su integridad, atento a lo dispuesto en la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, el acto reclamado consisten en: La omisión por parte de las autoridades responsables al no haber dictado la resolución dentro del incidente de liquidación del laudo dentro del expediente laboral ******************** Tercera. Certeza del acto reclamado. Al momento de rendir su informe justificado, las autoridades responsables manifestaron que es cierto el acto reclamado, lo que se robustece con las copias certificadas del juicio laboral de origen, las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2°. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 749, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quinta época, del Apéndice 1917-septiembre 2011, registro 1002815, que a la letra dispone: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarta. Causales de improcedencia. Como en la especie las partes no hacen valer alguna causa de improcedencia y dado además, que este Juzgado no advierte la existencia de alguna de ellas que deba ser analizada de manera oficiosa, se procede al estudio de la cuestión planteada en el presente contradictorio. Quinta. Estudio de Fondo. Al no existir causa de improcedencia que se actualice en relación con el referido acto reclamado, procede el estudio de los conceptos de violación atendiendo al principio de mayor beneficio contenido en el artículo 189 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía al amparo indirecto, de acuerdo con el cual deben abordarse aquéllas cuestiones que trasciendan a la plena restitución en el goce de la garantía individual violada, a fin de garantizar a la parte quejosa, con la mayor amplitud posible, el acceso real, completo y efectivo a la administración de justicia tutelada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La parte quejosa en el planteamiento formulado básicamente argumentó que la junta responsable vulnera el contenido del artículo 17 Constitucional. Donde el numeral 17 establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Cabe traer a colación, los artículos 762 y 763 de la Ley Federal del Trabajo, el cual en dice lo siguiente: Artículo 762.- Se tramitarán como incidentes de previo y especial pronunciamiento las siguientes cuestiones. I. Nulidad; II. Competencia; III. Personalidad; IV. Acumulación; y V. Excusas. Artículo 763. Cuando en una audiencia o diligencia se promueva incidente de falta de personalidad, se sustanciará de inmediato oyendo a las partes y se resolverá, continuándose el procedimiento. En los demás casos a que se refiere el artículo anterior, se señalará día y hora para la celebración de la audiencia incidental, que se realizará dentro de las veinticuatro horas siguientes, en la que las partes podrán ofrecer y desahogar pruebas documentales e instrumentales para que de inmediato se resuelva el incidente, continuándose el procedimiento. Los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial en esta Ley se resolverán de plano oyendo a las partes. En tal virtud, le asiste razón a la parte quejosa, ya que en auto de veintitrés de mayo del año dos mil veintitrés, la autoridad responsable celebró audiencia incidental de liquidación, como obra en constancias glosadas al presente juicio de garantías, sin que a la fecha obre la resolución del controvertido que dio origen al incidente promovido por la parte incidentista, habiendo transcurrido así desde el día en que se llevó a cabo la última actuación por parte de la autoridad responsable más de cien días, los cuales comenzaron a transcurrir desde el día veinticuatro de mayo y hasta el momento en que fue interpuesto el juicio de amparo aludido, haciendo el descuento de los quince días que por periodo vacacional le corresponden a la Junta Especial número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Ahora bien, el artículo 762 de la Ley Federal del Trabajo contempla que se tramitarán como incidentes de previo y especial pronunciamiento las cuestiones siguientes: I. Nulidad; II. Competencia; III. Personalidad; IV. Acumulación; y V. Excusas. Por otro lado, el artículo 763 de la materia establece tres diferentes hipótesis para tramitar y resolver los incidentes que se promuevan dentro de un juicio laboral. La primera que se encuentra inmersa en el primer párrafo de dicho numeral, y que se refiere a los incidentes de personalidad, los cuales se estipula que una vez promovidos, ya sea en una audiencia o diligencia se substanciará de inmediato oyendo a las partes y será resuelto continuándose con el procedimiento. La segunda, que se encuentra contenida en el segundo párrafo del citado numeral puesto que se refiere al resto de incidentes contemplados en el artículo 762 de la Ley Federal del Trabajo, su trámite requiere se señale fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual se llevará a cabo dentro de las veinticuatro horas siguientes, en la cual se podrán ofrecer y desahogar pruebas documentales e instrumentales para que de inmediato se resuelva el incidente, continuándose con el procedimiento. Y la tercera que se refiere a aquellos incidentes que no tengan una tramitación especial, los cuales serán resueltos de plano oyendo a las partes. Lo anterior, evidencia que las actuaciones procesales llevadas a cabo por la autoridad responsable violan en perjuicio de la parte quejosa el contenido del artículo 17 Constitucional pues dichas actuaciones se han llevado a cabo sin atender el contenido del artículo 763 de la Ley Federal de Trabajo, pues dicho incidente a la fecha de la presentación de la demanda no ha sido resuelto, desde el veintitrés de mayo de la presente anualidad. Es decir, la autoridad responsable ha sido omisa en resolver el incidente promovido por la representante legal de la parte quejosa, estando así en total desapego a lo establecido en los multicitados numerales 763 y 843, de la Ley Federal del Trabajo, que señalan que una vez promovido se deberá fijar dentro del término de veinticuatro horas, así como se determinará la cuantificación respectiva tratándose de prestaciones económicas y que sólo por excepción podrá ordenarse que se abra incidente de liquidación. Asimismo es de conocimiento del suscrito que la responsable tiene excesivas cargas de trabajo, sin embargo, es su deber y obligación ajustarse a los plazos que establece tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como de la Ley Federal del Trabajo. Cobra aplicación la tesis jurisprudencial IV.3o.T.J/57, pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, ubicada en la página 1283, Tomo XXII, de Septiembre de 2005 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, con número de registro 177266, que a la letra dice: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para dictarse el laudo, pues ello no impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional". Es relevante la tesis 1.4o.A.5K, pronunciada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, ubicada en el Libro XV, Tomo 2, página 1453, de Diciembre de 2012, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2002351, de rubro y texto siguiente: "PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. DIMENSIÓN Y EFECTOS DE ESTE CONCEPTO CUANDO SE ADUCE EXCESIVA CARGA DE TRABAJO. A partir de la vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros ordenamientos internacionales, el Estado Mexicano cuenta con un catálogo de derechos y garantías que vinculan normativamente, y permite salvar situaciones que diversas leyes plantean, partiendo de la dimensión objetiva que esos derechos ejercen sobre todo el orden jurídico, tomando en cuenta que el plazo previsto en las leyes para resolver un asunto pudiera no corresponder a la realidad, siendo factible acudir, en tal supuesto, a los ordenamientos internacionales a fin de establecer el contenido del concepto de "plazo razonable" conforme a las particularidades del caso; más aún, un criterio de razonabilidad y justificación de eventuales demoras, aplicando directamente los artículos 8 y 25 de la aludida convención, permiten configurar un proceso justo o una tutela judicial efectiva. Así, el concepto de "plazo razonable" es aplicable a la solución jurisdiccional de una controversia, pero también a procedimientos análogos, lo que a su vez implica que haya razonabilidad en el trámite y en la conclusión de las diversas etapas del procedimiento que llevarán al dictado de sentencias definitivas o proveídos, así como de diligencias en la ejecución de los fallos judiciales, lo que se relaciona con el comportamiento de las autoridades competentes a fin de justificar el exceso de la duración de las causas, que generalmente aducen sobrecarga de trabajo, reflexionando que, una de las atenuantes para tal cuestión, consiste en que dichas autoridades demuestren haber adoptado las medidas pertinentes a fin de aminorar sus efectos; sin embargo, cuando esa sobrecarga ha dejado de tener el carácter de excepcional y adquiere el de estructural, entonces las dilaciones en el procedimiento carecen de justificación alguna, aspecto sobre el cual la Corte Interamericana ha sostenido que el exceso de trabajo no puede justificar la inobservancia del plazo razonable, que no es una ecuación racional entre volumen de litigios y número de tribunales, sino una referencia individual para el caso concreto, por lo que tales cuestiones, si bien se reconocen, ello no implica que deban gravitar sobre los derechos del gobernado, razonamientos que son extensivos no sólo a las autoridades jurisdiccionales, sino también a todas aquellas que tienen injerencia en trámites análogos". Sin que pase desapercibido, para este órgano jurisdiccional que los artículos 763 y 843 de la Ley Federal del Trabajo fueron modificados mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de mayo de dos mil diecinueve; sin embargo, en términos del artículo Séptimo transitorio del citado decreto, los procedimientos que a la fecha de su publicación se encuentren en trámite ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje federales y locales, serán resueltos de conformidad a las disposiciones vigentes al momento en que iniciaron; en consecuencia, al tratarse de un procedimiento que inició en dos mil nueve, ******************** se concluye que se deben acatar las disposiciones vigentes antes de la entrada en vigor del referido decreto. Sexta. Efectos de la concesión del amparo. En consecuencia, está demostrada la violación de derechos humanos aducida, por tanto, procede conceder a la parte quejosa el amparo y la protección de la Justicia Federal para que la junta responsable realice lo siguiente: De inmediato se dicte la interlocutoria respectiva dentro del incidente de liquidación cuya audiencia fue celebrada el veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, términos de lo contemplado en los artículos 763 en su último párrafo y 843, ambos de la Ley Federal del Trabajo. Apoya lo anterior la tesis 2a. CV/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 732, del Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, materia común, número de registro 2005150, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". (Lo subrayado no es de origen). Séptima. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: PRIMERO. Por las razones expresadas en las consideraciones quinta y sexta del presente fallo, la Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra el acto que reclamó de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y del actuario de su adscripción. SEGUNDO. Publíquese la presente resolución en términos del considerando séptimo de este fallo. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, agréguese el oficio signado por Ana Karina Garza Valverde, en cuanto apoderada jurídica de la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán y del Organismo Público de Salud de Michoacán, por sí y en cuanto superior jerárquico del Director del Hospital General de Pátzcuaro, Michoacán, por medio del cual informa que seguirá otorgando el tratamiento médico que requiere la peticionaria de amparo y al efecto remite las constancias y reporte de productividad correspondiente a la primera quincena de octubre, con la que acredita que ha otorgado las sesiones de tratamiento hemodiálisis a la quejosa María de Los Ángeles Serrato Gutiérrez. En tal virtud, se deja sin efectos el apercibimiento decretado al respecto, dése vista a la parte quejosa con el oficio y anexo de cuenta, para que dentro del plazo de tres días, computado a partir de la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su interés convenga. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de octubre de dos mil veintitrés. Vista la razón levantada por la actuaria de este juzgado del que se advierte que no le fue posible dar cumplimiento a lo ordenado en auto de veintiocho de septiembre del año en curso, en el que se le requirió a fin de que proporcione el nombre de usuario que se encuentre registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial Federal, en virtud de que al constituirse en el domicilio señalado en su demanda no existe el número proporcionado. Atento lo anterior, hágase la notificación del citado auto, por medio de lista que se publique en los estrados de este juzgado conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que posteriormente mediante escrito presentado ante este juzgado realice la designación correspondiente. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

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