Jorge Armando Zárate Medina
Expediente 234/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 20 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 234/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 28/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Jorge Armando Zárate Medina
- Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, Sede Tanivet, San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio señalado en la cuenta al expediente en que se actúa, para que surta sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, solicita se haga disponible los expedientes electrónicos del juicio de amparo 234/2023, a fin de que pueda vincular este expediente con el de su índice, únicamente para efectos de poder consultarlo por el plazo de diez días; por tanto, se provee: Instrúyase a la analista jurídico SISE de este órgano jurisdiccional para que realice la vinculación del expediente 368/2023 y su acumulado 369/2023 del índice Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca con el presente juicio de amparo, por un lapso de diez días. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. En atención a la cuenta que antecede, el juez determina lo siguiente: Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en este juicio de amparo ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se sobreseyó en el juicio de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva solicitada; y que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que alude el séptimo transitorio del referido acuerdo en relación con lo dispuesto por el capítulo 7.5. punto 2 relativo al tratamiento del incidente de suspensión original del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de destrucción. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en razón que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
Audiencia constitucional. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a las once horas con cuarenta minutos del treinta de marzo de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional en este juicio de amparo, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, junto con el Secretario Gamaliel Sánchez Cruz, que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional del presente juicio de amparo, sin la comparecencia de las partes. Relación de constancias. A continuación, el secretario hace una relación de las constancias que obran en el juicio de amparo 234/2023, entre las que se encuentran las siguientes: (i) demanda de amparo, (ii) acuerdo de nueve de marzo de dos mil veintitrés, donde se proveyó sobre la admisión de la demanda; (iii) escrito de ampliación de demanda de trece de marzo del año en curso; (iv) acuerdo de catorce de marzo de dos mil veintitrés, donde se proveyó sobre la ampliación de la demanda. Asimismo, el secretario da cuenta al Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca con los informes justificados que rinden el Juez de Control del Circuito Judicial Valles Centrales sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, el Juez de Control del Circuito Judicial de la Costa, sede Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, y el Juez de Control del Circuito Judicial de la Sierra Sur, sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, y con un oficio firmado por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, con registros 3593, 3634, 3635 y 3648. Acto continuo, el Juez acuerda: se tienen por efectuada la relación de constancias que antecede, realizada por el secretario de la adscripción, para los efectos legales conducentes. Asimismo, con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo agréguense a los autos para los efectos legales correspondientes los informes justificados descritos en la cuenta y se tiene como prueba de la responsable Juez de Control del Circuito Judicial Valles Centrales sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, el disco en formato DVD que remite. Se tiene al Juez de Control del Circuito Judicial de la Costa, sede Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, señalando el correo electrónico que proporciona, únicamente como medio de contacto entre las partes y este órgano jurisdiccional en el caso de las comunicaciones no procesales, conforme a lo dispuesto por los numerales 5 y 22 Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En otro orden, agréguese a los autos sin mayor proveído el oficio firmado por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, toda vez que no es parte en este juicio de amparo. Período Probatorio: Abierto este período, el Secretario hace relación de las documentales ofrecidas por la autoridad responsable Juez de Control del Circuito Judicial Valles Centrales sede San Francisco Tanivet, Oaxaca; sin más pruebas que relacionar se cierra este período para pasar al de alegatos. Período de alegatos: Abierto este período, el Secretario hace constar que las partes no hicieron uso de ese derecho. El Juez acuerda: vista la certificación secretarial que antecede términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes para formular alegatos, por no haberlo ejercido. Ahora bien, el Juez pregunta al Secretario si existe otra circunstancia que deba proveerse antes de cerrar la audiencia y, al respecto, manifestó que no existen más constancias. Consecuentemente, como no existen diligencias pendientes por desahogar, se da por concluida la presente audiencia constitucional y se procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 234/2023, promovido por ********************, en contra de los actos que reclama al Juez de Control del Circuito Judicial Valles Centrales sede San Francisco Tanivet, Oaxaca y otras. I. ANTECEDENTES Según consta en autos, a juicio del quejoso ********************, existe una orden de aprehensión dictada en su contra por las autoridades jurisdiccionales referidas en el párrafo anterior, cuya ejecución pretenden cumplir las responsables que designa como ejecutoras. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO ********************, por propio derecho, presentó demanda de amparo el ocho de marzo de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades y por los actos que más adelante se precisarán. El quejoso señaló como derechos fundamentales violados el contenido en los artículos 1, 14, 16, 17 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda se turnó a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, por acuerdo de nueve de marzo de dos mil veintitrés se admitió a trámite; se registró bajo el número 234/2023; se solicitó a las autoridades responsables informe justificado; se otorgó intervención conducente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, el catorce de marzo siguiente, se tuvo al quejoso ampliando su demanda de amparo en contra de probable medida cautelar que le impondría el Juez de Control del circuito judicial de Valles Centrales con sede en San Francisco Tanivet, Oaxaca, en quince de marzo de dos mil veintitrés, en la causa penal 260/2023, de su índice, motivo por el cual, se dio vista a la representación Social de la Adscripción y se requirió el informe con justificación. Seguida la secuela procesal, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la legalidad de actos emitidos por autoridades residentes en el Estado de Oaxaca, donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que el quejoso reclama de las autoridades responsables la orden de aprehensión librada en su contra, así como su ejecución material y la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada. V. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO No son ciertos los actos atribuidos a las autoridades responsables, porque al rendir sus informes justificados negaron la existencia de esas actuaciones, como se advierte del cuadro siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO DEL INFORME Jueza de Control del Circuito Judicial de la Región Mixteca, sede Nochixtlán. Niega. Juez de Control del Circuito Judicial de la Cuenca, sede San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Niega. Juez de Control del Circuito Judicial de la Mixteca sede Santa María Asunción, Tlaxiaco, Oaxaca. Niega. Juez de Control del Circuito Judicial de la Costa sede Puerto Escondido, Oaxaca. Niega. Juez de Control en Materia Penal del Circuito Judicial del Istmo, sede Salina Cruz, Oaxaca. Niega. Jueza de Control del Circuito Judicial Sierra Norte, sede Ixtlán de Juárez, Oaxaca. Niega. Juzgado de Control y Tribunal del Distrito Judicial de San Juan Bautista Cuicatlán, Oaxaca. Niega. Juez de Control del Circuito Judicial de la Mixteca con sede en Huajuapan de León, Oaxaca. Niega Juez de Control del Circuito Judicial del Istmo sede Matías Romero Avendaño, Oaxaca. Niega. Juez de Control del Circuito Judicial del Istmo, Sede Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca. Niega Juez de Control del Circuito Judicial Sierra Sur sede, Sola de Vega, Oaxaca. Niega. Juez de Control del Circuito Judicial de la Región de la Costa con Sede en Putla Villa de Guerrero, Oaxaca. Niega Juez de Control en Materia Penal del Circuito Judicial de Valles Central sede Ejutla. Niega. Juez de Control de San Pedro Pochutla, Oaxaca. Niega. Juez de Control del Circuito Judicial del Istmo, sede Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Niega. Juez de Control del Circuito Judicial de la Costa, sede Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca. Niega. Juez de Control del Circuito Judicial de la Sierra Sur, sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Niega. Por otro lado, debe destacarse que la parte quejosa no desvirtuó tales negativas, porque no ofreció algún medio de convicción en el presente sumario con ese propósito. Las consideraciones anteriores encuentran sustento en la jurisprudencia 284 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." También fortalece lo expuesto la tesis aislada VI.2o.A.4 K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que informa: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean 'necesarias para apoyar dicho informe', en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En esos términos, se actualiza el supuesto establecido por el arábigo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo ante la inexistencia de los actos reprochados a las referidas entidades públicas. VI. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Al rendir su informe justificado las autoridades responsables Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, y el servidor Público designado por acuerdo del Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones aceptaron la existencia de los actos reclamados que se les atribuyen, consistentes en la orden de aprehensión emitida por la autoridad judicial en la causa penal 260/2023 de su índice, que se sigue contra el quejoso por el delito de Ejercicio Ilícito del Servicio Público, cometido en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Oaxaca, y su ejecución material, así como del restante acto consistente en la "Posibilidad de imposición de medida cautelar de prisión preventiva justificada, puesto que si bien, a la fecha de la presentación de la ampliación de demanda, esta no existía como tal, como lo refiere el juez responsable en su informe respectivo, cierto es que a esa fecha si existía su probabilidad. Por su parte el Director de asuntos jurídicos en ausencia del Fiscal General del Estado de Oaxaca y la directora jurídica de la Policía Estatal, negaron el acto que se les reclamo; sin embargo, al estar señaladas como autoridades ejecutoras de un acto cuya existencia convino la autoridad ordenadora Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, dicha negativa se desvirtúa y se tiene como cierto el acto que se les atribuye. En atención al oficio PJEO/CJ/TAT/2248/2023-J, recibido el veintinueve del mes en curso, relativo al Juicio de Amparo 234/2023, sección II, mesa I-B, promovido por ********************, contra actos de esta autoridad, rindo el siguiente: INFORME JUSTIFICADO. "Es cierto el acto reclamado, toda vez que en este Juzgado se encuentra radicada la causa penal número 260/2023, en la que con fecha 09 de marzo de 2023 se libró orden de aprehensión en contra de Jorge Armando Zarate Medina, como probable intervención en el hecho que la ley señala como el delito de ejercicio Ilícito del servicio público, cometido en perjuicio de la Administración Pública del Estado Oaxaca. Así mismo, el 09 de marzo del 2023, se llevó a cabo la audiencia de comunicación de imputación, en cumplimiento a una orden de aprehensión, en la cual, la defensa del imputado planteó incidencia consistente en vicios en la ejecución de orden de aprehensión por parte de los elementos aprehensores, toda vez que el imputado Jorge Armando Zarate Medina, presentó demanda de amparo, en contra de la orden de aprehensión de fecha 09 de marzo del año en curso, librada en su contra, manifestando que la demanda de amparo había quedado registrada bajo el número de amparo 234/20232, sección II, mesa I-B. del índice del juzgado Quinto de Distrito, además que el Juez de Distrito, en la que se concedió al quejoso la suspensión provisional, por lo que solicitó que se deje en inmediata libertad a su representado. En cuanto al incidente planteado por la defensa del imputado, la autoridad judicial lo declaró improcedente toda vez que la orden de aprehensión fue ejecutada por parte de los elementos aprehensores a las 13:45 horas del 09 de marzo de 2023, mientras que la suspensión provisional concedido en el incidente de suspensión número 234/20232 aun no tenía sus efectos, toda vez que el Juez Quinto de Distrito, a través de la firma electrónica, firmó el acuerdo de admisión y suspensión provisional a favor del quejoso a las 14:03 horas, por lo que, el acto reclamado era consumado al momento en que se concedió al quejoso la suspensión provisional. En contra de dicha determinación, la defensa del imputado interpuso recurso de revocación, misma que fue improcedente. Una vez que se le comunicó imputación al imputado, la defensa e imputado, solicitaron la ampliación del término constitucional, por lo que, se señalaron a las diez horas del día quince de marzo del año dos mil veintitrés, para el desahogo de la audiencia de ampliación de término constitucional. Imponiendo al imputado Jorge Armando Zarate Medina, la medida cautelar de prisión preventiva justificada de manera provisional, medida cautelar que cumplió en los separos de la Agencia Estatal de Investigaciones, ubicado en la Fiscalía General del Estado, en el Edificio "Jesús Chu Rasgado", Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec." VI. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con lo dispuesto en el arábigo 62, de la Ley de Amparo vigente, disposición que, además, es interpretada en ese sentido por la Jurisprudencia II.1o.J/5, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, Tomo VII, Mayo de 1991, consultable en la Red Jurídica Nacional, con número de registro 222780, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En efecto, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público, y su análisis es previo y preferente, lo aleguen o no las partes, aun cuando se haya reconocido expresamente la existencia del acto reclamado. Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número 283, con número de registro 394239, visible a foja 190, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales". El suscrito advierte que en el caso concreto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [.]". De las constancias existentes en este juicio de amparo, se advierte que: En fecha nueve de marzo de dos mil veintitrés, fue librada orden de aprehensión contra ********************, como probable responsable del delito de Ejercicio Ilícito del Servicio Público, cometido en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Oaxaca, en la causa penal 260/2023 del índice de la autoridad jurisdiccional, la cual fue cumplimentada en la referida fecha; así mismo, se llevó acabo la audiencia de comunicación de imputación. Una vez que se le comunico imputación al imputado su defensa solicitó la ampliación del término constitucional, por lo que se señalaron las diez horas del día quince de marzo de dos mil veintitrés para el desahogo de la referida audiencia. Imponiendo al imputado ******************** la medida cautelar de prisión preventiva justificada de manera provisional. En audiencia de ampliación de término constitucional de quince de marzo del año en curso, se dictó auto de vinculación a proceso contra el imputado, así mismo se le impuso medida cautelar de prisión preventiva justificada. Ahora bien, como la propia autoridad responsable ordenadora Juez de Control del Circuito Judicial Valles Centrales sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, mediante actuación de nueve de marzo de dos mil veintitrés, realizada en la causa penal 260/2023 de su índice, dejó sin efecto la orden de aprehensión librada contra el impetrante; así mismo, el quince de marzo del presente año, dictó prisión preventiva justificada contra el quejoso, mismas que constituyes los actos reclamados en este asunto, se concluye que en la especie, se actualizó un cambio de situación jurídica, que hace improcedente este juicio de amparo, por lo siguiente: Al haberse dejado sin efecto la orden de aprehensión, así como la prisión preventiva justificada de manera provisional, del quejoso y en la misma actuación, declarar la nulidad de la formulación de imputación; señalándose las diez horas del día quince de marzo del presente año, para nuevamente realizar la formulación de la imputación y resolver la situación jurídica del aquí disidente en los autos de la causa penal 260/2023, hace imposible decidir sobre la orden de aprehensión y de prisión preventiva justificada de manera provisional reclamadas sin afectar la nueva situación jurídica del quejoso. Se invoca en apoyo, por identidad jurídica sustancial, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la Jurisprudencia 1a./J. 17/2008, con registro 169410, visible en la página 270, Tomo XXVII, Junio de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto". Asimismo se cita, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/18 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, bajo registro 2017544, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso"; sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado, en virtud del cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En este sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo (artículo 73, fracción X, de la ley abrogada). En consecuencia, como se anticipó, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, de ahí que, procede sobresee en el juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución, por no reclamarse por vicios propios, atento a la tesis aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 163-168 Primera Parte, Séptima época, visible en la página 134, con registro 232437, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO, RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE POR LOS ACTOS DE LAS EJECUTORAS SI NO SE COMBATEN ESTOS POR VICIOS PROPIOS". En relación con el acto reclamado consistente en la posibilidad que alegaba el quejoso en sentido de que la audiencia de quince de marzo último, se le impusiera una medida cautelar de prisión preventiva justificada, en la causa de origen, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVI. Contra actos consumados de modo irreparable Para la correcta comprensión de la causa de improcedencia que nos ocupa, se estima necesario precisar lo que se ha de entender por acto consumado, en ese sentido, son aquéllos en que todos sus efectos se han realizado en forma total, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido con todas sus consecuencias jurídicas. Sin embargo, para la procedencia del juicio de amparo, se deben diferenciar los actos consumados de modo reparable de aquéllos que son de modo irreparable. En efecto, los actos consumados de modo reparable son aquéllos que a pesar de haberse realizado con todos sus efectos y consecuencias jurídicas, pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que su ejecución o consumación puede ser restituida o reparada con el dictado de una sentencia, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; de ahí que en este tipo de actos, sea procedente la vía constitucional. Mientras que los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse con todos sus efectos y consecuencias jurídicas, la sentencia de amparo no puede restituirlos ni física ni materialmente al estado en que se encontraban antes de la violación alegada, pues la restitución del acto reclamado ya no es factible en un tiempo y momento distinto. Lo anterior significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atenderse a la posibilidad de reparación física y material de los mismos. Sirve de apoyo a lo antes expuesto la tesis de rubro: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO." Ello es así, en razón que tal y como se relató, al habérsele impuesto al quejoso dicha medida en la audiencia señalada desapareció la posibilidad que señalaba, lo que convierte el acto en consumado de manera irreparable. Aunado a que la revisión de la medida cautelar, en su caso debe ser analizada cuando se cuestione la constitucionalidad del auto de vinculación que ahora rige la situación jurídica del quejoso. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 61, fracción XVI, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobreseimiento en el presente juicio de amparo por lo que a éste acto se refiere. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, respecto de los actos reclamados y autoridades responsables, por los argumentos que se esgrimen en el apartado VI de este fallo. Notifíquese.
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