Jorge Arredondo Macías
Expediente 819/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 819/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Jorge Arredondo Macías
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de cuatro de noviembre de dos mil veinte, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer dicho medio de impugnación; por tanto, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y envíese al archivo. Atento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina: - El expediente principal es destruible de conformidad con lo dispuesto en el inciso b), del artículo 21, en razón de que el cuatro de noviembre de dos mil veinte, se tuvo por no presentada la demanda de amparo. - Se señala como fecha susceptible para tal efecto el veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, toda vez que, cumplido el plazo de conservación, debe ser destruido después de tres años de haberse dictado el auto que dio por concluido el presente asunto. - Una vez cumplido el término antes indicado, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el presente expediente e inclúyase en el acta de baja documental correspondiente que deberá ser enviada a la Dirección General de Archivo y Documentación. Conforme deriva de la certificación de cuenta, en el expediente no obran documentos originales recuperables por las partes. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 19 del Acuerdo General en consulta, en el presente asunto no existen documentos del expediente que se hayan determinado como información reservada, con motivo de una solicitud de acceso a la información. Notifíquese vía electrónica a la parte promovente. 819/2020-VII
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede se advierte que transcurrió el plazo de cinco días concedido a la parte quejosa en proveído de diecinueve de octubre del año en curso, sin que haya subsanado su escrito inicial de demanda, en los términos indicados en dicho auto; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado y con fundamento en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, la demanda se tiene por no presentada. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. 819/2020-VI.
- Principal
Vista la demanda de amparo firmado electrónicamente por ................., quien se ostenta como representante legal de .........................................., contra actos del Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Aguascalientes y otra autoridad responsable; fórmese expediente impreso y electrónico, asimismo anótese en el libro de registro de juicios de amparo con el consecutivo 819/2020-VII. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se da el trámite que corresponde a la demanda recibida en línea con la firma electrónica certificada del promovente del Poder Judicial de la Federación (FIREL). No obstante lo anterior, al analizar la demanda de amparo, se advierte que quien se ostenta como representante legal de la parte quejosa no acreditó fehacientemente su representación, ya que no exhibió documento con el que acredite el referido carácter o que le fue reconocido por la autoridad responsable. Sin que sea suficiente, para reconocer dicho carácter el escrito digitalizado que presentó ante la autoridad responsable, recibido el treinta de septiembre del año en curso, en que pide copia certificada del acuerdo en que se reconoció su personalidad, pues la sola presentación del mismo no acredita los extremos numeral 11, primer párrafo de la Ley de Amparo, pues al efecto es menester que se exhiba el documento donde conste su reconocimiento. De ese modo, como la omisión destacada se relaciona con la acreditación de la personalidad del promovente, la cual constituye un presupuesto procesal de examen oficioso cuya satisfacción debe acreditarse fehacientemente con el escrito de demanda y, de no estarlo, se considera una irregularidad de ésta que amerita prevenir al propio promovente. Asimismo, es orientadora la jurisprudencia 2a./J. 1/96 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Enero de 1996, página 47, que dice: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA AL PROVEER SOBRE LA DEMANDA Y SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE CONFORME AL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión sobre los preceptos de la Ley de Amparo que regulan el tema de la personalidad y de los criterios sucesivos adoptados por este alto tribunal, conduce a esta Sala a apartarse de la tesis jurisprudenciales publicadas en la compilación de 1988, Segunda Parte, con el número 1302 y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación (Octava Epoca) números 19 a 21, con los títulos de "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que el Juez de Distrito no puede analizar de oficio la personalidad del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de examen oficioso, lo cual da lugar a que, de estar plenamente acreditada, el Juez así la reconozca en el auto admisorio y, de no estarlo, la considere una irregularidad de la demanda que dé lugar a prevenir al promovente en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que la acredite dentro del plazo legal, con el apercibimiento de que, de no hacerlo, se le tenga por no interpuesta; criterio que además de estar fundado en la Ley de Amparo, es acorde con los imperativos del artículo 17 constitucional y los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, por cuanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en la tramitación de juicios iniciados por quien carece de personalidad para hacerlo y evita los graves daños que se ocasionan, tanto para el sistema de impartición de justicia cuanto para las partes. La inobservancia de este criterio, dará lugar a que el tribunal revisor, si estima que no está acreditada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento conforme al artículo 91, fracción IV de la Ley de Amparo." Por otra parte, la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de emitir pronunciamiento respecto de la ejecución del laudo dictado dentro del expediente 382/2017 del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado, referente a la incorporación y pago de las aportaciones de seguridad social que fue condenada la parte patronal demandada y cuya solicitud de ejecución data del veintidós de enero de dos mil diecinueve. En ese tenor, del capítulo de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, esencialmente indicó que el treinta de agosto de dos mil dieciocho, se dictó el laudo de mérito y se condenó a la parte demandada al pago de diversas prestaciones, entre ellas, el pago de las aportaciones de seguridad y servicio social a partir de la fecha que fue dado de baja -31 de diciembre de 2016- y las que se sigan generando hasta la fecha que la demandada afilie nuevamente al trabajador; luego, mediante promoción de veintidós de enero de dos mil diecinueve, solicitó la ejecución del laudo. Sin embargo, el promovente fue omiso en precisar si con motivo del escrito presentado el veintidós de enero del año pasado ante el Tribunal responsable, se emitió acuerdo en el que se ordenó la apertura del incidente de liquidación, o bien, si no se ha emitido la interlocutoria respectiva; pues al tratarse de un requisito esencial de ésta en términos del artículo 108 fracción V, de la Ley de Amparo, los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado deben ser expuestos con precisión por la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, a fin de generar las consecuencias legales correspondientes. Tales imprecisiones no permiten dar inicio al juicio que se pretende. En consecuencia, con fundamento en los artículos 3, 6, 11, 108, fracciones I y V, 114, fracciones I y III, de la Ley de Amparo, se requiere al promovente para que dentro del término de cinco días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente acuerdo: ?Exhiba documento idóneo para acreditar la representación que ostenta el promovente respecto de la parte quejosa. ?Manifieste bajo protesta de decir verdad, si con motivo del escrito presentado el veintidós de enero del año pasado, dentro del expediente 382/2017 del índice del Tribunal responsable, se emitió acuerdo en el que se ordenó la apertura del incidente de liquidación, o bien, si no se ha emitido la interlocutoria correspondiente, así como todos los antecedentes que constituyen el acto reclamado. Se le indica a la parte quejosa que para el caso de exhibir documento público, deberá cumplir con lo que establece el artículo 3, fracción sexta, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, establece: "Artículo 3. La integración y consulta de los expedientes electrónicos regulados en el presente Acuerdo General se regirán por las siguientes bases: (.) VI. Los documentos públicos que se ingresen a un expediente electrónico mediante el uso de Firma Electrónica conservarán el valor probatorio que les corresponde conforme a la legislación aplicable, siempre y cuando al presentarse por vía electrónica se manifieste bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado respectivo es copia íntegra e inalterada del documento impreso. Al respecto, la juzgadora o juzgador que conozca del asunto podrá solicitar, de manera oficiosa o a petición de algunas de las partes legitimadas para tal efecto, el cotejo con el documento original, o su incorporación al expediente hasta el momento procesal oportuno." Con el apercibimiento que de no cumplir con el anterior requerimiento, se tendrá por no presentada la demanda en cuestión, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. De igual manera, se hace el apercibimiento a la parte promovente, que si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirmaran hechos falsos u omitieran los que les consten en relación con el acto reclamado, incurrirían en un delito sancionado por una pena de dos a seis años de prisión, además les sería impuesta una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme lo establecido en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 26, apartado B, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en términos del artículo segundo, transitorio del Decreto por el que se expide la Ley para determinar el valor de la Unidad y Medida y Actualización Publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis. El presente requerimiento se formula sin perjuicio de que, una vez satisfecho el mismo, este órgano jurisdiccional analice la procedencia del juicio. En el entendido que la prevención deberá de suscribirse por quien suscribe la presente demanda de amparo y no por los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, en razón de que entraña la manifestación bajo protesta de decir verdad. Cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la página 210, en el libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA." Como expresamente lo solicita el promovente, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la ley de la materia, y con apoyo en lo dispuesto por el numeral 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza que las notificaciones a la parte quejosa sean realizadas vía electrónica, en términos del artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, a través del acceso al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el nombre de usuario "Melendez", que se proporciona en la demanda; por tanto, se tiene éste como su domicilio procesal para oír y recibir notificaciones, no así el domicilio físico que indica en su demanda. Asimismo, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 3° y 26 de la Ley de Amparo y por los numerales 35 y 36 del citado Acuerdo General, al solicitarlo expresamente el promovente, se autoriza el acceso del expediente electrónico de este juicio a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el nombre de usuario de usuario "Melendez" que proporciona. Además, la parte quejosa proporciona medio de contacto y señala los números telefónicos 449 890 76 59, 449 918 45 13 y 449 918 77 22, así como el correo electrónico melendezcarlos_1@hotmail.com, lo anterior, tómese en cuenta para los efectos legales correspondientes. Téngase como autorizados legales en términos del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, a Martin Eduardo Ramírez González, Karla Fabiola Robles Amador y Sergio Ricardo Delgadillo Medellín, por tratarse de autorizados de quien se ostenta como representante del quejoso, quien tiene el carácter der trabajador en el juicio del que deriva el acto reclamado. En atención a lo dispuesto en los numerales 3 y 4 del Acuerdo General 21/2020, se hace saber a las partes que, en los términos previstos en ese ordenamiento, para el caso de ser necesaria la consulta del expediente de manera física, el desahogo de comparecencia o requerimientos, deberán generar una cita a través del Portal de Servicios en Línea, en el que se encuentra un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", con el enlace https://www.serviciosenlinea.pjf.gpb.mx/ServiciosJusrisdiccionales. Con apoyo en el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de la materia, este Juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación de este expediente. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, comuníquese a las partes que podrán consultar este expediente vía electrónica, previo trámite que al efecto realicen en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en términos del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Del mismo modo, se les hace saber que podrán recibir notificaciones vía electrónica, previa manifestación expresa que al efecto realicen a este tribunal; solicitud que podrá ser revocada, si así lo manifiestan. En caso de que las partes exhiban información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, exponiendo las razones por las que le hayan otorgado dicha clasificación, lo anterior sin perjuicio de que sean considerados como sujetos obligados, de conformidad con el artículo 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, con fundamento en el artículo 1° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con el artículo 73, fracción II, y así como 73, fracción II, 111, 116 y Tercero Transitorio, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes que las resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, se publicarán con la supresión de sus datos personales, salvo que medie consentimiento expreso por escrito, de conformidad con el último párrafo del artículo 68 de la citada Ley General. Notifíquese vía electrónica al promovente. 819/2020-VII.
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